Ante altos niveles de violencia en los Municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, autoridades locales y estatales presentaron la estrategia “Guerrero por la Paz”, que será aplicado inicialmente en 30 colonias.
En las canchas de usos múltiples de la Colonia Emiliano Zapata, en Acapulco -una de las elegidas por la inseguridad registrada -, la Gobernadora del estado, Evelyn Salgado refirió que esta estrategia tiene como objetivo atender de forma integral las causas que generan violencia y vulnerabilidad social.
Ésta, aclaró, fue impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla programas, trámites y acciones en beneficio de la población, mediante actividades deportivas, culturales y artísticas, para reconstruir el tejido social. Se aplicará en primera instancia en 10 colonias de Acapulco, 10 de Chilpancingo y 10 de Iguala, con los mayores índices de violencia. (Iris Velázquez, Reforma, Nacional, p. 20)
Las operaciones contra el crimen organizado se irán intensificando de manera progresiva en Sinaloa, con el fin de proteger a la ciudadanía, anunciaron autoridades federales. Durante la reunión de seguridad, a la que fue invitado el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se evaluaron los resultados de los operativos llevados a cabo esta semana.
El secretario de Seguridad federal agradeció al gobernador Rocha Moya haber sido invitado a la reunión del gabinete de seguridad que se realizó ayer en las instalaciones del gobierno del estado. “Vamos a continuar avanzando coordinados e incrementando operaciones en el estado de manera progresiva por parte del Gabinete de Seguridad conformado por mandos de la Defensa, Marina- Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”. (Raúl Flores, Excélsior, Nacional. p. 11)
Un tribunal federal canceló dos de los cuatro delitos imputados a tres ex mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de un supuesto desvío de más de 852 millones de pesos por la compra de camionetas con equipo de espionaje.
Se trata de la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz Leal Ochoa, y el ex director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control de la PGR, César Gustavo Ramírez Torralba.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que no hay elementos para procesarlos por los delitos de peculado agravado y fraude equiparado, sin embargo, confirmó que el proceso debe seguir abierto por asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.5)
Eduardo Mota Esquivel, soldado que hacía labores de infiltración, abandonó el Campo Militar Número 1, luego de que una Jueza federal le concediera la libertad provisional en el Caso Ayotzinapa, mediante el pago de una garantía de 100 mil pesos.
La peculiaridad del caso es que uno de los elementos que mencionó su defensa, para que la Jueza desestimara la prisión preventiva, fue la carta que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a los familiares de los 43 normalistas, en la que exculpa al Ejército de responsabilidad en este asunto.
Raquel Duarte, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, concedió el cambio de medida cautelar al soldado Primero de Infantería, quien desde hace más de dos años se entregó a las autoridades y fue procesado por delincuencia organizada y desaparición forzada.
La juzgadora consideró que el militar tenía acreditado su arraigo y no había riesgo de fuga; no obstante que la Guardia Nacional le presentó una evaluación en la que concluye que sí existía un riesgo alto de sustracción, en caso de que le concedieran la libertad provisional. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p. 5)
En los primeros 45 días del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió 595 impugnaciones, la mayoría en contra de la tómbola y las convocatorias para la elección de juzgadores, aunque también para intentar anular acuerdos del Instituto Nacional Electoral.
Salvo aspectos de forma, una mayoría de tres magistrados ha rechazado todos los argumentos de los inconformes, y así quedó de manifiesto en la sesión del pasado 23 de noviembre en la cual se resolvieron buena parte de los recursos.
De ocho causales, encabeza la lista el rechazo a la tómbola, esto es, el proceso de insaculación en el Senado para determinar los puestos de juzgadores a someter a voto popular; esto acumuló en este primer mes y medio, tras la reforma constitucional en cuestión, 173 juicios, equivalente a 29 por ciento del total. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 3)
En el listado preliminar de casi 11 mil aspirantes al cargo de juzgadores que dio a conocer el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL), hay 394 que buscan contender por el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia en el proceso electoral de junio de 2025. Entre ellos figuran ex funcionarios de gobiernos del PAN y de Morena e integrantes del Poder Judicial.
Uno de ellos es el ex panista Roberto Gil Zuarth, secretario particular de Felipe Calderón, integrante luego de su gabinete y después senador por el blanquiazul.
Asimismo, Marisela Morales, ex titular de la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio de Fox, y quien fue subprocurador de esa dependencia y actual fiscal de Puebla, Gilberto Higuera. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 3)
En 10 años de existencia, el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), ha gastado 187 mil 625 millones de pesos, en un nivel anual ascendente, por distintas circunstancias.
Más de 60 por ciento de los recursos se usan para el pago de salarios y prestaciones de su personal fijo y eventual, el cual actualmente tiene una nómina de alrededor de 20 mil personas.
En el documento a partir del cual el instituto pretende que la Cámara de Diputados avale su petición presupuestal hacia 2025, se indica que para el año prevé 28 mil 501 millones: algo más de 15 mil millones para su operación y 13 mil 205 millones para organizar y hacer posible la elección judicial, programada para el próximo primero de junio.
El presupuesto solicitado en 2025 es 27.67 por ciento mayor que el aprobado en 2024 y 28.9 superior al de 2021 (sin incluir precautorio), se indica en el comparativo elaborado por el instituto. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 5)
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó a las iglesias de todas las denominaciones y orígenes, entre ellas las tradicionales, a construir un México con paz. La encargada de la política interna del país explicó que la paz no sólo es ausencia de conflictos, “es también convivencia, fortalecimiento de los lazos comunitarios, armonía y bienestar familiar”.
Durante el desayuno navideño de la Confraternidad Evangélica de México, que integra a distintos movimientos y denominaciones cristianas evangélicas, Rodríguez afirmó que la apuesta es el diálogo y la concertación, nunca a la represión.
Rodríguez explicó que el actuar de los servidores públicos se basa en una serie de principios, que los comprometen a respetar derechos humanos, a trabajar con honestidad y austeridad, sin corrupción, con vocación y mística de servicio a las comunidades. (Ernesto Méndez, Excélsior, Nacional, p. 4)
Tres hombres fueron linchados en San Juan Amecac, comunidad del municipio de Atzitzihuacán, al sur del estado de Puebla, con menos de cinco mil habitantes. De acuerdo con la Secretaría estatal de Gobernación, las víctimas fueron acusadas de tratar de llevarse a una menor y cometer un robo. Dos de los hombres fueron quemados vivos, mientras que un tercero fue ahorcado en un poste en el cerro Tehuinto.
Testigos de este asesinato dijeron que uno de los incitadores fue un policía auxiliar de Amecac, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. “El gobierno del estado condena los hechos registrados en el municipio de Atzitzihuacán, luego de que tres personas del sexo masculino murieran tras ser retenidas y linchadas por habitantes por el presunto robo y secuestro de una menor”, refirió el titular de Gobernación Puebla, Javier Aquino Limón. (Fernando Pérez, Excelsior, Nacional, p. 7)