El Poder Ejecutivo federal se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el desechamiento de una prueba pericial que aportó para el juicio constitucional, promovido por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Se trata de la controversia constitucional 87/2021, que la Cofece promovió contra los cambios a la LIE, promulgados el 9 de marzo de este año y que, según su punto de vista, permiten a la Secretaría de Energía (Sener) invadir su esfera de competencias.
El órgano autónomo también argumenta que la reforma a la LIE lesionaría el esquema de regulación que permite la libre competencia en esta industria, pues quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
Al mes siguiente, el ministro Fernando Franco González Salas admitió a trámite la controversia, aunque negó a la Cofece la suspensión del acto reclamado.
Las reformas a la LIE se mantienen sin aplicarse completamente, debido a suspensiones otorgadas por juzgados en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, P.5)
De aprobarse la reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se afectarán las inversiones privadas realizadas en el sector, las cuales ascienden a 44 mil millones de dólares, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En conferencia de prensa, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula, señaló que el CCE no usa los jinetes del Apocalipsis para tratar de visualizar las catástrofes de las medidas, pero los cambios propuestos para la actual legislación ponen en riesgo el capital privado. Las inversiones comprometidas en el sector eléctrico ascienden a 44 mil millones de dólares, aseguró.
Apuntó que el objetivo es evitar apagones como en la década de 1970 y que 46 por ciento de energía generada por privados ha evitado esa situación.
Además, aunque el gobierno federal argumenta que las modificaciones el sector energético no violan el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por no estar incluido, Salazar Lomelín alertó que sí hay afectación según los artículos 14.6 que habla sobre el nivel mínimo de trato y 14.8 sobre expropiaciones y compensaciones. (Alejandro Alegría, La Jornada, Política, P.7)
Morena en el Senado respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, en un acre debate durante la sesión de ayer, donde los morenistas se confrontaron con sus pares del PAN.
Fue el coordinador panista, Julen Rementería, quien llevó el tema a tribuna y responsabilizó al Presidente de probables agresiones a la senadora Lily Téllez y a su hijo, quienes han recibido amenazas en redes sociales.
De inmediato, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que no se justifica culpar y atacar al mandatario por lo que no ha hecho. Destacó que el grupo mayoritario que él encabeza considera respetable la decisión del Ejecutivo y no van a permitir que eso se utilice para atacarlo.
Aunque los llamó a debatir con cordura, la discusión derivó en un choque de posturas. La panista Kenia López Rabadán sostuvo que López Obrador estigmatiza y divide desde Palacio Nacional, y ahora tiene miedo de venir, e insistió en que puede estar en riesgo la vida de su compañera de bancada y su hijo. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, P.9)
Veracruz, Ver., El antiguo fuerte de San Juan de Ulúa, punto estratégico para la defensa frente a la pretensión de reconquista española y los intentos de intervenciones extranjeras, es algo bellísimo que está en el abandono, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, e instruyó a la Secretaría de Marina restaurar este sitio histórico de la entidad.
Precisó que se solicitará una revisión al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero será la Marina la que se encargue de la reconstrucción. Desde el museo Naval en el puerto veracruzano, donde ayer ofreció su conferencia de prensa diaria, se pronunció además por cuidar el patrimonio cultural, a la vez que consideró un adefesio el proyecto Torre Centro, edificio de una veintena de niveles que se construye a unos metros del faro Venustiano Carranza, de más de un siglo de existencia.
Luego de recordar la importancia histórica del fuerte, el cual también fue usado como cárcel y donde estuvieron presos tanto precursores de la Revolución como líderes de Cananea o el ex presidente Benito Juárez –quien luego regresó al puerto para consumar ahí las Leyes de Reforma–, lamentó que ahora sean edificaciones como la Torre Centro lo primero que se ve al llegar por mar. (Néstor Jiménez, Fabiola Martínez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, P.10)
José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de los más cercanos ex colaboradores de Rosario Robles Berlanga, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y un juez federal con sede en el Reclusorio Norte le dictó auto de vinculación a proceso por el desvío de más de 77 millones de pesos.
De acuerdo con información proporcionada por la FGR y el Poder Judicial de la Federación, el imputado también se desempeñó como director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en la Sedesol; según las indagatorias, contrató en 2014, ilícitamente, servicios con recursos públicos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la 77 millones 847 mil pesos.
