
El Instituto Nacional de Migración (INM) condenó las agresiones que sufrieron agentes de migración el lunes por la tarde en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, por parte de indocumentados, al destacar que por esta causa, un oficial tuvo que ser hospitalizado de emergencia y se reporta como grave.
Los hechos de violencia se registraron durante un operativo que realizaban los agentes de migración en vías férreas de la localidad citada.
El oficial herido tuvo que ser ingresado a un nosocomio debido a los golpes que recibió en el cráneo y rostro con rocas lanzadas por un grupo de entre 8 y 10 personas que caminaban sobre la línea del ferrocarril. En el hospital fue canalizado al área de neurocirugía.
Se presume que los agresores fueron nacionales de Honduras, toda vez que esos migrantes son los que en su mayoría, usan el tren de carga para viajar y llegan al albergue de “La Sagrada Familia”, mejor conocido como la Casa del Migrante de Apizaco. De hecho el ataque ocurrió cerca de ese inmueble.
El INM reprobó en un comunicado, las prácticas registradas el lunes con la intención de impedir las labores de control y verificación que establece la ley para mantener una migración segura, ordenada y regular en México. Sin embargo, trascendió que hay pocas posibilidades de presentar la denuncia del caso, toda vez que los migrantes huyeron y no hay pruebas sobre quiénes fueron los agresores.
Resaltó que las tareas que llevan a cabo estos oficiales en el territorio nacional, han permitido el rescate de miles de personas migrantes -mujeres, hombres y menores de edad- e impedido lesiones catastróficas o mortales por caer del tren o derivado de las condiciones de hacinamiento y deshidratación al trasladarse en cajas de tractocamiones o tráilers. (La Jornada)
Tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que ordenó a la administración del presidente Joe Biden reinstalar el programa Protocolos de Protección al Migrante (PPM), también conocido como Quédate en México, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), señaló a La Jornada que México tiene ahora la pelota en su cancha, por lo que apremió al gobierno mexicano a negarse a participar otra vez en esa política.
Anoche, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos contactó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para intercambiar información sobre la resolución. El jefe para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, informó en redes sociales que México no es parte del proceso judicial, el cual se trata de una medida unilateral estadunidense. Este miércoles intercambiaremos información sobre esta resolución para definir las consideraciones de México, basadas en el respeto a la soberanía y los derechos humanos.
Antes de que se conociera el fallo de la Corte, diversas agrupaciones, entre ellas el Imumi, Amnistía Internacional, Oxfam México y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador; al canciller Marcelo Ebrard; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entre otros funcionarios del gobierno de México, a rechazar el restablecimiento del inhumano Quédate en México. En la misiva abierta y enviada por correo electrónico señalaron que durante dos años esa política impuso barreras infranqueables al debido proceso y causó daños extremos a más de 72 mil personas solicitantes de protección internacional, quienes fueron regresados a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Kuhner expuso que el quinto circuito determinó que Biden no había terminado conforme a la ley el programa PPM, o sea Biden perdió.
La decisión original del tribunal expresa que si México decide no participar con Quédate en México, entonces no se puede vuelve a implementar. Así México tiene la posibilidad, ahora mismo de decir que no participa.
México podría tomar una postura a favor de los derechos humanos, pese a que ya participó en el programa; ahora podría decir que el PPM viola el debido proceso, eso sería lo correcto jurídicamente.
La titular del Imumi expresó que las personas (que piden asilo a Estados Unidos) se quedan en algunas de las ciudades más peligrosas de México. Un informe de ayer refiere que ha habido más de 6 mil secuestros y delitos contra migrantes en la frontera a raíz de estas políticas.
El Imumi ha denunciado que 66 por ciento de quienes fueron retornados por el PPM fueron mujeres, niños y niñas. Esta es una política muy ruda, y sobre todo en pandemia. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, P.p.)

En un acto de desesperación, cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, protestaron ayer afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, para exigir que se les permita seguir hacia la frontera con Estados Unidos y otros obtener el documento legal para asentarse en México.
Los haitianos señalaron que su viaje en busca de mejores condiciones de vida en EU, se ha visto obstaculizado por las autoridades migratorias mexicanas, ya que el proceso ha sido lento luego de un año de haber iniciado los trámites de solicitud de refugio en México o permitir el paso legal hacia el sueño americano.
Denunciaron que están expuestos a extorsiones por parte de policías municipales, principalmente, quienes realizan redadas para detenerlos y exigirles dinero a cambio de su libertad, e incluso algunos se “ofrecen” a agilizar sus procesos.
Los manifestantes acudieron a las sedes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en Tapachula, para exigir apoyo y se detengan las redadas en su contra.
Otro grupo de al menos 200 migrantes abarrotó la terminal de Transportes Diamante, de segunda clase, para salir de Tapachula con rumbo a la frontera norte entre México y EU, pues argumentaron que sufren maltrato por parte de los habitantes del lugar.
Con papeles en mano, presuntamente otorgados por las autoridades migratorias mexicanas y la Comar, las personas extranjeras hacen fila para obtener un boleto de salida, sin embargo, los vendedores les piden copias de los documentos porque en muchos casos se han detectado que son falsos. (Redacción, La Razón, P.p.)
(Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 16)

En promedio, cada día 70 niñas y niños han solicitado refugio en México para evitar ser deportados a sus países de origen, donde la pobreza y la violencia no les ofrecen un futuro prometedor.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), del 1 de enero al 31 de julio de este año, 15 mil 229 menores solicitaron asilo en nuestro país. La cifra es casi el doble a los registrados en el mismo periodo de 2020, cuando un total de ocho mil 169 niñas y niños pidieron quedarse en México.
La mayoría de los infantes no acompañados provienen de Honduras, seguidos de Guatemala, El Salvador, Venezuela y Haití.
La lista de menores acompañados también la encabeza Honduras con siete mil siete, aunque la Comar registra un incremento inusual de niños chilenos (mil 707), haitianos (mil 17), salvadoreños (990) y brasileños (989).
La mayoría de estos niños (11 mil 122), aguardan en Tapachula, Chiapas, respuesta a su solicitud de refugio. La Ciudad de México, Tabasco, Baja California y Veracruz son otras de las entidades que concentran a la población de menores migrantes que solicitaron refugio en nuestro país.
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los protocolos de migración adoptados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado un aumento en el número de niños migrantes varados en las zonas fronterizas, además de restringir el acceso de los menores a la seguridad y la protección internacional.
