La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador es responsable indirecto de que en la conferencia matutina del 7 de marzo de 2022 se haya divulgado propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, lo que está prohibido.
De cara a los próximos comicios locales y federales, exhortó al jefe del Ejecutivo federal a no difundir propaganda gubernamental y mantener una postura neutral.
Los magistrados revocaron una sentencia de la sala regional especializada que señaló que el mandatario no tenía responsabilidad indirecta en la difusión de propaganda gubernamental en la rueda de prensa porque no tenía conocimiento previo de que los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se referirían al crecimiento del programa gubernamental de producción y entrega de fertilizantes. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.12)
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, defendió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de reprochar los ataques que se han suscitado desde el Gobierno federal.
En sus redes detalló que se busca anular la división de poderes y tomar la ruta hacia una dictadura, en donde un solo hombre tiene todo el poder.
“Las amenazas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dejan claro que el único proyecto de este Gobierno es acumular el poder en las manos de un solo hombre, anular la división de poderes, destruir a quien no cumple sus caprichos y tomar la ruta hacia una dictadura”, destacó. (Jorge Butrón, La Razón, México, p.6)
En medio de la intensa agenda de asuntos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió una pausa para dedicar la mayor parte de su conferencia matutina a la realización de un concierto dedicado a las madres de México. “Primero, enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, a las que viven en las comunidades indígenas”.
Hizo un recorrido de felicitaciones a una gran diversidad de mujeres dedicadas a oficios y profesiones (obreras, campesinas, trabajadoras domésticas, artesanas, periodistas y hasta juezas y políticas). “Y vamos a dedicarles un concierto, nada más que como no podemos cancelar una mañanera, vamos a estar un momentito informando”.
Concluida esa parte, se dio paso a las interpretaciones de las cantantes María Inés Ochoa –hija de Amparo Ochoa– y Eugenia León, quienes durante una hora cantaron para festejar a las madres mexicanas desde el salón Tesorería de Palacio Nacional. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, la Jornada, Política, p.11)
El abogado constitucionalista Ignacio Morales Lechuga rechazó que haya posibilidad de que los legisladores pudieran llamar a cuentas los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o someterlos a un juicio político por su resolución en la que invalidó la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral.
“Ellos son libres de resolver apegados a la Constitución si estuvieran desapegados o resolviendo en contra de la Constitución estaría yo de acuerdo en que no están ajustando su trabajo al texto constitucional, pero no es el caso.
“Ahí estuvieron los razonamientos hasta Arturo Zaldívar que de alguna manera se ha distinguido por ser muy afín al proyecto de la 4T exhibió a los legisladores”, señaló en entrevista con La Razón. (Jorge Chaparro, La Razón, p.7)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó atender la petición de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que desaparezca de su conferencia la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, que “estigmatiza el trabajo de los periodistas y aumenta la violencia en su contra”.
“Sí, los de Almagro quieren que desaparezcan las mañaneras. La sección de ‘Quién es quién en las mentiras’. ¿Ustedes qué opinan? Claro que no. Ya, ya está. Pero miren qué injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados”, señaló.
Incluso, consideró que el organismo al que pertenece la CIDH tiene poca credibilidad. “Ni conviene, pues, responderles, están muy desacreditados”. (Jorge Chaparro, La Razón, p.9)
Juez federal rechaza petición de prescripción de delitos de Emilio Lozoya en caso Odebrecht y Agronitrogenados, mientras se negocia acuerdo reparatorio que podría retirar los cargos en su contra y los de sus familiares.
Genaro Alarcón López, juez federal de control en el Reclusorio Norte, declinó la petición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para analizar si prescribieron los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht.
La defensa de Lozoya solicitó la mañana de este 10 de mayo una audiencia, misma que le fue concedida después del mediodía, con el propósito de solicitar al juez la prescripción de los delitos. (Jorge Monroy, El Economista, Política, p.39)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es la autoridad competente para resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de la negación de información por parte de cualquier órgano de gobierno, incluidos los entes autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Así lo determinó la Primera Sala de la SCJN al analizar la controversia constitucional 97/2022 interpuesta por la CNDH en contra de la resolución que el Inai dictó el 20 de abril de 2022 en el recurso de revisión RRA 3726/22.
