Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó sobre la adquisición de 3.6 millones de unidades de productos farmacéuticos indispensables en el manejo de enfermos críticos de Covid-19, sobre los cuales hubo desabasto los meses pasados. Son sedantes y anticoagulantes que se compraron en Lituania y España, los cuales garantizan el suministro por dos meses.
El organismo indicó que la inversión ascendió a 2 mil millones de pesos y cuando las instituciones de salud tengan más recurso (económico) se podrá traer un cargamento similar.
Las carencias se presentaron en los hospitales desde septiembre pasado y conforme pasaron los meses se acrecentó el problema, que fue reconocido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en octubre. Debido a que esta crisis es de alcance global, planteó la opción de sustituir los medicamentos con otros productos.
Incluso, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió una guía de sustitución de los sedantes propofol y midazolam, entre otros.
Ayer, Birmex, organismo paraestatal que ha sido retomado por el gobierno federal para que participe en las adquisiciones de medicamentos para el sector salud e incluso como empresa distribuidora del Estado, también dio inicio a una estrategia de comunicación propia el pasado sábado, cuando informó que con la representación de la empresa china Sinovac, solicitó la autorización para uso de emergencia de su vacuna CoronaVac, contra Covid-19, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris). (Ángeles Cruz Martínez La Jornada, Política, P.3)
En el contexto de la pandemia de Covid-19, las coberturas de vacunación se han desplomado a nivel regional y nacional, pues la cantidad de dosis de biológicos contra sarampión, rubéola, parotiditis, rotavirus, difteria, tétanos y tosferina, administrados a niños durante el primer semestre de 2020, disminuyó en 21 por ciento en comparación con 2019, alerta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Resumen 2020 de Inmunización de las Américas.
A ellos se suma que debido a las restricciones de movilidad y aislamientos la demanda de vacunación también se redujo. Entre las principales causas, agrega el organismo multinacional, está la preocupación de las personas por el riesgo de exposición al Covid-19 cuando buscan servicios de vacunación, a lo que se agregan las dificultades por las limitaciones en el transporte público, el confinamiento y el distanciamiento social.
La OPS subraya que la inmunización se debe preservar como un servicio de salud esencial, por lo que se deberán fortalecer los programas nacionales de inmunización para mejorar su desempeño. Por ello, lanzó un llamado a los países de la región de las Américas para seguir fortaleciendo estos esfuerzos y asegurar que nadie se quede atrás, independientemente de las limitaciones presentadas por la pandemia.
En el caso de México, la falta de abastecimiento de diversos biológicos afectó la caída en las coberturas del Programa de Vacunación Universal, situación que se ha presentado desde 2018, y que se agudizó con la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Vacunología, desde hace más de dos años se presenta un desabasto de diversos biológicos, entre ellos los que son contra hepatitis B, sarampión, difteria, tosferina, tétanos y rubéola.
Incluso desde 2016 señaló el desabasto de vacunas como la pentavalente y la triple viral, lo que ha afectado las coberturas de inmunización en el país.
Al respecto, la OPS alerta que 1.4 millones de niños en la región no completa sus esquemas básicos de inmunización, mientras 10 por ciento de los países latinoamericanos reportan una cobertura de menos de 80 por ciento de la primera dosis de la vacuna contra rubéola, sarampión y parotiditis. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, P.4)
En un ejercicio inédito, por primera vez los presos recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) podrán votar en la elección de diputados, lo que constituye una prueba piloto con carácter vinculante que se realizará en cinco penales del país.
En el ejercicio que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) participarán sólo quienes tengan procesos que estén en curso y sin sentencia, por lo tanto, según los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún no han perdido sus derechos políticos.
A partir de la experiencia de esta prueba piloto en los comicios federales, el INE estaría en posibilidad de que en 2024 todos las personas privadas de la libertad que aún no hayan sido sentenciadas puedan votar en las elecciones presidenciales de ese año.
El organismo electoral inició ya la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, responsable de la operación de los centros penitenciarios, para diseñar la logística acorde con las medidas necesarias.
El ejercicio se realizará en cinco de los 20 Ceferesos que hay en el país –recientemente el gobierno federal cerró tres–, uno por cada circunscripción electoral: Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, P.7)
El presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández El Tío fue extraditado a Estados Unidos. Se trata de quien fuera señalado por el Departamento del Tesoro de ese país como dueño de diversos negocios para lavar dinero y que en su momento involucraron al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez.
El acusado fue investigado por las autoridades estadunidenses luego de que se detectaron cuantiosas inversiones en la Ciudad de México y Jalisco, entre ellas en equipos de futbol de segunda y tercera división, bares, una productora de música y restaurantes, que utilizaba presuntamente para blanquear recursos producto del narcotráfico.
En estos negocios fueron implicados por autoridades estadunidenses Márquez y Álvarez, a quienes incluso se les aseguraron algunos bienes, aunque fueron deslindados de cualquier ilícito meses después.
La entonces Procuraduría General de la República ofreció en 2010 una recompensa de 5 millones de pesos por la captura de Flores Hernández, la cual se logró tres años después, pero recuperó su libertad en 2015 con maniobras jurídicas.
Fue capturado nuevamente en 2017 y sujeto a prisión preventiva en la Ciudad de México, desde donde promovió diversos amparos contra su extradición.
