Como una respuesta de apoyo humanitario en el contexto de la pandemia del Covid-19 en México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instaló en diferentes puntos del país 48 unidades móviles con la finalidad de que sean utilizadas como espacios de alojamiento adicional o como módulos de atención médica ante la pandemia.
Se trata de instalaciones móviles que regularmente esta agencia de Naciones Unidas usa para resguardar a millones de refugiados en todo el mundo, y que en medio de la crisis sanitaria ha aportado para que sean instaladas en albergues, centros de salud, hospitales generales y clínicas Covid de entidades del sur y norte del país.
La oficina en México de Acnur informó que si bien estas unidades de vivienda para refugiados se instalan para brindar apoyo a esa población, por ahora, debido a la pandemia, se facilitaron para atender diversas necesidades y podrán ser albergues para refugiados o no, aislamientos para posibles infectados, para aplicar muestras rápidas de Covid-19, alojar al personal de las brigadas callejeras de monitoreo de la enfermedad, módulos de atención médica, dormitorios adicionales para albergues, entre otros.
Estas unidades se usan en todo el mundo. En México se están usando, dentro de la respuesta ante la pandemia por el Covid-19, para incrementar espacios de aislamiento y la capacidad de los centros de salud a fin de atender a los pacientes. Los albergues también servirán para ampliar los espacios de alojamiento, explicó Phoebe Goodwin, oficial encargada de albergues de la oficina de Acnur en nuestro país.
Estos espacios se han instalado en hospitales, centros de salud y clínicas Covid de Palenque, Tapachula, Huixtla, Ciudad Hidalgo y Escuintla, Chiapas, así como en Tenosique, Tabasco. También en los albergues Ranzahuer, en Oluta, Veracruz, y Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.
También se instalarán en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Acuña, Coahuila. (De La Redacción, La Jornada, Política, p. 4)
(Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
(Redacción, Ovaciones, Nacional, p. 9)
Por otra parte Moody’s Investors Service alertó que en 2020, las transferencias de remesas de los trabajadores migrantes caerán 20 por ciento a nivel global, lo que aumentará el riesgo externo y de crecimiento en los principales países receptores. En un documento indicó que las naciones que más dependen de las remesas son mayormente economías de ingresos bajos y medios, y se espera que la disminución en los envíos profundice la desaceleración del crecimiento de esos países. Señaló que las remesas globales alcanzaron un máximo histórico de 554 mil millones de dólares en 2019, pero se espera una disminución de 110 mil millones este año, superando ampliamente la caída de 16 mil 200 millones registrada en 2009 tras la crisis financiera global. (Karen Guzmán y Silvia Rodrígez, Milenio, Negocios, p. 17)
(Yolanda Morales, El Economista, Finanzas Globales, p. 58)
Cd. Juárez. La extensión del cierre de la frontera entre Estados Unidos y México hasta agosto ha puesto en jaque a las pequeñas y medianas exportadoras y empresas de logística fronterizas que han visto derrumbar sus negocios por las precauciones binacionales ante el Covid-19.
De acuerdo con datos de El Paso Metropolitan Planning Organization (MPO) y del Texas Center For Border Economic and Enterprise Development, desde marzo pasado, cuando ambas naciones acordaron por primera vez prohibir los cruces no esenciales en la frontera común como medida para evitar la propagación del coronavirus, más de 100 empresas dedicadas a la transportación de mercancías han cerrado en ambos lados o se encuentran al borde de la quiebra sólo en la frontera entre Texas y Ciudad Juárez, por donde se estima, más de dos millones de personas cruzan diariamente en condiciones normales. (Roxana González, El Sol de México, P.p.)
Houston. El gobierno del presidente Donald Trump ha acordado no deportar a un grupo de niños migrantes que están en calidad de detenidos en un hotel de Texas, al amparo de una declaración de emergencia por el coronavirus y les permitirá tratar de quedarse en Estados Unidos. La decisión llegó después de que la agencia de noticias Ap reportó la práctica del gobierno de detener en hoteles a menores no acompañados para aplicar su inmediata deportación. Los menores eran repartidos en tres hoteles Hampton Inn & Suites en Arizona y dos ciudades fronterizas de Texas. El gobierno de Trump no ha dicho que dejará de detener a niños en hoteles. El acuerdo sólo incluye a 17 que estaban en el Hampton Inn de McAllen. Luego de que el dueño del hotel dijo que suspendería las reservaciones para detener niños, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sacó a los menores del hotel, pero se negó a decir dónde los había llevado. (Ap, La Jornada, Mundo, p. 25)
(AP, Reforma, Internacional, p. 16)
Washington. El presidente de EU, Donald Trump, dijo que está vigilando “de cerca” el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica y que está analizando la situación en la frontera con México para frenar la enfermedad.
