El gobierno federal dio inicio a un proceso legal con el fin de que los recursos que Estados Unidos confisca a delincuentes connacionales se devuelvan a México, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador después de celebrar la declaración de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera acerca de que el dinero que aquel país pretende decomisar al narcotraficante se entregue a las comunidades indígenas.
Rechazó que Ricardo Salinas Pliego deje de formar parte de su consejo asesor empresarial y que se retiren a Banco Azteca los convenios para la transferencia de recursos de programas sociales, después de que The Wall Street Journal (TWSJ) reveló que el empresario se benefició de la venta de Grupo Fertinal al Estado. López Obrador aseguró que el caso ni siquiera lo está atendiendo una autoridad, por lo cual pidió no hacer un juicio sumario al empresario.
En tanto, en la conferencia de prensa matutina aceptó que, por trabas administrativas, un lastre que heredamos, operan sin recursos 87 Universidades del Bienestar Benito Juárez, a pesar de que se autorizó un presupuesto de mil millones de pesos para cien planteles. Admitió que falta pagar salarios a los maestros de esas instituciones y que está pendiente la descentralización del gobierno. (Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.11)
Después de reiterar su postura acerca de una reforma en el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el cambio debe venir desde adentro, por lo cual no enviará ninguna iniciativa al Congreso. Más tarde, ante los presidentes de los tribunales de Justicia estatales, hizo una provocación cariñosa a los gobernadores al pedirles que den total libertad al sector judicial.
La reciente liberación por un juez de Gildardo López Astudillo, El Gil, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue una de las principales causas del llamado que hizo el Presidente al Poder Judicial a reformarse.
Al anunciar en conferencia matutina que la Fiscalía General de la República dio inicio a una investigación contra funcionarios públicos por dicha liberación, precisó: No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente (Ernesto) Zedillo. Yo no voy a proceder de esa manera, no voy a enviar ninguna iniciativa ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores; no va a actuarse de esa forma. (Néstor Jiménez, Alma E. Muñoz y Laura Gómez, La Jornada, Política, p.11)
Grupo Salinas está orgulloso de la exitosa transacción de Fertinal y lo ha hecho de conocimiento público, tanto en medios nacionales como internacionales, respondió la firma mexicana al The Wall Streert Journal (WSJ), tras una publicación en la que el diario vincula a Ricardo Salinas Pliego de beneficiarse en un negocio que es investigado por presunta corrupción.
Burdo trabajo de recopilación de información, disfrazado de periodismo, son algunos de las precisiones que hizo Tristán Canales, vicepresidente de Asuntos Públicos de Grupo Salinas, sobre el texto de Robbie Whelan. No se detuvo a desmentir las aristas del reportaje que exhibe un probable beneficio de Ricardo Salinas Pliego –el tercer hombre más rico de México y el primero en el Consejo Asesor Empresarial de Presidencia– en la venta de la productora de fertilizantes. (Dora Villanueva, La Jornada, Política, p.12)
En las últimas dos décadas, la matrícula pública de educación superior creció casi 120 por ciento, mientras el aumento del gasto federal destinado a ese nivel de enseñanza apenas rebasó 65 por ciento en términos reales.
Con 4.3 millones de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, la cobertura llegó a 39.7 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 22 años, según datos preliminares de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, esta cifra está 10 puntos por debajo de la media de América Latina, donde Chile es líder, con 90.3 por ciento, y ocupa el lugar 80 a escala global.
Para el presupuesto 2020, con el propósito de acelerar la cobertura y llevarla a 50 por ciento al final del sexenio, la dependencia ha propuesto la creación de un fondo especial desde el ramo 33, referente a la captación de impuestos municipales, estatales y federales para la educación, así como la insistencia para que los gobiernos de las entidades estén obligados a entregar recursos suficientes a sus universidades públicas. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.12)
La venta de la casa incautada en marzo de 2006 al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, y los amparos promovidos para recuperarla, trajo como consecuencia que los archivos de la Fiscalía de General de la República (FGR) se reabrieran para conocer el destino de los 205 millones de dólares que se localizaron en la residencia, y algunos funcionarios que participaron en esa acción afirman que en el operativo colaboró personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con autoridades mexicanas.
El caso que inició con una investigación por tráfico de seudoefedrina, puso al descubierto que Ye Gon se convirtió en un vendedor de precursores químicos para los grupos criminales dedicados a la producción de drogas sintéticas.
Los funcionarios consultados señalaron que la tarde del 15 de marzo de 2006 un grupo de agentes mexicanos fue comisionado para realizar el cateo al inmueble ubicado en el número 515 de la calle Sierra Madre, de la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, iban únicamente en busca de documentación que pudiera acreditar que Ye Gon, quien era considerado un abastecedor de productos químicos para la industria farmacéutica, estaba involucrado en actividades ilícitas. (Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.14)https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/014n1pol
La Fiscalía General de la República investigará a las gasolineras de Tamaulipas, debido a que se han negado, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo, a proporcionar combustible a las unidades policiacas, de militares y de la Guardia Nacional que llevan a cabo labores de seguridad pública.
El Ministerio Público Federal dio a conocer que “inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables ya que la ley contempla que se castigará a los que sin causa legítima se rehúsen a prestar un servicio de interés público a que la ley les obligue o desobedezcan un mandato legítimo de la autoridad.
