El ex Fiscal General de Morelos Uriel Carmona promovió una suspensión contra su destitución ante el Poder Judicial de la Federación, tras argumentar que le fueron violadas sus garantías de audiencia.
“(Por) la violación a mi garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento que implica, al no notificarse al suscrito el inicio del procedimiento de remoción presentado el 6 de febrero de 2025. Conforme lo señalado por el articulo 8t de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos”, anotó el ex Fiscal.
Aunque logró una suspensión provisional, ésta no surtió el efecto deseado, pues el acto reclamado fue ejecutado ese mismo día, de forma “fast track”, por el Congreso local a petición del Gobierno del estado.
Por la mañana, todavía en su cargo de Fiscal, Carmona solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del ex Mandatario morelense y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, p. 6)
Después de la reforma judicial, el paquete de leyes secundarias en materia energética que recientemente envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado es el más importante, ya que va encaminada a revertir la privatización del petróleo y la electricidad, y la intención es que se apruebe este mes.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), comentó que es un esfuerzo para continuar la batalla que empezó el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recuperar la soberanía energética.
De las ocho leyes de nueva creación que se proponen, la parte toral son las referidas a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que la intención es rescatarlas, fortalecerlas y consolidarlas para asegurar su viabilidad operativa y financiera. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 4)
En la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se consideraron medidas para incentivar el acceso como jueces, ministros o magistrados a integrantes de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres, lo que se tradujo en actos de discriminación que serán denunciados ante las autoridades electorales.
Juristas indígenas pidieron la aplicación de acciones afirmativas para garantizar que los profesionistas de pueblos originarios puedan ocupar puestos de juzgadores, especialmente en las localidades donde ellos comprenden mejor la cosmovisión, el idioma y los usos y costumbres de las comunidades.
El abogado indígena Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, hablante de maya ch’ol y originario de Chiapas, participó en la selección para renovar el PJF, pero no fue considerado como candidato. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 6)
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo llegar ayer al Senado la lista de candidatos a juzgadores seleccionados por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo (CEPE). Con ello, el Senado cuenta ya con los postulados por los tres poderes de la Unión y los podrá remitir al Instituto Nacional Electoral (INE) la próxima semana.
En un oficio que ayer hizo llegar la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se destaca que es la relación que incluye los candidatos a ministros y a magistrados de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, a jueces de distrito y a magistrados de circuito y los del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 6)
La Sala Especializada del Tribunal Electoral se alista para cerrar sus puertas tras más de 10 años en funcionamiento. El próximo 13 de febrero se realizará el último informe de ese organismo encargado de resolver el fondo de irregularidades en materia electoral.
Morena determinó su extinción en la reforma electoral, al argumentar que la mayoría de sus asuntos termina por resolverlos la Sala Superior, por lo que finalmente ésta hará, a partir de septiembre, su trabajo.
En 2014, con la reforma electoral, se creó dicha Sala para resolver el fondo de denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña, vulneración a los principios de neutralidad, promoción personalizada o uso ilegal de recursos públicos con fines electorales. (Erika Hernández, Reforma, Nacional, p. 4)
La crisis forense que enfrenta el país no sólo tiene que ver con no conocer la identidad de más de 52 mil cuerpos que están en fosas y centros especializados, sino también con la pérdida de restos por parte de autoridades y la falta de protocolos para la eficiente entrega a sus familias. Jovita Rodríguez lleva más de un año esperando a que le sea entregado el cuerpo de su hija Lucila Fuentes, quien desapareció en un viaje mientras acompañaba a su esposo, en Jorobas, estado de México, el 11 de septiembre del 2017.
Aunque en 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la familia que la fiscalía estatal le reportó un cuerpo que sería el de Lucila, al coincidir genéticamente con los perfiles de sus hermanos y el de Jovita, ella no ha podido recibirlo por trámites burocráticos y problemas para hallar los restos en la fosa común del panteón de Huehuetoca. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p. 7)
El Registro Público de Derechos de Agua carece de capacidad para fiscalizar el uso correcto de las concesiones, facilitando el mercado negro del líquido, advierte un reporte de Oxfam México.
El número de concesiones registradas a nivel nacional, señala, pasó de 2 mil en 1992 a más de 530 mil en 2024.
“A pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional que regula su extracción está en contra de lo público y la convierte en una mercancía que se acumula en pocas manos”, apunta el reporte difundido el pasado martes. (Víctor Osorio, Reforma, Nacional, p. 2)
Un jornalero de 43 años, identificado como José Luis R. L., resultó gravemente herido tras la explosión de una mina terrestre, registrada mientras trabajaba en una parcela del Municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.
El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este sábado en la localidad de Santa Ana Amatlán, cuando el trabajador manipulaba la tierra con su azadón y accidentalmente activó el artefacto explosivo.
Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la explosión y determinar si la mina fue colocada recientemente o si se trataba de un artefacto abandonado en la zona. (Iris Velázquez, Reforma, Nacional, p. 2)