Un juez federal vinculó a proceso a dos ex mandos de la Sedesol por suscribir un convenio de 52.2 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), del que presumiblemente se desviaron 26.6 millones de pesos, en un caso más de la “Estafa Maestra”.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó a Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, ex directores Generales Adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
A los ex funcionarios les iniciaron el procedimiento por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual es sancionado con hasta 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa, según el Código Penal Federal. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.2)
El Senado definirá hoy si llama a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por los cuestionamientos que generaron los audios que circulan en redes sociales en los que reconoce tener el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán para otorgar un amparo a su excuñada Alejandra Cuevas Morán, quien se encuentra en prisión por estar presuntamente involucrada en la muerte de su hermano, Federico.
En conferencia, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que es posible que sea citado Gertz Manero por sus expresiones durante las conversaciones telefónicas, expuestas ilegalmente, con el fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos López, aunque condenó que persistan el espionaje ilegal y las viejas prácticas de intervenir ilegalmente las comunicaciones.
“He hablado con algunos de los integrantes [de la Jucopo] para tomar una definición sobre este caso y, por supuesto, que sigue abierta la posibilidad de citarlo a comparecer (…) Decidiremos en la Junta de Coordinación Política mañana si lo convocamos, si lo llamamos a comparecer. (…) No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en Torquemada de nadie, tenemos que actuar con mucha rectitud, con seriedad en casos como estos que afectan a la República y que el Senado debe de actuar con mucha altura en decisiones tan trascendentes”, puntualizó. (Víctor Gamboa, El Universal, Nación, p.4)
Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, por una presunta defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos, por impuestos omitidos en 2013.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó anoche que la Fiscalía General de la República ofreció los datos mínimos suficientes para suponer que Olvera incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable.
El impartidor de justicia también reiteró que el empresario deberá continuar preso en dicho centro, tal y como lo determinó en la audiencia inicial que se llevó a cabo el pasado miércoles, al considerar riesgo de fuga. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.2)
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que desconoce el número de árboles que se han removido desde que inició la construcción del Tren Maya y a qué lugares fueron a parar.
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la Dirección General de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., indicó que, tras haber realizado una “búsqueda exhaustiva” en los archivos y registros, no fue localizada información documental para responder.
Además, en la respuesta de información con folio 3300142220- 00030, Fonatur aseguró también desconocer qué tipo de herramienta y empresa han llevado a cabo estos trabajos, así como asegurar que tampoco posee evidencia fotográfica de estos trabajos. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación,p.2)
Después de seis años, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no “aprecia” que uno de sus testigos protegidos declarara contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por supuestamente recibir recursos del narcotráfico para su campaña electoral de 2004 a la Alcaldía de Reynosa.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECR) archivó una indagatoria contra Antonio Peña Argüelles, testigo colaborador con nombre clave “Ángeles”, iniciada a raíz de una denuncia presentada por el mandatario panista por el delito de falsedad en declaración.
El pasado 14 de febrero la FGR dictó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZC-ESP-XXI/4/2016, al estimar que no existen elementos para inculpar a “Ángeles” por el citado ilícito. (Reforma Staff, Reforma, Nacional, p.4)
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, reconoció que “el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen”.
En una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coincidieron en la necesidad de fortalecer los protocolos vigentes.
“En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos”, puntualizó el funcionario federal. (Antonio López, El Universal, nación, p.7)
El Gobierno federal exhibió ayer el poder del narcotráfico en el estado de Michoacán, su dominio territorial, movilidad, organización, capacidad de fuego y hasta la facilidad con la que eliminan las evidencias de sus crímenes.
A una semana del multihomicidio registrado en la comunidad de San José de Gracia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aceptó que sólo hay un detenido, que se desconoce el lugar al que fueron llevados los cuerpos de las víctimas y que tampoco se sabe el número de personas ejecutadas.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que el crimen fue perpetrado por sicarios del grupo denominado “Pájaro Sierra”, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p.5)
La nayarita Silvia Cristina Mercado Flores solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para salir de la ciudad de Kharkiv, Ucrania, uno de los objetivos de la ofensiva rusa. Mercado Flores está casada con un hombre de origen ucraniano y tienen una niña que ronda el año de edad.
Cristina y su hija no pueden abandonar Ucrania para llegar a Rumania u otro país fronterizo y de ahí ser trasladadas a México, debido a que, para hacerlo, necesitan pasar por la zona que actualmente está bajo constante bombardeo de las fuerzas rusas.
Por ello, pese a que intentó llamar la atención del gobierno mexicano a través de redes sociales, su familia decidió subir su petición a la plataforma de internet Change.org, en la que explicó que la única forma de desplazarse de manera segura es a través de un vehículo diplomático o de la Cruz Roja, puesto que son los únicos que pueden transitar libremente por la zona. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p.4)
La diputada morenista Claudia Tello informó ayer que pedirá a Morena analizar el derroche de recursos del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Sergio Gutiérrez Luna, quien pagó los gastos de más de una decena de legisladores que lo acompañaron el domingo en Veracruz.
En entrevista, pidió al legislador dejar de hacer campaña anticipada en esa entidad y, en su lugar, trabajar por la circunscripción del Estado de México, por la que llegó a la Cámara de Diputados.
