Con el aval de Morena y aliados, el Senado de la República exigió al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Olivier de Frouville, retirar sus aseveraciones “irresponsables y temerarias” sobre la situación de los desaparecidos en el país, y advirtió que recurrirá “a las más altas instancias” de ese organismo internacional para exigir que se sancione al funcionario.
En la declaración aprobada, luego de un debate acalorado que confrontó a los guindas con panistas y priístas, se rechazó la declaración del titular del comité, se dejó claro que el Estado mexicano no dejará de cumplir sus obligaciones de proporcionar al organismo la información que le solicite y cualquier colaboración (Andrea Becerril y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.5)
El tema de la señalada campaña anticipada de la senadora morenista Andrea Chávez, quien aspira al gobierno de Chihuahua, fue revisado ayer en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se reunió con varios liderazgos morenistas.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo incluso que el caso de Chávez no es el único en Morena. Ante el anuncio de la Presidenta de que enviará una carta a la dirigencia de Morena para que se pongan reglas claras y se eviten campañas anticipadas, los senadores guindas cerraron filas con el llamado. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.9)
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que próximamente buscará diálogo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), así como con el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar alternativas para informar a la población acerca de la elección del Poder Judicial.
Posterior al informe de seguridad, la mandataria capitalina agradeció al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) por resolver a su favor la impugnación que presentó por la prohibición a funcionarios locales de expresarse de la elección judicial. (Eunice Cruz, La Razón, México, p.)
En la segunda mesa de trabajo con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que se trata de un diálogo que “está abierto y es permanente.
“No hemos resuelto nada”, admitió, pero insistió en que se trata del inicio de este ejercicio, cuya finalidad es mejorar las acciones de búsqueda. “Lo que estoy pidiendo al equipo es compromiso; todos estamos a prueba diariamente”, señaló, y se pronunció por cambiar lo que no esté bien y no temer ante dichos cambios (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
María del Carmen Volante y Rocío Méndez Chávez platican de las muchas, terribles veces que han visitado morgues buscando a sus hijas. –¿Tú en qué te fijas primero? Yo en los brackets. Busco en sus bocas a ver si no tienen brackets como los de Pame.
–Yo en las pestañas. Ya sabes, esas pestañotas de Sofi… no cualquiera (Blanche Petrich, La Jornada, Política, p.8)
Un alto funcionario del Pentágono afirmó ayer que las fuerzas especiales de Estados Unidos no tienen autoridad para atacar con drones a cárteles de la droga en México, a pesar de que el presidente Donald Trump designó a éstos como organizaciones terroristas extranjeras.
En un comité del Senado, Colby Jenkins, subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales, respondió a una pregunta de la senadora demócrata de Michigan Elissa Slotkin. Rechazó que haya tal autorización y en cambio expuso que “el ejército puede proporcionar otras opciones y estar listo si Trump lo necesita”. (Redacción, La Jornada, Política, p.9)
La cadena NBC News aseguró este martes que el gobierno de Donald Trump considera atacar con drones a los cárteles de la droga en México para combatir el tráfico a través de la frontera sur; además, citó a seis cargos militares, policiales y de inteligencia estadounidenses, actuales y anteriores, con conocimiento del asunto.
Hasta el martes por la noche no hubo una confirmación oficial de estas declaraciones, pero la sugerencia de uso de drones no es nueva en torno a la estrategia de seguridad del mandatario estadounidense, quien anteriormente ya había lanzado la posibilidad de su uso. (Claudia Arellano Ulises Soriano, La Razón, México, p.)
Luego de la pandemia por Covid-19, las víctimas por feminicidio mantienen un alza en la alcaldía Iztapalapa, pues pasaron de nueve en 2022 a 16 en 2024, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El Atlas de Feminicidios del órgano local muestra además que, en los últimos seis años, la demarcación que ahora encabeza la morenista Aleida Alavez Ruiz es la que más víctimas de este ilícito registra en la ciudad con 82 casos, 30 más que Gustavo A. Madero, que ocupa la segunda posición. (Eunice Cruz, La Razón, México, p.15)
La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó su programa de ofrecimiento de recompensas por información que lleve a la captura de personas acusadas de delitos federales (secuestro, narcotráfico, homicidio, entre otros) y a descubrir el paradero de personas reportadas como desaparecidas, luego de que en los últimos cinco años no se han registrado pagos por alguno de los ofrecimientos y de que en enero de 2022 se extinguiera el fideicomiso para ese propósito.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó ayer la reforma al estatuto orgánico de la FGR que entra hoy en vigor, en la que se instruye la creación del Comité de Recompensas y las nuevas reglas para ese propósito. (Iván Evair Saldaña y César Arellano, La Jornada, Política, p.9)
Un juzgado de distrito declaró improcedente la acción de extinción que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende aplicar a una residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, propiedad de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La jueza Esperanza Arias Vázquez, con sede en la Ciudad de México, consideró fundados los argumentos de Lozoya Austin para recuperar su residencia. (César Arellano, la Jornada, política, p.14)
Ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demandaron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que investigue el presunto uso “ilegal y discrecional” de alrededor de 50 inmuebles y 14 plantas de generación eléctrica por el actual dirigente Martín Esparza Flores.
Las propiedades fueron entregadas en octubre de 2013 mediante un memorando de entendimiento, el cual estableció la prohibición de utilizarlos con fines de lucro. Sin embargo, la cúpula sindical encabezada por Esparza Flores ha “obtenido recursos millonarios sin rendir cuentas a nadie”, aseguraron dirigentes del Frente Amplio de Unidad (FAU)mJorge Tapia Sandoval. (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.14)
Para justificar el puente por Semana Santa, la Cámara de Diputados convocó a tres sesiones esta semana, pero se acordó que la de este miércoles y la de mañana serán semipresenciales, lo que dará vacaciones de prácticamente dos semanas a los legisladores que sigan los trabajos vía remota.
Inicialmente, la Junta de Coordinación Política decidió que la sesión de mañana sería presencial, pues se discutirá y aprobará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, pero finalmente será remota, para que los diputados de Morena puedan asistir a los arranques de campaña en Durango y Veracruz, donde habrá elecciones para renovar alcaldías (Enrique Méndez y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.12)
El proyecto de decreto de la Presidencia de la República que plantea congelar la edad mínima de retiro de trabajadores al servicio del Estado para dejarla en 58 años para los hombres y 56 para las mujeres, no ha recibido ningún comentario. El documento se encuentra en el periodo de consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde el pasado 2 de abril.
El documento estipula que los recursos económicos necesarios para cubrir las jubilaciones que se podrán solicitar a partir de la entrada en vigor de la medida provendrán del presupuesto ordinario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). (Ángeles cruz, La Jornada, Política, p.15)