Al realizar una visita para supervisar en privado los avances del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que este nuevo medio de transporte permitirá acercar a millones de turistas extranjeros al sureste del país, pero sin afectar el medio ambiente y protegiendo las zonas arqueológicas y poblados de esta región.
En un video grabado en la zona arqueológica de Chicanná, en el poblado de Xpujil, municipio de Calakmul, Campeche, agregó que ante demandas de la población por falta de agua en algunas localidades del sureste, lo mejor es sembrar árboles, como se hace con el programa Sembrando Vida, y no incurrir en una explotación irracional como se vivió por mucho tiempo.
El jefe del Ejecutivo descansó la noche del sábado en Xpujil, mientras ayer tuvo una reunión para atender las demandas de falta de agua en la región. Claro que lo mejor para que haya agua es seguir sembrando árboles frutales, maderables, por eso la importancia del programa Sembrando Vida. Ya no echar abajo la selva tropical como se hizo durante mucho tiempo de manera irracional, sino cuidar la naturaleza, cuidar nuestro medio ambiente, agregó. (Redacción, La Jornada, Política, p.3)
Además de vulnerar la Constitución, la reforma que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) también va en contra de acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el T-MEC, advierte el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con análisis realizados por el pleno del instituto, a partir de los que decidió por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el padrón vulnera la protección de datos personales previstos en tales tratados internacionales.
Según el estudio presentado al pleno por el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el artículo 105 de la Constitución indica que el INAI tiene legitimación legal para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo en contra de leyes federales y locales, sino también en materia de tratados internacionales.
Señaló que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte, y que en su artículo 1 dice que el Estado mexicano debe respetar el derecho de acceso a la información; en el 11, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, y en el 13 se protege el derecho de acceso a fuentes de información. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.3)
La orden de liberar a Héctor Luis Palma Salazar obedeció a que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó medios de prueba suficientes y se presentaron testimonios que se contradijeron, según la sentencia absolutoria que fue firmada por el secretario del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales de Jalisco.
La difusión pública de la resolución judicial que declara absuelto a El Güero Palma por delincuencia organizada tuvo la finalidad de que todas las autoridades nacionales y extranjeras, principalmente de Estados Unidos, no se dijeran sorprendidas con una probable liberación del capo, y se evite la repetición de un caso como el de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien ahora es prófugo de la justicia.
Las autoridades federales no caerán en aparentes trampas jurídicas que lleven a la liberación indebida de líderes de organizaciones delictivas, por ello aunque se dicten multas o requerimientos para que dejen en libertad a Palma Salazar, primero se busca que todas las fiscalías estatales informen si tienen algún mandato pendiente, y también por parte de Estados Unidos, donde se le habían fincado cargos por sus actividades en los años 80 y hasta 1995, cuando fue detenido, y así evitar algún conflicto por un error. (Eduardo Murillo, Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.4)
En abril se registraron 2 mil 370 homicidios dolosos en todo el país, un promedio de 79 diarios, según el reporte diario elaborado por el gabinete de seguridad federal. Guanajuato informó de 310 casos; Michoacán, 244; estado de México, 192; Jalisco, 189, y Baja California, 157. En comparación con marzo, la incidencia de este delito bajó 3 por ciento, pues se denunciaron 2 mil 444 homicidios dolosos. En abril, los días más violentos fueron el martes 13 y el domingo 25, los cuales generaron 105 y 115 denuncias, respectivamente. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.4)
Las únicas posibilidades que tiene Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para obtener beneficios jurídicos y convertirse en una testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR), como ocurrió con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es entregar información que acredite que el ex presidente Enrique Peña Nieto conoció y se benefició de la llamada estafa maestra, o que revele dónde quedaron más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario, indicaron autoridades federales involucradas.
En dos ocasiones, el litigante Sergio Arturo Ramírez, uno de los defensores de Robles, aseguró que su clienta estaba dispuesta a entregar información útil al Ministerio Público a fin de llevar a tribunales a otros ex funcionarios implicados en el desvío de recursos públicos entre 2012 y 2018, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, cuando ella estuvo al frente de Sedesol y Sedatu, y también que estaba por alcanzar un acuerdo con la FGR, esto en marzo pasado.
Asimismo, el abogado se comprometió a entregar a La Jornada una tarjeta informativa del caso y los avances en la negociación que llevaba con la fiscalía, sobre todo por la acusación contra Robles en cuanto a delincuencia organizada y por la cual ya existe una orden de aprehensión en su contra que no se ha cumplimentado. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.6)
Nueva Delhi., Los nuevos casos de coronavirus en India bajaron levemente ayer, sin embargo, las muertes por Covid-19 aumentaron a un récord de 3 mil 689. Las autoridades reportaron 392 mil 488 contagios nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 19.56 millones. Hasta ahora, el virus ha matado a 215 mil 542 personas. India informó de un récord de 401 mil 993 casos el sábado.
Los hospitales, las morgues y los crematorios de la India se han visto desbordados, ya que el país ha informado de más de 300 mil casos diarios durante más de 10 días seguidos. Muchas familias se han quedado solas luchando por conseguir medicinas y oxígeno. Decenas de personas han muerto en la última semana debido a la escasez de oxígeno en los hospitales sólo en Nueva Delhi.
Casi 10 estados indios y territorios de la unión han impuesto algún tipo de restricciones, incluso cuando el gobierno federal sigue siendo reacio a imponer un cierre nacional.
El estado oriental de Odisha se convirtió en el último en anunciar un cierre de dos semanas, uniéndose a Delhi, Maharashtra, Karnataka y Bengala Occidental. Otros estados, incluidos Uttar Pradesh, Telangana, Assam, Andhra Pradesh y Rajasthan han impuesto toques de queda nocturnos o cierres de fin de semana. (Reuters, Ap, Afp y Prensa Latina, La Jornada, Política, p.8)
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado dejó pendientes de discutir y dictaminar 127 iniciativas presentadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios, así como 26 minutas que envió la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura, la cual concluyó el pasado 30 de diciembre.
Entre estas últimas, postergó la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que turnó la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2021.
En esta minuta se destaca que el gobierno federal debe promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales, por lo que las autoridades deberán de garantizar la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, además de quienes pudieran resultar directa o indirectamente afectados, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. (Víctor Ballinas, Política, p.11)
La deuda total de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incrementó 20 por ciento en el último año al pasar de 363 mil 548 millones de pesos al cierre de marzo de 2020 a 436 mil 350 millones de pesos al término de igual mes de 2021.
Según su reporte financiero más reciente, en el periodo referido la deuda de largo plazo de la empresa eléctrica pasó de 309 mil 392 millones de pesos a 366 mil 215 millones de pesos, un alza anual de 18 por ciento. En tanto, el pasivo de corto plazo pasó de 54 mil 156 millones de pesos en marzo de 2020 a 70 mil 134 millones en igual mes de 2021, un aumento de 30 por ciento.
La CFE informó que de enero a marzo pasados contrató deuda interna por 18 mil 500 millones de pesos, derivado de diferentes créditos otorgados por los bancos Santander, BBVA y Citibanamex.
En cuanto a la deuda externa, la empresa productiva del Estado contrató alrededor de 2 mil 600 millones de dólares en los tres primeros meses de 2021, con los bancos internacionales Mizuho Bank y Deutsche Bank. Dichas operaciones, que derivaron en el alza de la deuda de CFE, son debido a que acudió con oportunidad a los mercados de capitales para refinanciar deuda contratada antes con vencimiento en el segundo trimestre de 2021, periodo en el cual se verá compensado parcialmente en el saldo de la deuda total. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p.19)