En la audiencia, el Ministerio Público Federal lo señaló de no haber obtenido las mejores condiciones para el Estado respecto de la contratación del servicio, ya que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos subcontrató 93.98 por ciento del importe recibido y además no acreditó la entrega del servicio requerido. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, P.12)
La Fiscalía General de la República (FGR) agendó para nueva fecha la comparecencia de académicos, científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debido a un presunto brote de covid-19 al interior de sus instalaciones.
De acuerdo con funcionarios federales, ayer por la mañana, la ex funcionaria del Conacyt, Mónica Reyes, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) para atender el citatorio que se le envió. Sin embargo, fue notificada que la comparecencia no se llevaría a cabo, a raíz de un brote de covid.
A la una de la tarde también debía presentarse el ex director de Planeación Tecnológica, Rafael Pando Cerón, pero autoridades de la dependencia decidieron agendar para nueva fecha su comparecencia.
Hasta el cierre de la edición, siguen vigentes las citas programadas para hoy de Gabriela Dutrént Bielous y Patricia Zúñiga; y el jueves de Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico(FCCyT)
La FGR los investiga por un supuesto desvío de 244 millones de pesos a través del FCCyT El 21 de septiembre, Gregorio Salazar Hernández, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el penal del Altiplano, Estado de México, negó ordenar la aprehensión de los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Conacyt.
El juez consideró que el Foro operó bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 están amparados en la legalidad. (Rubén Mosso, Milenio, Política, P.9)
La senadora Lilly Téllez afirmó que su objetivo no era faltarle al respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la Cámara alta, sino externarle algunas violaciones a la Constitución que, según la panista, ha cometido el mandatario.
“Ellos se imaginaron que estaba preparando una especie de golpe en el Senado, ni sé cómo se revienta una sesión, yo no iba a hacer nada de eso”, aseguró.
En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, aseguró que durante la visita de López Obrador al Senado, la cual canceló este último tras un tuit de la legisladora, iba a tomar la palabra para expresarle las fallas en el sistema de salud, entre otras cosas.
“El Senado es el lugar donde se debate (…) yo estoy en la oposición y me llama la atención que el Presidente haya decidido no ir al Senado por ese tuit; yo no le iba a faltar el respeto”, señaló.
Además, expresó su asombro sobre la reacción de López Obrador tras su mensaje en redes sociales, donde afirmó que era preciso hacerle frente tras ser “un violador serial de la Constitución”.
“Escribí que era preciso hacerle frente, pidiendo la palabra desde mi escaño o la tribuna; le quería explicar que ha estado violando la Constitución, y leer una lista de los artículos que él constantemente viola”, explicó. (Silvia Arellano, Milenio, Política, P.11)
Acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó este martes el primer pasaporte electrónico, con lo cual México se ubica entre los 15 países del mundo con el documento de identidad más seguro para viajar, avalado por la Organización de Aviación Civil Internacional.
El proceso para llegar a este día inició hace dos años con la instrucción presidencial de dotar de eficiencia y seguridad un documento que es la imagen de los mexicanos a nivel internacional.
“Al ser un pasaporte electrónico, pasas de ser un pasaporte en el lugar 28, 30 en cuanto a seguridad en el mundo, es decir, en cuanto a cuántos países lo reconocen como un instrumento eficaz y confiable de identidad, pasas de ese lugar a estar entre los primero 15 lugares del mundo. Ese es un gran cambio, es una gran utilidad para las personas, para las ciudadanas y los ciudadanos porque quiere decir que se va a reconocer fácilmente en todo el mundo”
Durante la ceremonia realizada en la Oficina que se ubica dentro de un centro comercial en la alcaldía Coyoacán, el canciller también atestiguó la entrega de cinco pasaportes a jóvenes estudiantes mexicanos, conocidos como “dreamers”, en el consulado de Los Ángeles, California.
El pasaporte con chip que se expedirá en un primer momento en seis delegaciones de la secretaría y 5 consulados en Estados Unidos tiene además como nueva modalidad el que en el caso de menores de edad la hoja de seguridad contará con la imagen de los padres o tutores.
