Con el freno que puso un juez federal de Texas a la propuesta de Joe Biden sobre detener la deportación de ciertos inmigrantes durante 100 días, se detiene la ambiciosa agenda del presidente de EU. En imagen, un migrante es escoltado por un agente del Instituto Nacional de Migración tras ser deportado.

(Redacción, El Economista, El Foro, p. 47)
Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, de protección a migrantes y búsqueda de desaparecidos, y activistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el Pacto Global de Migración, desmilitarizar la frontera sur y el país frente al éxodo de centroamericanos, ya que ello sólo provoca masacres como la ocurrida el pasado 22 de enero en Camargo, Coahuila, donde fueron asesinadas 19 personas.
“Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración”.
En el documento dirigido al mandatario mexicano se subraya que la tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial, ya que son rutas de tráfico de personas.
“La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas, ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Güemez de 2014”.
Se expuso que el Gobierno de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular, es claro que la política implementada no garantiza nada de eso. “Este hecho -la masacre de Camargo- ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero si tenemos la oportunidad de hacerla regular”.
La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo; sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular, esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante.
“Ante los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas -presumiblemente migrantes- calcinadas en dos camionetas, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenamos la masacre y exhortamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes , que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década”, subrayaron
Informaron que el 26 de enero diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. “Asimismo, solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México”.
“Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza”.
Las organizaciones evidenciaron la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial, pero incumplido en su propio territorio.
Señalaron que en enero de 2019, parecía que pasaríamos de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos. “Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció”.
“Por tal motivo, hacemos un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que es contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas , el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país”, concluyeron. (Luis Carlos Rodríguez González, Contraréplica, P.p.)
Las transferencias de dinero de migrantes al exterior podrían rebotar hasta niveles prepandémicos, lo que mejora una proyección del Banco Mundial sobre más disminuciones en los envíos de dinero a países en desarrollo este año, según estudio.
Las remesas no han caído tanto como se temió inicialmente durante la pandemia de coronavirus, e incluso aumentaron en algunas naciones como México, El Salvador, Kenia, Pakistán, Bangladés y Filipinas.
Laincertidumbre sobre el panorama para las remesas es elevada, destacó el reporte de Oxford Economics encargado por Western Union.
Pero el informe añadió que a medida que las economías ricas se recuperan y si la demanda de fondos de países en desarrollo permanece alta, entonces es posible que el flujo de envíos de dinero en 2021 incluso regrese a los niveles previos a la pandemia.
“Las crisis podrían hacer que las personas entreguen apoyo a otros y preocuparse más.
Cuando las cosas se ponen difíciles en las economías en desarrollo, quienes envían remesas se convierten en trabajadores de primera línea”, dijo Hikmet Ersek, presidente de Western Union.
El reporte añadió que las remesas podrían declinar también en caso de que empiece a enviar más dinero por canales no oficiales cuando las fronteras se reabran, en momentos en que el número de migrantes con empleo en 2020 se reporte en declive.. (Claudia Bolaños, Contraréplica, P.p.)
A solicitud de Bolivia, la embajadora mexicana María Teresa Mercado Pérez -expulsada por el gobierno de facto de ese país el 30 de diciembre de 2019- regresó ayer a La Paz para reincorporarse a sus funciones, informó anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El retorno de la diplomática mexicana se concretó tras el acuerdo común entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce Catacora.
“Con este acto se repara el agravio de la declaratoria de persona non grata ocurrida en diciembre de 2019, motivo por el cual el gobierno de México decidió retirarla de ese país y llamarla a consultas” a territorio nacional, enfatizó la cancillería mexicana en una nota informativa.
Mercado Pérez fue protagonista central en el conflicto que se dio entre México y el gobierno de facto de Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales Ayma.
Los diferendos se dieron luego que la administración mexicana otorgó asilo -tanto en territorio nacional como en las delegaciones diplomáticas en La Paz- al líder del Movimiento al Socialismo y a varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el hoy mandatario boliviano Arce Catacora.