Estos factores, destaca el informe, tienen profundas consecuencias para los niños, muchos de los cuales no disponen de opciones seguras para escapar de la violencia y la extorsión en sus países de origen, así como para buscar protección o reunirse con sus familiares en el extranjero.
“Los nuevos acuerdos de cooperación que se han firmado entre México y Estados Unidos significan esencialmente que los niños que son desplazados en la región se verán obligados a buscar protección en los países del norte de América Central. Sin embargo, debido a la delincuencia organizada y a la violencia, muchas zonas de estos países son inseguras incluso para los propios niños que viven allí, sin mencionar a los que llegan de otros lugares”, destaca la ONU.
La mayoría de los infantes no acompañados provienen de Honduras, seguidos de Guatemala, El Salvador, Venezuela y Haití.
La lista de menores acompañados también la encabeza Honduras con siete mil siete, aunque la Comar registra un incremento inusual de niños chilenos (mil 707), haitianos (mil 17), salvadoreños (990) y brasileños (989).
La mayoría de estos niños (11 mil 122), aguardan en Tapachula, Chiapas, respuesta a su solicitud de refugio. La Ciudad de México, Tabasco, Baja California y Veracruz son otras de las entidades que concentran a la población de menores migrantes que solicitaron refugio en nuestro país.
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los protocolos de migración adoptados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado un aumento en el número de niños migrantes varados en las zonas fronterizas, además de restringir el acceso de los menores a la seguridad y la protección internacional.
Estos factores, destaca el informe, tienen profundas consecuencias para los niños, muchos de los cuales no disponen de opciones seguras para escapar de la violencia y la extorsión en sus países de origen, así como para buscar protección o reunirse con sus familiares en el extranjero.
“Los nuevos acuerdos de cooperación que se han firmado entre México y Estados Unidos significan esencialmente que los niños que son desplazados en la región se verán obligados a buscar protección en los países del norte de América Central. Sin embargo, debido a la delincuencia organizada y a la violencia, muchas zonas de estos países son inseguras incluso para los propios niños que viven allí, sin mencionar a los que llegan de otros lugares”, destaca la ONU. (Roxana González, El Sol de México, 8 Columnas)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 17)
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos de migrantes, exhortaron al gobierno de México a rechazar la reinstalación del programa “Quédate en México” o MPP (por su sigla en inglés), por parte del gobierno de Estados Unidos, debido a que se considera violatorio de derechos fundamentales.
A través de un carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros funcionarios federales, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Asylum Access México, Border Organizing Project, Human Rights First, entre otras decenas más, advirtieron sobre los riesgos que implicaría restablecer esta política bilateral, que se dijo, ha causado daños extremos a más de 72,000 personas solicitantes de protección internacional quienes fueron regresadas a México para esperar sus audiencias ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.
“El regreso a dicha política inhumana exacerbaría las condiciones e inseguridad para quienes solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos con México.
“Las personas que fueron sometidas al Programa MPP fueron obligadas a esperar hasta 15 meses en refugios improvisados y en condiciones de hacinamiento en campamentos para migrantes en condiciones de miseria. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron miles de secuestros, violaciones, agresiones y otros crímenes cometidos contra quienes fueron regresadas a ciudades de la frontera mexicana bajo MPP”, subrayaron.
Cabe señalar que durante este año, el Tribunal de Apelaciones de EU negó una solicitud para suspender la orden de un tribunal inferior, por lo que la Corte Suprema de aquel país revisó la orden del tribunal de primera instancia mediante la que se solicita a la administración de Joe Biden reinstalar de manera inmediata e indefinida MPP, una acción que dependería de la cooperación de México.
Ayer 24 de agosto, la Suprema Corte de aquel país ordenó a la administración de Biden a reinstalar el programa.
“Como una nación soberana, México tiene el derecho a rechazar el restablecimiento de MPP o cualquier repetición futura de esta política que tiene como objetivo externalizar la frontera de Estados Unidos hacia el territorio mexicano. Es imposible volver a implementar MPP de una manera que se respeten los derechos humanos y el debido proceso, y México tiene la responsabilidad de bloquearla”, advirtieron. (Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 37)
(Alejandro Albarrán, Reforma, Internacional, p. 14)
Un par de horas después del fallo de la Suprema Corte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado con el que discrepa de la decisión.
“EL DHS discrepa respetuosamente de la decisión del tribunal de distrito y lamenta que la Suprema Corte haya declinado emitir una suspensión”.
El Departamento de Seguridad Nacional reitera que aceptará el fallo, pero continuará impugnándolo por las vías institucionales.
También informó que el DHS “ha comenzado a entablar pláticas diplomáticas con el Gobierno de México en torno” al programa Quédate en México.
Eunice Rendón reitera que la decisión de la Corte Suprema ocurre en medio de “un clima de inseguridad para los migrantes”.
A la decisión se le agrega el Título 42, instaurado por Trump y aplicado por Biden, que consiste en deportar a migrantes debido a la situación sanitaria que preexiste por la pandemia.
La decisión representa un duro golpe al Gobierno mexicano que tendrá que destinar recursos para la manutención de miles de personas que llegarán al país para mientras esperan la resolución de los juicios. El tiempo de espera se ha multiplicado dado el problema de la covid-19.
El expresidente Trump estará orgulloso de la imposición que hizo de tal programa. (Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 40)

México recibió a las primeras solicitantes de asilo de Afganistán: son cinco jóvenes y la pareja de una de ellas, quienes tuvieron que huir de su país luego de que el Talibán tomó el poder. El canciller Marcelo Ebrard les dio la bienvenida ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reiteró la disposición del gobierno de otorgarles protección por razones humanitarias. Fatemah Qaderyan, Lida Azizi, Kawsar Roshan, Maryam Roshan y Saghar Salehi, integrantes del equipo estudiantil afgano que recientemente ganó el Premio Especial en el Campeonato Internacional de Robótica, agradecieron a México por la ayuda. Ustedes no sólo salvaron nuestras vidas, sino también nuestros sueños, aseguraron en una conferencia de prensa. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 16)
(Rafael López Méndez, Milenio, P.p.)
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
(Paris Salazar, El Heraldo de México, P.p.)
(Perla Pineda, GeoPolítica, p. 41)
(Roxana Gonzaález, El Sol de México, República, p. 4)
(Roxana Gonzaález, La Prensa, Nacional, p. 17)
(EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
EU inició pláticas diplomáticas con México para restaurar la antigua política migratoria de Donald Trump, conocida como “Permanezca en México”, informó el Departamento de Seguridad Interior. La dependencia sostuvo que lamenta la decisión de la Suprema Corte y detalló que ha apelado la orden del tribunal de distrito y “continuará impugnándola enérgicamente”. (Redacción, Milenio, Política, p. 18)
El canciller Marcelo Ebrard confió en que la reapertura de la frontera con Estados Unidos se realice antes de que termine 2021, al menos en algunas actividades.
