A nueve meses de que llegara a México la pandemia de covid-19, todos los días nos enteramos de muertos, casos, imágenes de hospitales desbordados en algunas ciudades, personas con o sin cubrebocas abarrotando espacios públicos, hombres, mujeres, la mayoría adultos; en medio de esta maraña de información, pocas veces se pone atención en un sector altamente vulnerable, más que por la enfermedad por la falta de atención social: el de la infancia.
El psicólogo Juan Martín Pérez, director ejecutivo, desde 2010, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señala que niños, niñas y adolescentes siempre han sido invisibles en la agenda pública y que esto se ha agudizado durante la pandemia.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los menores en el país? Los niños, niñas y adolescentes son invisibles en la agenda pública. Los indicadores que tenemos, que se han administrado con la pandemia, son de un incremento en homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, feminicidio e involucramiento en delitos de todo tipo de niños y niñas, por eso es tan importante hacerlos visibles.
Por ejemplo, quedaron fuera de la estrategia sanitaria, no se está reconociendo la diversidad nacional y mucho menos niños, niñas y adolescentes que son 40 millones. Hasta ahora, en más de 200 días de pandemia, con más de 100 mil personas que han muerto, con más de un millón de personas confirmadas con positivo, no hay una estrategia que permita informar a niños y niñas sobre la pandemia, que les explique por qué se cerraron las escuelas, por qué no se han abierto; en la conferencia de las siete de la noche solo en tres ocasiones se ha hablado de este sector. (Juan Martín Pérez, Milenio, Política, p.12)
Conocer la verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es uno de los tres compromisos pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Al rendir el informe por su segundo año de gobierno, el titular del Ejecutivo aseguró que, de los 100 compromisos que presentó hace dos años en el Zócalo, ha cumplido 97.
López Obrador reconoció que aumentaron los delitos de homicidio doloso, feminicidio y extorsión. Pero destacó que, de 11 delitos de alto impacto del fuero común, ocho disminuyeron considerablemente como el robo a casa habitación que bajó 23 por ciento; el robo a transeúnte, 30 por ciento; el robo en el transporte público colectivo, en 42 por ciento.
“Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión que han aumentado en 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente”, señaló.
Dijo que en el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos, pues las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos.
“En 2011 y 2012, en plena guerra contra el narcotráfico, en enfrentamientos con militares y marinos, hubo mil 750 civiles heridos y detenidos, pero dos mil 459 fallecidos en esos enfrentamientos”, aseguró. (Diana Martínez, El Heraldo de México, País, p.5)
ara combatir la pandemia de COVID-19, el gobierno federal contrató a 71 mil trabajadores de la salud y capacitó a 193 mil 645 médicos generales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al presentar el informe a dos años de su administración aseguró que las acciones de respuesta han servido para que el país no se vea rebasado por el coronavirus. “Gracias al apoyo del pueblo, de enfermeras y médicos que han puesto en riesgo sus vidas y a los directivos, encargados de conducir esta estrategia, no nos hemos visto rebasados, hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria”, resaltó el titular del Ejecutivo.
Añadió que se concluyeron las obras de 130 hospitales que dejaron pendientes los gobiernos anteriores y se reconvirtieron 971 unidades médicas para la atención del coronavirus SARS-CoV-2. Con ese proceso para ampliar la capacidad hospitalaria se habilitaron 32 mil 203 camas generales y 10 mil 735 camas con ventiladores.
Desde Palacio Nacional, López Obrador, lamentó la muerte de más de 100 mil personas por el coronavirus, quienes serán recordadas por siempre, y comentó que su gobierno trabaja para tener lo antes posible la vacuna contra el COVID.
En materia educativa, el Presidente resaltó que están terminadas o en proceso 140 universidades públicas, se abrieron siete mil 200 becas más de posgrado y este año se duplicó la oferta de plazas para residencias médicas.