El 26 de diciembre de 2019, tras la visita de una delegación de funcionarios de la embajada de España en Bolivia a la residencia oficial mexicana en La Paz -donde se encontraban varios bolivianos protegidos por México, que se amparó en convenciones internacional es-, el gobierno de facto de Áñez acusó una supuesta colaboración para sacar a los asilados del país, lo cual fue negado por los gobiernos de España y México.
Ese fue el pretexto para que la embajadora mexicana fuera considerada persona non grata y expulsada días después.
El 2 de febrero de 2020, el presidente López Obrador reconoció la “excepcional gestión” de Mercado Pérez durante la crisis diplomática entre México y el gobierno de facto de Bolivia y le otorgó el ascenso al rango de embajadora.
A propósito de la reinstalación de la embajadora, la SRE subrayó: “México y Bolivia han manifestado su interés en relanzar las relaciones diplomáticas y su deseo mutuo por establecer una asociación estratégica, particularmente en el marco del 190 aniversario del establecimiento de relaciones formales entre ambos países”. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 12)
Luego de la entrada en vigor de las restricciones de Estados Unidos para ingresar a su territorio vía aérea, algunos usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acuden apresurados a los dos laboratorios privados instalados en hoteles cercanos, así como a las clínicas del viajero de la UNAM, que se encuentran en las terminales 1 y 2, para realizarse una prueba rápida de antígenos o PCR para no perder sus vuelos.
A partir de esta semana una de las condiciones para viajar al vecino país del norte es presentar un diagnóstico negativo de una prueba de Covid-19 aplicada con máximo 72 horas de anticipación.
Durante 2020, la terminal aérea registró 2 millones 861 mil 470 salidas internacionales, de ellas, más de 50 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos, principalmente Los Ángeles, Dallas, Chicago, Houston, Las Vegas, Miami, Nueva York, Orlando, Salt Lake City, San Antonio, San Francisco y Washington.
Ante la demanda de los pasajeros de realizarse una prueba del nuevo coronavirus, las autoridades informaron que en el AICM se instaló un laboratorio en la Terminal 1, que pertenece a la Clínica del Viajero de la UNAM (que cuenta con sus instalaciones fijas en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino), para que pasajeros y tripulación de vuelos internacionales se apliquen pruebas de Covid-19, requisito para ingresar a algunos países.
En su cuenta de Twitter, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo agradeció el trabajo conjunto de la Secretaría de Salud federal de Comunicaciones y Transportes.
Los precios de las pruebas de antígenos son de 680 a 800 pesos. Se entregan entre 20 minutos y una hora; y las PCR cuestan entre 2 mil y 2 mil 50 pesos, los resultados están listos hasta en 24 horas. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 4)
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el caso de las 19 personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, no es igual a lo sucedido en la masacre de San Fernando en 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en esa misma entidad.
En la conferencia mañanera explicó que no se pueden comparar los casos, pues se está avanzando en las investigaciones de manera contundente y no se permitirá la impunidad.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando, todos los días hemos estado en el gabinete viendo los avances que se tienen (…) tenemos mucha información”, explicó.
Mencionó que una de las prioridades en torno a este caso será la identificación de los cuerpos.
El lunes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó el hallazgo con la masacre ocurrida en 2010.
En tanto, Luis Alberto Rodríguez, vocero de la Fiscalía de Tamaulipas, informó en entrevista con Elisa Alanís para MILENIO Televisión que se encuentran tomando muestras de ADN a los 19 cuerpos para conocer su identidad y confirmar que sean migrantes guatemaltecos.
Añadió que hay personas que vieron cruzar de Nuevo León a Tamaulipas a las camionetas donde fueron encontrados.
“Esto lleva a una línea de investigación de que el sitio donde ocurrieron los hechos fue distinto a donde se encontraron las camionetas”, señaló, y evitó reconocer que esto haya sido cometido por el crimen organizado.