“El factor principal de dilatar la apertura sí fue el incremento en los contagios y eso también afectó a Canadá.
“Entonces se tomó una decisión más o menos homogénea por ese motivo”, explicó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
“No esperaríamos, de acuerdo con las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta 2022; esperamos que sea antes, que se pueda reanudar, si no todas las actividades pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a la población fronteriza”, indicó.
La semana pasada, Estados Unidos anunció la restricción de viajes no esenciales en su frontera con México hasta el 21 de septiembre; la medida también aplica en su frontera norte con Canadá.
Para contribuir a agilizar la reapertura fronteriza, el gobierno federal realizó una campaña masiva de vacunación sin distingo de edad para los mayores de 18 años en ciudades fronterizas clave como Tijuana o Ciudad Juárez. (EFE, Ovaciones, Política, p. 5)
Una falla en los sistemas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impedido desde el pasado fin de semana agendar citas para tramitar pasaportes.
La falla se registró desde el domingo y hasta ayer martes no había posibilidad de agendar una cita en ninguna delegación del País.
Al tratar de realizar una cita vía telefónica, la operadora recomendó intentar varias veces.
“Se pueden abrir las citas en cualquier momento”, dijo sin dar más explicación.
La Cancillería confirmó una falla de carácter técnico en la infraestructura de cómputo a nivel central.
“Ocasionó lentitud en el Sistema de Emisión de Pasaportes, situación que derivó en un retraso en los servicios prestados por las Oficinas de Pasaportes en toda la República Mexicana, mismo que fue solucionado aproximadamente a las 11:00 horas del día 23 de agosto”, indicó la dependencia en una tarjeta informativa.
Presuntamente, la falla fue atendida por la Dirección General de Tecnologías e Información e Innovación, que se encuentra acéfala. Sin embargo, hasta ayer martes ninguna oficina tenía citas disponibles.
Aunque no es posible agendar nuevos trámites, los ya programados se siguen desahogando en las diferentes oficinas de la Cancillería.
De acuerdo con la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México y zona metropolitana hay 15 oficinas para pasaportes, más 34 foráneas.
Carlos Candelaria López, director general de Delegaciones de la Cancillería, informó que en los próximos días la dependencia abrirá una nueva oficina en Puebla.
‘Intenté de día, noche… y no hay’
Mexicanos que necesitan actualizar o tramitar su pasaporte tendrán que esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resuelva la falla técnica que registra su sistema de citas.
A la Oficina de Pasaportes de Tlatelolco, ubicada frente a la antigua sede de la Cancillería, llegaron ayer varias personas para preguntar si podían ser atendidas, ya que no pudieron sacar cita a través del sistema, pero fueron rechazadas.
“Es que me he metido a la página, llevo tres días y no me aparece nada, lo he hecho cada hora”, argumentó un joven que llegó a las oficinas.
“Tiene que tener un poquito de paciencia”, le dijo la guardia de seguridad que resguardaba la entrada.
Una joven que llegó al lugar corrió con más suerte, pues le permitieron ingresar para obtener informes y, una vez dentro, logró ser atendida de manera urgente, debido a que ya había comprado boletos de avión.
“Intenté todo el día por teléfono, por medio de la página (…) y dije: ‘bueno, quizá en la Ciudad de México y el Estado de México no hay tanta disponibilidad’, pero busqué en Colima, Nayarit, Baja California, y en ninguno hay citas”, refirió.
“Toca estar cazando, buscar en la madrugada, en la mañana, en la noche, pero no hay”.
En la oficina le confirmaron que estaba saturado el sistema, pero le explicaron que si ya tenía un vuelo urgente, con el ticket comprado, la mandaban al área de “citas urgentes”, lo que finalmente ocurrió con ella.
Yatzir Muñoz también tuvo suerte. Aunque tardó cuatro días, pudo sacar su cita el viernes (antes de la falla) y ayer se presentó a la oficina de Tlatelolco.
“Estuve intentando varias veces en la página y no podía, no me daba opciones”, comentó en entrevista.
“Igual lo intenté una vez por teléfono y me dijeron que no había en las delegaciones que yo pedía”, refirió. (César Martínez, Reforma, P.p.)
Entre octubre y noviembre va a estar en marcha la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), estimó Horacio Duarte, titular del ramo.
“Estamos en el proceso de diseño institucional, de la generación del reglamento interior, del organigrama, estableciendo con mucha precisión el ámbito de competencia que va a tener cada una de las dependencias”, dijo.
Para instalar el nuevo organismo, falta la aprobación de una reforma que otorgue las facultades que requiere. Estos cambios legislativos, acotó, es previsible que el Congreso los apruebe en septiembre, en el primer periodo de sesiones. Para su funcionamiento, no se va a tener una partida presupuestal adicional a la de la Administración General de Aduanas (AGA), sin embargo sí se va a hacer uso del Fideicomiso Aduanero para fortalecer infraestructura y la parte tecnológica.
Esta partida, dijo, cuenta con cerca de 84 mil millones de pesos y se va a utilizar en un plan de dos años. Tras participar en la Clausura del Diplomado de Comercio Exterior en el Colegio de Defensa Nacional, el funcionario señaló que para este año se espera recaudar a través de las aduanas un billón de pesos, que es casi dos veces lo que se requiere para los programas sociales del gobierno federal.
Señaló que las aduanas son de suma importancia para la economía, ya que uno de cada cinco pesos del país entra a través de estos espacios.
En su oportunidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, comentó que se va a continuar con el combate a la corrupción dentro y fuera de los cruces comerciales, tal como lo pidió el jefe del Ejecutivo.
“El combate a la corrupción sólo puede darse a partir de la denuncia”, expresó el funcionario. (Fernando Franco, El Heraldo de México, Merk-2, p. 22)
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) intenta “contaminar los diálogos entre el gobierno de Maduro” comenta Javiero Oliva, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Ayer, Luis Almagro dijo que la OEA está lista para “cooperar”. Almagro quemó puentes durante la asamblea de la OEA en Cancún en 2017. No comentó nada al inicio de las conversaciones en México el mes pasado, sin embargo, ayer comentó: “La mayor disposición de la organización a cooperar y a que las cosas salgan bien. Ojalá salgan bien”.
