El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no promueve ninguna denuncia contra los expresidentes, pero aclaró que no detendrá los procesos judiciales que inicie en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).
El Mandatario federal pidió a la fiscalía informar el número de denuncias que hay en contra de expresidentes y cuál es el estado que guardan, petición que se cumplió horas más tarde.
En la conferencia mañanera señaló que la FGR es autónoma: “Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas [le corresponde] a la fiscalía, que es autónoma, actuar, a los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición”, indicó. (Pedro Villa y Caña y Luis Carlos Rodríguez, El Universal, Nación, p.8)
En la bancada del PRI en el Senado criticaron que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto tiene fines políticos por los próximos comicios de 2023 y 2024.
Sin embargo, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el morenista José Narro Céspedes, rechazó que tenga un objetivo electoral y señaló que lo más indicado será que el exmandatario regrese al país a rendir cuentas por los señalamientos en su contra.
Luego de que la FGR informó que investiga a Peña Nieto por diversos delitos federales, entre los que se encuentra lavado de dinero, patrimoniales y de carácter electoral, La Razón consultó a senadores de los partidos tricolor y guinda sobre el tema, quienes fijaron sus respectivas posturas. (Magali Juárez, La Razón, México, p.3)
Politólogos y abogados coincidieron en que el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las tres carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Enrique Peña Nieto responden a un discurso mediático con fines electorales.
Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que lejos de ser un acto de transparencia, la difusión de esas investigaciones es un acto mediático que busca la especulación.
“También se violentan todas las formalidades de un debido proceso, se vulneran los derechos humanos y el principio de secrecía que debería garantizar la FGR. Además, violenta un principio de investigación y la presunción de inocencia”, advirtió. (Otilia Carvajal, El Universal, Nación, p.8)
“¿Usted confía en mí?”, cuestionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la madre de un desaparecido al dialogar en las puertas de la dependencia.
“Pues la verdad yo no confío en nadie”, le respondió la mujer, quien forma parte de colectivos feministas y de familiares de desaparecidos.
En el breve y por momentos atropellado, ríspido e inesperado diálogo, el funcionario, en tono algo molesto, reviró: “Pues yo tampoco confío en usted”. (Luis Carlos Rodríguez, El Universal, Nación, p.4)
Durante 2022, a Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se les han quitado 173.9 millones de pesos de financiamiento público por multas y sanciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los partidos políticos nacionales han violado la ley electoral por aportaciones de entes indebidos, egresos no reportados, afiliación indebida y eventos extemporáneos, entre otras infracciones.
El PT, encabezado por Alberto Anaya, ha destinado hasta 50% de su financiamiento de la primera mitad del presente año al pago de multas, por un monto que asciende a 91 millones 842 mil 923 pesos. (Otilia Carvajal, El Universal, Nación, p.4)
Al continuar los foros del parlamento abierto para la reforma electoral, académicos y expertos en la materia destacaron que la propuesta del PRI de crear una vicepresidencia es insuficiente y generaría más problemas de los que pretende solucionar, al crear competencia y rivalidad con el presidente en turno.
Por su lado, Va por México confirmó que en sus foros sobre el mismo tema, los cuales arrancan el próximo viernes, participarán consejeros electorales estatales y nacionales, así como magistrados locales, quienes se verían afectados por la propuesta del Ejecutivo federal.
Entre los asistentes anunciados está el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y sus compañeros Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas, Claudia Zavala, José Roberto Ruiz y Dania Ravel. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.5)
El juzgado primero de distrito en Yucatán aplazó para el 9 de agosto la audiencia en la que determinará si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional.
El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito con residencia en Yucatán, señaló que aplazó la diligencia ya que las autoridades aún no rinden su informe previo, por lo que difirió la diligencia para el próximo martes a las 9 de la mañana.
Asimismo, el togado desechó la prueba pericial que presentó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, con la que pretendían demostrar que se retomaron las obras en dicho tramo que comprende de Cancún a Tulum en Quintana Roo. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.4)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que no puede haber contradicción entre los criterios aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el pleno de ministros, pues los magistrados electorales están obligados a cumplir con las resoluciones del máximo tribunal, conforme a una jurisprudencia aprobada desde 2019.
El pleno de ministros desechó por ello la contradicción de tesis 33/2022 suscitada entre la sala superior y una sala regional de TEPJF, con un criterio establecido por la SCJN, sobre la obligación de respetar la paridad de género en las listas de candidatos de representación proporcional.