“Esto es un gran, gran paso, porque las credenciales del INE pues son de 18 años para arriba; las identificaciones escolares son muy diversas; esta va a ser la documentación oficial hoy por hoy, donde podamos hacer esta vinculación. ¿Qué me dice el pasaporte? Papá, la mamá, su CURP, que son todos los datos y su firma”.
El nuevo documento contará con 22 puntos de seguridad para evitar su falsificación. Los principales: un chip con toda la información del interesado como datos biográficos y biométricos, hoja de policarbonato, así como un ícono en la portada que lo identifica como pasaporte electrónico.
“Es decir, va a ser muy difícil, muy difícil, de acuerdo a toda la tecnología que tenemos, que se abuse o suplante de la identidad de las personas. Por eso es más confiable para todos los países”, subrayó el canciller. (Enrique Sánchez Excélsior, Nacional, P.8)
Toluca, Méx.— A través del programa ¡Date un Chance!, diseñado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), 440 jóvenes infractores de 12 a 17 años de delitos de no alto impacto se han rehabilitado y reintegrado al tejido social, 13 de ellos con estudios universitarios, destacó el fiscal Alejandro Gómez Sánchez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que de acuerdo con la Ley Nacional en Materia de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, hay dos vías en las que se puede llegar a un acuerdo reparatorio en delitos menores, permitiendo no entrar al “tubo o canal de un procedimiento penal que llevará a una sentencia condenatoria, pero no es una puerta giratoria para quienes cometieron un delito, pues se aplica la justicia pero de forma más amable”.
El Ministerio Público tiene la posibilidad de promover un acuerdo reparatorio, lo mismo puede ocurrir en la sede judicial, “pero la idea es no llegar al juez”. Es por ello que la institución diseñó una metodología adicional que busca recomponer el núcleo familiar del joven, con la finalidad de no que reincida.
El mecanismo, con registro de derechos de autor, es que el joven que cometió un delito debe asistir a terapias en el Centro de Integración Juvenil (CIJ), con el que tiene alianza la fiscalía, acompañado por su familia para que al final del programa no sólo hayan evitado un procedimiento judicial, sino el adolescente haya encontrado alternativas de empleo y educación. (Claudia González, El Universal, Metrópoli, P.A14)
Óscar Andrés Flores, “El Lunares”, señalado por las autoridades capitalinas como uno de los principales generadores de violencia y presunto líder financiero de la Unión Tepito, fue sentenciado a 27 años de prisión por un homicidio que cometió en el 2019.
Sin embargo, la Fiscalía Capitalina hasta el momento no ha podido acreditar sus dichos ni relacionar al imputado con la delincuencia organizada, por lo que le fue imposible demostrar esto al juez que lleva el caso.
Según el expediente del caso, el 15 de febrero de 2020, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron orden de aprehensión en contra del ahora sentenciado en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero y lo pusieron a disposición de un juez del Sistema Procesal Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. En la carpeta de investigación se registró que el sentenciado, junto con otra persona, llegó en julio de 2019 a un puesto de quesadillas, ubicado en la calle Jesús Carranza, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontraba la víctima y le disparó con un arma de fuego provocándole la muerte. (David Fuentes, El Universal, Metrópoli, P.A17)
En el País una de cada dos mujeres se encuentra privada de su libertad en espera de una sentencia, mientras que en el caso de los hombres la proporción es de 4 de cada 10, reveló la organización México Evalúa.
El presentar el informe “Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” indicó que los hombres no denuncian un delito por considerar el trámite una pérdida de tiempo (38.7 por ciento), porque consideran el delito de poca importancia (10.9 por ciento) o porque implica un proceso difícil (9.2 por ciento).
En contraste, alertó que las mujeres no denuncian porque no tienen pruebas (13.6 por ciento), por miedo al agresor (5.6 por ciento) y por una actitud hostil de la autoridad (4.0 por ciento).
Cada año, México Evalúa presenta un estudio de la operación del sistema de justicia penal en cada entidad del País y a nivel federal.
En esta ocasión integró al documento una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal.
Los datos establecen que los derechos de las mujeres son menos respetados en las Agencias del Ministerio Público.