Oliva indica que “todo lo que ha tocado Almagro respecto a Venezuela lo ha destruido sin darse cuenta que encabeza un mecanismo regional como la OEA”.
El legislador Porfirio Muñoz Ledo lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que la crisis política en Venezuela tenga un arreglo político y no bélico. En particular, el exembajador de México ante la Unión Europea indicó a El Economista la creación de un mecanismo “semejante a Contadora (propuesto por México en 1983 para promover la paz en Centroamérica).
Por lo pronto, los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición en México, es una importante señal de que el gobierno del presidente López Obrador “desea apostar por la solución pacífica de controversias y no a través de intentonas de golpe de Estado”, comentó la senadora Ifenia Martínez.
La senadora recuerda que el presidente Biden ha recibido duras críticas por lo ocurrido en Afganistán, “pasaron dos décadas de la presencia estadounidense y ahora el grupo talibán ha recuperado el control dejando desorden y con serias dificultades para revertir el problema”.
Leña al fuego
Muñoz Ledo ha manifestado su preocupación sobre el papel de la OEA en el tema: “El Secretario General (Luis Almagro) ha echado sistemáticamente leña al fuego y cuyo Consejo General ha cerrado filas hacia una derecha intransitable”.
Muñoz Ledo recuerda el papel de México como mediador: “Lo mismo que impulsamos a comienzos de los años ochentas en el caso de Nicaragua, cuando la tenacidad de los países del Tercer Mundo derrotó a la estrategia norteamericana y logró por distintas vías la pacificación de Centroamérica”.
Desde hace varios años, Muñoz Ledo habló de crear un mecanismo tipo Contadora para buscar soluciones a Venezuela: “Mucho nos ayudaría ahora imaginar un proceso semejante al de Contadora, donde se incluyera a países de la región.
Por lo pronto, la proxima semana iniciará la segunda reunión entre los venezolanos en México sin la participación de la OEA. (Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 41)

Tapachula.— Desde hace 15 días, el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), puso en marcha operativos en la carretera de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala, para detener a migrantes haitianos, quienes son trasladados al punto fronterizo de Talismán y obligados a retornar a territorio guatemalteco, sin ningún acuerdo internacional.
De acuerdo con autoridades migratorias, que se reservaron su identidad por no estar autorizadas para hablar, las detenciones se realizan para evitar que los haitianos lleguen a Tapachula debido a la gran cantidad de extranjeros que se encuentran actualmente en esta ciudad.
“Como no los podemos deportar a Haití, ya que desde que mataron a su presidente cerraron el aeropuerto, los llevamos a Talismán para impedir que lleguen a Tapachula, pero esa no es solución, es un juego perverso”, dijo.
Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL en la frontera de Talismán, ubicada en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, se observó en diversos momentos la llegada de camionetas con migrantes haitianos a los que obligaban a cruzar a territorio guatemalteco.
Ana Lucía, mujer haitiana madre de una niña de ocho meses de nacida, deportada junto con otras 40 personas, dijo que los menores venían enfermos.
Miles varados en Tapachula
Alrededor de 10 mil migrantes haitianos de todas las edades sobreviven en condiciones de pobreza, situación de calle, enfermos, discriminados y abusados por prestadores de servicios.
Muchos han sido detenidos y enviados a Guatemala, sin importar que su situación migratoria esté en proceso.
La masiva llegada de migrantes procedentes de Haití, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros países, a esta ciudad fronteriza ya rebasó la capacidad de atención de la Comisión Mexica de Ayuda a Refugiados (Comar), que a diario atiende a unas 2 mil personas que solicitan la condición de refugio.
Ante la cantidad de migrantes, las citas para iniciar los trámites ante la Comar tardan hasta cinco meses, y luego hay que esperar otros dos o tres meses para llegar ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y legalizar el estatus migratorio.
Esto ha provocado que los migrantes se queden varados en esta ciudad sin trabajo, dinero ni un lugar donde vivir.
Desesperados por la falta de trabajo y de recursos, los haitianos tomaron el centro histórico de esta localidad para instalar puestos en los que venden ropa, alimentos tradicionales de su país, aguas y refrescos embotellados, zapatos, verduras, cremas, lociones y cabellos sintéticos para pelucas o trenzas.
También ofrecen servicios de manicure, pedicure, corte de cabello y trenzado, reparación de ropa y celulares, cambio de papel moneda, servicios de venta de tarjetas y recargas telefónicas.
El ambulantaje que realizan los caribeños ha molestado a comerciantes del primer cuadro de la ciudad, ya que consideran que hay una competencia desleal, debido a que ellos pagan impuestos, renta y empleados, mientras los haitianos son comerciantes irregulares que hacen caso omiso de los protocolos de salud por Covid-19, pues muchos no utilizan cubrebocas, gel antibacterial y no guardan la sana distancia.
Yuriana, una joven haitiana de 28 años de edad, vende aguas y refrescos embotellados a un costado de la iglesia San Agustín. Explica que, al igual que muchos de sus connacionales, se vio obligada a buscar una forma de ganar dinero para poder pagar 5 mil pesos de renta de un cuarto.
“De algo tenemos que vivir. La renta es muy cara, nosotros ya nos queremos ir, pero los papeles son muy tardados”, dice.
Félix Wisted, de 25 años, señala que la situación es complicada porque muchos haitianos llegan a diario “y otros vienen en camino y estamos aquí varados, no sé qué va a pasar”. (María de Jesús Peters, El Universal, P.p.)
Organizaciones civiles denunciaron este martes que persiste la impunidad en México a 11 años de la masacre de San Fernando, en la que murieron 72 migrantes en el norteño estado de Tamaulipas asesinados por cárteles del narcotráfico.
“En poco más de una década, los avances son mínimos”, afirmó un posicionamiento firmado por decenas de organizaciones, como Fundación para la Justicia, Artículo 19, Asylum Access México, Bloque Latinoamérica sobre Migración, además de albergues para migrantes y asociaciones de Centroamérica.
México vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente el 24 de agosto de 2010, cuando asesinaron en el municipio de San Fernando a 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil, que iban a Estados Unidos.
Aunque la matanza se atribuye al cártel de los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noreste de México, el episodio no ha sido resuelto con claridad.
De hecho, las asociaciones agrupadas en el movimiento #72NadaNuevo denunciaron que aún hay nueve restos sin identificar, siete cuerpos pendientes de exhumación y solo 15 personas consignadas por los hechos delictivos.
Además, lamentaron que no hay ninguna sentencia, reparación del daño, garantía de no repetición ni respuestas del Gobierno para “la justicia y la verdad”.