“Mi administración está monitoreando de cerca el creciente número de casos en Latinoamérica, que ahora es la región del mundo, con diferencia, donde se han reportado más infecciones activas”, manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en Carolina del Norte.
Trump no se refirió a un país en específico de Latinoamérica y se limitó a decir que su administración está vigilando la evolución de la pandemia en la región.
En su comparecencia, sin aportar pruebas, Trump consideró que la cifra de casos en Latinoamérica posiblemente sea mayor de lo reportado.
“Debido a la escasez de tests en Latinoamérica, es posible que el número de casos se haya contado por debajo dramáticamente. Y puede ser que eso sea probablemente posible en todo el mundo. Nosotros reportamos nuestros casos cuando la mayoría del mundo no lo hace, no hacen test y, por tanto, tienen menos casos, aunque la gente está muy enferma o no los reportan”, afirmó. (EFE, El Sol de México, Mundo, p. 24)
Luego de quedar a la deriva, un grupo de senegaleses fue auxiliado por las Fuerzas Armadas del archipiélago y revisado por integrantes de la ACNUR, quienes vigilaron que el desembarco se realizara portando cubrebocas. (Redacción, La Razón, Mundo, p. 26)
(DPA; Excélsior, Global, p. 25)
Cuando las guerrillas sandinistas entraron triunfantes en julio de 1979 a Managua e instalaron en Nicaragua la tercera revolución socialista en América Latina y el Caribe, la política exterior de México consolidó una fase de esplendor e influencia que se prolongó hasta 2000, perdió fuerza en el siglo XXI y feneció en diciembre de 2018, con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
México, crucial en la victoria sandinista, rompió lazos diplomáticos con Nicaragua el 20 de mayo de 1979 y ratificó su solidaridad con los rebeldes nicaragüenses, en un acto que precipitó la caída de la dictadura dinástica de la familia Somoza y reafirmó el rango mexicano de hermano mayor de Centroamérica.
Maniobra
Al impedir el tránsito de centroamericanos por su territorio, México se acercó a EU y generó resentimientos en Centroamérica. A diferencia del protagonismo de sus predecesores en América Latina y el Caribe, López Obrador llevó a un aislamiento de México con un estricto apego a la no intervención y la libre autodeterminación.
Para algarabía de la izquierda, México se salió en 2019 del Grupo de Lima, instancia regional de consulta sobre la crisis venezolana que en enero de ese año desconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela al aducir que se reeligió en 2018 en comicios ilegales.
Ya sin México, que mantuvo el reconocimiento a Maduro al igual que Cuba y Nicaragua y luego Argentina, el Grupo aceptó en 2019 al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. Uruguay se distanció de México y en 2020 reconoció a Guaidó.
La Cancillería mexicana, que reiteradamente negó que México esté aislado, asumió en 2020 la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), foro del que Brasil se salió este año y debilitado, en colapso y dividido por el efecto hemisférico del conflicto político en Venezuela. (José Meléndez, El Universal, Mundo, p. A17)
Reynosa.— Los remanentes de las lluvias que el huracán Hanna dejó el fin de semana a su paso por el noreste del país, que afectó principalmente los municipios de Díaz Ordaz y Camargo en el norte de Tamaulipas, provocaron que la tarde de ayer el río Bravo se desbordara e inundara los patios fiscales de la aduana y el acceso al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en esta frontera con Estados Unidos.
Ante esto, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, lanzó un llamado a las familias que habitan en zonas aledañas al río para que se mantengan en alerta, puesto que existía la posibilidad de que fueran desalojados.
A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa alertó a los vecinos de la zona centro, Ejido Los Longorias, 10 de Mayo, El Porvenir, El Banco, Manuel Tárrega, Ferrocarril Oriente, Aquiles Serdán y Carmen Serdán, que serían los primeros en dejar sus viviendas en caso de que el río subiera aún más su nivel.
Además, pidió a las familias que se encuentran en los asentamientos en los márgenes del río Bravo acudir a los albergues y salir de sus casas.
El desborde del río Bravo alertó a los vecinos de la colonia Del Prado, que es la más cercana, por lo que se trasladaron a los patios fiscales para constatar los daños.
Utilizando pintura en aerosol, los pobladores marcaron el nivel del agua para posteriormente entrevistarse con Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas en Reynosa, quien realizaba un recorrido de supervisión por la zona. Tras el encuentro, los habitantes constataron que el nivel seguía subiendo, al rebasar la señal que habían dejado, lo que aumentó su inquietud.
Por su parte, Luis Javier Pinto, titular de la Comisión Estatal del Agua, indicó que tras una reunión con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se le informó que el volumen de agua que va a pasar por el Bravo es la mitad de la que pasó en 2010, cuando el huracán Alex azotó Reynosa.
