Por considerar que atenta contra la libertad de expresión y que otorga una “enorme discrecionalidad” al gobierno federal para ejercer el gasto en difusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley General de Comunicación Social.
En consecuencia, el Congreso de la Unión deberá ajustarla a los criterios del Máximo Tribunal o, en su defecto, derogarla para emitir una nueva.
La Primera Sala de la Suprema Corte declaró, por unanimidad, inconstitucional la ley impulsada por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, al considerar que otorga al gobierno “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión y que atenta contra la libertad de expresión porque no contiene criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios.
“Este tribunal constitucional considera que la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, indica el proyecto realizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y avalado por la sala.
El caso derivó de un amparo presentado por la organización Artículo 19, a la que se le concedió la protección constitucional.
En consecuencia, la Corte ordenó emplazar al Congreso de la Unión para que en este periodo ordinario de sesiones, que inició el pasado 1 de septiembre y termina en diciembre, subsane las omisiones detectadas por los ministros o las derogue.
En caso de derogar la ley, el Congreso deberá emitir una nueva regulación, porque desde la reforma de 2014 la Constitución obliga al Poder Legislativo a reglamentar el gasto gubernamental en publicidad.
“Asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que la legislación reclamada no regula con el grado de precisión constitucionalmente exigible los principios que deben regir el gasto público en comunicación social, pues aun y cuando dispone 10 principios rectores en la materia, no los dota del sentido y alcance que deben atribuirles las autoridades ejecutoras y las personas sujetas a su marco de aplicación, propiciando una enorme discrecionalidad al momento de ejercer el gasto respectivo”, indicó la Corte. (Diana Lastiri, El Universal, Nación P. A 4)
Para hoy y mañana, la tormenta tropical Olaf, que se encuentra en el océano Pacífico, podría pasar a huracán categoría 1 al suroeste de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Dijo que la circulación del meteoro ocasionará lluvias intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en esa entidad, así como chubascos y precipitaciones fuertes en el occidente del país.
Desde el miércoles, Olaf se intensificó en forma gradual, por lo que empezó la vigilancia de los cuerpos de agua en Jalisco y Nayarit, donde se esperaban lluvias intensas en Michoacán, Colima, Sinaloa y Baja California Sur, que se espera sean muy fuertes, indicó el SMN.
Por otro lado, dio a conocer que la onda tropical 28 recorrerá el oriente, centro y sur del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México, y con inestabilidad atmosférica superior ocasionará chubascos y precipitaciones de fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con tormentas puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que podrían generar deslaves e inundaciones.
Asimismo, señaló que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte, noreste y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. (Redacción, La Jornada, Política, P.5)
En medio del reclamo del bloque opositor, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, entregó ayer en el Senado el paquete económico 2022, que, dijo, se caracteriza por ser realista, balanceado en el gasto, con responsabilidad fiscal y una profunda vocación social.
La Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal, precisó, se enmarcan en la senda de recuperación económica del país y busca por medio del impulso interno y los proyectos regionales de inversión, crear las condiciones necesarias para empujar un desarrollo económico y social inclusivo.
Recordó que el Senado deberá revisar ese paquete económico, luego de que lo apruebe la Cámara de Diputados. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, P.9)
La Fiscalía General de la República (FGR) busca que el ex director de Pemex Carlos Treviño Medina declare contra el ex presidente Felipe Calderón.
Así lo reveló el propio Treviño al presentar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación en contra de Emilio Lozoya, a quien acusa de falsedad por la denuncia que éste hizo el 11 de agosto de 2020 en contra de 17 funcionarios y políticos de gobiernos anteriores.
“Me quieren judicializar y mantener recluido en una prisión de máxima seguridad para obtener de mi persona una declaración falsa contra el ex presidente Felipe Calderón y otros funcionarios con los que colaboré cuando fui servidor público. No lo voy a permitir y no lo voy a hacer”, detalla la denuncia a la que MILENIO tuvo acceso.