Pedirán asilo
Mientras autoridades guatemaltecas anuncian que el viernes tendrán las muestras de ADN de las familias que reclaman los restos de las víctimas, éstas preparan solicitudes de asilo político a España, EU o Canadá. (Pedro Domínguez y Redacción, Milenio, Política, p. 10)
(Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 8)
(Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 3)
(Claudia Bolaños, Contraréplica, P.p.)
(Urbano Barrera, Ovaciones, P.p.)
(Amílcar Salazar, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 31)
Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos presentaron una denuncia para exigir la identificación de los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el pasado fin de semana pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, así como una investigación efectiva de la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar que los hechos queden en la impunidad.
En un pronunciamiento firmado por cientos de colectivos de México y el extranjero, así como activistas y expertos a título personal, se indica que lo ocurrido con las víctimas de esta agresión -quienes al parecer son ciudadanos guatemaltecos- implica violaciones graves de derechos humanos, no sólo por la no existencia de una estrategia de prevención de esos abusos, sino también por la falta de sanción a quienes en el pasado han cometido actos similares.
Las organizaciones -entre las que se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y Asylum Access, entre muchas otras-enfatizaron que esta nueva masacre lastima a las víctimas directas, tanto en México como en sus lugares de origen, y contribuye aun más al deterioro del tejido social de la región.
Por su parte, la Red Jesuíta con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica exigió a los gobiernos de México y Guatemala actuar con celeridad para esclarecer los hechos, dar con los responsables y procesar a los victimarios, además de identificar adecuadamente a los asesinados, presumiblemente migrantes guatemaltecos.
De confirmarse esta hipótesis, pidió a las autoridades realizar las gestiones para garantizar la repatriación de los restos y el traslado a sus comunidades de origen, y adicionalmente brindar acompañamiento jurídico y sicológico a las familias guatemaltecas que tienen indicios que sus familiares podrían estar entre las víctimas de esta masacre.
Recordó que en el pasado, en esta misma región de Tamaulipas se han registrado actos similares aún sin esclarecer, algunos contra migrantes, como en San Fernando, en 2010; Cadereyta, 2012, y Ciudad Mier, en 2020, en las que han desaparecido expedientes y destruido evidencias. (Fernando Camacho y José Antonio Román, La Jornada, Política, p. 8)
El asesinato de 19 personas, al parecer migrantes, que fueron calcinadas en Camargo, Tamaulipas, recordó a la masacre de San Fernando de 2010, donde todo apunta a un ataque directo del crimen organizado.
En Guatemala, donde familiares reclaman los restos encontrados el pasado 22 de enero, comenzó a circular el testimonio de un “coyote” que explica cómo los grupos criminales otorgan claves a los traficantes de personas para poder cruzar por Tamaulipas.
“Recuerda que: si pagas te cuidan, si no pagas te chingan, la gente no tiene la culpa, la gente confía en su guía y nada más. Los señorones no son malos, pero no te quieras burlar de ellos”, advierte.
“Es lamentable que las fuentes oficiales insistan que se trató de un enfrentamiento. Ya suman más 15 guatemaltecos identificados por familiares quienes exigen los cuerpos”.
En el testimonio se narra que los criminales abordan los autobuses y preguntan la clave otorgada con anterioridad, si el “coyote” no la sabe significa que no pagó la cuota exigida y es cuando los asesinan.
“Esto pasa porque los guías cobran barato desde Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador, y pues lógicamente no les alcanza para pagar la clave”, añade.
“No les queda de otra que tratar de esquivar a los señorones, pero cuando caen son muy graves las consecuencias”.
En una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), 11 organizaciones civiles pidieron al Fiscal Alejandro Gertz Manero indagar lo ocurrido en Camargo de manera conjunta con la masacre de los 72 migrantes de San Fernando y otros ataques contra migrantes.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, refirió que desde el sexenio de Felipe Calderón los “coyotes” comenzaron a pagar cuotas a los grupos de la delincuencia organizada.
“Esto se mantiene porque es un tremendo negocio, y no han logrado dar con el aspecto económico y financiero detrás de esto”, denunció.
El investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Óscar Misael Hernández, advirtió que los migrantes siguen siendo vistos como una mercancía por los grupos criminales, que les deja ganancias de millones de dólares anuales, después del tráfico de droga y de armas.
“Los propios grupos han monopolizado este negocio de la migración indocumentada y se disputan a los migrantes, por lo que no está de más pensar que cualquier falta a sus reglas, como son no pagar cuota por transitar por algún territorio o no pagar propiamente lo que fue pactado para cruzar la frontera, puede ser objeto de ‘sanciones'”, refirió.
Recordó que hay estudios históricos y socio-antropológicos que muestran que los grupos criminales del noreste de México tienen redes de “coyotaje” amplias y profesionalizadas que llegan hasta Centroamérica y Sudamérica.
“De esta manera es que entendemos por qué lograron detener a los migrantes en el caso de los 72 de San Fernando: ya sabían que iban desde que cruzaron del norte de Veracruz a territorio tamaulipeco, ya sabían en qué vehículos iban y ya sabían a qué horas aproximadamente llegaban”, refirió.
En Tamaulipas operan principalmente dos grupos criminales, el Cártel del Norte, centrado en Nuevo Laredo, donde se encuentra uno de los más importantes puertos aduaneros del País, y el Cártel del Golfo, operando en Reynosa, una ciudad maquiladora vecina de la ciudad en auge McAllen.

(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 3)
Familiares de migrantes guatemaltecos en el municipio de Comitancillo, a unos 260 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, aseguran que sus parientes están entre las 19 personas que fueron calcinadas el 22 de enero en Camargo, Tamaulipas.
En Reynosa, el vocero de Seguridad Pública estatal, Luis Alberto Rodríguez, informó que ya se tomaron pruebas genéticas de los restos de las víctimas de Camargo y se espera la llegada de muestras de los supuestos familiares de Guatemala para cotejarlas.
“El vicecanciller de Guatemala ya informó que tienen 15 exámenes, así le dicen a las muestras de ADN, el viernes tomarán más a otros familiares y las enviarán a México por los canales diplomáticos”, explicó.
Rodríguez señaló que los cuerpos de los presuntos migrantes encontrados en el ejido Santa Anita fueron trasladados para resguardo a las gavetas del Servicio Médico Forense de Reynosa. (Staff y con información de Miguel Domínguez, Reforma, Nacional, p. 3)
Ciudad Victoria.— Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realiza trabajos de campo en la zona donde fueron encontrados 19 cuerpos y dos vehículos calcinados, en Santa Anita, municipio de Camargo, informó a EL UNIVERSAL el vocero de Seguridad del gobierno estatal, Luis Alberto Rodríguez.
El funcionario reveló que estos trabajos tienen la finalidad de hallar más elementos y evidencias sobre lo ocurrido. Hasta el momento, dijo, se ha logrado determinar que del total de 19 víctimas, 16 eran hombres, una era mujer y en dos casos más no se ha podido determinar el sexo.
“En Tamaulipas se ha venido avanzando en las dos grandes vías; la primera, en Servicios Periciales Forenses, para contar con los elementos que permitan conocer la identidad de las víctimas [toma de ADN] y los contactos consulares para obtener perfiles genéticos de probables familiares para el cotejo”.
Como segunda vía de avance, señaló que trabajan en reunir información para determinar las circunstancias que incidieron en los homicidios, “para lo cual se están recopilando todos los datos objetivos, entre ellos lo de la placa de Nuevo León en un Toyota, el que no hubiera casquillos en el sitio donde estaban los vehículos incinerados y otros más que se están recopilando”.
La Cancillería de Guatemala confirmó ayer que analiza al menos 15 muestras de ADN de quienes podrían ser familiares de las personas calcinadas en Camargo, que, en una de las versiones, se presume podrían ser migrantes que buscaban llegar a EU.
Las entrevistas, comentó, “conllevan el envío de un formulario y de personas a realizarse los exámenes de ADN para ser, posteriormente, contrastados con los resultados en México”.