“Al rendir una declaración son presionadas para dar otra versión de los hechos en mayor medida que los hombres en esa misma situación”, se expuso.
El estudio señaló que a las mujeres se les dan a leer sus derechos en menor proporción que a los hombres.
“Es muy importante discutir con profundidad los problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos, con la incorporación de estos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para entender los diferentes retos que hay en un sistema de justicia penal diseñado a partir de estereotipos, roles o prejuicios sociales”, opinó Christel Rosales, investigadora senior del programa de justicia en México Evalúa.
“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal”, consideró por su parte Edna Jaime. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, P.2)
En lo que va de la actual Administración, 141 activistas y periodistas han sido asesinados en el País y la mayoría de los crímenes permanecen impunes, informó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En conferencia, en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el funcionario indicó que del total de asesinados sólo seis estaban dentro del mecanismo de protección.
“Del último caso, de Gustavo Sánchez Cabrera, que pertenecía al ámbito periodístico de Oaxaca, como mecanismo generamos una solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iniciara una investigación por las posibles omisiones de cualquier autoridad, tanto del ámbito federal como local, que eran quienes estaban implementando las medidas”, dijo.
En los asesinatos de activistas -que suman 94-, detalló, sólo se han dictado sentencia en dos casos, por lo que la impunidad alcanza el 99 por ciento, mientras que en los homicidios contra periodistas se ha emitido cinco sentencias, por lo que la impunidad es de 89 por ciento.
Para el primer grupo, añadió, el mayor número de asesinatos se han cometido en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán; en tanto, que el segundo, la mayor incidencia se concentra en Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca.
“Tenemos información que las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la persecución y la desaparición son las agresiones que más proliferan entre las y los
periodistas, ya sea por servidores públicos, que tenemos un 40 por ciento de involucramiento en ese rubro; de la delincuencia organizada y también de perfiles no identificados”, indicó.
Encinas dijo que se realizarán las acciones necesarias para mejorar el mecanismo de protección y que, entre éstas, está mejorar la coordinación con las autoridades locales, que son las que en primera instancia deben garantizar la seguridad.
Por lo pronto, informó Irazoque, se firmarán convenios de colaboración con las 32 entidades para generar políticas públicas de prevención contra las agresiones a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
“También (vamos a) intensificar la protección a los casos vigentes y a los que se sigan presentando y, por supuesto, generar protocolos estrictos de seguridad que deban tener las beneficiarias del mecanismo”, señaló. (Rolando Herrera, Reforma, Nacional, P.2)
Entre agua fétida, moscas, mosquitos y ajolotes, viven los pobladores de San Pedro Cholula, en Ocoyoacac, desde hace 30 días, después de que las lluvias han dejado anegadas casas y calles.
La mayoría de los habitantes optaron por abandonar sus hogares y salvar lo indispensable; algunos lo hicieron en carretillas.
Las calles son intransitables y sólo pueden caminar por las banquetas, pues la altura del agua de lluvia es entre 10 y 40 cm, y está mezclada con aguas negras.
Muchos se muestran renuentes a compartir su historia porque dicen que cada año piden obras para evitar inundaciones, pero las autoridades sólo se limitan a visitarlos y darles despensas y botas. Acusaron que el gobierno, sea del color que sea, dan el mismo resultado, sólo los dotan de botas de plástico para que puedan caminar por las calles y andar en sus casas. Exigieron que se elabore un plan en la zona que evite las inundaciones.
Celia Pérez Martínez, quien es vendedora de verduras y vive a un lado del río Chichipicas, aseguró que ellos son los más afectados, pues cuando bajan las avenidas desde lo alto del poblado, el agua termina dentro de sus casas: “Hemos buscado soluciones, pero es lo mismo, no nos dan nada”, lamentó.
Mientras se espantaba los mosquitos de la cara y brazos, pidió que además se envíen brigadas para fumigar insectos que revolotean en el ambiente por el agua estancada, porque temen infecciones.
No lejos de ahí estaba Germán Enríquez, quien se quejó de que el problema que arrastran es añejo, porque carecen de salidas desde el poblado al Río Ocoyoacac y el agua se estanca, y aunque hay bombas, éstas no son suficientes para drenar el agua pluvial. (Gerardo García, El Heraldo, Estados, P.29)