El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que promover la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato es facultad exclusiva de ese órgano autónomo, por lo que ningún partido político podrá realizar esa actividad.
El INE recordó que “si bien en la Ley Federal de Revocación de Mandato se establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que esa es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral”. (Víctor Gamboa Arzola, El Universal, Nación, p. A4)
El Instituto Nacional Electoral publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la consulta de revocación de mandato que se realizará el 10 de abril y con ello entró en su fase más intensa de instrumentación. A partir de mañana, los capacitadores electorales iniciarán la visita domiciliaria de 7 millones 67 mil 448 ciudadanos para el proceso de integración de funcionarios de casilla, para los cuales se requerirán finalmente 286 mil 885 ciudadanos.
El consejero y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral del INE, Martín Faz, sostuvo que a partir de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trabaja sobre el escenario de instalar 57 mil 377 casillas, a partir de la disponibilidad financiera con que se cuenta, con independencia de que algún partido impugne. Sin embargo, destacó que logística y presupuestalmente no hay ya margen para otro escenario, salvo, dijo, una improbable resolución judicial que nos lo ordene. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 5)
La Secretaría de Salud (Ssa) reportó ayer 206 defunciones por Covid-19, para un total de 309 mil 752 en lo que va de la pandemia. Además, indicó que hay 9 mil 242 nuevos contagios, para un acumulado de 5 millones 160 mil 767.
En su reporte diario, la dependencia detalló que la distribución por sexo en las muertes confirmadas muestra un predomino de 62% en hombres. La media de edad en los decesos es de 64 años. (Juan Carlos Cortés, El Universal, Nación, p. A10)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy el análisis respecto de si los gobiernos de los estados tienen facultades para obligar al uso de cubrebocas, incluso mediante multas o arrestos administrativos.
Se trata de la acción de inconstitucionalidad 48/2021 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Decreto 443 que reformó la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, donde se imponen multas de hasta 20 veces el valor diario de la unidad de medida, o bien un arresto administrativo de hasta 36 horas, a quien no porte el cubrebocas en lugares públicos. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 13)
GINEBRA. En 92% de los países del mundo hubo interrupciones en los servicios de salud básicos, reveló una encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el impacto de la pandemia de covid-19.
Esto afectó los programas de vacunación y el tratamiento de enfermedades como el sida, según el documento divulgado ayer.
La magnitud y disrupciones no ha cambiado significativamente dentro de los países desde el primer trimestre de 2021, a pesar de que todos los países han intensificado sus esfuerzos para responder a los desafíos de los sistemas de salud, cuellos de botella y barreras en los cuidados”, detalló la OMS en su Tercera ronda de la encuesta de pulso global en la continuidad de servicios esenciales de salud durante la pandemia de covid-19. (Reuters, Excélsior, Nacional, p. 8)
Antes de la gestión de UNOPS se compran 46% de fármacos para sector salud público, mientras que antes de que agencia tomara gestión se abastecía hasta 75%., agencia descentralizada de la ONU, las compras consolidadas de medicamentos abastecían hasta 75 por ciento de las piezas de fármacos del sector salud público del País, para 2021, con el organismo a cargo, sólo aportan 46 por ciento.
“El 2021 va a cerrar como el peor año en el ejercicio de compra de medicamentos. De venir de niveles de arriba de 70 por ciento de 2018 hacia atrás; en 2021 ya están por debajo del 50 por ciento en piezas”, advirtió Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico (Inefam), centro especializado en el análisis de compras públicas de salud.
De acuerdo con el consultor, los importes en las compras individuales o directas representaron 72 por ciento, mientras que los importes en las consolidadas 28 por ciento. (Natalia Vitela, Reforma, Nacional, p. 10)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los casos de violencia obstétrica en México son cada vez más denunciados por la inadecuada atención médica que reciben las mujeres en instituciones de salud pública y privada.
De acuerdo con la base de datos pública de la CNDH, en lo que va del sexenio se han emitido 22 recomendaciones por violencia obstétrica cometida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. A10)
Los recursos de revisión y las solicitudes en materia de datos personales aumentaron en 2021, confirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Óscar Guerra Ford, al impartir una conferencia por la vía virtual en Quintana Roo.
En el caso de las solicitudes de datos personales, en 2020 se recibieron 42 mil 794 y en 2021, 54 mil 429, es decir, 27% más, mientras que en el caso de los recursos de revisión en 2020 se atendieron 2 mil 26 recursos y en 2021, 2 mil 284, expuso el comisionado durante la conferencia Avances y retos de la protección de datos personales en México, organizada por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. (Antonio López, El Universal, Nación, p. A12)
Los siete partidos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) son propietarios en conjunto de 184 propiedades, con un valor total de mil 252 millones 401 mil 153 pesos.