En el nivel básico, ya existen 51 mil comités escolares que reciben de manera directa el presupuesto para la mejora de sus planteles. (Gerardo Suárez E Iván E. Saldaña, El Heraldo de México, País, p.6)
Una juez federal dictó auto de formal prisión contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, acusado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de delincuencia organizada. María del Socorro Castillo Sánchez, jueza segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó pruebas que hacen presumir su participación en los sucesos ocurridos el municipio de Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, revelaron funcionarios judiciales a Milenio.
También indicaron que la nueva acusación de la FGR forma parte de la causa penal 5/2020, donde se libraron más de una decena de órdenes de aprehensión, entre éstas la del capitán del Ejército en retiro José Martínez Crespo, quien hace unos días fue sujeto a proceso tras las declaraciones del líder absoluto de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, hermano del Mochomo.
Con esto suman dos procesos penales contra José Ángel Casarrubias, uno de los cuales está en manos de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, quien en septiembre lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada. La FGR también lo involucró en actividades de trasiego de drogas, cooptar autoridades, y ser prestanombres para la compra y venta de propiedades. (Rubén Mosso, Milenio, Política, p.16)
El monto de las utilidades a repartir (PTU) en las empresas que ofrezcan servicios especializados (y realicen subcontrataciones) es el principal diferendo entre el gobierno federal y los empresarios en materia de outsourcing.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro acordó el lunes que la propuesta presidencial se discutiría el jueves. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó ayer prorrogarlo, en tanto se hacen los ajustes acordados con la IP.
“Hay una mesa de discusión con el Ejecutivo y nos han solicitado una semana más”, explicó el panista, Juan Carlos Romero Hicks, y adelantó que los diputados se van a incorporar a las negociaciones.
En las reuniones, los empresarios han planteado que las oferentes de servicios especializados no estén obligadas a cumplir con el reparto de 10 por ciento de utilidades netas anuales entre sus trabajadores.
“Su interés es que se acepte la posibilidad de disminuir el porcentaje e, incluso, el periodo para calcularlas”, dijo el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar. (Nayeli Cortés, Iván E. Saldaña y Misael Zavala, El Heraldo de México, País, p.10)
La Fiscalía General de la República (FGR) integra 17 indagatorias en las que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, se considera responsable de diversos delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de fondos, peculado y ejercicio indebido del servicio público, revelaron funcionarios del gobierno federal.
El colaborador de Rosario Robles Berlanga en las dependencias mencionadas, quien busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad a cambio de información para no ser llevado a juicio, mantiene negociaciones con el Ministerio Público Federal (MPF), pero no ha acreditado su inocencia en el desvío de más de 5 mil millones de pesos, refirieron las fuentes.
Las pesquisas en las que es considerado probable responsable se relacionan con investigaciones y denuncias surgidas de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015 a la Sedesol, y posteriormente al resultado de las revisiones administrativas y patrimoniales que ha llevado a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP), explicaron las autoridades entrevistadas. (Gustavo Castillo García, La Joenada, Política, p.5)
Nueva York. Fiscales estadunidenses del caso contra Genaro García Luna solicitaron mantener en secreto –de manera temporal– materiales que podrían revelar la identidad de posibles testigos, o cuyos detalles podrían interferir en las investigaciones en curso.
En una solicitud al juez Brian Cogan, encargado del caso en el tribunal del distrito este de Nueva York, el fiscal federal Seth DuCharme pide diferir la presentación de materiales que podrían ser usados para identificar a testigos potenciales en el juicio, a quienes aún no revelan al acusado, su abogado o al público.
Argumenta que estos testigos, junto con sus familias, enfrentarían serios riesgos de seguridad si su cooperación con el gobierno (de Estados Unidos) y su calidad como posibles testigos de juicio fueran revelados en estas fechas. Además, por ahora desean mantener en secreto dichos materiales para evitar el riesgo de intimidación de testigos y/o obstrucción de la justicia.
Por tanto, solicitan mantener sellados –no accesibles al público– algunos de los documentos preparados para este caso por un periodo de tres meses, y otros hasta la fecha en que se compartan con el ex secretario de Seguridad Pública de México. (David Brooks, La Jornada, Política, p.5)
El décimo tribunal colegiado en materia penal negó un amparo a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra el citatorio a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la investigación de su presunta relación con el caso de espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus.