Tello, quien junto con los morenista Rosalba Valencia y Esteban Bautista subió a tribuna el 1 de marzo para exigirle a Gutiérrez Luna que deje de hacer “precampaña” en Veracruz, aseguró que el legislador pagó los gastos de los diputados que participaron en una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica organizada por él en la entidad. (Martha Martínez y Mayolo López, Reforma, Nacional, p.7)
Por ser una propuesta que va en contra de la libre competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió a los legisladores no aprobar la iniciativa de reforma eléctrica.
El pleno del organismo afirmó que la propuesta que presentó el Ejecutivo al Congreso pretende terminar con la competencia en generación y comercialización de electricidad, para crear un monopolio no regulado.
Recomendó no aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia energética, y reiteró la importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia. (Ivette Saldaña, El Universal, Nación, p.8)
A iniciativa del senador César Cravioto Romero, vocero del grupo parlamentario de Morena, se busca que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, comparezca ante el pleno del Senado de la República para que explique por qué solicitó 3 mil 830 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato.
La propuesta, turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta, establece que el objetivo de la comparecencia es que el presidente del INE “funde y motive las razones por las cuales el costo tan elevado del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024”.
Cravioto Romero señaló que Lorenzo Córdova debe explicar por qué si se tienen tres veces más recursos va a poner las mismas casillas que en la consulta de juicio a los expresidentes de la República, pues los argumentos que ha expuesto hasta ahora “no tienen mucha credibilidad”. (Víctor Gamboa, El Universal, nación, p. 9)
Moscú. Rusos y ucranios siguen sin ser capaces de alcanzar un acuerdo para detener la guerra, ni siquiera para habilitar corredores humanitarios que hagan posible sacar a la población civil de las ciudades sitiadas por las tropas rusas.
Es la conclusión que se desprende de los resultados de la tercera ronda de negociaciones de delegaciones de Moscú y Kiev, que por fin pudo llevarse a cabo ayer en territorio de Bielorrusia, pero sin registrar avances que permitan cesar el derramamiento de sangre.
No se cumplieron nuestras expectativas sobre esta ronda de negociaciones. Esperamos que en la siguiente ocasión podamos dar un importante paso adelante, comentó, a modo de balance, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, asesor cultural del presidente Putin. (Juan Pablo Duch, La Jornada, Política, p.2)
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados dedicará la sesión de hoy a la aprobación, sin debate, de 16 dictámenes en materia de género.
En contraste, la Junta de Coordinación Política en San Lázaro dejó para el jueves la discusión de reformas sobre las que no hay consenso: violencia obstétrica o la de un paquete de cambios que busca prohibir la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de imágenes de feminicidios, como ya se hizo en la Ciudad de México con la denominada ley Ingrid.
Por otro lado, aun cuando se ha avanzado en mayor presencia de mujeres en cargos de elección, la violencia política de género se ha incrementado durante el desempeño público, particularmente acentuado en el nivel municipal, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela. (Enrique Méndez, Alonso Urrutia y Ángeles Cruz, La Jornada, Política, p.10)
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y del Juzgador y Juzgadora –que se conmemoró ayer–, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la trayectoria de la ex ministra y actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, al otorgarle la medalla al mérito jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo.
En su mensaje a los magistrados e invitados, dijo que su trayectoria empezó con el movimiento estudiantil de 1968: Ese fue el detonante, el disparo, el impulso, porque confluyeron fuerzas sociales, políticas y económicas en una época de efervescencia que transformó el país.
Lo más valioso de ese movimiento fue encontrar la capacidad de unirnos para defender juntos los valores y principios en los que creíamos, así como el hecho de ver a las juventudes moverse en una sola dirección e impulsar sus reclamos frente al Estado. Eran los derechos y la libertad y el Estado no los entendió. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que todas sus decisiones se resuelven de cara a la sociedad y frente al escrutinio público. Ante la filtración de presuntas conversaciones telefónicas del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en las que afirma tener influencias entre los ministros, el máximo tribunal sostuvo que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos.
El pleno de la Corte retrasó por casi una hora el inicio de su sesión de ayer para ponerse de acuerdo sobre su postura, la cual emitió en un comunicado de sólo un párrafo.
Todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.11)
A pesar de la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, el modelo podrá seguir, si así lo deciden los padres de familia, con los recursos destinados para mantenimiento por medio de otros rubros como La Escuela es Nuestra, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa diaria, explicó que la finalidad es entregar el presupuesto de manera directa a las sociedades de padres de familia.
Refirió que se podrá usar para el mantenimiento, también en alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros, se manejaba con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso. (Néstor Jiménez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.12)
Con mil 829 personas hospitalizadas por covid-19, el país tiene el nivel más bajo de internamientos desde el inicio de la pandemia. En las tres olas de contagios anteriores, el mínimo fue de mil 961 y sólo un día, el 25 de diciembre de 2021.
Ese número se registró solo unos días antes de que la transmisión del virus SARS-CoV-2 volviera a subir en la cuarta ola, pero esta vez a gran velocidad, lo que gracias a factores como la cobertura de vacunación tuvo un impacto menor en hospitalizaciones.
Por el contrario, de diciembre de 2020 a febrero de 2021 (segunda ola) se reportaron los mayores índices de ingresos a los nosocomios. El máximo fue de 23 mil 714 personas el 23 de enero de 2021. Cuando disminuyó la transmisión, los internamientos alcanzaron su punto más bajo en los primeros días de junio con cerca de 2 mil 400 pacientes que ocupaban alguna cama. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Pandemia, p.15)