Hernández mencionó que la Cancillería espera contar con los resultados el próximo viernes, pero aclaró que “aún hay familiares que están haciendo exámenes y la lista de personas que podrían reportar personas extraviadas podría acrecentarse”.
“No se repite San Fernando”
Por el caso, también se pronunció ayer por la mañana Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), quien rechazó que el hallazgo de 19 cuerpos pueda compararse con la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, como lo indicó la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sánchez Cordero señaló que no puede dar información de las investigaciones que se realizan sobre este caso, pero aseguró que se está avanzando en la indagatoria “de manera contundente” y que no habrá impunidad.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando (…) Estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías. Pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando, ¿por qué?, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente”, respondió a una reportera.
En tanto, en el salón Tesorería, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó que no habrá impunidad y que se realizará la identificación de los cuerpos.
El martes, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, comparó el hallazgo de los 19 cuerpos con las masacres de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, donde fueron asesinados 72 y 49 migrantes, respectivamente. (Roberto Aguilar, Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, El Universal, Estados, p. A13)
En Tamaulipas, los cárteles del Noreste y del Golfo son los más violentos de la entidad y se disputan el control territorial como elemento clave para el tráfico de drogas, secuestro, extorsión y traslado de migrantes nacionales y extranjeros de territorio mexicano a Estados Unidos, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.
En ese contexto, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas ya cuenta con los perfiles genéticos de los restos de 17 de las 19 víctimas calcinadas en días pasados en dos vehículos en el municipio de Camargo, y que presuntamente podrían corresponder a un grupo de migrantes plagiados por grupos delictivos, aunque no se ha determinado si son de ciudadanos guatemaltecos reportados como desaparecidos.
Funcionarios federales y estatales informaron a La Jornada que la fiscalía tamaulipeca ya cuenta con los datos genéticos de todos los restos encontrados en el municipio de Camargo, que los peritos estatales han logrado establecer que 16 de los 19 pertenecían a personas del sexo masculino y uno al sexo femenino, aunque en dos casos no se ha podido determinar el género, debido al daño físico que provocó el fuego.
A pesar de estos avances, para concluir si los restos localizados corresponden al grupo de migrantes guatemaltecos -como incluso ha señalado el gobierno de esa nación centroamericana-, falta que mediante protocolos diplomáticos las muestras genéticas que han tomado las autoridades de ese país se hagan llegar a los peritos mexicanos para realizar la confronta de ambos registros y llegar a una determinación en cuanto a la identidad de cada osamenta.
De acuerdo con la información recabada, los municipios de la llamada frontera chica, entre los que se encuentra Camargo, están bajo el control de los cárteles del Noreste y del Golfo, ambas organizaciones controlan el tráfico de drogas en esta zona que limita con el río Bravo, y por ende están cercanos a la frontera con Estados Unidos.
En el caso de Camargo, este territorio colinda con los municipios de Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz, dos de los principales puntos de confrontación entre ambos grupos delictivos. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 9)
Organizaciones civiles presentaron una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de los 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, que fueron localizados el viernes pasado dentro de dos vehículos.
También para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos. Además, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.
“Con el fin de evitar la repetición de investigaciones gravemente deficientes e infructuosas, como ha ocurrido reiteradamente en ese tipo de casos, exigimos que las autoridades federales y locales tomen todas las medidas necesarias y de manera inmediata, para garantizar la correcta identificación de las víctimas”, refiere el comunicado.
El domingo pasado, el diputado guatemalteco Mario Ernesto Gálvez, quien preside la Comisión de Migrantes, señaló que al menos 13 de sus connacionales, posiblemente migrantes, están entre las víctimas.
Las organizaciones civiles resaltaron que el caso denunciado se inscribe en un contexto de macrocriminalidad, violencia generalizada y violaciones constantes a los derechos humanos de los migrantes.
En su momento, la Fiscalía de Tamaulipas indicó que fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio, derivado del hallazgo de cuerpos y vehículos calcinados en el poblado Santa Anita, municipio de Camargo.
