A 16 días de cerrar el plazo, la organización Que Siga la Democracia entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) un millón 68 mil 157 firmas en formatos impresos para solicitar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que en la aplicación móvil, el INE ha recibido otros 830 mil 456 apoyos, los cuales ya pasaron un primer filtro, pero falta revisar si entre los promotores hay duplicados.
Los interesados tienen hasta el 25 de diciembre para reunir 2 millones 758 mil 277 firmas válidas -equivalentes al 3 por ciento de la Lista Nominal nacional- para que el organismo electoral pueda convocar a una consulta de revocación y que se realizaría el próximo 10 de abril. (Érika Hernández, Reforma, Nacional, p.2)
Dirigentes y legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI cuestionaron ayer los dichos de Alejandro Moreno, líder nacional tricolor, quien acusó a aquel partido de ser esquirol y hacerle el trabajo a Morena.
El senador Dante Delgado, dirigente nacional de MC, advirtió que si el PRI hace alianza con Morena, estaría en riesgo de desaparecer.
“Él (Moreno) y yo fuimos senadores en la 60 y 61 legislaturas, es más joven que yo. Pero eso no lo exenta de que que no asuma su responsabilidad”, expresó. (Claudia Guerrero y Mayolo López, Reforma, Nacional, p.6)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que del primero de enero de 2020 al cierre de octubre de 2021 ha presentado 2 mil 4 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a 2 mil 69 personas relacionadas con actos de corrupción, contrabando o algún delito fiscal.
En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado ayer, el organismo detalló que de los denunciados ante la fiscalía, sólo 277 (13 por ciento) han sido vinculados a proceso, de los cuales 12 eran servidores públicos, 142 personas morales y 123 personas físicas.
En el caso de los funcionarios, se llevó a cabo el debido proceso penal y se lograron tres sentencias condenatorias; fueron separados del cargo e inhabilitados para laborar en el servicio público, además de haber pagado las multas impuestas, dijo. (Braulio Carbajal, La Jornada, Política, p.3)
Santiago Nieto Castillo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo en el Senado que no tiene enfrentamiento con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y que está limpio de cualquier cargo de corrupción.
Lo más importante, dijo, es dar la cara, por lo que ayer se puso en contacto con el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración de conclusión del cargo.
Subrayó que en la de modificación patrimonial están incluidos los tres créditos hipotecarios que solicitó, entre ellos el que presentó de forma mancomunada con su esposa. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.3)
El representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Kristian Hölge, reconoció en el Senado que la lucha contra la corrupción no ha dejado de estar presente en los esfuerzos del Estado mexicano.
Al participar en el foro Día Internacional contra la Corrupción, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), parafraseó el discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en la sede de ONU en Nueva York propósito del tema, donde afirmó que la corrupción es el principal obstáculo para ejercer nuestro derecho a una vida libre de temores y violencias, y añadió, es un obstáculo para ejercer todos los derechos humanos y lograr sociedades más justas y resilientes.
El diplomático propuso formar una alianza público-privada para combatir la corrupción en México.
En su turno, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, quien advirtió que se deben realizar acciones precisas contra la corrupción para revertir sus actos. Refirió que aunque no es un fenómeno generalizado, está presente en todos los ámbitos de la vida pública y social. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.3)
La Guardia Nacional puso en marcha una campaña permanente contra la corrupción, que busca fomentar el valor de la honestidad entre el personal y refrendar el compromiso de cero corrupción, cero impunidad.
Para ello, realizará acciones de control interno y de vinculación ciudadana en todo el país, informó la instancia dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción impulsado por la Organización de Naciones Unidas.
La corporación fortalecerá los esquemas de supervisión y atención a los reportes ciudadanos por parte de la Unidad de Asuntos Internos, cuyo personal también establecerá un programa de pláticas de sensibilización con el personal de las coordinaciones estatales y de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Guardia en todo el país. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política,p.4)
En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer los premios nacionales 2020 de Arquitectura e Ingeniería a Gabriel Chávez de la Mora y a Francisco José Garaicochea y Petrirena, respectivamente, en una ceremonia en la que el mandatario destacó la aportación de los mexicanos en estos ámbitos, por lo que ahora en los contratos se prioriza a ingenieros y empresas nacionales.
López Obrador detalló las acciones de su administración para la reconstrucción de edificios dañados, luego que los integrantes de ambos gremios hicieron diversas recomendaciones y peticiones, como el no hacer recortes a la protección de edificios históricos y se opusieron a la inyección de nitrógeno en la zona de Cantarell, sobre lo cual el tabasqueño coincidió en los efectos que eso ha generado.