El Inai ordenó a la CNDH entregar el expediente sobre el hallazgo en 2010, de fosas clandestinas en el municipio San Fernando, Tamaulipas. La Comisión dijo en su demanda que el Inai decidió que el hecho involucraba violaciones graves a derechos humanos, facultad que le corresponde. (Rolando Ramos, El Economista, Política, p.40)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, contra su extradición a Estados Unidos. Los abogados del capo cuestionaban la constitucionalidad del tratado bilateral de extradición al argumentar que viola la soberanía nacional.
El juicio fue promovido por Damián Villegas, representante de General Services Defensores de los Derechos Humanos & Above AC, quien solicitó a la Corte, mediante el expediente Varios 378/2023-VDA, que atrajera el amparo donde demanda que “tomen conocimiento de violaciones causadas a la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso particular de la extradición del Sr. Caro Quintero a los Estados Unidos de América toda vez que el gobierno de los Estados Unidos de América carece de autoridad para extraditar al Sr. Caro Quintero”.
El narcotraficante es requerido por el gobierno estadunidense para juzgarlo por el homicidio del ex agente de la entidad antidrogas de ese país (DEA), Enrique Kike Camarena, ocurrido en 1985. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.15)
La organización Causa en Común alertó sobre la posible manipulación u ocultamiento de información oficial de los registros delictivos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Al presentar el reporte “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones”, la organización dijo haber documentado anomalías en las cifras presentadas por el SESNSP, en específico cuando se utiliza las subclasificaciones en algunos delitos lo que, al parecer, acota artificialmente algunas categorías de delitos de alto impacto.
El informe describe que en el primer trimestre de 2023,las fiscalías reportaron incrementos en las víctimas de asesinatos y extorsión, así como en los casos de violencia familiar y narcomenudeo, lo que se suma al reporte de 92,432 víctimas y 542,101 delitos del fuero común a nivel nacional, significando un alza de 10% en el total de víctimas y de 7% en los delitos del mismo periodo de 2022. (Maritza Pérez, El Economista, Política, p.38)
Autocensura y falta de garantías para poder realizar su labor, son dos de las principales circunstancias que los periodistas afrontan en México, coincidieron comunicadores y expertos.
Christian Mihr, director Ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explicó que en México existen programas de protección que no funcionan ya que no cuentan con recursos necesarios; además, de que los periodistas que están dentro de la protección son asesinados.
En México, apuntó, se ubican 20% de los asesinatos de periodistas, por año, en todo el mundo, por lo que se deberían fortalecerse los programas de protección. (Redacción El Economista, Política, p.40)
Un sismo sacudió anoche la zona surponiente y centro de la Ciudad de México sin que causara daños ni ameritará la activación de la alerta sísmica, aunque sí generó susto entre miles de capitalinos que salieron de sus casas al sentir el movimiento telúrico.
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, se trató de un temblor local a las 22:20 horas, de magnitud 3.0 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, motivo por el cual fue en el sur de la capital donde se sintió más fuerte.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil reportó saldó blanco luego de que se activaron los protocolos para descartar cualquier eventualidad, con patrullajes de los cuerpos de emergencia. (Redacción, La Jornada, Capital, p.32)
Durante 2022 se registró el asesinato de mil 111 menores de edad, la mayoría por armas de fuego, lo que representa un aumento de 3 por ciento respecto al año previo, afirmaron las diputadas priístas Laura Haro, Cristina Ruiz y Fuensanta Guerrero.
Al referir cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recalcaron que el estado de Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos de menores.
Por medio de un comunicado, anunciaron la presentación de una iniciativa con la que plantean aumentar las penas por este delito hasta en una mitad cuando se trate de víctimas menores de edad. (Redacción, La Jornada, Política, p.15)