“La falta de justicia es una herida que ha desgastado física y emocionalmente a las familias. Sin embargo, este desgaste no significa renuncia. Ninguna de ellas está dispuesta a bajar la guardia, a dejar de buscar justicia”, manifestó el posicionamiento.
El actual Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha prometido proteger a los migrantes.
Pero apenas el 22 de enero aparecieron 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes de Guatemala, en Camargo, también en Tamaulipas, en un crimen que también se le atribuye al crimen organizado.
Incluso, la ONU comparó ese hecho con la masacre de San Fernando aunque el Gobierno rechazó los señalamientos.
“Falta la reparación del daño y las garantías de no repetición, mientras tanto, las masacres contra personas migrantes continuaron”, sostuvo el movimiento #72NadaNuevo.
Las organizaciones civiles reiteraron su reclamación de la voluntad política para que una comisión especial con el apoyo de organismos internacionales investigue la masacre de San Fernando y el resto.
También pidieron una comisión independiente que “pueda atender todas las deudas con estas familias en materia de verdad, justicia y reparación”.
“Exigir justicia desde otro país realmente ha colocado a las familias de las víctimas en un desgaste absoluto y en una situación de frustración que merece ser atendida por México y los países de la región”, concluyeron. (EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
Kabul – Miles de afganos que intentan huir de Afganistán a través del aeropuerto de Kabul corren el riesgo de quedar atrapados tras la medida de los talibanes de impedir el acceso a la terminal, mientras las fuerzas internacionales intentan evacuar a sus ciudadanos y aliados en una carrera contrarreloj.
A Estados Unidos y a los demás países de la coalicion, que combatieron a los talibanes durante las ultimas dos decadas, les queda exactamente una semana para completar su salida del país, como parte del pacto estadounidense de retirarse antes del 31 de agosto.
Las evacuaciones son también el salvoconducto para miles de afganos que trabajaron con las fuerzas internacionales durante la guerra, activistas, políticos, y periodistas, que junto a sus familias temen ser objeto de las represalias insurgentes.
Pero esta salida se topo hoy con un nuevo obstáculo, despues del anuncio de los talibanes de que a partir de ahora los afganos no podran ir al aeródromo, limitando los accesos solo a extranjeros.
Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado.Los afganos no están autorizados a ir allí, (solo) los extranjeros pueden ir”, dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.
Mujahid aseguro a los ciudadanos que no hay motivos para que traten de huir, “no hay peligro”: “Regresad a vuestras casas, a vuestros trabajos, a la vida normal”, dijo. (EFE, Ovaciones, Internacional, p. 13)
La caótica retirada de las tropas de EEUU de Afganistán no sólo puede abocar una nueva oleada migratoria rumbo al bloque comunitario sino que también despierta la amenaza de nuevos ataques terroristas en suelo europeo. Uno de los grandes temores reside en que fundamentalistas islámicos consigan infiltrarse entre los demandantes de asilo que ahora mismo están siendo evacuados contrarreloj por parte de los aliados de la OTAN, en medio de la constante amenaza de los talibanes.
Las autoridades francesas han puesto bajo vigilancia antiterrorista a cinco afganos evacuados desde Kabul este pasado fin de semana y este pasado lunes decidieron detener a uno de ellos después de que no respetase las medidas de control impuestas. El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin ha intentado calmar a la población tras este arresto y ha justificado la llegada del encarcelado, ya que colaboró con las autoridades galas en la repatriación de ciudadanos franceses y en la evacuación de la embajada de Kabul “en un momento especialmente tenso”. Según Le Monde el detenido ha sido identificado como Niangalay S y nació en 1995 en la provincia de Longar, a 100 kilómetros de Kabul. Según este periódico se aprovechó de la “confusión en el ambiente” para subirse, junto a su familia, en el avión militar en el que consiguió salir del país.
El titular de Interior, si bien ha reconocido que “hay que prestar atención” al riego de que potenciales yihadistas se infiltren entre los refugiados, también ha explicado que los demandantes de asilo no llegan directamente a Francia sino que se aprovecha la escala en la base aérea de Emiratos Árabes para hacer una selección y poner en marcha las medidas de seguridad pertinentes. Le Monde asegura que, aparte del detenido, entre los sospechosos, se encuentran dos hermanos originarios de Kabul que han sido detectados portando armas y entre los talibanes, en lo que parece la toma de poder tras la caída de la capital del país
Francia no es el único país envuelto en esta polémica. Seis evacuados desde Kabul por parte de las autoridades británicas han sido identificados como sospechosos de terrorismo ya que aparecen en lista conocida como “no fly” que les prohíbe subir a un bordo de un avión comercial rumbo al país. Además, los agentes fronterizos aseguran que otras cuatro personas han sido detectadas como una posible amenaza en los controles de seguridad realizados en el aeropuerto de la capital afgana. A pesar de la alarma que suscitan este tipo de noticias, este número de sospechosos es reducido si tenemos en cuenta que Reino Unido ha conseguido evacuar por el momento a 4.226 afganos en una operación que comenzó el 12 de agosto.
El titular de Interior, si bien ha reconocido que “hay que prestar atención” al riego de que potenciales yihadistas se infiltren entre los refugiados, también ha explicado que los demandantes de asilo no llegan directamente a Francia sino que se aprovecha la escala en la base aérea de Emiratos Árabes para hacer una selección y poner en marcha las medidas de seguridad pertinentes. Le Monde asegura que, aparte del detenido, entre los sospechosos, se encuentran dos hermanos originarios de Kabul que han sido detectados portando armas y entre los talibanes, en lo que parece la toma de poder tras la caída de la capital del país
Francia no es el único país envuelto en esta polémica. Seis evacuados desde Kabul por parte de las autoridades británicas han sido identificados como sospechosos de terrorismo ya que aparecen en lista conocida como “no fly” que les prohíbe subir a un bordo de un avión comercial rumbo al país. Además, los agentes fronterizos aseguran que otras cuatro personas han sido detectadas como una posible amenaza en los controles de seguridad realizados en el aeropuerto de la capital afgana. A pesar de la alarma que suscitan este tipo de noticias, este número de sospechosos es reducido si tenemos en cuenta que Reino Unido ha conseguido evacuar por el momento a 4.226 afganos en una operación que comenzó el 12 de agosto.