Se considera improcedente en razón de que no puede haber contradicción entre las sentencias y los criterios emitidos por el pleno de este alto tribunal y los de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o sus salas regionales. Por esas razones, consideramos que es improcedente y, por otra parte, están obligados tanto la sala superior como la sala regional de Xalapa, a cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente en ese asunto. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.5)
Durante esta semana o la próxima, tanto los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) como de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), presentarán un informe sobre las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción relacionado con ésta última dependencia, adelantó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa, a la que acudió director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, el mandatario refrendó que se trata de un fraude que se dio en Segalmex, ya se denunció, hay ya presuntos culpables y se está actuando legalmente, porque no hay impunidad y se va a castigar a los responsables.
La Jornada publicó en julio pasado que hay indagatorias tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Auditoría Superior de la Federación y la SFP, por una red de corrupción en ese organismo mientras René Gavira Segreste era director de administración y finanzas de dicha instancia. (Néstor Jiménez y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.5)
En el primer semestre del año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó mil 79 actos de fiscalización en la administración federal, en los que determinó 3 mil 967 hallazgos de probables irregularidades que están en el proceso de seguimiento y solventación.
La dependencia señaló ayer en un comunicado que las revisiones se hicieron en cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización 2022 y buscan verificar que los recursos públicos federales se aplicaron de conformidad con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia; así como que los objetivos y metas de los programas se lograron y se observó la normativa aplicable.
De acuerdo con las estadísticas que se generan en el Sistema Integral de Auditorías, los actos de fiscalización se efectuaron en instituciones de los siguientes ramos: 125 en hacienda, 87 en salud, 81 en educación, 73 en ciencia y tecnología, 57 en comunicaciones, 56 en Marina, 51 en agricultura, 41 en Gobernación, 288 en entidades no sectorizadas y 220 corresponden a otros ramos: energía, cultura, economía, agrario, medio ambiente, bienestar, turismo, seguridad pública, trabajo, Defensa, relaciones exteriores, Presidencia y Consejería Jurídica. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.6)
Ismael Zambada Imperial, conocido como El Mayito Gordo, hijo de Ismael Zambada García, El Mayo, jefe del cártel de Sinaloa, obtuvo de un juez federal del estado de Baja California una suspensión de plano para no ser detenido por las autoridades mexicanas en caso de ingresar al país.
El Mayito Gordo promovió el juicio de amparo el pasado 26 de julio, en el cual señaló como autoridades responsables, entre otras, a la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la Ciudad de México, contra actos que hace consistir en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, sometimiento a tortura, tratos crueles e inhumanos y privación de la libertad, citación, comparecencia, así como para saber si existe alguna carpeta de investigación en su contra.
Al respecto, el juez federal ordenó a la FGR que informe, en un plazo de 24 horas, si cumplió con la suspensión de plano si es que existe alguna orden de aprehensión en contra de Zambada Imperial. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
Luego de casi un mes de entrenamiento en el Fuerte Polk, del Comando Norte de Estados Unidos, en Lusiana, 128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) volvieron a México. Entre los integrantes de este contingente se cuentan cinco mujeres.
El Ejército afirmó que el objetivo fue desarrollar las habilidades de su personal en la planeación y ejecución de operaciones en escenarios urbanos y rurales, en contra de fuerzas enemigas, tanto regulares como irregulares, en coordinación con el ejército de EU, con el fin de alcanzar la interoperatividad entre ambas fuerzas armadas, mediante procedimientos tácticos y técnicos, operaciones aerotransportadas, armamento y evacuación médica en el campo de adiestramiento.
Los militares mexicanos llegaron a la Base Aérea de Santa Lucía, estado de México, donde descargaron su equipaje y equipo en medio de una fuerte lluvia. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
La secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Trata de Mujeres (Fevimtra), de la FGR, Leticia Catalina Soto Acosta, afirmó en el Senado que las fiscalías estatales no cuentan con autonomía plena, todos los fiscales son designados y removidos por los gobernadores y todas dependen del mandatario estatal para negociar la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Al participar en el foro Independencia y Autonomía de las Fiscalías, organizado por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el Instituto Belisario Domínguez (IBD), Soto Acosta destacó que para hablar de autonomía plena ésta debe estar en la Constitución local y en la ley de las fiscalías. No deben depender de ningún otro poder.
