El gobierno federal cuenta con 296 mil 300 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y con la utilización que anunció la Secretaría de Hacienda para compensar la caída de ingresos fiscales ese instrumento se reducirá a 175 mil 300 millones.
(Reberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.3)
Durante el presente año el gobierno federal dejará de percibir –vía impuestos– 4 mil 324 millones de pesos que fueron condonados a empresas dedicadas a la compra de maquinaria para producir energías renovables; beneficios fiscales para mineras, que resultaron favorecidas mediante el no pago del impuesto sobre la renta (ISR) por el derecho especial sobre minería; reducción de pago de impuestos a constructoras para equilibrar la baja inversión en ese sector desde 2014 y el perdón fiscal a importadores de chicle.
(Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.3)
Durango, Dgo., Dirigentes agrarios afirmaron este jueves que la protesta nacional de organizaciones campesinas de los días 8 y 9 de agosto se realizará durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Durango. Ni modo, no lo vamos a dejar llegar, sostuvo Manuel Oliva Medrano, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas.
(Saúl Maldonado, La Jornada, Política, p.5)
Un juez federal de la Ciudad de México en materia penal evitaría que Gilda Margarita Austin y Solís –madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya– pise la cárcel cuando llegue a México en caso de ser extraditada de Alemania, donde fue detenida por Interpol hace nueve días, ya que le otorgó una suspensión definitiva contra la orden de captura por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el asunto Odebrecht.
(César Arellano, La Jornada, Política, p.7)
El proceso judicial iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rosario Robles por su presunta responsabilidad en los desvíos de recursos dentro de la llamada estafa maestra es una acción positiva, pero si el actual gobierno desea que la indagatoria dé frutos, debe concentrarse no sólo en los funcionarios más altos, sino también en los de bajo rango, para obtener más información y entender por completo el modus operandi del fraude.
(Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.7)
Un Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolverá la impugnación que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del amparo otorgado a Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres y operador de la red de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, para el blanqueo de dinero derivado del desvío de recursos.
(César Arellano García, La Jornada, Política, p.7)
Dos de los cinco integrantes del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresaron a México para sumarse a las indagatorias que se realizan por el caso Ayotzinapa.
En esta nueva etapa de investigación se analizarán varios elementos, entre ellos el posible involucramiento en delitos (entre ellos tortura), omisiones e irregularidades de ex funcionarios de diferentes dependencias que participaron en las pesquisas, como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal.
(Emir Olivares y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.8)
Tras el ataque cometido con bombas molotov contra las instalaciones del periódico El Monitor de Parral, en Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a las autoridades del estado la emisión de medidas cautelares con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de personal, directivos y colaboradores de ese medio de comunicación.
El organismo nacional dijo que con este ataque –suscitado el miércoles y por lo que el rotativo suspendió su edición del jueves y su versión impresa–, ya suman 53 los ataques contra instalaciones de medios de comunicación en México desde 2006, lo que da cuenta de la forma violenta en que se pretende inhibir la labor periodística y generar temor entre quienes laboran en las distintas áreas de los medios de comunicación.
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.10)
Hoy concluye el proceso de entrevistas a quienes aspiran a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Los aspirantes han hecho énfasis en la necesidad de promover modificaciones a la ley general de víctimas y proteger, de manera particular, a los familiares de personas desaparecidas. El espacio para cada uno de los 26 aspirantes es de 15 minutos para responder preguntas acopiadas de varios sectores de la sociedad.
(Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.13)