Alemania, que fue el principal promotor de la política de puertas abiertas de hace seis años, no quiere repetir la experiencia ante el peligro de que estas circunstancias contaminen la campaña a los comicios del 26 de septiembre y den alas a la extrema derecha. En Francia, la Agrupación Nacional de Le Pen también ha aprovechado las últimas noticias para criticar la política migratoria llevada a cabo por Emmanuel Macron quien se juega su permanencia en el Elíseo la primavera del año que viene. (Mirentxu Arroqui, La Razón, Internacional, p. 3)

Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos rehusó ayer bloquear el fallo de un tribunal menor que ordena al gobierno del presidente Joe Biden reinstaurar una política del gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha de las audiencias para su caso.
Con el disenso de los tres jueces liberales, el tribunal señaló que es posible que el gobierno violara la ley federal en su intento de rescindir del programa conocido informalmente como Quédate en México, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección al Migrante (PPM).
Se desconoce cuántas personas resultarán afectadas y qué tan pronto. Según el fallo del tribunal menor, el gobierno debe realizar un esfuerzo de buena fe para reiniciar el programa, que ha obligado a miles de personas a quedarse en México mientras esperan a que llegue la fecha de sus audiencias de asilo en Estados Unidos.
Samiel Alito, juez federal en Texas, había ordenado previamente la reinstauración del programa en respuesta a una demanda de los fiscales generales de su estado y de Misuri. Tanto Alito como la Corte Federal de Apelaciones del quinto circuito rechazaron la solicitud de la administración de Biden de suspender el fallo que emitió.
El magistrado ordenó una breve demora para otorgar al pleno de la corte el tiempo necesario con la finalidad de considerar la apelación del gobierno central.
La solicitud de suspensión presentada al juez Alito y por él referida a la Corte es denegada. Los solicitantes no han demostrado en el reclamo que el memorando (que suspende el programa) no fue arbitrario, se afirma en la orden judicial.
El juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, dictaminó a principios de este mes que la administración de Biden no proporcionó una razón adecuada para deshacerse de la política y que sus procedimientos con respecto a los solicitantes de asilo que ingresan al país eran ilegales.
La decisión del tribunal hizo referencia a su fallo de 2020 que frustró el intento de Trump de poner fin a un programa presentado por el ex presidente Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, especialmente de los llamados dreamers, que ingresaron sin documentos migratorios a Estados Unidos cuando eran niños.
Biden, que ha buscado desde que asumió el cargo en enero revertir muchas de las políticas de inmigración de línea dura de Trump, hizo retroceder el programa PPM. Texas y Misuri, liderados por los republicanos, desafiaron la decisión del presidente demócrata.
El actual gobierno recurrió a la Suprema Corte después de que el magistrado Kacsmaryk dictaminó que la política de Trump tendría que ser restablecida y la Corte de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleáns, denegó el 19 de agosto la solicitud del gobierno de una demora.
La decisión sostiene que la administración de Biden debe implementar el MPP de buena fe, lo que deja al gobierno cierta discreción sobre cómo seguir adelante.
Demócratas y defensores de migrantes criticaron el programa al señalar que la política sometía a los indocumentados –principalmente los llegados de Centroamérica– a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas.
La administración de Trump argumentó que había una crisis de seguridad y humanitaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al negarse a permitir que los migrantes que buscan asilo, debido al temor de persecución en sus países de origen, ingresen a Estados Unidos antes de las audiencias ante los jueces de inmigración.
Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentó que el gobierno de Biden debe tomar todas las medidas disponibles para poner fin por completo a este programa ilegal, incluso terminando con una explicación más completa.
La jurista Lindsay Toczylowski, defensora de migrantes y opositora a Quédate en México, afirmó que el fallo revitaliza una política que ha convertido la vida en una pesadilla real. Los arrestos de migrantes atrapados cruzando la frontera sur de Estados Unidos han alcanzado máximos de 20 años en los meses recientes, un hecho que los republicanos culpan a la revocación de Biden del MPP y otras políticas de inmigración de Trump.
La administración de Biden ha dejado en vigor una orden separada de la era Trump que permite a las autoridades fronterizas de Estados Unidos debido a la crisis de salud pública por la pandemia de Covid-19, expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera sin darles la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, manifestó que el fallo reducirá el número récord de migrantes que ingresan por la frontera sur. Los cruces alcanzaron su máximo nivel en 20 años bajo el gobierno de Biden, con otro mes récord en julio, cuando se produjeron alrededor de 212 mil detenciones de migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (Ap, Reuters y Sputnik, La Jornada, 8 Columnas)
(Víctor Sancho, El Universal, Mundo, p. A15)
(Ap, Excélsior, P.p.)
(Staff, Reforma, Internacional, p. 14)
(Adyr Corral, Milenio, Política, p. 18)
(Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 40)
(José López Zamorano, El Financiero, Mundo, p. 26)
(Redacción, La Razón, México, p. 7)
(Agencias, El Heraldo de México, País, p. 11)
(EFE Y Reuters, El Sol de México, Mundo, p. 32)
(EFE, Ovaciones, P.p.)
Los Ángeles, EU.- Más de 6 mil 300 solicitantes de asilo que fueron expulsados de Estados Unidos tras cruzar la frontera sur durante el Gobierno del presidente Joe Biden han sido víctimas de la violencia en los lugares a donde fueron devueltos, resalta este martes un estudio de la organización Human Rights First.
El estudio destaca que en los siete meses del Gobierno demócrata al menos se han registrado 6 mil 356 informes de secuestros y otros ataques, incluidas denuncias de violación, trata de personas y asaltos armados violentos, contra solicitantes de asilo, entre ellos niños, que fueron expulsados a México.
Entre las denuncias se destaca el caso de una migrante hondureña golpeada violentamente con un machete frente a su hijo de 11 años en Ciudad Acuña, en el fronterizo estado mexicano de Coahuila, tras ser expulsada por los agentes estadounidenses de inmigración.
El informe advierte que casi 83 por ciento de todos los solicitantes de asilo varados en los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos informaron haber sido víctimas de ataques o intentos de ataque, o haber recibido amenazas en el último mes, según los datos de la encuesta realizada de mediados de junio a mediados de agosto de 2021.
Los datos fueron recopilados por la organización Al Otro Lado y analizados por Human Rights First.
De los 69 solicitantes de asilo asentados en Tijuana (Baja California) y Piedras Negras (Coahuila) a los que Human Rights First ayudó a solicitar una visa humanitaria para ingresar a territorio estadounidense en los últimos dos meses, 62 por ciento denunciaron haber sido secuestrados en México (43 de 69), y casi 19 por ciento había sido agredidos sexualmente en esas ciudades mexicanas (13 de 69).