A diferencia de los casos de Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, que también derivan de la denuncia de Lozoya, el proceso contra Treviño fue radicado en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Esta denuncia de hechos fue presentada la tarde del lunes por el propio Carlos Treviño acompañado de abogado Óscar Zamudio, y también fue promovida en contra de quienes resulten responsables, como pueden ser los funcionarios de la FGR. (José Antonio Belmont, Milenio, Política, P.11)
El gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados autorizar un gasto público para 2022 por 7 billones 88 mil 250 millones, un aumento de 792 mil 514 millones respecto del que se ejerce este año. En la carta que acompaña al paquete económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se puede afirmar con mayor confianza, que el país está en firme recuperación de las crisis sanitaria y económica.
El mandatario resaltó que para 2022 se tienen expectativas favorables de crecimiento, las cuales serían reforzadas por el restablecimiento económico; con la reapertura voluntaria de las actividades, como las asociadas al turismo y el esparcimiento, así como la reanudación de las labores escolares presenciales en todos los niveles.
La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 entregada ayer a la Cámara de Diputados considera un déficit presupuestario de 875 mil 570.5 millones de pesos, así como 40 mil millones por diferimiento de pagos.
El total del presupuesto significa un incremento de 8.6 por ciento en términos reales respecto del monto aprobado en 2021 y la exposición de motivos a consideración de los diputados anticipa que se destinarán recursos necesarios para fortalecer el estado de derecho y la seguridad ciudadana, reforzar la vocación social del Estado e impulsar un crecimiento y desarrollo realmente inclusivos, procurando un ejercicio del gasto eficiente, directo y transparente.
Para el próximo año, el gobierno federal prevé que el gasto programable será de 5.2 billones de pesos –esto es, 74.03 por ciento del gasto neto total– y el no programable de 1 billón 804 mil 953 millones. (Georgina Saldierna y Enrique Méndez, Milenio, Política, P.8)
Tras el sismo registrado el pasado martes, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa que opera la Línea 2 del Cablebús, Leitner, puede ser sancionada, pues la planta de energía de emergencia no se activó de inmediato cuando se cortó el servicio por el temblor.
Detalló que los puntos donde se opera la carga de estaciones cuentan con plantas de emergencia que deben activarse ante cualquier contingencia.
“En este caso la planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó, solamente fue en una parte del tramo de la línea, en un tramo de la Línea 2; se está revisando exactamente qué pasó y, en todo caso, la sanción a las empresas, si es el caso”, señaló.
Sheinbaum dijo que siguen analizando lo que falló y, de ser necesario, se agregará una segunda planta de energía.
La mandataria capitalina agradeció a los usuarios que quedaron atrapados por su comportamiento, y dijo que si bien no hubo ningún riesgo, sí vivieron momentos de angustia.
Por otro lado, Sheinbaum informó que hasta ahora se han descartado riesgos o daños mayores derivados del sismo magnitud 7.1 registrado el martes. Señaló que continúan las revisiones en las diversas infraestructuras de la ciudad, edificios de gobierno y redes hidráulicas.
Explicó que según los parámetros de la Ley de Protección, no hubo afectaciones debido a que el sismo de anoche no sobrepasó la aceleración.
Además, aseguró que no se suspendieron clases y que las áreas de protección civil de las alcaldías realizarán las inspecciones en las escuelas. (Alma Paola Wong, Milenio, Política, P.9)
El Ayuntamiento de Tlahuelilpan urgió al Gobierno de Hidalgo y la Federación su apoyo para ayudar a por lo menos 100 familias damnificadas por inundaciones que provocó el desbordamiento del río El Salado.
Desde la madrugada del miércoles, las colonias El Salitre, El Depósito y Cuauhtémoc, a un costado del cauce del río, sufrieron inundaciones de más de dos metros de altura en el municipio ubicado a 16 kilómetros de Tula, otra ciudad severamente afectada por las lluvias.
El alcalde José Alfredo Díaz Moreno emitió ayer el mensaje después de recorrer la zona afectada.
“Queremos hacer un llamado a las autoridades estatales y federales para que vengan a Tlahuelilpan y nos ayuden a hacer un recuento de daños.