Adelantó que de las inspecciones realizadas hasta el momento no se han localizado casquillos en la zona, por lo que una de las líneas a seguir es que los hechos pudieron haberse desarrollado en un sitio distinto al del hallazgo. (Daniela Wachauf, 24 Horas, Estados, p. 12)
La embajada de Estados Unidos en México difundió un audio para pedir a los migrantes centroamericanos no viajar a la frontera con el país, pues todavía trabajan en implementar las políticas del presidente Joe Biden en la materia, mientras que el gobierno del demócrata informó ayer que prevén 90 mil muertes más en EU por el covid-19 durante las próximas cuatro semanas.
“A los migrantes que están pensando en viajar al norte o que ya iniciaron el viaje, ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera”, señaló el audio de la embajada en la voz de Édgar Ramírez, agregado del Departamento de Justicia de EU.
Además, indicó que las leyes estadunidenses no han cambiado hasta el momento, y exhortaron a los migrantes a no caer en manos de los llamados polleros.
“Entendemos que pueden estar padeciendo dolor y dificultades; este no es el momento de venir corriendo a la frontera, no pierdan su dinero, no aumenten el riesgo de contagiarse con el covid-19 durante el viaje, no arriesguen su vida”, señaló el mensaje. .(Redacción y AP, Milenio, P.p.)
La Patrulla Fronteriza detuvo en Texas a 433 migrantes en los últimos seis días, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU; entre los detenidos y rescatados en operaciones separadas hay mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, nicaragüenses y hondureños. El martes se detuvo a 100 migrantes escondidos en dos casas de seguridad, de los cuales uno dio positivo a covid. (Redacción y AP, Milenio, Política, p. 10)
“La llamada fue cordial y amistosa. Todo indica que serán buenas relaciones”. Así describió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la charla telefónica que sostuvo el pasado viernes con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La llamada en sí es un gesto de buena voluntad por parte del presidente demócrata, teniendo en cuenta que el mandatario mexicano fue uno de los últimos líderes en felicitarle por su victoria y siempre presumió de su amistad con el derrotado Donald Trump. De hecho, la llamada de Biden a AMLO -dos días después de jurar el cargo- fue la segunda a un mandatario extranjero en el arranque de su gobierno. La primera fue al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, del todo comprensible, no sólo porque fue el primer líder en felicitarlo de forma entusiasta, sino porque es lo que se esperaría del mayor socio comercial con su país.
Pero, más allá del gesto de Biden, lo que convenció a López Obrador fue que el nuevo presidente de EU coincida con él en uno de los temas que más preocupa al mandatario mexicano: la crisis migratoria.
“No creo cometer una indiscreción. El presidente Biden me manifestó que van a destinar cuatro mil millones de dólares de apoyo a los tres países de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esto nos va a ayudar mucho: se complementa con lo que ya estamos llevando a cabo a nuestro país, de sur a norte: ir creando cortinas de desarrollo”, aseguró López Obrador el sábado, visiblemente satisfecho de que Biden -a diferencia de su amigo Trump- comparta su tesis de que la mejor forma de contener las caravanas de migrantes no es mediante muros de policías, sino ayudando al desarrollo de las comunidades de origen.
LOS MIGRANTES YA NO SON CRIMINALES.
De igual manera, el presidente mexicano celebró la intención de Biden -firmada mediante decreto el primer día de su mandato- de realizar una reforma migratoria que ofrezca a los once millones de indocumentados -la mayoría de origen mexicano- la oportunidad de regularizar sus papeles y convertirse en ciudadanos estadunidenses, en un plazo de ocho años.
Además, en el mismo decreto, Biden incluyó una cláusula por la que daba prioridad a la regularización de los cientos de miles de jornaleros indocumentados y de los aproximadamente 600 mil “dreamers”, cuya residencia en EU, amparada por el programa DACA, Trump quiso eliminar.
