Un hombre que laboraba en la oficina de Atención Ciudadana de Presidencia —localizada dentro de Palacio Nacional— falleció ayer por coronavirus (Covid-19).
Se trata de la primera muerte de un funcionario público dentro de la plantilla presidencial.
La oficina del vocero de la Presidencia detalló que el fallecido era un hombre de 40 años adscrito a Atención Ciudadana, departamento ubicado en la calle de Correo Mayor, en el Centro. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación, p.3)
Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien el pasado 20 de abril detalló con lágrimas, durante una conferencia nocturna de la Secretaría de Salud, las agresiones que han sufrido enfermeras del sector público, dio positivo a Covid-19.
Funcionarios del Seguro Social confirmaron que “la jefa Fabiana” está enferma de coronavirus y que se encuentra en aislamiento para enfrentar la enfermedad.
El 20 de abril, “la jefa Fabiana” mostró con orgullo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, su uniforme y precisó que en días previos las enfermeras habían sufrido agresiones físicas y verbales. (Redacción, El Universal, Nación, p.8)
Al menos 10 funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), de distintas áreas y niveles, han dado positivo a Covid-19.
Algunos son cercanos a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, quien desde hace semana y media optó por aislarse como medida preventiva. Apenas el domingo, el funcionario recibió el resultado de su prueba de laboratorio, por lo cual continúa en cuarentena. No obstante, sigue coordinando los trabajos de su área porque hasta anoche se encontraba asintomático. (Fabiola Martínez, Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.7)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha contratado ya a 95 por ciento del personal de salud que se propuso reclutar para hacer frente a la pandemia por el Covid-19. Fuentes de la dependencia señalaron que con esto consideran que se ha cubierto la meta; sin embargo, seguirá abierta la convocatoria debido a la movilidad que se presenta normalmente en materia de recursos humanos.
El objetivo era contratar a 4 mil 572 profesionales de la salud, de los cuales sólo quedan 228 vacantes. Se reclutó a médicos especialistas y generales, personal de enfermería, técnicos laboratoristas y de rayos X, así como a empleados administrativos y afanadores. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.7)
Impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, así como con el voto del PRI, el Congreso suprimió de la Constitución el requisito para que el titular del Poder Ejecutivo solicitara el uso de la fuerza armada permanente al Legislativo, y a partir de ello abrió la puerta para que el Ejército y la Marina realicen actividades de seguridad pública.
En sus campañas previas aspirando a la Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció regresar a los militares a los cuarteles, a más tardar en seis meses del inicio de su gobierno. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.10)
El decreto presidencial por el que las fuerzas armadas realizarán tareas de seguridad pública recibió críticas de los partidos PAN y PRD, los cuales señalaron que es una muestra del fracaso de la estrategia gubernamental en contra de la inseguridad. Dijeron que buscarán por todos los medios de carácter constitucional invalidar dicho acuerdo, al cual calificaron de violatorio de la Carta Magna.
El PAN, que en la administración de Felipe Calderón respaldó la militarización, ayer planteó que el decreto es una muestra de incongruencia de la autoridad gubernamental entre la crítica al uso de las fuerzas armadas que hizo en el pasado y su posición actual. (Georgina Saldierna, Gustavo Castillo García, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Fernando Camacho, La Jornada, Política, p.11)
Para el PAN y el PRD la nota diplomática que envió el gobierno de México al de Estados Unidos para tener toda la información sobre la operación Rápido y Furioso es una cortina de humo que busca distraer a la población de los problemas que la aquejan.
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, Fernando Herrera, puntualizó que se trata de una cortina de humo para echar la culpa al pasado de la incapacidad del presente. Lo que tenga que sancionarse del pasado que se sancione, pero que no sean distractores ante la “falta de capacidad para atender la demanda de justicia y de seguridad de los mexicanos”. (Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.11)
Ayer, en chats de reporteros se advirtió que los asistentes a la conferencia de prensa matutina rebasaron las 50 personas que deben estar en una reunión como medida de seguridad sanitaria ante la pandemia por Covid-19.
En el templete del SalónTesorería acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante Rafael Ojeda. También los mandatarios de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del estado de México, Alfredo del Mazo –el único con cubrebocas-, así como los titulares de Insabi, IMSS e Issste, y cuatro integrantes de la Fundación Teletón. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.13)
Aunque se analizará la posibilidad de iniciar un proceso interno contra los diputados locales de Morena que respaldaron la llamada ley Bonilla, anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) advirtió que difícilmente podría aplicar una sanción, ya que las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido una jurisprudencia que impide a los órganos partidarios sancionar a los legisladores.
Por su parte, el ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, dio a conocer que se presentará en el Congreso de la Unión una nueva solicitud de juicio político contra los diputados locales que aprobaron dicha reforma, la cual ampliaba el periodo del gobernador Jaime Bonilla hasta en cinco años su mandato, mientras que al momento de las elecciones fue votado por un periodo de dos años. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.16)
El juzgado quinto de distrito en materia administrativa del primer circuito negó la suspensión de plano a Banco Azteca contra la cancelación temporal de actividades, ordenada por las autoridades ante la emergencia sanitaria del Covid-19, así como por los actos de inspección y verificación administrativa de parte del Gobierno de la Ciudad de México.
La institución bancaria, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó la demanda de garantías esta semana, pero el juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del juzgado quinto administrativo, la rechazó y apercibió a Banco Azteca para que en un plazo de cinco días subsane una serie de requerimientos, entregue copias del documento y exhiba otros. En caso de no hacerlo, la demanda se tendrá por no presentada. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)