A poco más de un año de la integración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, hemos cumplido de manera muy puntual todos nuestros compromisos y, aunque no tenemos todavía resultados tangibles, ha habido avances significativos, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Un día antes de la tercera reunión de los integrantes de la comisión (familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, funcionarios y organizaciones civiles) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario se mostró optimista por la ruta que ha tomado la indagatoria. (Fabiola Martínez y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.3)
El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, donde se capacitará a los elementos de las fuerzas armadas que participarán con los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la ceremonia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, informó que desde 2015, cuando México reactivó su participación en las Operaciones de Paz de la ONU, se han enviado tropas nacionales a Colombia, Líbano, Haití, Malí, República Centroafricana y el Sahara Occidental. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.3)
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, convocó a una cumbre de donantes con el fin de financiar el Plan de Desarrollo Integral para los países del Triángulo Norte de Centroamérica y el sur de México (PDI) en la última semana de febrero o la primera de marzo en la Ciudad de México.
Durante la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules, solicitó a los representantes de México en el exterior atraer la asistencia de socios y cooperantes internacionales. La reunión será en México; va a venir el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; necesito que ustedes, embajadores, nos ayuden a que vengan diversos ministros de cooperación, como los de España, Alemania y Japón. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.4)
La reforma a la Ley General de Salud por la cual se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) incluyó una modificación a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud con el fin de que, por medio de contratos, otorguen los servicios médicos de alta especialidad y obtengan el pago de los mismos. Esta fue la alternativa que dieron los legisladores para garantizar la atención médica y fármacos gratuitos a la población del país, como lo comprometió el gobierno federal.
Sin embargo, debido a que no se han firmado los contratos, los pacientes deben seguir pagando por los servicios que reciben para el tratamiento de enfermedades complejas no incluidas en la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Eso y el incremento de cuotas es lo que han enfrentado pacientes en algunos institutos y hospitales. (Ángeles Cruz y Susana González, La Jornada, Política, p.5)
Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), presentó un recurso de revisión contra el fallo del juzgado primero de distrito en materia penal en la Ciudad de México que le negó un amparo contra la sentencia dictada por un juez de control federal, ya que luego de reponer una audiencia de nuevo lo vinculó a proceso.
Para el juzgador en materia de amparo, la determinación del juez de control se encuentra apegada a la legalidad y no vulnera derechos fundamentales del quejoso. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.7)
La Secretaría de la Función Pública observó irregularidades en obra pública durante 2018 por un monto de 17 mil millones de pesos, informó la titular de la dependencia fiscalizadora, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Al participar en la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2020) –que permite el encuentro de los representantes de México en el extranjero para delinear las directrices sobre política exterior–, la funcionaria federal informó también que se aplicaron multas por mil 400 millones de pesos al sector privado, contratistas y proveedores del gobierno federal, por conductas relacionadas con el cohecho. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.7)
El magistrado federal Fernando Reza Saldaña fue destituido e inhabilitado durante 10 años por acoso sexual en contra de 10 mujeres. Además, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que la remoción también es por nepotismo, ya que contrató a la esposa del juez de distrito de su mismo circuito Javier Loyola Sosa, en acuerdo y beneficio personal de dicho impartidor de justicia.
En 2019 el CJF reportó seis investigaciones por acoso laboral o sexual entre sus trabajadores. Entre las sanciones destacó la del juez federal Carlos Ríos Díaz, de Zapopan, Jalisco, quien también fue inhabilitado por 10 años. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.7)
Para este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ejercerá un presupuesto de 877 millones de pesos, que representa 5 por ciento menos al aprobado en 2019.
Al ser entrevistado, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña, afirmó que el recorte presupuestal se suma al que se decretó para 2019, que fue de 21 por ciento. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.8)
Una decena de organismos estatales de Morena debatirán los próximos dos fines de semana la propuesta del Consejo Nacional de ese partido para llamar a un Congreso Nacional Extraordinario para el 26 de enero y en el que se votaría la continuidad de la actual dirigencia nacional encabezada por Yeidckol Polevnsky.