“Vamos a exhortar de manera respetuosa a los legisladores de Estados Unidos para que se apruebe esa iniciativa del presidente Biden y se regularice la situación de los mexicanos”, declaró López Obrador, pese a que en su momento fue muy criticado por no haber condenado a su amigo Trump cuando llamaba criminales a los mexicanos, o cuando separó a los niños de sus padres en la frontera, o cuando permitió que México se convirtiera, de facto, en el patio trasero de Estados Unidos, donde los migrantes de las caravanas esperaban un visa humanitaria que nunca iba a llegar.
ALIVIO Y APLAUSOS DE LA COPARMEX.
Tal como predijo hace una semana José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tras jurar Biden como presidente, la llegada de un nuevo liderazgo a EU debe ser aprovechada por México para “retomar el entendimiento respetuoso entre ambos países”, lo que parece confirmarse con la llamada que sostuvieron ambos mandatarios, y que entierra (de momento) la crisis por el caso Cienfuegos y el polémico papel de la DEA en el combate al crimen organizado en México.
“El escenario es prometedor, si desde México se toman las decisiones correctas”, declaró Medina Mora, sin especificar qué medidas serían, pero recordando que “la relación entre México y Estados Unidos atravesó por diversos altibajos y momentos de tensión derivados, en gran medida, por la postura de Trump en temas sensibles para ambos países como la migración y el proceso de negociación del T-MEC”.
Una de las medidas de Biden que agradan al empresariado mexicano es el gigantesco paquete de ayuda de Biden de 1.9 billones dólares para ayudar a las familias golpeadas por la crisis pandémica y reactivar la economía de EU, lo que impulsará el comercio bilateral y aumentará el caudal de remesas.
“GANAMOS A LA IZQUIERDA SEDICIOSA”
Otra de las medidas aprobadas en su primera semana en la Casa Blanca fue decretar una moratoria de cien días a las deportaciones, para desterrar la escandalosa y cruel política del ya expresidente de EU, que autorizó bajo su mandato la “cacería de ilegales”.
Pero fue entonces cuando el presidente Biden se estampó con la realidad. Trump perdió las elecciones y las dos cámaras del Congreso están controladas ahora por los demócratas, pero muchos estados de EU siguen controlados por los republicanos y Trump aprovechó maquiavélicamente sus cuatro años de mandato para colocar a jueces fieles a su doctrina populista y ultraconservadora en cortes federales y en la Corte Suprema.
En esta misma primera semana de Biden en el poder, un juez del sur de Texas ordenó anular la moratoria de cien días que decretó Biden a las deportaciones exprés que ordenó el anterior mandatario republicano.
Esto no habría sucedido si el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, no hubiese interpuesto una querella al mejor juez posible, Drew Hpton, una de las decenas de magistrados elegidos por el entonces presidente Trump para que bloqueen cualquier ofensiva progresista contra su legado ultraconservador y supremacista blanco.
El martes, el juez federal texano no sólo logró paralizar temporalmente la moratoria de Biden a las deportaciones, sino que ordenó al nuevo gobierno de EU que localice a los inmigrantes liberados en esta sanana para que sean deportados.
La reacción del fiscal texano a lo sucedido es la mejor prueba del difícil gobierno que le espera a Biden, con un poder judicial controlado por los republicanos: “Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la Administración de Biden. Y GANAMOS”, escribió en Twitter.
“Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”, concluyó, advirtiendo así al gobierno de Biden de que la guerra por el espíritu de Estados Unidos -progresista o conservador- no está ni mucho menos acabada. (Fran Ruíz, La Crónica,P.p.)
Dos colombianos que tenían en su poder 57 dosis de droga fueron detenidos por policías preventivos en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Estos sujetos se dedicaban a distribuir cocaína en la alcaldía Miguel Hidalgo, particularmente en la zona de Polanco.
La detención se llevó a cabo cuando los uniformados que realizaban recorridos de reconocimiento en la calle Havre y Marsella, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, observaron un vehículo de lujo color negro estacionado y tres personas, dos de ellas a bordo, que intercambiaban dinero por envoltorios.
Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero en una rápida acción policial, dos hombres fueron detenidos en posesión de 27 dosis y dos bolsas de plástico con mariguana, y 30 bolsitas de cocaína. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.