Recordó que tras la expropiación petrolera las empresas extranjeras sentenciaron “que no íbamos a poder los mexicanos (…) sacar adelante la industria”, pero se logró con el ingenio y trabajo de los técnicos del país. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.7)
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos formalizó una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue y sanciones 197 casos de tortura a 642 personas perpetradas por las fuerzas armadas y la Policía Federal entre 2006 y 2018, durante la llamada guerra contra las drogas. Al reprochar la omisión del Estado mexicano para actuar subraya que todos los expedientes están acreditados en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la solicitud para que intervenga el máximo organismo internacional en la materia, con sede en La Haya se destaca que los máximos mandos operativos y principales responsables de la aplicación de la estrategia de seguridad del Estado mexicano actuaron con conocimiento de que los actos realizados por elementos de las tropas bajo su mando se inscriben en la implementación de una política comunicada por el comandante supremo de las fuerzas armadas, en ese lapso.
En la denuncia se acredita la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes se encontraban al frente de unidades, zonas o regiones militares que son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad. Reconoce que el gobierno actual ha admitido que pasadas administraciones justificaron en el combate al narcotráfico, violaciones a derechos humanos con resultados catastróficos para la seguridad y garantías individuales. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.10)
Un juez federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Esteban Méndez Durán, presunto líder de la Unión Tepito que operaba para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México.
Asimismo, se decretó vinculación a proceso en contra de Antonio de Jesús Escutia Zapata y Adriana Pérez Herrera, también presuntos integrantes de estas organizaciones delictivas dedicadas a la distribución de droga en la capital del país y en municipios del oriente del estado de México, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación (PJF). (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.10)
Guadalajara, Jal., Decenas de periodistas jaliscienses y de otros estados reclamaron ayer, en un desplegado publicado en diarios locales, que el gobernador Enrique Alfaro respete la libertad de expresión y frene sus agresiones contra la prensa, luego de que el mandatario local acusó el miércoles a una reportera del Canal 44 de la televisión universitaria de reventar los actos del gobierno estatal tras preguntar por el desabasto de medicinas.
Rocío López Fonseca es una periodista responsable y profesional, y de ello dan cuenta los 21 años que tiene en el gremio. Es reprobable que sea acusada de realizar labores de sabotaje a los eventos públicos del gobierno estatal, cuando simplemente ejercía su trabajo, tan crítico como respetuoso, dice el desplegado firmado al menos por una centena de periodistas, fotorreporteros y asociaciones del gremio informativo.
Los signatarios también piden que instancias defensoras de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo intervengan para terminar con la creciente cantidad de reporteros que en Jalisco han sido censurados, ignorados, recriminados, hostigados, demeritados y desprestigiados por la administración de Enrique Alfaro. (Juan Carlos G. Partida, La Jornada, Política, p.12)
Morena en la Cámara de Diputados pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del legislador federal panista Jorge Romero Vázquez, quien fue acusado de violar a dos mujeres en Guanajuato y salió libre luego de que se reclasificó el delito para favorecerlo.
En conferencia de prensa, diputados del partido guinda, encabezados por Emmanuel Reyes Carmona, destacaron que mientras en el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acción Nacional (PAN) se pronunciaba a favor de este sector de la población, por otra parte dejaba libre a un delincuente.
Romero Vázquez es acusado de violar a Regina N y María José N. Esta última señaló en un mensaje grabado que decidió hacer público el ataque que sufrió por el diputado blanquiazul, debido a que el 26 de noviembre pasado quedó en libertad, toda vez que la fiscalía del estado reclasificó el delito de violación espuria de la otra víctima a agresión sexual. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.16)
El Senado eligió a Martha Yuriria Rodríguez Estrada como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cargo que estuvo vacante por casi 18 meses.
Con amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de derechos humanos, protección a la salud, justicia y perspectiva de género, Rodríguez Estrada logró la mayoría calificada –dos terceras partes de los votos de los senadores presentes–, y de inmediato, ayer mismo en el pleno, rindió protesta para ocupar ese cargo por cinco años, ante la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.
La terna que envió el Ejecutivo la integraron Rodríguez Estrada; Claudia Lilia Cruz Santiago, abogada y maestra en sicología jurídica y criminóloga, y Luis Fernando Rosas Ramírez, abogado y maestro en derecho con amplia trayectoria en la administración pública, incluso trabajó en la propia CEAV. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.18)
El Partido del Trabajo (PT) calificó ayer de injusto que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya ratificado una multa de 119.8 millones de pesos por presuntamente recibir dinero de entes prohibidos, y atribuyeron esa decisión al apoyo que dan al gobierno federal. En conferencia de prensa, los diputados Benjamín Robles, Pedro Vázquez y Magdalena Núñez criticaron que los magistrados resolvieran el caso sin mayor debate y argumentación. Explicaron que presentaron pruebas, pero los ministros simplemente votaron y confirmaron una injusticia. El Instituto Nacional Electoral impuso al PT la multa luego de considerar que recursos destinados a los Cendis de Nuevo León fueron a parar a operadores de la fuerza política en Aguascalientes, donde hubo comicios extraordinarios en 2015. (Enrique Méndez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.16)