Está bateando de 300, con ironía y con la jerga beisbolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador desaprobó el desempeño del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, por sus recientes resoluciones.
Está muy activo el ministro Laynez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia; participó en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial y también en lo de los vapeadores.
Al criticar la resolución que impedirá, por el momento, que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial sean devueltos a la Tesorería de la Federación par destinarlos a la reconstrucción de Acapulco, también puso en entredicho el papel de la presidenta de la SCJN, Norma Piña quien inicialmente mediante oficio informó su disposición a devolver esos recursos, porque no afectan ni los salarios ni prestaciones del Poder Judicial. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.5)
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un breve balance del sismo registrado en Chiautla, Puebla, en sus redes sociales: aunque ya informaron el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no sobra decir que afortunadamente no hay daños por el sismo.
Antes, el mandatario difundió un video de la conversación con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien le dio el parte inmediato: magnitud 5.8, con epicentro en Chiau- tla. El Presidente le pidió entrar en contacto con Céspedes y Batres para el seguimiento protocolario de evaluación de daños. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.8)
Los militares están obligados a actuar con legalidad, eficacia y transparencia en su participación en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal, así lo establece el nuevo Código de Conducta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ahora incluye términos como perspectiva de género y austeridad republicana.
Entre otras previsiones, el nuevo documento señala que es obligación de los integrantes del Ejército actuar con imparcialidad en la selección de personal y en la determinación de adquisiciones y firma de contratos.
Advierte que es motivo de sanción tomar decisiones en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, anteponiendo sus intereses particulares. En materia de contrataciones públicas, subraya, los militares deben actuar con legalidad, imparcialidad, austeridad republicana y transparencia en los procesos de contrataciones públicas de bienes, servicios, adquisiciones, arrendamientos, así como obras públicas y servicios relacionados con los mismos. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.6)
En lo que va del sexenio actual han sido sancionados 12 mil 748 servidores públicos, mientras que en igual periodo del sexenio pasado fueron 58 mil 952, lo que representa que en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 319 por ciento más trabajadores castigados (cuatro veces más).
Entre las causas de sanción están negligencia administrativa, incumplimiento en la declaración de situación patrimonial, violación de leyes y normatividad presupuestal, procedimientos de contratación y ejercicio indebido de funciones.
La administración actual, una de cuyas metas es el combate a la corrupción y a los malos funcionarios, registró su cifra más alta de penalizaciones en el 2019, con tres mil 677, y en lo que va del año, hasta el 29 de septiembre, suman mil 428. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.13)
Partidos de oposición criticaron que el Gobierno federal haya deteniendo a varios de los implicados por el caso de corrupción en Segalmex, menos a su exdirector, Ignacio Ovalle, pues aseguran es la cabeza de la estafa millonaria por 20 mil millones de pesos en el organismo.
La secretaria general del PAN, Nohemí Luna, dijo a La Razón que la administración actual ha tenido en Segalmex uno de los casos más emblemáticos de cohecho, además que el campo, el sector más olvidado, sigue sufriendo los fraudes millonarios que ordenan ese tipo de personajes.
Sostuvo que la estafa de Segalmex dejó “chica” la Estafa Maestra de la administración pasada, por ello, lamentó que hasta el momento no haya una sola sanción para Ignacio Ovalle y que al contrario, se le premie con cargos en el Gobierno federal. (Jorge Butrón, La Razón, México, p.10)
La aspirante a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, calificó como “natural” la ruptura de Movimiento Ciudadano con el resto de la oposición en el Senado de la República, luego de la crisis política en Nuevo León que derivó en que el gobernador, Samuel García, desistiera de abanderar al partido naranja en 2024.
“Había estado votando Movimiento Ciudadano en contra de las iniciativas del Presidente. Yo creo que es natural, después de lo que pasó en Nuevo León, que haya una ruptura ahí o un descontento”, declaró en conferencia.
Sheinbaum se manifestó en contra de las decisiones tomadas por la mayoría que confirman PAN y PRI en el Congreso del estado, a la cual acusó de intentar imponer a un suplente distinto a su administración con el fin de que el gobernador saliera de la contienda. (Yulia Bonilla, La Razón, México, p.10)
La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a Ignacio Ovalle, extitular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ante casos de corrupción.
Después de la detención de René Gavira, exdirector de la entidad, la aspirante presidencial lamentó que no se busque a quien encabezó los esquemas para desviar el dinero.
“Es que Ovalle es el autor intelectual de toda la corrupción, pero el Presidente lo tiene protegido en Gobernación”, sentenció Gálvez. (Pedro Hiriart, El Financiero, Nacional, p.43)
La mejor manera de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contribuya con las grandes metas nacionales es ser un órgano jurisdiccional autónomo e integrado a la realidad del país, austero y eficiente, y que imparta justicia efectiva mediante sentencias de calidad.
Así lo aseguró Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente del TFJA, al rendir su primer informe de actividades, en el que destacó que se entiende que el país está en un proceso de transformación y se impulsa la austeridad en todos los ámbitos de la administración.“En este tribunal no nos distraemos, nuestro papel es impartir justicia. La justicia beneficia al pueblo, garantiza sus derechos. Como órgano jurisdiccional y de control, trabajamos en el vértice de la relación entre el ciudadano y la administración, si hacemos bien nuestro trabajo fortaleceremos la confianza ciudadana en la administración pública”.