“No consideran que haya situaciones graves, salvo aquellos que están alojados en el cauce del río Bravo, que han hecho construcciones, los cuales van a salir afectados. Centros de fiestas, de diversión que no cuentan con permisos, seguramente les va a llegar el agua, no se tiene contemplado que el nivel suba más allá y llegue a las oficinas de la aduana”, explicó. (Sandra Tovar, El Universal, Estados, p. A14)
(Miguel Domínguez, Reforma, Nacional, p. 14)
(Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 18)
Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho se encuentra delicado de salud en algún lugar de la Sierra de Jalisco, donde permanece oculto debido a que padece insuficiencia renal.
Esta situación lo convierte en un hombre débil ante la pandemia de coronavirus, de acuerdo con versiones de las autoridades. A pesar de su condición, encabeza la lista de los más buscados por la Agencia Antidrogas de EU (DEA por sus siglas en inglés), junto con cinco mexicanos miembros de cárteles del narco.
Sólo figura un dominicano, un colombiano y un chino entre los ocho principales objetivos de la DEA, que ofrece recompensas de 20 millones de dólares por la captura de Rafael Caro Quintero y 10 millones de dólares por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
De acuerdo con la DEA, Nemesio Oseguera, Jesús Alfredo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada y Rommel Pascua son los delincuentes más buscados, así como el dominicano Julio Alex Díaz; el colombiano Darío Antonio Usuga y el chino Kenny Jing Ang Chen.
Zambada y Pascua forman parte del Cártel de Sinaloa, El Mencho es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y Rafael Caro Quintero fue el jefe del Cartel de Guadalajara en la década de los 70 y 80.
La lista además advierte que Oseguera Cervantes cuenta con al menos 5 cargos federales por introducción y comercialización de drogas, homicidio y otros delitos. Además, lo reclama una Corte del Distrito de Columbia y en la ficha de la DEA se menciona que es un “hombre peligroso y que podría estar armado”, por lo que pide a la población que no intente detenerlo, sólo dar aviso.
En un informe elaborado para el Servicio de Investigación del Congreso de EU, por June S. Beittel, analista en Asuntos Latinoamericanos, en 2019, se describe el origen del CJNG en 2011 cuando se presentó como parte de los Zetas, un grupo de militares de élite que desertaron para unirse al Cártel del Golfo. “El grupo tiene su sede en el estado de Jalisco con operaciones en el centro de México”, dice el documento.
El documento del Congreso de Estados Unidos advierte que “este grupo criminal, supuestamente es responsable de la distribución de cocaína y metanfetamina a lo largo de 10 mil kilómetros de la costa del Pacífico, en una ruta que se extiende desde el Cono Sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá”. (Jorge Chaparro, La Razón, México, p. 5)
Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a través de empresas fantasma, y que establecieron un acuerdo reparatorio ilegal con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2018 fue sujeta de acción penal ni del bloqueo de sus cuentas bancarias.
Sucedió un hecho insólito, como lo publicó Excélsior el pasado 7 de julio. Las empresas y personas físicas denunciadas establecieron un acuerdo reparatorio con la PGR, de acuerdo con Santiago Nieto, y es ilegal porque, a pesar de que se detectó una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una donación de sólo tres millones de dólares, y en lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Primer acuerdo
El primer acuerdo reparatorio se firmó el 12 de octubre de 2018. Cuatro personas físicas se comprometieron a entregar mil 300 contenedores marítimos (que almacenaban alrededor de dos millones de despensas), a no efectuar ningún otro acto comercial con el gobierno de Venezuela y a pagar tres millones de dólares a la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Segundo acuerdo
Pero ése no fue el único acuerdo. El 16 de octubre de 2018 la PGR acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los CLAP, la imposición de una multa de sólo 120 mil dólares, que también debieron abonar a Acnur. (Claudia Solera, Excélsior, P.p.)
Un juez federal dio ayer de plazo al gobierno de Donald Trump, hasta el 11 de agosto, para que informe qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo que mantuvo el programa DACA, que protege de la deportación a 650 mil jóvenes que llegaron al país como indocumentados.
El fallo del Tribunal obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos al DACA.
Hasta hoy, la administración Trump sostiene que ni ha otorgado ni ha rechazado alguno de esos trámites.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional “recibe las solicitudes, estas no serán aceptadas ni rechazadas, sino que se mantendrán a la espera”, afirmó un abogado del Departamento de Justicia.
El 17 de julio, 33 miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, pidiendo que el gobierno cumpla con la decisión del Tribunal y reanude los trámites de permisos. (EFE y AP, El Heraldo de México, Orbe, p. 23)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.