De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas denunciaron que al efectuar operativos conjuntos en Nuevo Laredo se les niega el abasto de combustible. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.14)
Hace cuatro años se decretó la alerta de violencia de género (AVG) en Morelos, y pese a ello “los feminicidios se mantienen en los más altos niveles debido a que las autoridades no han atendido los protocolos establecidos en esa alarma.
El Centro Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm) presentó ayer su más reciente informe sobre la violencia contra las mujeres en esa entidad. Indicó que de 2000 al 31 de julio de 2019 se han presentado en el estado mil casos de feminicidio; Cuernavaca ocupa el primer lugar, con 197.
El reporte asienta que del 10 de agosto de 2015 –cuando se decretó la AVG– al último día de julio de este año se documentaron 351 asesinatos en razón de género. De agosto a diciembre de 2015 se reportaron 27; en 2016, 97; en 2017, 74; en 2018, 88, y de enero al 31 de julio de este año se han dado 65 casos. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.15)
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que desde noviembre del año pasado entregó a Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, las grabaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos, que involucran a Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ese elemento no fue tomado en cuenta a la hora de dictar la sentencia que dejó en libertad a uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Documentos en poder de La Jornada señalan que el 5 de noviembre de 2018 el Ministerio Público Federal aportó como prueba a la causa penal 66/2015, la documental pública consistente en copia certificada de la contestación dada por autoridades estadunidenses a solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por la PGR, a la acusación “a través de la cual se ejercitó acción penal en aquel país en contra de ocho personas consideradas integrantes de Guerreros Unidos”. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.16)
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, resaltó que es una prioridad presupuestal para el próximo año la Guardia Nacional (GN), a la que se destinarán 56 mil millones de pesos, ya que la intención es que de los 60 mil elementos que tiene ahora desplegados en el país llegue a 150 mil en 2021.
Rechazó que el Estado mexicano esté rebasado por el crimen organizado o que haya debilidad ante las agresiones que han sufrido elementos de la GN y del Ejército Mexicano, y advirtió que no aceptan retos de grupos criminales, como el que lanzaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes amenazaron a los empresarios gasolineros de esa región para que no surtan de combustible a los equipos de la Guardia Nacional y el Ejército.
No tenemos ningún problema de abasto y de inseguridad en Nuevo Laredo, diga lo que diga el crimen organizado, sostuvo, y precisó que ya se actúa contra esas organizaciones criminales que se sienten dominantes y con la capacidad de retar a la autoridad. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.16)
El empresario Carlos Ahumada Kurtz impugnó la resolución del juez que desechó el juicio de amparo que interpuso en contra de la orden de aprehensión por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso en agravio de Rosario Robles, quien en la actualidad permanece recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha Acatitla por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público y de causar un daño patrimonial al erario federal por más de 5 mil 73 millones de pesos.
El tercer tribunal colegiado en materia penal admitió el recurso de queja que promovió Ahumada Kurtz esta semana. El pasado 21 de agosto el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México resolvió desechar la demanda de garantías. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.17)
La sentencia de un juez federal que negó un amparo para evitar abrir la investigación del caso Odebrecht es un avance importante para transparentar la actuación de las autoridades, en un episodio que representa la mancha más grande de corrupción de la que se tiene noticia hasta nuestros días, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.
Un juez acaba de decir que el Inai tenía la razón en el caso del ex director de Pemex (Emilio Lozoya), quien es uno de los que se amparó contra la posibilidad de abrir la versión pública de la enorme averiguación previa del Caso Odebrecht, dijo el funcionario.
Tras participar en la presentación del libro El Inai. Resoluciones relevantes y polémicas (12 casos líderes) –en la Universidad Autónoma de Querétaro–, Acuña reconoció la sentencia emitida por el titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, quien consideró que el caso Odebrecht es de interés público, y por ende, sus detalles deben conocerse. (Redacción, La Jornada, Política, p.17)
Los consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que sujetar sus salarios a los límites que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), por lo menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva el fondo de la controversia constitucional que interpusieron.
Este jueves, la segunda sala de la SCJN declaró infundado el recurso de reclamación presentado contra la negativa de otorgarles la suspensión provisional, que les hubiera permitido seguir cobrando los salarios que tenían en 2018.
Este era el último recurso jurídico del instituto para evitar cumplir con dicha ley, donde se dispone que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.18)
Habitantes de los pueblos originarios en resistencia a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía (NAIMFA), tramitaron un nuevo amparo para que se cancele la obra debido al fuerte impacto social y ambiental que generará en sus municipios.
El juzgado sexto de distrito en el estado de México admitió el recurso jurídico en el cual los afectados reclaman que las autoridades fueron omisas en llevar a cabo un estudio sobre las comunidades perjudicadas por la construcción de la terminal, además de la falta de una consulta indígena previa entre los habitantes de los pueblos aledaños, como establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También debido a que se aproxima la guerra del agua, porque lamentan que se quedarán sin el recurso.
Esta demanda de amparo se suma a las otras nueve que la semana pasada tramitaron representantes del municipio de Tecámac, estado de México, en juzgados federales de Naucalpan, de las cuales dos fueron enviadas al quinto tribunal de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, señaló en entrevista el profesor Sócrates Galicia Fuentes, académico e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.18)