Flores Hernández fue entregado a las autoridades estadunidenses en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, para ser llevado a comparecer ante una Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde le serán imputados los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. El ahora extraditado habría operado desde 1980 para diversas organizaciones como el cártel Jalisco nueva generación, cártel del Milenio y la federación de Sinaloa. (Eduardo Murillo La Jornada, Política, P.10)
El crecimiento de la mancha urbana con poco control es el común denominador en los municipios de la frontera norte, situación que exige mayor intervención de todos los niveles de gobierno, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.
Adelantó que durante el presente año se realizarán intervenciones urbanas en 80 municipios un poco más retirados de las fronteras, luego de que durante los dos primeros años de la presente administración tuvieron programas muy activos.
En entrevista, el funcionario federal explicó que la frontera norte ha vivido un rápido crecimiento económico y urbano en las pasadas décadas, situación que ha generado la conformación de colonias muy alejadas de los centros de trabajo y, por ende, la formación de zonas habitacionales carentes de servicios, equipamientos urbanos y de espacios públicos para las comunidades.
Las intervenciones que realiza la Sedatu en los municipios fronterizos del norte del país están más enfocadas al diseño y construcción de espacios públicos, deportivos, polideportivos, plazas públicas, y centros de salud, entre otras, así como estaciones de bomberos y centros educativos y lo que se busca es crear espacios públicos que no sólo mejoren la calidad de vida de las personas, sino que den identidad a estas comunidades, cuyos habitantes provienen de muchos lugares del país, resultado de la migración interna, muchos de ellos han llegado a la zona con la esperanza de ir a Estados Unidos. (José Antonio Román, La Jornada, Política, P.11)
De 124 mil aspirantes registrados a cursar Prepa en Línea, sólo quedarán 21 mil que obtengan las calificaciones más altas en el módulo propedéutico que se cursará entre el 15 de febrero y el 14 de marzo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó también que a raíz de la pandemia de Covid-19, situación que ha obligado a todo el sistema educativo nacional a optar por la educación a distancia, el registro de interesados en cursar la Prepa en Línea-SEP se ha incrementado, en comparación con convocatorias de años anteriores.
Hay que destacar que durante el curso propedéutico, los alumnos desarrollarán los aprendizajes y las competencias necesarias para navegar en la plataforma virtual y aprovechar los recursos educativos multimedia que serán parte importante en la formación académica de quienes cursen esta opción.
Los aspirantes que no logren matricularse en esta ocasión, podrán hacerlo en alguna de las tres convocatorias más que se abrirán a lo largo de 2021. (José Antonio Román, La Jornada, Política, P.13)
En dos años de la actual administración el sector público logró ahorros presupuestales por más de 9 mil 597 millones de pesos en el gobierno central, paraestatales, entre áreas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Del total de ahorros, 61.92 por ciento correspondió a 2019, el primer año del presente gobierno federal, con 5 mil 942 millones de pesos.
En 2020, 3 mil 654 millones de pesos correspondieron al 38.08 por ciento restante del monto de ahorros logrados por la implementación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria.
Entre recursos fiscales y propios, la administración pública federal, que no incluye a los órganos autónomos ni a los poderes, logró en 2019 ahorros presupuestales por poco más de 3 mil 952 millones de pesos, mientras el año pasado fue por arriba de mil 329 millones de pesos.
Si bien la consigna de austeridad fue implementada desde el primer año de gobierno, a raíz de la pandemia de Covid-19, en 2020 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ajustó el presupuesto de diversas dependencias con el fin de dirigir el gasto a áreas esenciales para luchar contra la enfermedad, así como contra los efectos económicos. (Alejandro Alegría, La Jornada, Economía, P.18)
Los esfuerzos para combatir la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vieron reflejados en 2020 al duplicarse las denuncias de funcionarios de la institución ante el Ministerio Público (MP), revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante el año pasado 90 servidores públicos del SAT fueron denunciados ante las autoridades ministeriales comparados contra los 46 de 2019. De los 90 servidores públicos denunciados ante las autoridades judiciales en 2020, poco más de la mitad, 48, correspondieron a los asignados a Administración General de Aduanas (AGA).
El número de los ahora ex empleados del SAT denunciados el año pasado ante el MP también es superior a los 75 en 2018, último año de la pasada administración.
Los principales delitos que se imputan a los 90 denunciados en 2020 son el ejercicio ilícito del servicio público, así como el acceso indebido a sistemas y equipos de informática.
Otros delitos en los que incurrieron presuntamente fueron cohecho, contrabando y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Los reportes preliminares contenidos en los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al cuarto trimestre de 2020 de la SHCP dan cuenta de que los mayores actos decorrupción se presentan dentrode la AGA.
En el transcurso del año pasado se denunciaron 654 servidores públicos del SAT ante el Órgano Interno de Control (OIC), número que se compara con los 370 denunciados en esa instancia administrativa en 2019.
El número de servidores públicos denunciados ante el OIC corresponde a lo reportado por la Administración General de Evaluación, debido a que no se cuenta con la información de otras administraciones generales.
Del total de 654 empleados del SAT, casi 70 por ciento, es decir, 492, estaban adscritos a la AGA, otros 78 pertenecen a la Administración General de Servicios al Constribuyente, y 16 a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, entre otros.
Hace unas semanas tres funcionarios de las aduanas de Baja California fueran cesados por posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita cuyas investigaciones llevan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública.
Esta semana se conoció también que el SAT cesó de su cargo como administrador central de actividades vulnerables a Ramón García Gibson, quien está relacionado con una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC México, cuando era oficial de cumplimiento de esa institución. El funcionario fue retirado el 29 de enero después de que por instrucciones del titular del Ejecutivo se realizó una revisión de su historial laboral. (Israel Rodríguez, La Jornada, Economía, P.18)