Hasta el momento ya dieron su aval a dicha iniciativa seis representaciones: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Hidalgo, Aguascalientes y Guanajuato. Como requisito estatutario para convocar a un congreso, la propuesta debe ser avalada al menos por una tercera parte de los consejos estatales de acuerdo con el artículo 34 de los estatutos. El próximo sábado debatirán el tema Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Puebla y Veracruz, mientras que el siguiente fin de semana harán lo propio los consejos de la Ciudad de México, Chiapas, Baja California y Oaxaca. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.9)
La Comisión Permanente del Congreso revisó el problema de inseguridad y violencia que prevalece en el país, y mientras Morena sostuvo que el caso de Genaro García Luna es un claro ejemplo de la colusión de ex funcionarios que terminaron fusionándose con el crimen organizado, la oposición insistió en un cambio urgente y autocrítico de la política de seguridad, que deje de lado el argumento del pasado.
En la tribuna del Salón Verde de la Cámara de Diputados –donde sesionó la Permanente–, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, planteó que jamás debe repetirse este contubernio nefasto entre gobierno y delincuencia revelado con las acusaciones contra García Luna. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.9)
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, ganó un amparo que deja sin efecto el conteo de votos por la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la empresa Arneses y Accesorios, de Grupo Industrial PKC, en Ciudad Acuña, Coahuila.
En mayo pasado, los empleados realizaron el proceso para elegir al gremio que los representaría. Un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Tereso Medina, había obtenido la mayoría de sufragios mediante varias irregularidades. (Jessica Xantomila y César Arellano García, La Jornada, Política, p.10)
La Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó ayer los trabajos de la mesa de diálogo con el gobierno federal para analizar los casos de profesores cesados el sexenio pasado y que aún presentan irregularidades.
En reunión realizada en Palacio Nacional con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP,) dirigentes magisteriales señalaron que el próximo martes, cuando se reunirán nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrán ya las minutas de acuerdo para definir hasta dónde avanzamos y cuándo daremos cierre a esta mesa. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.10)
Cuernavaca, Mor., El elemento de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que amagó con accionar su arma contra grupos de campesinos y organizaciones sociales que se manifestaban por la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Anenecuilco, Ayala –el día 6–, está suspendido de sus funciones, informó el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda.
Señaló que Asuntos Internos de la CES investiga las razones por las cuales desobedeció la instrucción de que todos los que formaban parte del círculo de seguridad de la visita del Presidente, tenían que ir desarmados. (Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, Política, p.11)
El pasado 28 de diciembre, agentes de la Policía Estatal de Guerrero detuvieron de forma arbitraria y agredieron a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quienes documentaban una movilización de habitantes de diversas comunidades que han sido víctimas de desplazamiento forzoso a manos de grupos armados.
En entrevista con La Jornada, Teodomira Rosales, una de las activistas atacadas, explicó que en la mencionada fecha ella y su compañero Manuel Olivares acudieron a la cabecera del municipio de Chichihualco, donde decenas de familias se han refugiado desde noviembre de 2018 luego de ser amenazadas para que dejaran sus pueblos. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.12)
Senadores de oposición exigieron que México asuma una actitud crítica frente a la beligerancia de Estados Unidos, que ha desatado un conflicto con Irán, ya que puede desembocar en una guerra, con severas repercusiones en el mundo.
Sin embargo, los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Mónica Fernández y Ricardo Monreal, consideraron que la postura de respeto del gobierno mexicano es la correcta. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.13)
Luego de anunciar que la semana próxima presentará su propuesta de reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) y pronunciarse por un solo Código Penal en el país, a pregunta expresa de diplomáticos mexicanos, Alejandro Gertz Manero, dijo en clara alusión a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay unidades, no de la fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia. Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que van contra la presunción de inocencia porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal y luego nos acusan de faltas al debido proceso. Pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos.
Durante una reunión con el cuerpo diplomático mexicano, en la sede de la cancillería, Gertz Manero afirmó que la semana próxima presentará la propuesta de reforma a la FGR en la cual se propondrán medidas para corregir las fallas al nuevo sistema de justicia penal, como lo es la llamada puerta giratoria, que permite que muchas personas acusadas de cometer delitos obtengan de manera pronta su libertad. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.13)