“Tenemos más de 100 familias damnificadas, más de 100 casas que se inundaron, tenemos que darles la cara a esa gente que hoy necesita el apoyo de la sociedad.
“Se desbordó el río El Salado, nos han informado que esta corriente va a permanecer unas 10 horas más en lo que empieza a bajar los niveles, podemos ver cómo sigue creciendo el cauce del río, de acá de este lado tenemos a las cadenas que son compuertas que ha puesto Conagua para regular el cauce, esas cadenas fueron rebasadas, se desbordaron”, señaló.
Desde el martes, el Ayuntamiento alertó en redes sociales sobre la posibilidad de que el río se desbordara, así como la orden de la Conagua de abrir las compuertas en la localidad de Ulapa.
En Talhuelilpan, el 18 de enero de 2019, explotó un ducto de Pemex debido a una toma clandestina que se salió de control.
La explosión dejó un saldo de 135 muertos y decenas de heridos, así como daños y pérdidas por 72.6 millones de pesos, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). (Óscar Uscanga, Reforma, Nacional, P.6)
El Gobierno federal propone meter el acelerador en materia de recursos a uno de sus proyectos más importantes en 2022: el Tren Maya.
Para el próximo año pretende le sean asignados 62 mil 942 millones de pesos del Presupuesto federal para garantizar la continuidad de su construcción, lo que implicaría 66.6 por ciento más real frente a lo aprobado para 2021.
“El Tren Maya constituye una de las prioridades del Gobierno de México y representa la propuesta más importante de infraestructura turística y de transporte para llevar bienestar a la región sur-sureste”, resalta el documento que forma parte del Paquete Económico 2022 entregado ayer al Congreso por la Secretaría de Hacienda.
En tanto que para su otro megaproyecto, la refinería de Dos Bocas, habrá una ligera reducción de 4.4 por ciento, al pasar de 46 mil 897 millones en 2021 a 45 mil millones en 2022.
El Tren Interurbano México-Toluca, que deberá ser concluido en 2023, también recibirá 3.9 por ciento menos.
Para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no están previstos recursos para construcción, ya que proyectan que inicie operaciones en marzo próximo.
No obstante, sí se proponen 419 millones 449 mil pesos para administrarlo y mil 658 millones de pesos para ampliar el Tren Suburbano de la estación Lechería a Jaltocan, con el cual pretenden conectarlo a la CDMX.
Para el Programa Integral del Istmo de Tehuantepec, que considera modernizar los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, Salina Cruz, en Oaxaca, y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, solicitaron 10 mil millones de pesos.167.3. (Azucena Vásquez, Reforma, Negocios, P.1)
Chalco, Méx.- Un tráiler que transportaba azúcar se quedó sin frenos, por lo que se impactó contra la caseta de peaje de San Marcos, de la autopista México-Puebla, embistió varios autos y se incendió; dos personas perdieron la vida y siete resultaron lesionadas.
Uno de los cajeros y un elemento de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), fueron las víctimas fatales del accidente.
De acuerdo a videos compartidos en redes sociales, se observa el momento en que varios vehículos que golpeó la unidad de carga se encuentran en las cercanías de este punto de cobro que conecta a la capital del país con entidades del interior.
“Se llevó la mitad de casetas, hay un cuerpo, se llevó carros, se llevó todo, para que vean que no hay paso aquí”, dice un hombre que graba las imágenes.
Se aprecia que de algunos automóviles sale humo, mientras en la carpeta asfáltica se encuentra el cuerpo de una persona que al parecer fue arrastrada por el tráiler. (Emilio Fernández, El Universal, Metrópoli, P. A 19)
CIUDAD DE MÉXICO. Christian Von Roehrich, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, presentará de nuevo una iniciativa para regular las motocicletas y crear un registro con los compradores para tener un mayor control sobre estos vehículos.
De acuerdo con el diputado panista una persona puede comprar una motocicleta en cualquier tienda departamental sin que se le pida su información personal o que se le obligue a tener una placa o permiso para circular.
