Para Alejandro Murat, actual Gobernador de Oaxaca y quien fuera el director del Infonavit que pactó un contrato con Telra Realty para el programa de movilidad hipotecaria (Cambiavit), su cancelación y la indemnización millonaria fue decisión de David Penchyna, por razones “inexplicables” e “insólitas”.
Así lo señala un documento enviado por el área de Comunicación de Murat, quien acotó que incluso, tras su salida del Infonavit en noviembre de 2015, el contrato con Telra no se había concretado ni arrancado. (Redacción, Reforma, Nacional, p.5)
El Gobierno peleará los 3 mil millones de pesos de la transa realizada por la empresa Telra Realty al Infonavit, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pregunta expresa, reconoció que el litigio con esa contratista es por cinco mil millones de pesos, de los cuales, dos mil millones ya fueron recuperados por la Fiscalía General de la República (FGR) y entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los premios de la rifa con motivo del avión presidencial. (Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p.5)
El Estado de derecho disminuyó en 11 entidades de la República y en otras seis se estancó durante 2019 debido a “un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad”, así como por “las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos”, reveló un estudio de la organización World Justice Project.
Esa asociación internacional, que define el Estado de derecho como un principio que permite a las personas tener igualdad de oportunidades y vivir en paz, alertó sobre el retroceso que se ha registrado en esta materia por la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad a sus ciudadanos, así como por el bajo respeto a los derechos de las personas, la persistencia de casos de corrupción, y el limitado acceso a la justicia civil y penal. (Alexis Ortiz, El Universal, Nación, p.8)
Una amplia agenda de conexiones políticas y sociales armada a su paso por los sectores público –Banco de México, Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial– y privado, como el Fondo de Inversiones Protego Asesores, de Pedro Aspe, y la constructora OHL, así como su amistad con Luis Videgaray –que terminó en ruptura irreconciliable–, fortalecieron una natural cercanía de Emilio Lozoya Austin con Enrique Peña Nieto.
Economista por el ITAM y abogado por la UNAM, quien fue poderoso director de Pemex entre 2012 y 2016 fue designado coordinador de Vinculación Internacional durante la campaña presidencial del PRI y vicecoordinador de Asuntos Internacionales en la llamada etapa de transición. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Política, p.4)
El PRI marcó distancia del ex director de Pemex Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga, España, al señalar que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución, pues quienes faltan a la ley son las personas que sirven a ellas, a quienes, una vez agotadas las investigaciones, se les debe aplicar el peso de la ley.
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido dijeron que el ex funcionario no es y nunca ha sido militante priísta, aun cuando se dijera simpatizante o acompañara a candidatos a eventos. Lozoya participó en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.5)
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer durante su conferencia de prensa la iniciativa de reforma al Poder Judicial que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hacer suyo el proyecto y presentarlo en su momento al Congreso de la Unión.
Acompañado del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el mandatario destacó que esta colaboración será con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial, y celebró que la propuesta contenga elementos para enfrentar eficazmente la corrupción. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.8)
La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación presentada ayer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, tiene algunos puntos positivos, pero la efectividad de una transformación de este tipo no sólo puede estar basada en leyes, sino en aspectos como la capacitación de los operadores del sistema, la voluntad política de las autoridades y la supervisión de los altos funcionarios, entre otros, afirmaron especialistas.
En el contexto de un foro de análisis sobre las reformas al sistema de justicia, convocado por diversas organizaciones civiles, Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que hay algunos aspectos encomiables de la iniciativa dada a conocer ayer, entre ellas el fortalecimiento de la defensoría pública. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.8)
Representantes del gobierno federal coincidieron ayer en la urgencia de regular la práctica ilegal del outsourcing, la cual creció de manera alarmante por la complicidad de gobiernos anteriores con empresarios que amasaron fortunas al abaratar la mano de obra y defraudar al fisco y los institutos de seguridad social.
La fiesta se tiene que acabar por el bien de todos, resaltó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien resaltó que la subcontratación ilegal está relacionada con empresas fachada, con las llamadas factureras”, que evaden al fisco 324 mil millones de pesos anuales. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.11)
Durante el Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, representantes del sector cúpula empresarial reconocieron en el Senado malas prácticas y abusos en el outsourcing, pero exigieron no reformar la legislación laboral y sólo aplicar las normatividad vigente.
Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quienes fueron los más insistentes en que no se aprobara en diciembre pasado la reforma para regular el outsourcing y se abriera un periodo de discusión, no se presentaron a esa sesión del Parlamento Abierto, que se prolongó por 12 horas. Enviaron a representantes que se pronunciaron en contra de la reforma propuesta por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, e insistieron en que de aprobarse el dictamen se pondrá en riesgo la inversión y la estabilidad laboral. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.11)
Tan sólo en la segunda mitad del año pasado, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) gastó al menos 10 millones de pesos para pagar honorarios por asesorías de ocho personas, así como un despacho de abogados y dos empresas asesoras.
De los 9.7 millones de pesos que erogó el sindicato petrolero entre junio y diciembre de 2019, el monto mayor, por 3 millones 585 mil pesos, se destinó a la empresa Asesoría Librax SC, vinculada con Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública en la administración de Enrique Peña Nieto, y quien asesora al sindicato en temas de transparencia. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.12)
El Consejo Nacional de Población (Conapo) impulsa el reforzamiento –en cantidad y calidad– de la educación sexual en escuelas, particularmente secundarias y preparatorias, para atajar el problema del embarazo en adolescentes y como herramienta integral en favor de este sector.
Gabriela Rodríguez Ramírez, recién nombrada titular del Conapo, señaló que si bien el tema está en los programas de enseñanza, por ejemplo en el segundo grado de secundaria, se le destina muy pocas horas, además de que los materiales son insuficientes y desactualizados. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.13)
La asociación Fuerza Social por México cumplió con los requisitos cuantitativos para convertirse en partido político al realizar 26 asambleas estatales y afiliar a 266 mil 216 personas.
Según el reporte semanal del Instituto Nacional Electoral el 5 de febrero tenía 208 mil 825 afiliados y le faltaban poco más de 25 mil para cumplir con el requerimiento de 233 mil 945. Ayer, ya contaba con más de 266 mil inscritos. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.13)
Desde el comienzo de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado que las fuerzas armadas reciban una educación de excelencia que contribuya a su profesionalización con el fin de responder a los retos del país, aseguró el general de División diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina, quien es director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.
Ante Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el almirante José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaria de Marina (Semar), Rivera Medina habló de la historia de las instalaciones del Colegio Militar de Popotla, en el contexto del primer centenario de este inmueble, desde que fue asignado al Ejército. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.14)
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá abrir los expedientes de los casos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, que fueron escenario de masacres contra migrantes entre 2010 y 2012, ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al considerar que los hechos se relacionan con violaciones graves a derechos humanos.
El comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford, argumentó que la reserva de información no procede, pues los casos se relacionan con violaciones graves a derechos humanos. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.14)
Especialistas en el tema de los estupefacientes consideraron que 100 años son suficientes para darnos cuenta que la prohibición de las drogas es una de las políticas públicas más fallidas de la historia.
Afirmaron que no cumplió ninguno de sus objetivos expresos: No ha protegido la salud de los consumidores, no ha disminuido la disponibilidad de sustancias ilícitas ni la criminalidad. (Jéssica Xantomila, La Jornada, Política, p.14)