El informe también destaca que los solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad LGBTQ o que son de raza negra son frecuentemente víctimas de ataques en esas ciudades fronterizas, incluso por parte de las autoridades mexicanas.
La encuesta de Al Otro Lado muestra que casi 20 por ciento de los solicitantes de asilo haitianos en la región fronteriza del norte de México fueron víctimas de abusos por parte de la policía, incluyendo golpizas, extorsiones y amenazas. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
La lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, logró apaciguar una revuelta interna del ala centrista del Partido Demócrata, para aprobar lo que podría ser la joya de la corona legislativa de la era Biden, la resolución legislativa de un masivo presupuesto de 3.5 billones de dólares, que incluye la reforma migratoria con ciudadanía.
Aprobada con 220 votos a favor y 212 en contra, con demócratas y republicanos divididos en líneas partidistas, la resolución presupuestal pone en marcha un tortuoso proceso de negociaciones para acordar el contenido del presupuesto bajo el proceso legislativo de “reconciliación”, donde puede ser ratificado por mayoría simple en la Cámara baja.
“La líder Pelosi se condujo magistralmente”, elogió el presidente Biden en un mensaje nacional desde la Casa Blanca. Biden se anotó una nueva victoria política en medio de la polémica política por la atropellada retirada estadounidense de Afganistán.
Veterana de las negociaciones en los pasillos del Capitolio, Pelosi pudo neutralizar una revuelta de 10 demócratas, incluidos cuatro latinos –Henry Cuellar, Vicente González, Filemón Vela y Jim Costa– que amenazaron con retirar su apoyo a la resolución presupuestal, si no se votaba primero el paquete de infraestructura física por otros 1.2 billones de dólares.
Para alcanzar el acuerdo, Pelosi aceptó que la iniciativa de infraestructura, que ya fue aprobada en el Senado, sea votada en la Cámara de Representantes a más tardar el 27 de septiembre. Asimismo, los demócratas restablecerán la ley de derechos de los votantes de 1965, como respuesta a leyes estatales republicanas para suprimir el voto de latinos y negros.
Aunque la resolución presupuestal aprobada por la Cámara de Representantes incluye 107 mil millones de dólares para la reforma migratoria, aún resta definir los detalles. Se espera que los demócratas apoyen la legalización con ruta a la ciudadanía al menos para los dreamers, la mayoría mexicanos, trabajadores esenciales, incluidos agrícolas y beneficiarios del TPS, la mayoría centroamericanos. (José López Zamorano, El Financiero, Mundo, p. 27)

Van Horn, Texas – El alguacil del condado de Culberson, en Texas, Oscar Carrillo, solía pedir como equipo de trabajo chalecos antibalas; ahora solicita más bolsas para cadáveres.
A medida que aumentan los migrantes que cruzan la frontera con México, con arrestos a niveles no vistos en más de 20 años, también ha incrementado la cantidad de cadáveres encontrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De octubre de 2020 (cuando arrancó el presente año fiscal) a julio de 2021, la Patrulla Fronteriza encontró 383 indocumentados muertos, la cifra más alta en casi una década y que supera los 253 cuerpos recuperados en el año fiscal anterior.
No existe un sistema único para rastrear los decesos de migrantes, algunos de los cuales no se descubren durante años, y el dato de la Patrulla Fronteriza no incluye las decenas de cuerpos hallados por otras agencias policiales, como las oficinas del alguacil local.
Carrillo ha recuperado los cuerpos de 19 indocumentados este año en comparación con dos el año pasado.
Algunos políticos, como el Gobernador de Texas, Greg Abbott, culpan al Presidente Joe Biden por el aumento del flujo migratorio, al argumentar que atenuó la hostilidad que mostró su predecesor hacia los indocumentados.
Otros responsabilizan a los grupos del narcotráfico y al hambre en Centroamérica, o al clima extremo alimentado por el calentamiento global. Para el condado de Culberson hay otro elemento: el muro fronterizo.
El proyecto emblema de la Administración Trump ha impulsado a algunos migrantes a cruzar en áreas donde no hay muro, como tramos remotos alrededor del condado de Culberson.
La mayoría de los viajeros proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el alguacil también ha encontrado recientemente los cuerpos de ecuatorianos y mexicanos.
Después de ser expulsados a México, muchos de los indocumentados prueban suerte nuevamente, a veces en lugares excepcionalmente remotos del desierto de Chihuahua. En julio, más de 200 mil migrantes fueron detenidos a lo largo de la frontera, un aumento de 13 por ciento respecto al mes anterior y el segundo número más alto registrado, según cifras de la Patrulla Fronteriza. De los que fueron detenidos el mes pasado, 27 por ciento habían sido aprehendidos anteriormente.
En la parte de la frontera donde Carrillo trabaja, algunos indocumentados fallecen de insolación o deshidratación, luego de ser abandonados por contrabandistas.
Pero, como explicó el alguacil, hay muchas formas de morir en el desierto.
A finales de julio, recibió una llamada alrededor de las 3:00 horas de la madrugada. Una migrante de Ecuador había sido atropellada por un camión de 18 ruedas cuando intentaba cruzar una autopista.
Solo se recuperaron dientes y algunas partes del cuerpo, dijo Carrillo.
En otro caso, el alguacil fue requerido en el sitio de un tanque de agua vacío en un rancho ganadero, donde halló a un migrante que se había ahorcado en un árbol.
“Hizo todo este camino solo para encontrar el tanque vacío”, expresó el sheriff.
“¿Qué habría estado pasando por su mente en ese momento?”.
Carrillo espera brindar a las familias de los migrantes fallecidos algún tipo de paz.
Muchos de los restos carecen de identificación, por lo que publica detalles sobre algunos casos en su página personal de Facebook. Personas de toda América Latina se acercan a él, desesperadas por obtener información sobre sus seres queridos.
En un caso, una mujer en California le preguntó si había encontrado el cuerpo de su hermano, que tenía un tatuaje de búho en la pierna y a menudo usaba una gorra de los Chicago White Sox. Con esa información, el alguacil pudo confirmar que los restos de un migrante hallados en junio pertenecían al hermano de la mujer, un hombre de 28 años de Veracruz, México.
“Pudimos devolver el cuerpo a la familia”, dijo el sheriff. (The NYT News Service, Reforma, Internacional, p. 15)
(Redacción, Excélsior, Global, p. 24)
La mañana de ayer llegaron al país dos nuevos embarques de vacunas, uno al Aeropuerto Internacional de Toluca. Se trató de la primera entrega de biológicos de la farmacéutica Moderna, con un millón 750 mil dosis donadas por Estados Unidos y, otro, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 236 mil 340 dosis de Pfizer-BioNTech.
