El juzgado primero de distrito, con sede en Morelia, Michoacán, concedió una suspensión provisional a todos los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) contra diversos ordenamientos de la reforma judicial.
El fallo incluye “los que conllevan acciones que tengan por objeto cesar o remover a los juzgadores, obligarlos a participar en el proceso electoral extraordinario de 2025 y ordinario de 2027, como condición para mantener su nombramiento”, y también “afectar sus remuneraciones para reducirlas a un monto menor al asignado” a la presidenta Claudia Sheinbaum.
A diferencia de otras suspensiones, este juicio de amparo, que recayó en el juez Sergio Santamaría Chamú, se otorga en favor de más de mil 300 juzgadores, y señala de manera directa que en caso de desacato de la suspensión, la Presidenta, “así como cualquier servidor público será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones, entre otros supuestos, por violaciones a la Constitución y las leyes federales, y será imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”. (Gustavo castillo, La Jornada, Política, p.3)
La Presidenta Claudia Sheinbaum mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la transformación de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La propuesta de reforma plantea que la Secretaría de Salud esté al frente de la estrategia para el abasto de medicamentos; las funciones de inteligencia serán reforzadas en la dependencia de Seguridad y Protección Ciudadana; además, amplía las facultades de la Secretaría de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Sheinbaum propuso modificar 28 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se prevé que la dependencia de Salud organice, controle y coordine el Sistema de Salud para el Bienestar, y en coordinación con los estados que lo integran, llevar a cabo acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud y medicinas. (Sergio Ramírez, La Razón, informativa, p.5)
La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, tras las suspensiones que contendieron por la reforma judicial.
De acuerdo con información del Colegio de Secretarios y Actuarios, las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo.
Fuentes judiciales refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos. (Sergio Ramírez, la Razón, Informativa, p.5)
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Jueces y juezas que enfrentaron algunas decisiones del Gobierno federal y el Poder Legislativo, como la reforma judicial, además de tener en sus manos casos representativos como el de Emilio Lozoya, forman parte de los 333 que declinaron a participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025.
En la lista difundida por el Senado de la República, tras la autorización del pleno para hacerlo, aparece el nombre del juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien llevó a cabo el proceso penal del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agronitrogenados.
El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte fue exhibido en varias ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por favorecer a Lozoya Austin al ordenar la suspensión del proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Sergio Ramírez, La Razón, Informativa, p.6)
El ex Presidente Ernesto Zedillo acusó que en México se pretende implantar un régimen autoritario con la reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos reguladores autónomos y el control del Instituto Nacional Electoral (INE).
En un artículo publicado en The Washington Post, el ex Mandatario priista indicó que la última estocada al régimen democrático fue la aprobación de la reforma de la llamada “supremacía constitucional”, en la que se establece que las reformas a la Carta Magna no pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
“El lunes, la Suprema Corte publicó un proyecto de opinión reafirmando su prerrogativa de examinar la constitucionalidad de las pretendidas reformas judiciales e indicó que partes de ella deberían ser invalidadas. En respuesta, los legisladores de Morena impulsaron el miércoles un proyecto de ley en la Cámara baja que busca despojar a la Corte de su autoridad para revisar enmiendas constitucionales aprobadas por el Congreso. (Rolando Herrera, Reforma, Nacional, p.4)
Luego de haber anunciado en lacumbre de biodiversidad COP16 el plan MEx30x30 para proteger 30 por ciento del territorio mexicano hacia 2030, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dio a conocer una inversión de 40 millones de dólares en el país que contribuirá a cumplir con dicha meta establecida en el acuerdo de Kunming-Montreal.
Tras regresar a México, después de participar en la mayor cumbre de Naciones Unidas para la protección de la naturaleza, en Cali, Colombia, la funcionaria resaltó que se logró obtener esos recursos para los próximos seis años y serán utilizados en las 232 áreas naturales protegidas nacionales, que conservan la biodiversidad de 14 por ciento de la superficie terrestre y 25 de la marina.
Dijo que para la preservación de 153 millones de hectáreas terrestres y marinas hacia 2030, se requieren 200 millones de dólares, “pero ya logramos traernos los primeros 40 millones de dólares”, con los que además se buscará fortalecer la capacidad institucional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para gestionar de manera eficiente estas zonas y ayudar a cerrar su brecha financiera. (Gustavo castillo, La Jornada, Política, p53)
Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada en contra de Zhi Dong, un ciudadano chino, considerado por el gobierno de Estados Unidos, un importante traficante de fentanilo y otras drogas, que operaba para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien fue detenido ayer en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales (FEAIN), concretó la prisión preventiva, como parte del proceso de extradición que se realizará a solicitud del gobierno de Estados Unidos en contra de Zhi Dong.
El ciudadano de origen chino fue detenido como resultado de un trabajo coordinado entre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina-Armada de México (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR). (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.6)
Pagos injustificados o indebidos, obras en las que no se acreditó que se realizaron determinadas pruebas, trabajos de mala calidad y falta de aplicación de penas a proveedores que incumplieron contratos, son algunas de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cinco proyectos hidráulicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que suman 354 millones de pesos de posibles afectaciones al erario, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
Las obras revisadas, que se realizaron en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Germán Martínez Santoyo era director de la Conagua, son el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018 del pueblo Yaqui, ambas en Sonora, la construcción del Acueducto El Cuchillo II, en Nuevo León, la rehabilitación y modernización del Abastecimiento a Calakmul, en Campeche, y el proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en Sinaloa.
Es en esta última construcción donde se concentra la mayoría de las irregularidades, ya que la ASF determinó un monto de 220 millones de pesos cuyo destino debe ser aclarado. (Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p.8)
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habría incurrido en irregularidades por casi 95 millones de pesos en proyectos que forman parte de su Programa de Mejoramiento Urbano en Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y la Ciudad de México.
Así lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2023, donde se documentó que la gran mayoría de las fallas detectadas en cinco análisis del desempeño de la Sedatu se relacionan con pagos excesivos a contratistas, muchos de ellos por obras no ejecutadas.
Un ejemplo es la construcción del edificio de servicios federales de la alcaldía Cuauhtémoc, correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano en la capital. En este caso la entidad revisora del gasto público identificó cinco pagos excesivos o indebidos. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.8)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un acuerdo por el que establece que todos los estudiantes de las diversas escuelas que conforman el Sistema Educativo Militar, deberán firmar un “contrato de enganche” que sustituirá la carta compromiso que signaban los discentes, ello, con la finalidad de “fortalecer la disciplina militar” y unificar las causas por las cuales un alumno puede ser dado de baja por incurrir en actos de mala conducta, cometer actos que “denigren la dignidad militar”o tener bajo rendimiento escolar.
La institución castrense publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, a fin de cumplir con las modificaciones realizadas en meses anteriores, en los cuales se reformó la fracción III del artículo 36 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la que se faculta al Consejo de Honor para acordar la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de tropa, militares de la clase de auxiliares y discentes del Sistema Educativo Militar.
El 5 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y se adicionaron “diversas causas de baja de los planteles militares y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” para los estudiantes que forman parte de los planteles castrenses (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.6)