Valls Esponda destacó la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues aseguró que esto representa la voluntad de diálogo transparente y constructivo entre la administración pública federal y el TFJA. (Diana Martínez, El Heraldo de México, País, p.6)
Instalaciones de salud y aeroportuarias de la Ciudad de México fueron reportadas sin afectaciones tras el sismo magnitud 5.7 registrado ayer, con epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla.
El IMSS informó que las unidades médicas y hospitales de ocho estados y de la Ciudad de México no sufrieron daños estructurales ni afectaciones.
En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que luego del temblor, por protocolo se revisaron las instalaciones aeronáuticas y no detectaron ninguna afectación. Destacó que los despegues y aterrizajes continuaron sin incidentes. (Carolina Gómez y César Arellano, La Jornada, Política, p.8)
El ex priísta Miguel Ángel Osorio Chong lamentó la ruptura del bloque de contención en el Senado y responsabilizó de ello a los dirigentes de PRI, PAN y PRD, especialmente a Alejandro Moreno Cárdenas, quien, dijo, es el principal estorbo para la coalición opositora, ya que incumple acuerdos y rompe una y otra vez su palabra.
Entrevistado en el Senado, resaltó que el bloque, que mucho trabajo costó conformar en esa Cámara desde el inicio de la actual legislatura, debió cuidarse, pero ahora está en riesgo, luego de la declaraciones del dirigente de MC, Dante Delgado, quien lo dio por muerto, al sentirse agraviado por los hechos que obligaron a Samuel García a dejar la candidatura presidencial.
Al preguntarle sobre las repercusiones electorales para la oposición de la nueva postura de MC, comentó que al bloque opositor que postula a Xóchitl Gálvez como aspirante a la Presidencia de la República, lo que le estorba es Alejandro Moreno, ya que éste da su supuesta palabra y la rompe a la vuelta de la esquina. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.11)
El partido Morena definió ayer los estados donde mujeres encabezarán la primera fórmula de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa y aquellos en los cuales serán hombres.
Las mujeres liderarán en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas yYucatán.
Los hombres lo harán en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.12)
El senador Napoleón Gómez Urrutia reveló que existe resistencia brutal de los grandes consorcios, particularmente del sector minero, hacia la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, cuya discusión fue pospuesta ayer en la Cámara de Diputados, luego de que se anunció la realización de otro foro abierto para ahondar en la discusión sobre la iniciativa.
En entrevista, Gómez Urrutia, también dirigente del Sindicato Minero, confió (tras participar en una reunión anual con empresarios del ramo) en que es posible llegar a acuerdos con las mineras. Añadió que ahora que se está actualizando la ley en la materia se requiere establecer parámetros, porque no podemos permitir que a los trabajadores los traten como esclavos en la época moderna.
Sobre cómo se reduciría la jornada laboral en la minería, cuando en ese sector el promedio es de 12 horas diarias, el legislador aseveró que los empresarios decidieron normalizarlas, (pero) no deberían ser largas. Una cosa es que se les haya permitido, pero no debería ser, la ley es muy clara. No se puede tener (esas) jornadas y menos en minas subterráneas, pero se acostumbraron así porque hay abandono y descuido en la ley minera y ley laboral. (Jared Laureles, Víctor Ballinas y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.14)
A cinco meses de su anterior encuentro, profesores disidentes de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México se reunieron con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, con quien acordaron instalar el 13 de diciembre una mesa de carácter técnico y presupuestal para buscar medidas que puedan impactar las percepciones de los maestros.
La reunión con Ramírez Amaya, quien en la década de los 80 y 90 fue integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se realizó luego de la movilización de educadores capitalinos el pasado martes, pese a lo cual se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad y reconocimiento al magisterio disidente como interlocutor válido, afirmó Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9. En entrevista con La Jornada, agregó que la titular de la SEP admitió que hay rezago salarial que está generando inconformidad, por lo que insistimos en un aumento adicional a lo ya pactado en mayo pasado.
Francisco Bravo, ex dirigente de la sección 9 y miembro de la comisión negociadora, indicó que también se presentaron las preocupaciones que tenemos ante la aplicación del nuevo modelo educativo y sus planes de estudio. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.18)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 14/12/23, que emite los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en el nivel básico, que definen los principios, enfoques y acciones mínimas que deberán considerar los estados en el ámbito de sus atribuciones para la prevención, atención, detección, notificación, intervención y seguimiento y las medidas de no repetición de esas conductas.
El documento señala que serán las entidades las que deben destinar los medios presupuestales, administrativos y humanos necesarios para definir sus protocolos, por lo que contarán con 90 días para cumplir dichos lineamientos.
Con ellos, enfatiza la SEP, se busca garantizar a niños y adolescentes el derecho a una educación libre de violencia y discriminación y a la convivencia pacífica, inclusiva y democrática, que favorezca su bienestar integral y educación de excelencia. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.18)