Dentro de la trama de corrupción que Genaro García Luna operaba en alianza con su círculo más cercano, se usaba una empresa a su nombre con la que se triangulaban de manera irregular millonarias sumas con la ruta México-Barbados-Miami, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien enfatizó que esto forma parte del núcleo central del juicio que se ha emprendido en Florida para recuperar los recursos del erario.
Entre 2006 y 2018 ese entramado, que incluía a tres empresas internacionales y una nacional, el ex secretario de Seguridad Pública facturó una cantidad espeluznante de más de 700 millones de dólares por servicios (alrededor de 14 mil millones de pesos) por una treintena de contratos con dependencias de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y otras instancias, como el Partido Acción Nacional, con el que firmó un servicio por más de un millón de pesos en abril de 2015, cuando el presidente del albiazul era Gustavo Madero.
Durante la conferencia presidencial de ayer, Gómez detalló información sobre la gama de complicidades de cuatro empresas ligadas a quien fuera la mano derecha de Calderón en materia de seguridad y que días atrás fue declarado culpable de cinco cargos por narcotráfico y crimen organizado en una corte de Estados Unidos. (Emir Olivares y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.4)
El Partido Acción Nacional (PAN) evitó dar su postura sobre el vínculo comercial que tuvo este partido político con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en 2015.
De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, una empresa de seguridad, propiedad de quien fue declarado culpable por delitos vinculados a la delincuencia organizada en Estados Unidos, recibió un millón 160 mil pesos a través de una transferencia bancaria el 24 de abril de 2015 por parte del blanquiazul.
Al respecto, Acción Nacional evitó dar un posicionamiento de ese hecho ocurrido cuando fuera su presidente Gustavo Madero. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.4)
La diputada panista María Teresa Castell de Oro Palacios elevó la discusión en el salón de plenos de San Lázaro cuando desde la tribuna soltó que Estados Unidos ha dicho que el único presidente que verdaderamente ha combatido al narcotráfico ha sido Felipe Calderón y él sí debería estar ahí, con letras de oro, en el muro de honor.
A lo largo de la sesión de ayer, los legisladores de Morena aprovecharon sus turnos al micrófono para subrayar a los panistas la vinculación de Calderón con Genaro García Luna, a quien nombró secretario de Seguridad Pública en su sexenio y recientemente fue declarado culpable, en Estados Unidos, por nexos con el narcotráfico.
Narcopanistas, les gritaron los morenistas a los del blanquiazul; narcomorenos, les respondieron los del PAN. (Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.4)
No existe tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, por el contrario, hay un entendimiento mutuo con el objetivo de mejorar la seguridad en ambos lados de la frontera, aseveró el canciller Marcelo Ebrard tras participar en una reunión con funcionarios de la Casa Blanca en la que se abordaron estrategias para combatir el tráfico de armas y de fentanilo.
Una delegación estadunidense de alto nivel, encabezada por la asesora en seguridad de la administración de Joe Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, y el embajador Ken Salazar, fue recibida en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de su gabinete de seguridad.
Muy buena la reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos del fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía, informó a través de Twitter el mandatario mexicano. (Emir Olivares, Alonso Urrutia y Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p.5)
El canciller Marcelo Ebrard, senadores y políticos respaldaron la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de defender la soberanía nacional, frente a los congresistas republicanos de Estados Unidos que han planteado la intervención armada en el país, con la excusa de combatir el narcotráfico.
Es inaceptable y contraria al derecho la intención de Lindsey Graham y John Kennedy de promover el uso de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio mexicano, expresó en redes sociales.
El presidente del Senado, Alejandro Armenta, resaltó que la postura de Dan Crenshaw es excesiva y grosera, rompe las reglas de la diplomacia y el respeto a un país soberano. (Arturo Sánchez Jiménez, Andrea Becerril y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.5)
Profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM dieron a conocer un pronunciamiento en el cual manifestaron su beneplácito por la designación de Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su total repudio al clima de violencia política contra la magistrada, ejercido a partir del discurso de descalificación desde la cúspide del poder político.
En una carta fechada el pasado miércoles, en la cual no aparecen los nombres de las firmantes, las profesoras reunidas en la Casa Club del Académico recordaron que la ministra es egresada y ahora catedrática de la máxima casa de estudios del país.
