Frente a posibles reformas al Poder Judicial en México, Estados Unidos afirmó: “Seguiremos insistiendo, sea cual sea el futuro régimen legal, que todos los firmantes del T-MEC respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera”.
Durante una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Nichols, subsecretario de Estado para América Latina, reconoció la soberanía de nuestro país, pero destacó la importancia dela transparecia judicial.
“Obviamente, México es un país soberano y tienen procedimientos que pueden conducir a cambios en su marco legal. Creemos que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas, nacionales o internacionales, particularmente los de Estados Unidos y Canadá, como socios del T-MEC. La reforma al Poder Judicial ha desatado un gran nerviosismo en los mercados”, expuso. (Claudia Arellano, La Razón, México, p.5)
Arropado por senadores y diputados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, el líder de la bancada morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, anunció un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para “no precipitar la aprobación de las reformas constitucionales”, entre ellas al Poder Judicial.
Monreal Ávila indicó que la reforma al Poder Judicial será llevada a un “proceso de análisis y discusión”, como las otras cuatro restantes. Este análisis será a través de foros y Parlamento Abierto para abordar la forma de elección de los ministros y jueces.
“Para desarrollar, realizar, llevar a cabo foros de deliberación y discusión, análisis de las cinco primeras reformas que se han considerado como prioritarias, para la discusión, y en su caso, su aprobación, en los primeros días del mes de septiembre”, expresó el corrdinador guinda. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.6)
Los juicios de inconformidad (JIN) contra la elección presidencial presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aumentaron a 232 en las últimas 24 horas, donde el PRD, que perdió su registro nacional, interpuso más de 80 por ciento de los recursos.
En la actualización de ayer con corte a las 8:30 horas, el máximo órgano jurisdiccional electoral informó que a través de diversos consejos distritales hay actualmente 188 JIN del partido del sol azteca contra los resultados del cómputo distrital de la elección presidencial en varias entidades.
Con ello, el PRD pretende luchar hasta el último momento para rescatar el registro como partido político, luego de que no alcanzó el tres por ciento requerido por la ley en los pasados comicios federales. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p.10)
Desde el 2023, la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina ha intensificado las tareas de búsqueda y neutralización de laboratorios clandestinos en todo el país, lo que ha dejado un registro de más de 200 aseguramientos hasta la fecha.
De acuerdo con personal del equipo elite de la Armada de México, los estados de Sinaloa, Michoacán y Jalisco concentran el mayor número de laboratorios localizados y desarticulados por autoridades federales. Esto último, debido a que son territorios donde operan organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
“Desde el año pasado, se ha implementado más la intensidad, de hecho la Secretaría de Marina siempre ha trabajado en la localización y neutralización de laboratorios clandestinos. Van más de 200 desde enero del año pasado. (Carlos Vega, Milenio, Política, p.10)
La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy reabrir la investigación por detención ilegal y tortura de cuatro familiares del líder guerrillero Lucio Cabañas a manos de agentes federales, durante la llamada Guerra Sucia de la década de 1970.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte amparó a Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como a Flavia Cabañas Gómez, contra un no ejercicio de la acción penal determinado por la FGR en enero de 2022.
Con este fallo, la FGR tendrá 12 meses para concluir la investigación y, en colaboración con otras autoridades, resolver si ejerce acción penal, lo que será obligatorio si comprueba que hubo delitos de lesa humanidad. (Víctor Fuentes, Reforma, Nacional, p.2)
Grupo Salinas tomó los comentarios vertidos durante la mañanera de este miércoles sobre Luis María Aguilar, integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pedir que se recusen los magistrados del vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que están revisando y dictaminando un caso sobre adeudos fiscales de Elektra.
La compañía adelantó que pedirá formalmente que los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López –que han estado revisando y dictaminando un caso de Grupo Elektra y tienen sesión este jueves– salgan de su proceso, dado que “la presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados”.
Grupo Salinas arrastra adeudos por 63 mil millones de pesos con el fisco –de acuerdo con lo presentado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una conferencia de Palacio Nacional–. Apenas una semana atrás, el organismo ganó un juicio contra Elektra por adeudos de impuesto sobre la renta (ISR) que se arrastran desde 2008 y que a la fecha alcanzan casi 2 mil 11 millones de pesos (bit.ly/45DZtKN). (Dora Villanueva, La Jornada, Política, p.7)
“México tiene uno de los mejores marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico” (OCDE), afirma el organismo en su más reciente estudio, en referencia al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En su informe Perspectivas de la OCDE de anticorrupción e integridad: Ficha país 2024-México, la organización afirma que el país cumple con 72 por ciento de los criterios normativos, 5 puntos más del promedio de sus países miembros, que es de 67 por ciento, de acuerdo con sus estándares sobre manejo de riesgos, que incluyen control y auditoría internos, de acuerdo con un comunicado de la SFP.
También habla de las regulaciones de control interno en México realizadas por la SFP en la administración pública federal y afirma que éstas también se encuentran entre las mejores de las naciones que la integran (Redacción, La Jornada, Política, p.10)
Profesores de la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que, por acuerdo de su asamblea estatal, se decretó el levantamiento formal del plantón que mantenían en la capital del estado, así como del paro indefinido que empezaron el pasado 15 de mayo.
Señalaron que si bien se aprobó un “repliegue táctico y de reorganización, vamos a mantener las acciones de protesta en calles cuando se considere necesario”.
Por ello, anunciaron que se convocará al magisterio chiapaneco para “acompañar la mesa de negociación tripartita que se realizará en Palacio Nacional el día 25 con el presidente Andrés Manuel López Obrador; el gobernador Rutilio Escandón y con el virtual gobernador electo, Eduardo Ramírez”. (Laura Poy Solano y Elio Hernández, La Jornada, Política, p.12)
Diversas agrupaciones de defensa de niños y adolescentes exigieron “el reconocimiento de las infancias trabajadoras y un abordaje del trabajo infantil en México, basado en políticas públicas no criminalizantes”.
En el caso de la explotación laboral en la industria de la moda rápida (fast fashion), llamaron a tomar conciencia como consumidores y no adquirir prendas elaboradas con base en el trabajo forzado de menores.
En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró ayer, La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni) llamaron a dignificar a los menores que laboran; esto sería “un paso fundamental para garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, como la niñez indígena, migrante e incluso con discapacidad”. (Carolina Gómez, La Jornada, Política, p.13)
El número de personas en desplazamiento forzado aumentó 8 por ciento a finales de 2023 en el mundo, en comparación con 2022, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En un informe, el organismo advierte que al cierre del año pasado se estimaba que 117.3 millones de personas se vieron obligadas a huir de la persecución, los conflictos y la violencia, entre otras violaciones a derechos humanos.
“Una de cada 69 personas en todo el mundo (1.5 por ciento de la población mundial) fue desplazada por la fuerza, casi el doble de hace una década, cuando la proporción era de uno por cada 125 individuos”. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.14)