Esta suma es casi equivalente al presupuesto asignado para este año a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de mil 722 millones 324 mil 772 pesos, o al de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de mil millones 446 mil 265 pesos. (Rivelino Rueda, El sol de México, República, p. 4)
En los foros para discutir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica se ha evidenciado cada vez más lo urgente que es la reforma para recuperar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como organismo público del Estado, evaluó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Concluido el debate abierto –que se ampliará hasta la tercera semana de febrero– la vicecoordinadora de ese partido, Aleida Alavez Ruiz, dijo en entrevista que se calcula que el proyecto de dictamen estará listo a mediados de marzo. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 6)
A cinco meses de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las 377 iniciativas que se han presentado, los diputados han pedido que se prorrogue el tiempo de dictaminación en comisiones de 305.
Además, han retirado más de 20 iniciativas, sin especificar el motivo; la mayoría provienen de diputados de Morena. Igual ocurre con los 465 puntos de acuerdo presentados, pues en 52 han pedido a la Mesa Directiva que amplíe el tiempo para dictaminarlos en comisiones. (Héctor Cruz, El Universal, Metrópoli, p. A15)
El crematorio clandestino que fue hallado en el municipio de Santa Ana es utilizado una y otra vez para quemar cuerpos, desde 2018, reveló Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora y líder de las Madres Buscadoras de Sonora en entrevista para De Pisa y Corre de Imagen Televisión.
Es una fosa que se hizo en la que calcinaban los cuerpos y los tapaban con tierra y calcinaban más cuerpos y los volvían a tapar, entonces es muchísimo lo que hay. También en las cuatro esquinas de los predios y en medio de los predios, en todas esas partes vamos a encontrar personas”, asegura, de acuerdo con la información a la que han tenido acceso las Madres y Jóvenes Buscadores de Sonora. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 12)
Esta tarde se enfrentaron nuevamente policías con profesores y normalistas adheridos a las CNTE. Otra vez maestros y estudiantes pretendieron bloquear las vías del ferrocarril, pero se los impidieron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. No hay reporte de heridos hasta el momento.
Según fuentes policiales, de nueva cuenta los centistas lanzaron cohetones contra antimotines y la autoridad respondió con gases lacrimógenos. Los hechos esta vez no son en el crucero ferroviario donde habitualmente bloquean, si no en una brecha de la colonia La Cofradía, ubicada al norte de Caltzontzin.
Desde las 09:00 horas, los maestros y sus aliados se reunieron muy cerca de las vías en el acceso principal de Caltzontzin; pero no al poder sabotear las vías por la vigilancia policiaca se trasladaron a la colonia La Cofradía. (Miguel García tinoco, Excélsior, Nacional, p. 16)
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) nuevamente condenó al líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a algunos agremiados más de 54 millones de dólares que en 2005 le fueron depositados en un fideicomiso por la empresa Grupo México para beneficio de los trabajadores.
En un nuevo laudo emitido el 28 de enero, que deja sin efectos el dictado -en el mismo sentido- el 13 de octubre del 2021, la Junta ordenó hacer la distribución proporcional de dicha cantidad, y señaló a Gómez Urrutia como “obligado solidario”, es decir, que es responsable del pago. (Antonio Baranga, Reforma, Nacional, p. 2)
El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, insistió en su exigencia de que se ponga fin al embargo económico a Cuba impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde hace más de seis décadas.
En su intervención en un debate del Consejo de Seguridad, De la Fuente se pronunció en contra de las sanciones unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas, como las que afectan a la isla caribeña, además de que, denunció, hay dobles raseros para aplicar esas presiones, “que son inaceptables, pues vulneran la acción humanitaria y violentan al derecho internacional humanitario”, subrayó. (Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p. A4)
Desde ayer la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) inició la imposición de restricciones portuarias a embarcaciones mexicanas que cometan actividades de pesca ilegal en sus aguas y capturen especies en peligro de extinción.
Especialistas y ejecutivos advierten a MILENIO que de incrementarse estas prácticas, el problema podría crecer y escalar a mayores limitaciones como represalias comerciales bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e incluso el embargo a los productos pesqueros mexicanos.
“A partir del 7 de febrero, las embarcaciones con bandera mexicana que realicen pesca en el Golfo de México (del lado de Estados Unidos) no podrán ingresar a sus puertos ni hacer uso de sus servicios portuarios. Esto a raíz de un informe que mandó NOAA al Congreso norteamericano en agosto pasado, donde clasifica a México como país que incurren a pesca ilegal”, explicó la directora de transparencia de Oceana, Mariana Aziz. (Eduardo De la Rosa, Milenio, Negocios, p. 16)