Por unanimidad, el colegiado aprobó el proyecto de la magistrada Silvia Estrever Escamilla, quien ratificó la resolución de la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, quien no concedió el recurso al ex servidor público.
Zerón de Lucio fue citado por la FGR a declarar en calidad de testigo el 20 de marzo de 2019 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
En ese entonces, su presencia fue solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado sobre la contratación y funcionamiento del sistema Pegasus. Sin embargo, el ex funcionario solicitó la protección de la justicia ante el juzgado octavo de la Ciudad de México. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
La decisión de amparar a militares para que una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se incorpore a su hoja de servicios, hasta en tanto el asunto no tenga una sentencia judicial en firme, ocasionó reacciones divididas entre los especialistas en Derecho.
Mientras César Gutiérrez Priego, litigante en tribunales militares, sostuvo que los elementos del Ejército buscan proteger su derecho al debido proceso, académicos y activistas advirtieron que se puede sentar un precedente muy negativo que ponga en entredicho la obligación de los organismos gubernamentales de cumplir con las recomendaciones CNDH.
Los amparos de dos jueces federales fueron concedidos a militares presuntamente involucrados en un caso de ejecución extrajudicial ocurrido en 2016 en Tamaulipas.
Para Gutiérrez Priego, los militares que se ven involucrados en una investigación de este tipo quedan prácticamente en la indefensión, pues el intercambio de información entre la CNDH y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hace mediante la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército, y la práctica general es que no pueden aportar de forma personal y directa su versión de los hechos. (Eduardo Murillo, César Arellano y Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.16)
A 51 días de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la comunidad otomí, autoridades capitalinas y una representación del organismo ocupado instalaron la Mesa de Vivienda, en la cual directivos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) expusieron que entre marzo y abril se expropiarán dos de los cuatro predios exigidos, y reafirmaron que el primero será requisado el 15 de este mes.
En la reunión, Rodrigo Chávez, director operativo del INVI, comentó que la administración se encontró con más de mil expropiaciones rezagadas, de las cuales ya se reactivaron 500, que se espera concretar.
“Entre ésas está la de Zacatecas 74, gracias a la presión que hemos hecho, por lo que no dijeron que se publicará en la Gaceta el 15 de diciembre”, señaló Diego García, del CNI y la Uprez BJ. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.17)
San Cristóbal de las Casas, Chis., El llamado convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Aldama y Santa Martha, Chenalhó, es una simulación, consideró María Sántiz, integrante de la comisión permanente de comuneros y desplazados del primer municipio, durante el conversatorio Tejiendo la paz para Aldama, organizado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Sántiz destacó que no habrá paz en la zona mientras no sean desarmados los grupos de corte paramilitar. Advirtió que si el gobierno no actúa, aunque se firmen acuerdos de no agresión, no habrá paz.
Recordó que el 27 de noviembre, mientras se firmaba el acuerdo definitivo por los tres niveles de gobierno, estábamos sufriendo las agresiones armadas en nuestras comunidades. Como dice el gobierno, es un proceso; sí, sabemos que es un proceso para que se logre la paz, porque también las firmas de acuerdos son una simulación. (Elio Henríquez, La Jornada, Política, p.18)
Los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con mayor riesgo de contraer VIH/sida recibirán el medicamento antirretroviral que previene la infección en 99 por ciento. La dosis es de una pastilla diaria y durante el primer trimestre de 2021 se realizará un programa piloto en el instituto, anunció el director, Zoé Robledo.
En un video, con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el funcionario destacó que la atención y tratamientos para el control de la enfermedad, disponibles para los afectados, permitió la disminución de la mortalidad en 42 por ciento en los pasados 20 años.
Respecto a la profilaxis pre exposición (Prep), comentó que ya ha demostrado su eficacia para evitar la transmisión del VIH en el mundo.
