Ante las críticas por la colocación de vallas frente a Palacio Nacional en víspera de las movilizaciones por el Día de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las campañas de desprestigio en su contra, de su gobierno, y afirmó: “Que quede claro, yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, de la igualdad, siempre he estado (…) Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, del autoritarismo, en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo”.
Reiteró que la protección al Palacio Nacional no es por miedo a las mujeres, sino una medida preventiva. Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido. Se puede protestar, desde luego de manera pacífica, se puede llegar hasta el insulto a la autoridad, eso está permitido.
López Obrador apuntó que no va a haber represión, pero también estemos atentos, no dejarnos manipular, las mujeres son muy inteligentes. Pueden expresar de manera libre sus ideas porque su gobierno, aseguró, jamás va a reprimir al pueblo. Más adelante acotó: Soy humanista y no estoy contra el feminismo.
En un video difundido en sus redes sociales, López Obrador acusó a los conservadores de alentar la campaña de desprestigio porque están muy ofuscados e irritados, por lo que ahora se vuelven ambientalistas o feministas para atacar a su gobierno. Las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, autoritarias e infiltran gente para generar violencia, para dañar. ¡Imagínense permitir que vandalicen Palacio Nacional. Eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.3)
Las comisiones de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados prevén avalar un esquema de licencias de autoconsumo y producción de mariguana distinto al aprobado por el Senado, con objeto de que, por ejemplo, los productores rurales puedan participar en toda la cadena de valor para así evitar el intermediarismo.
Además, el proyecto –a discutir este lunes en comisiones y mañana en el pleno de la cámara– considera conveniente mantener la separación entre la regulación del uso lúdico e industrial respecto de los usos medicinales, paliativos, farmacéuticos, cosméticos y científicos con fines no industriales.
El proyecto rechaza constituir un instituto encargado de regular la entrega de permisos, producción y consumo –como proponen los senadores– y pondera que sea el Consejo Nacional contra las Adicciones el que conduzca la política pública en la materia.
Las comisiones consideran incorporar un nuevo sistema de licencias para la producción del cannabis, integrado por seis tipos, uno más de los cinco originalmente incluidos en la minuta.
Al respecto, en las consideraciones se describe el tipo de permisos: integrales para permitir todas las actividades de la cadena productiva del cannabis, desde el cultivo hasta la comercialización y venta al usuario final; con fines solamente de producción, que permitirían a sus titulares el cultivo en áreas específicas; con fines de distribución, que autorizarían al productor la venta a un comercializador. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.5)
En la carrera por la renovación de 15 gubernaturas, prácticamente la mitad de los estados en todo el país, el costo por campaña para cada coalición o partido es muy disímbolo y aunque el número de electores es un factor, la dispersión legal dispara el gasto en algunas entidades.
En 2021, los comicios para gobernador en Sonora serán los más caros en el país porque el tope de gasto de campaña para quien busca obtener ese cargo es de 85.3 millones de pesos, por arriba de Nuevo León o Baja California, que tienen mayor peso demográfico y económico.
En Sonora también es la más costosa en términos de gasto por votante: con un listado nominal de 2 millones 162 mil 526 ciudadanos –el quinto más grande de todos los estados con comicios de gobernador–, la legislación electoral del estado permite erogar 39.4 pesos por cada elector.
Para dimensionar la proporción, en Baja California, con un tope de gastos de campaña de 26 millones de pesos, el costo por elector será de tan sólo 9 pesos. Es decir, a los sonorenses les costará cuatro veces más bajo este parámetro. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.5)
Los escenarios marítimos y fluviales se mantienen como los medios más utilizados por las organizaciones criminales transnacionales en cuanto al tráfico de estupefacientes, de acuerdo con información recopilada por el Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo (Cmcon).
El organismo establecido en Colombia y en el cual participan más de 20 naciones, entre ellas Estados Unidos y México, señala que un kilogramo de cocaína tiene un precio que oscila entre 700 y mil 700 dólares en esa nación, pero cuando se encuentra en el sur del territorio mexicano alcanza hasta 14 mil dólares; en la zona centro de nuestro país, esa misma cantidad se cotiza hasta en 16 mil dólares, y su valor aumenta otros 4 mil si llega a una entidad fronteriza con Estados Unidos.
En el informe denominado Estimación global de costos de las drogas ilícitas 2021, que fue dado a conocer el mes pasado, el Cmcon refiere que “las consecuencias generadas por el comportamiento global en torno a la pandemia por el Covid-19 pudieron afectar los costos de diferentes sustancias, producto de las restricciones de movilidad, aislamiento y contacto directo poblacional, entre otras, lo que generó la adaptación de las organizaciones criminales transnacionales, lo que logró mantener la disponibilidad de los estupefacientes y diversificar sus capacidades de oferta en los diferentes mercados. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.7)
El comercio de estupefacientes y tráfico de precursores químicos, principalmente para elaborar fentanilo –droga 50 veces más potente que la heroína– ha llevado a grupos criminales a una disputa por el control de Zacatecas que además de causar temor entre la población tienen bajo amenaza a gran parte de las autoridades municipales.