La titular de la Fevimtra, Soto Acosta, habló en representación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de la FGR, y planteó que las fiscalías deben contar con mecanismos propios de rendición de cuentas y transparencia; deben poder mantener relación de coordinación con los otros órganos del Estado y estar representadas en los sistemas nacionales y estatales de su competencia (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
En conjunto con una tendencia a la baja en los contagios de covid-19 que se ha reportado en las pasadas dos semanas, también se ha reducido la ocupación hospitalaria y las defunciones por el coronavirus, expuso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Como parte del informe semanal en esta materia dentro de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, presentó diversas gráficas en las que se señala que de 26 mil 758 casos diarios de covid-19 registrados en promedio durante la semana del 10 al 16 de julio, para el periodo del 24 al 30 de julio se reportó un promedio de 7 mil 955 contagios diarios.
Habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más al alza; sin embargo, no, ya empezó también a reducirse, agregó. De igual forma, las defunciones por el virus bajaron de 64 fallecimientos diarios en promedio durante la semana del 10 al 16 de julio, a siete defunciones diarias en promedio en la semana del 24 al 30 de julio. (Néstor Jiménez y Emir Olivares, La Jornada, Pandemia, p.12)
La Secretaría de Salud (Ssa) recibió los primeros 39 mil tratamientos de Paxlovid, antiviral con capacidad para frenar la replicación y obstruir la actividad del coronavirus, fabricado por Pfizer. Son pastillas cuyo uso se recomienda únicamente en los primeros cinco días de síntomas y sólo en personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves, requerir hospitalización e incluso morir por esta causa.
En el ensayo clínico de Pfizer, el producto disminuyó 88 por ciento el riesgo de hospitalización y muerte, señala la guía clínica del gobierno federal para tratar el covid-19. Luego de más de seis meses del anuncio del gobierno federal de que se compraría el medicamento, llegó el primer cargamento y se espera uno más grande a mediados de agosto.
Paxlovid estará disponible a partir de esta semana en hospitales del país que cuenten con personal capacitado en su uso, que serían de entrada los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, así como nosocomios de IMSS e Issste.
Lo más relevante de la capacitación es identificar de manera correcta a las personas que lo pueden tomar, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada Pandemia, p.13)
La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó 91 contagios de viruela símica en el país. Indicó que hasta el pasado 31 de julio se detectaron 236 infecciones que cumplen la definición operacional de caso probable, de acuerdo con el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica.
Los casos positivos fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y están distribuidos en 15 entidades: Ciudad de México, con 45 contagios; Jalisco, 22; Nuevo León, Tabasco y Veracruz, con tres confirmaciones positivas cada uno. Le siguen estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán con dos casos, mientras Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas y Sinaloa reportan un caso por entidad.
El informe técnico semanal señala que de los 236 contagios notificados, 50 están en estudio, 95 han sido descartados por laboratorio y no se reportan defunciones. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.14)
Pese a sus efectos negativos, la pandemia de covid-19 también ayudó a acelerar la digitalización de las diversas actividades del país, y si esa tendencia se fortalece, México podría experimentar un importante crecimiento económico en los próximos años, señaló el canciller Marcelo Ebrard.
Al participar ayer en la inauguración del Foro de Inteligencia Artificial Primeros Resultados, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que la emergencia sanitaria por el coronavirus y el confinamiento ordenado por las autoridades obligó al país a acelerar entre tres y cinco veces la velocidad de la digitalización de la economía.
Así, señaló, nuestra sociedad avanzó en poco tiempo lo que habría tardado una década, y ahora eso significa que tenemos nuevas oportunidades de empleo, con otras tareas y especialidades (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.16)
Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró ayer a Robert Fenton y Demetre Daskalakis, dos altos funcionarios federales, para coordinar la respuesta del gobierno a la viruela del mono, informó la Casa Blanca, mientras más estados declaran la emergencia para ayudar a impulsar las vacunas y otros recursos para combatir el virus. Las acciones incluirán el aumento equitativo de la disponibilidad de pruebas, vacunas y tratamientos, agregó la Casa Blanca.
Fenton ayudó a liderar el esfuerzo de vacunación masiva de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias contra el covid-19. Daskalakis, director de la división de la misma agencia para la prevención del VIH y experto nacional en temas que afectan a la comunidad LGBT+, será su adjunto.
Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país y asesor científico de Biden, elogió los nombramientos y expresó que espera que los funcionarios refuercen la coordinación entre las diversas agencias federales involucradas en la respuesta a la enfermedad. (Ap, Reuters y Europa Press, La Jornada, Política, p. 14)