AMLO, mejoría a mitad de semana (El Economista, p.54)
A menos de 24 horas de sufrir la primera baja de su Gabinete, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nombró ayer a un hombre de confianza como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). López Obrador intenta cerrar de la forma más rápida posible la primera crisis dentro de su Gobierno tras la dimisión de Germán Martínez Cázares, que abandonó el cargo denunciando luchas por el poder y los recursos en el Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El nuevo titular de una de las instituciones más importantes del país es Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación (Interior), de 40 años. Deberá guiar un gigantesco organismo que, como alertó su antecesor en el cargo, está castigado por la precariedad y los recortes. (Luis Pablo Beauregard, El País, Pp.1, 7)
Los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI o Centros Conacyt) distribuidos en todo el país están en “riesgo de colapsar” debido a las medidas de austeridad y los recortes presupuestales que han sufrido en los últimos meses, suscribe una carta que representantes de los más de tres mil investigadores de estas instituciones hicieron llegar ayer a la Presidencia, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a legisladores. (Isaac Torres Cruz, La Crónica de Hoy, Pp. 1, 14)
Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber proporcionado información falsa en su declaración de situación patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba saldo de cientos de miles de pesos. En un comunicado, la SFP señaló que la inhabilitación por 10 años al exdirector de Pemex fue resultado de un “cuidadoso procedimiento” de responsabilidades administrativas, en donde, entre otras cosas, se detectó que este servidor proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Pp. 1, 8)
Frente a la incapacidad institucional para garantizar seguridad y justicia, cada vez se presentan más actos ilícitos, como los linchamientos, cuyo número de casos ha crecido en los últimos años en México, donde cinco entidades concentran casi 75 por ciento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2015 y 2018 hubo al menos 336 en todo el país, que dejaron 561 víctimas, de las cuales, en 22 por ciento (121 personas) las agresiones concluyeron con la muerte, en tanto que 440, equivalente a 78 por ciento, fueron rescatados. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Pp. 1, 12)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el compromiso del gobierno es mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica con finanzas públicas sanas, por lo que este año no aumentará el endeudamiento público y se logrará el superávit primario de uno por ciento como porcentaje del PIB. “Estamos casi seguros de que en este año el superávit será de uno por ciento del PIB, al hacerlo así vamos a lograr mantener la deuda en 45 por ciento del PIB, esa es la razón por la que ponemos énfasis en el superávit”, sostuvo el titular de la SHCP, Carlos Urzúa. (Zenyazen Flores, El Financiero, Pp. 1, 4)
La Secretaría de Hacienda estima que la recaudación potencial de impuestos en la economía digital es de 168 mil millones de pesos, cifra similar a la inversión que planea el gobierno federal en la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco. Si tenemos ingresos tributarios por alrededor de 13 por ciento del PIB, quiere decir que tendríamos que estar teniendo una recaudación de 168 mil millones de pesos por el lado de la economía digital, más de 10 veces el apoyo que anunciamos que le íbamos a dar a Pemex, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. (Fernando Franco, El Heraldo de México, Pp. 1,28)
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada el nombramiento de Manuel Rodríguez Murillo como contralor del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), a pesar de que su postulación fue rechazada por legisladores tres semanas antes. Por ello, el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Óscar González Yáñez exigió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la reposición del procedimiento, o advirtió que presentará su renuncia a la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados que preside. (José Gerardo Mejía, La Razón de México, Pp.1, 8