En esta entidad hace falta no sólo presencia policiaca, también más acciones del gobierno local, ya que las corporaciones presentan carencia de efectivos, poca capacitación y penetración criminal, de acuerdo con funcionarios que participan en el gabinete federal de seguridad.
Algunos municipios que se consideran focos rojos en la entidad son: Valparaíso, Fresnillo y Nochistlán, donde los grupos delictivos antes los ocupaban como zonas de trasiego para las sustancias, pero hoy han convertido a muchos jóvenes en consumidores, a pesar de la presencia policiaca y militar. (Emir Olivares Alonso Gustavo Castillo y Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
Organizaciones de derechos humanos que participaron en el parlamento abierto sobre la Ley de la Fiscalía General de la República coincidieron en destacar que esa institución no puede abandonar el mecanismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Grace Fernández, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, resaltó que se necesita una fiscalía que trabaje de la mano de las víctimas y que sea transparente, porque la actual no investiga, no busca, no procura justicia ni verdad, nada más ocupa su autonomía para los intereses de un grupo selecto.
Por otra parte, 24 organizaciones civiles y siete colectivos de familiares de personas desaparecidas resaltan en un documento que la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y el dictamen de la Comisión de Justicia, que fue distribuido en el Senado de la República, tienen al menos diez graves retrocesos que complicarían aún más el acceso a la justicia de las víctimas.
En el documento que dieron a conocer ayer, esas organizaciones señalaron esos retrocesos y resaltaron que el dictamen –que podría ser aprobado esta semana en el Senado– también carece de legitimidad, al abrogar una norma realizada con el consenso de la ciudadanía, además de que no se basa en un diagnóstico ni en una discusión abierta y pública sobre los cambios que se plantean. (Víctor Ballinas y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.12)
París. La pandemia ha cobrado hasta ayer más de 2 millones 592 mil 658 vidas y contagiado a 116 millones 809 mil 465 personas en el mundo, indicó la Universidad Johns Hopkins.
Es demasiado pronto para poner fin a las restricciones de Covid-19, a pesar de que Texas y Misisipi levantaron los mandatos de máscaras y los límites de capacidad comercial esta semana, advirtió el inmunólogo Anthony Fauci, mientras los expertos en salud pública advirtieron de una cuarta ola si no se respetan las restricciones.
Los estados están suavizando las medidas después de una caída en los casos, aunque esa disminución está comenzando a estabilizarse a una tasa alta de 60 mil a 70 mil infecciones por día, indicó el doctor en el programa Face of the Nation, en el canal CBS.
Fauci, asesor del gobierno de Joe Biden, indicó que son vacunadas 2 millones de personas diarias en el país, por lo que se va en la dirección correcta, sin embargo tenemos que resistir un poco más. Advirtió que si las medidas de prevención se ponen y se quitan, hay un riesgo de una nueva oleada, como ocurrió en Europa.
Los estados de Texas, Misisipi, Arkansas y Florida anunciaron que quitarán algunas restricciones, como el uso obligatorio de mascarillas en interiores o que reabrirán todos los negocios sin ningún límite de ocupación. (Afp, Xinhua, Europa Press, Sputnik y Reuters, La Jornada, Política, p.13)
La fecha del cierre de la investigación complementaria del proceso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se aplazó hasta mediados de abril, debido a la pandemia del Covid-19, con el fin de preservar la salud de servidores públicos, de los justiciables y de la población en general, informaron fuentes cercanas a la defensa.
Este domingo se cumplió el tiempo que el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, otorgó más plazo a la Fiscalía General de la República (FGR) para concluir con dicha fase y agendar en consecuencia la audiencia intermedia en la que el Ministerio Público federal formalizará las acusaciones en contra del ex funcionario por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht, así como por la compra con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados.
Durante esta etapa del proceso de investigación el Ministerio Público (MP) recaba los medios de prueba que necesita para perfeccionar la teoría del caso, mismos con los que en su momento sustentará la acusación.
Lozoya Austin goza de una medida cautelar que le permite enfrentar en libertad los juicios por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. (César Arellano y Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.16)
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) la suspensión del ejercicio de la acción penal en los procesos que se iniciaron en su contra por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados; en este último ofrecerá reparar el daño, revelaron autoridades cercanas al caso.
Las fuentes consultadas por MILENIO indicaron que los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda pedirán formalmente al agente del Ministerio Público federal que en el tema de Odebrecht se extinga la acción penal, debido a la cooperación e información que el ex funcionario ha entregado para perseguir otros delitos.
También, agregaron, Lozoya buscará llegar a una solución alterna para extinguir la acción penal por el tema de la planta de fertilizantes, en el que propondrá reparar el daño. (Rubén Mosso, Milenio)