El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se decidió que el Gobierno reducirá gradualmente el uso agrícola del herbicida glifosato hasta que se elimine, y que se invertirá en investigación para buscar alternativas.
“En este caso, nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el Gobierno, por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar y limitarlo solo a la producción particular, y año con año ir reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos quitarlo, así, de un golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos, tendríamos que importa”, señaló en su conferencia matutina en Palacio Nacional. (Isabella González, Reforma, Nacional, p.2)
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, quien pretendía invalidar un artículo del Código Penal Federal para que la prescripción de delitos operara en su favor.
En un comunicado, la SCJN informó que la Primera Sala determinó que es constitucional el artículo 108 del Código Penal Federal, que establece que, en los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor. (Reforma / Staff, Reforma, Nacional, p.4)
SALTILLO.- El Gobierno de Coahuila obtuvo por parte del Ejército la autorización para que policías estatales puedan emplear armas calibre 7.62 milímetros, con la intención de equiparar el poder de fuego que emplea la delincuencia organizada.
Durante el inicio de la construcción de un cuartel militar cerca del Municipio de Villa Unión, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció ayer que la próxima semana comenzará la dotación de armas de alto calibre para la Policía Estatal. (Rolando Chacón, Reforma, Nacional, p.5)
Una juez federal admitió el amparo que presentó la organización civil Tojil, dedicada a asuntos legales y defensa de derechos humanos, contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a reconocerle la calidad de víctima en la investigación del Caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, lo que le hubiese dado acceso al expediente.
El pasado 5 de agosto, el fiscal federal Kristian Javier Jiménez Hernández, adscrito a la Subprocuraduría de Delitos Federales, negó al organismo no gubernamental ese reconocimiento legal, argumentando que no existe un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, como la solicitante adujo. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.6)
Un juez federal prohibió llevar a cabo por tiempo indefinido la audiencia presencial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar por defraudación fiscal a Cecilia Gurza, esposa del empresario Carlos Ahumada.
Al estimar que es una persona vulnerable ante un eventual contagio de Covid-19, Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo, concedió la suspensión definitiva a Gurza contra la celebración de dicha diligencia. (Abel Barajas, Reforma, Nacional, p.6)
Luego que Emilio Lozoya señalara a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray por el caso Odebrecht, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que los implicados deberán ser llamados a comparecer y urgió que se revele más información sobre actos de corrupción.
“Ayer, el Fiscal da a conocer que se involucra a dos ex Presidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores; entonces, ¿qué sigue?, pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas”, expresó en su conferencia mañanera. (Isabella González y Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p.7)
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar nuevas detenciones dentro de la investigación del caso, entre ellas las de al menos cuatro militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.
Durante la reunión con el Presidente López Obrador, los familiares y sus abogados entregaron un documento con propuestas dirigidas a la Fiscalía, al propio López Obrador y al presidente de la Corte, Magistrado Arturo Saldívar. (César Martínez, Reforma, Nacional, p.7)
Al considerar que “vamos bien”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno vaya a decretar un nuevo confinamiento o rediseñar la estrategia para contener la pandemia del Covid-19, e informó que en lo que va de agosto se han recuperado 30 mil empleos.
En conferencia de prensa, el Ejecutivo señaló que la pandemia está perdiendo fuerza y no se tienen reportes de rebrotes, pero en caso de que se presentaran en alguna parte del país, el gobierno federal actuaría. (Pedro Villa y Caña, Alberto Morales y Claudia González, El Universal, Nación, p.2)
La Secretaría de Salud informó que la cifra de personas estudiadas a causa del Covid-19 asciende a un millón 127 mil 115 personas, de las que 498 mil 380 son casos confirmados, 83 mil 473 permanecen en sospecha y los decesos a causa del virus suman 54 mil 666 personas.
Así lo informó José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, durante la presentación del informe técnico sobre la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, donde el funcionario actualizó las cifras a nivel nacional y afirmó que la curva de contagios en las dos últimas semanas presenta una reducción, tras dos semanas de permanecer en una meseta. (Susana Zavala, El Universal, Nación, p.2)
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN) confirmó la compra de la que fuera la casa de transición del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.
La cúpula morenista decidió también que el inmueble adquirido en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez, Ciudad de México, será devuelto, lo mismo que otro ubicado en Guanajuato y uno más en Aguascalientes. (Ariadna García, El Universal, Nación, p.7)
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que es falso que su defendida esté acusada de afectación al erario.
Indicó que contrario a lo dicho por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria “enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción, es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.4)
El flamante presidente Enrique Peña Nieto lo presumía como el primer acuerdo suscrito sin existir una emergencia nacional, y presentó al Pacto por México como la conciliación de las principales fuerzas políticas para impulsar un programa de reformas estructurales inmediatas y, de ese modo, mover al país.
Aunque muy pronto empezaría a fracturarse, el acuerdo firmado por PRI, PAN y PRD tuvo que ir a contracorriente para que la oposición justificara su adhesión al señalar que, por sí solo, ningún hombre puede cambiar al país, y que además muchos de sus planteamientos habían sido incorporados al documento. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Política, p.5)