Si días después se comete un delito con esa motocicleta y el delincuente la abandona en alguna calle, al encontrarla, la autoridad no tiene forma de saber quién es el dueño, dónde la compró o dónde vive y con esos vacíos legales es muy difícil rastrear al dueño”, explicó Von Roehrich, quien dijo que la compra de estos vehículos debería parecerse a la de los automóviles, para el cual se requiere mostrar identificación oficial y se obliga, antes de salir de agencia, a que esté emplacado.
Afirmó que esta Segunda Legislatura presentará una iniciativa similar a la que propuso en el anterior periodo legislativo para que se reforme la Ley de Movilidad y la autoridad esté obligada a crear una base de datos de motocicletas y que obligue a las tiendas que las venda a registrar a los compradores.
El objetivo de esta reforma será, también, obligar a quienes adquieran una moto a tramitar su tarjeta de circulación y colocar al frente de su motocicleta un engomado con el número de placa.
Con todos esos elementos, si un policía detiene a un motociclista en la calle y éste no puede demostrar ni con el engomado ni con la tarjeta de circulación que la moto que trae es suya, el policía podría revisar de inmediato si la moto está en la base de datos de vehículos robados”, cosa que actualmente no se puede hacer, señaló Von Roehrich.
El diputado señaló que la colocación de un engomado con la matrícula en la parte frontal tiene el objetivo de que las cámaras de videovigilancia, así como los arcos detectores puedan identificar rápidamente la placa y, en caso de que un vehículo haya sido robado, identificarlo rápidamente.
Christian Von Roehrich adelantó a este diario que dentro de una semana presentará esta iniciativa, de lo contrario, “seguiremos en una ciudad sin ley donde muchos motociclistas están cometiendo homicidios y robos”.
Algunas de las agresiones que más han llamado la atención fue la del jueves 4 de septiembre, cuando un médico neurocirujano que circulaba por avenida División del Norte fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta y agredido a balazos; el hombre murió en el lugar. Los peritos encontraron, al menos, 14 casquillos percutidos.
Poco más de un mes antes, el 29 de julio pasado, dos hombres que circulaban en una motocicleta y portaban el logo de una empresa de repartidores, interceptaron a un hombre de 34 años que conducía por Eje 4 Sur Benjamín Franklin y le dispararon. El herido fue trasladado a un hospital de la zona.
Von Roehrich recordó que una modificación a la Ley de Movilidad fue que si una moto se vende o se traspasa el antiguo dueño debe dar de alta al nuevo; sin embargo, señaló, no se aplica porque no hay una sanción por no hacerlo, dijo el legislador. (Georgina Olson, Excélsior, Comunidad, P.25)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso endurecer las medidas para combatir el huachicol fiscal en combustibles, aplicando sanciones penales a empresas que no cuenten con controles volumétricos y cuando existan inconsistencias entre su ventas y sus registros.
La dependencia también explicó que, en el caso del contrabando de combustibles, se prevé la cancelación definitiva del padrón de importadores, para que las personas que cometan este delito queden impedidas para volver a realizar estas importaciones o tramitar su despacho aduanero.
El proyecto de Miscelánea Fiscal para 2022 plantea reformar la fracción I del artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación, para sancionar penalmente a aquellos contribuyentes que no cuenten con controles volumétricos de esos productos o, contado con ellos, los alteren, inutilicen o destruyan.
También propone crear tres nuevos tipos penales relacionados con la adquisición de combustible ilícito: cuando exista una diferencia entre las existencias medidas y las calculadas por las empresas; cuando se detecte que el contribuyente entrega más litros de los que factura como venta.
El tercer tipo penal se relaciona con los casos cuando se detecte que el contribuyente facture más de lo que puede vender. En estos tres supuestos, la autoridad puede enajenar los combustibles e iniciar un proceso penal contra la compañía.
Además, prevé sanciones para las empresas que no cuenten con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos o contando con éstos, no los mantenga en operación en todo momento o altere su funcionamiento, así como no contar con los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento. (Adrián Arias, El Heraldo de México, MEK K-2, P.19)