Al respecto, Luis Adrián Quiroz, coordinador de Derechohabientes Viviendo con VIH/sida del IMSS (Dvvimss), quien participó en la organización de la estrategia, comentó que son candidatos a participar las personas con varias parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables, aunque todavía está pendiente definir los lugares y las personas que estarán en el programa piloto. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.20)
La gestión del doctor Martín Antonio Manrique al frente del Hospital Juárez de México (HJM) concluyó el pasado lunes, pero todavía no hay un nuevo director. Para el proceso de selección se inscribieron nueve aspirantes, quienes ya fueron entrevistados por el comité de auscultación los pasados 23 y 24 de noviembre. Está pendiente que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, decida la terna que propondrá a la Junta de Gobierno del nosocomio.
En tanto, el hospital registra una ocupación total de sus camas generales y media en las que tienen ventilador, de acuerdo con el portal de disponibilidad hospitalaria del gobierno de la Ciudad de México.
Entre los aspirantes a ocupar la dirección del HJM están Gustavo Lugo Zamudio, ex director médico, especialista en reumatología; Mónica Cureño Díaz, epidemióloga, quien ha sido directora de Planeación en el hospital. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.21)
París. El SARS-CoV-2, causante del Covid-19, que ha matado al menos a 1.4 millones e infectado a 63.6 millones de personas en el mundo, puede provocar síntomas persistentes en adultos que tenían buen estado de salud antes de caer enfermos.
Desde el inicio de la pandemia, miles de pacientes describieron una especie de Covid-19 diario para tratar de comprender por qué no se curaban; los síntomas persistentes incluyen problemas respiratorios, pérdida de memoria y dificultades para concentrarse, indicó la investigadora Hannah Davis, citada por la agencia de noticias Afp.
Durante meses, Davis no pudo conducir ni permanecer concentrada ante una pantalla. Aquejada de síntomas constantes del nuevo coronavirus, esta neoyorquina de 32 años y especialista en inteligencia artificial, forma parte de un movimiento internacional de personas que se agruparon en las redes sociales y abogan por que se les reconozca como pacientes de larga duración del Covid-19 (long Covid, en inglés). (Afp, Ap, Reuters y The Independent, La Jornada, Política, p.24)
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que México está en la parte más alta de la tabla de países que han realizado más precompras de vacunas para hacer frente al Covid-19, con un total de 159 millones 900 mil dosis, de acuerdo con información divulgada por el vocero de la cancillería, Daniel Millán.
En su cuenta de Twitter, Millán mostró un conteo realizado por el Duke Global Innovation Center, que presenta los esfuerzos que han realizado las naciones a fin de garantizar el acceso a cada vacuna, y México aparece con una compra de 159 millones 900 mil dosis, por lo que se encuentra en el lugar 10 de la lista.
Se detalla que el país ha apartado 77 millones 400 mil dosis a AstraZeneca y la Universidad de Oxford; 15 millones 500 mil a Pfizer; al Instituto de Investigaciones Gamaleya 32 millones, y a CanSino 35 millones. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.25)
El Congreso capitalino instó al gobierno de la ciudad a establecer, en coordinación con autoridades del estado de México, municipios conurbados y alcaldías, un plan para el traslado de personas que dan positivo a Covid-19 en las pruebas rápidas de antígeno que realiza la Secretaría de Salud (Sedesa), a fin de evitar que utilicen medios de transporte público masivo cuando tengan que volver a sus domicilios.
Al presentar la propuesta, el vicecoordinador del PRD en el Legislativo, Jorge Gaviño Ambriz, reconoció el esfuerzo que realiza el gobierno de la ciudad para contener la pandemia al ser la entidad que más pruebas realiza, prácticamente la mitad de las que se aplican en todo el país.
También reconoció la decisión de duplicar, desde el pasado lunes, el número de pruebas rápidas de antígeno de 10 mil a 20 mil que se realizan diariamente a través de los 117 centros de salud, 33 kioscos y 50 macrokioscos para la detección de personas contagiadas. (Ángel Bolaños Sánchez, La Jornada, Capital, p.41)