De igual forma, destacaron que desde que fue electa para presidir la Corte, Piña ha enfrentado un clima de linchamiento público a partir de los señalamientos sin fundamento que menoscaban la función constitucional del cargo que ostenta” en el máximo tribunal de justicia del país. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.7)
La oposición en la Cámara de Diputados celebró ayer que un tribunal federal ordenara la restitución de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Era lógico que así ocurriera, aseveró el panista Santiago Creel, presidente de la mesa directiva. Quien nombra y remueve al secretario ejecutivo es el consejo del INE y nadie más. No me sorprende la resolución del juez; quizá le sorprenda al Presidente de la República que, estoy seguro, no está recibiendo una buena asesoría, menos una buena asesoría constitucional, afirmó.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los perredistas, consideró que con ese fallo queda claro que Morena legisla mal, aprueba leyes por contentillo del Presidente y contrarias a la Constitución. Ya comenzó a caerse su plan B (Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.9)
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que por medio de una solicitud de transparencia pidieron conocer el monto que recibirá como liquidación el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, luego de 13 años de haber laborado en ese órgano electoral.
Reiteró que debe ser público el finiquito, porque se trata de dinero del erario y no puede permanecer en lo oscurito.
Ya lo hemos solicitado en las reuniones del consejo general del INE y se han negado a dar la cifra, por lo que también lo pedimos vía transparencia; esperamos nos den pronto una respuesta. La gente tiene derecho a saber de qué tamaño va a ser la liquidación de Lorenzo Córdova y de los consejeros que se van en menos de un mes. Han ganado muy bien estos años, así que no deberían abusar en el tema del finiquito y llevarse una cifra que resulte ofensiva para los mexicanos, sostuvo en un comunicado. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.10)
Un juez federal con sede en Jalisco sentenció a 30 años de prisión a Alfredo Rangel Buendía, El Chicles, integrante del cártel de Los Zetas que operaba desde la Ciudad de México y colaboraba directamente con quienes fueron los líderes de esa organización, Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó los elementos de prueba suficientes para que se dictara la sentencia condenatoria en contra de Buendía, por su responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada y delitos contra la salud. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.15)
Ernesto SR, alias M22 o La Mierda, señalado como líder del cártel del Golfo, fue aprehendido la madrugada de este jueves en Reynosa, Tamaulipas, revelaron fuentes policiacas. Autoridades de la entidad ofrecieron al menos desde 2021 un monto de 2 millones de pesos para quien proporcionara información que llevara a su captura.
La Secretaría de la Defensa Nacional estuvo a cargo de la detención de M22 y de dos de sus escoltas, a quienes aseguraron armas, cargadores y granadas de fragmentación.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ernesto SR es reconocido como cabecilla del cártel del Golfo. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.16)
En el marco de su 156 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) convocó a presentar observaciones a la opinión consultiva presentada a finales del año pasado por el Estado mexicano sobre las actividades de las compañías privadas de armas y sus efectos sobre los derechos humanos.
La solicitud de México, en el contexto de las demandas que ha interpuesto en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas, se refiere a asuntos relacionados con la falta de debida diligencia, prácticas negligentes o intencionales por parte de estas empresas privadas que facilitan su tráfico ilícito, su disponibilidad indiscriminada entre los integrantes de la sociedad y en consecuencia aumentan el riesgo de violencia perpetradas con las mismas en la región.
Plantea una consulta respecto a la responsabilidad de estas entidades privadas en relación con violaciones a la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en virtud de la negligencia en la que incurren al desarrollar sus actividades comerciales, que pone en riesgo directo la vida de las personas bajo jurisdicción de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (De la Redacción, La Jornada, Política, p.16)
En una audiencia pública sobre búsqueda forense, solicitada por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta de este órgano y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, si bien reconoció los esfuerzos gubernamentales para atender la crisis en esta materia, con más de 52 mil cuerpos sin identificar –según organizaciones civiles–, pidió que se desarrolle una política nacional y que existan una articulación efectiva entre instituciones.
Asimismo, después de escuchar los reclamos de familiares de personas desaparecidas, quienes lamentaron que a la fecha el Estado no cuenta con una cifra oficial del total de cuerpos sin identificar y que desde diciembre de 2021 ha dejado de contemplar su voz en los procesos legislativos y normativos, la comisionada resaltó que sin ellas no se logrará hacer frente a la crisis forense, por lo que necesitan participar en todos los procesos.
Al abrir la audiencia, los represen-tantes del Estado mexicano, encabezados por Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, destacaron la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de identificación humana locales, regionales y nacionales y la metodología de enfoque masivo. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.16)