En total ayer México recibió un millón 986 mil 340 dosis de vacunas envasadas. Según el calendario de llegadas de biológicos de la Secretaría de Salud (Ssa), se prevé que esta semana el país disponga de 3 millones 418 mil 440, pues también fueron liberadas 847 mil 100 inmunizantes chinos de CanSino, y hoy se espera el arribo de 585 mil dosis de Pfizer-BioNTech.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en septiembre Estados Unidos enviará un nuevo embarque con más dosis de Moderna, para completar 3.5 millones de esa marca.
Informó que en las primeras semanas del próximo mes Estados Unidos enviará 4.6 millones de antígenos AstraZeneca, y así completar las más de 8 millones de dosis donadas.
También se refirió a los avances del programa de vacunación transfronteriza. Desde el 25 de mayo se han aplicado casi 80 mil dosis a más de 73 mil connacionales en la frontera entre ambos países. En dicho programa participan 10 consulados de México en Estados Unidos, y se espera continuar con la aplicación de alrededor de 30 mil dosis adicionales.
Con los nuevos arribos, México ha tenido disponibles 95 millones 979 mil 255 dosis de vacunas. (Carolina Gómez Mena, Ángeles Cruz Martínez Y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 6)
(Karla Guerrero, Milenio, Política, p. 11)
A dos semanas de su desafuero, el diputado petista Mauricio Toledo apuesta a declararse perseguido político para evitar su extradición de Chile, mientras la Interpol liberó la ficha roja para ir tras él.
Este martes, Toledo acudió a la Corte Suprema chilena para ponerse a disposición de la justicia en aquel país, tras asumirse como “perseguido político” del gobierno de Ciudad de México.
El legislador sin fuero estuvo acompañado por sus abogados, Samuel Donoso, Luis Masferrer y Gonzalo Cisternas, quienes manifestaron la intención de su cliente de atender cualquier requerimiento o notificación en el país sudamericano.
“Nuestro representado, y así lo demostraremos, ha sido víctima de una persecución política en su país, por lo que hemos ratificado ante el máximo tribunal su entera disposición para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos”, informó Cisternas.
Mientras, Interpol México confirmó que a petición de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México liberó la ficha roja contra Toledo para cumplimentar la orden de aprehensión otorgada por un juez.
El organismo internacional precisó que buscará la captura del petista, acusado de enriquecimiento ilícito, conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la notificación roja dado el alcance que la medida tiene en Chile, “país en el que se encuentra el fugitivo”.
Esto último, de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que se señala que las extradiciones que el gobierno de México solicite de estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones que se formulen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Fiscalía General de la República.
En este caso, una vez que Toledo ha sido ubicado en otro país, la Oficina Central Nacional de Interpol homóloga comunica a Interpol México que el fugitivo fue localizado en esa nación y deja a salvo los derechos para solicitar, por los conductos diplomáticos, la orden de detención provisional con fines de extradición.
El legislador petista se quedó sin fuero constitucional el pasado miércoles 11 de agosto, luego de que la Cámara de Diputados avaló el dictamen en su contra con 381 votos a favor.
Entonces, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, celebró el desafuero de Toledo y manifestó su confianza en que la fiscalía de la ciudad de México haga todo lo necesario para su aprehensión. “Qué bueno que hubo esta solución por parte de los diputados”, dijo. (Carlos Vega y Redacción, Milenio, Política, p. 6)
(Efrén Argüelles y Ximena Mejía, Excélsior, P.p.)
(Viridiana Martínez y Claudia Salazar, Reforma, Nacional, p. 11(
(Claudia Mendoza y Roberto Cortez, El Sol de México, República, p. 8)
(Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 3)
Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron unir esfuerzos para combatir el tráfico de personas en la región.
Lasso realiza una visita oficial a México durante la cual participó en una ceremonia por los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, que dieron la independencia a México de la corona española, y posteriormente se encontró en privado con López Obrador.
Los dos mandatarios “reiteraron su voluntad para trabajar conjuntamente en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y de migrantes, para lo cual reactivarán los trabajos entre las autoridades competentes de ambos países”, señala una declaración conjunta del encuentro divulgada por la presidencia mexicana.
Lasso reconoció, por otro lado, “el decidido apoyo de México” para que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico como Estado Asociado, con miras a convertirse en miembro de pleno derecho.
“México considera esa inclusión como asunto prioritario y acelerará los procesos correspondientes”, añade el comunicado.
Abordaron, se informó, que a la “brevedad posible” se celebrarán reuniones para restablecer el acuerdo de supresión de visas entre ambos países. (Afp, Excélsior, Nacional, p. 19)
Guadalajara.— Un año y medio después de que se canceló el arribo de cruceros a Puerto Vallarta por la pandemia de Covid-19, ayer atracó en este destino el Carnival Panorama, barco con el que se reanuda esta actividad que en 2019 generó una derrama de más de 870 millones de pesos.
El crucero, proveniente de Long Beach, California, llegó con 2 mil 450 pasajeros, 98% de ellos adultos vacunados contra el Covid-19 y el resto menores de edad; sin embargo, por protocolos, antes de abordar todos debieron presentar pruebas PCR negativas y de antígenos.
“El segmento de cruceros es un detonante para la recuperación turística de Jalisco, por eso celebramos que con estrictos protocolos sanitarios llegó a Puerto Vallarta el primer crucero pospandemia, tras más de un año de que fueran cancelados. Esta reactivación gradual y responsable es buena noticia para la economía de nuestro estado”, dijo el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Germán Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido.
En el itinerario de siete días de viaje, este barco arribó a Puerto Vallarta como su primer destino en México y seguirá su trayectoria hacia Mazatlán, Sinaloa.
Aunque este crucero tiene una capacidad de 3 mil 500 personas, por disposiciones internacionales se redujo el aforo a 70%.
Según la Administración Portuaria Integral (API), en 2019 arribaron a Puerto Vallarta 181 cruceros con 482 mil 335 pasajeros y la derrama económica generada fue de alrededor de 870 millones de pesos; en 2020 se cancelaron los cruceros por la pandemia y por ello sólo se registraron 73 cruceros, con 151 mil 359 pasajeros. (Raúl Torres, El Universal, Estados, p. A13)
(Estephany de la Cruz, Reforma, Nacional, p. 2)
(Karla Méndez y Heidy Juárez, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 11)
(Laura Rodríguez, El Financiero, El Diario NTR, p. 31)