Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, condenaron el atentado que sufrió ayer Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania.
Cualquier acto de violencia, destacó López Obrador, es reprobable, y añadió que, bajo cualquier circunstancia, en la política debemos vernos como adversarios a vencer, no enemigos a destruir. A su vez, Sheinbaum indicó en redes sociales que la violencia no lleva a ningún lado, es condenable.
La canciller Alicia Bárcena se sumó a las expresiones de rechazo al ataque y deseó una pronta recuperación a Trump. (Alonso Urrutia y De la Redacción, La Jornada, Política, p. 3)
Consejeros electorales comenzaron el análisis de multas a partidos por 390 millones de pesos ante irregularidades en la campaña presidencial y al Congreso. La falta más recurrente de los institutos políticos son los egresos no reportados, es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó en sus recorridos por avenidas y visitas a mítines, propaganda, transporte, logística y otros servicios que los partidos no registraron en sus informes.
Sin embargo, el organismo electoral realizó una cotización de la promoción de candidaturas y los sumó a sus gastos. En sus informes, los partidos afirman que invirtieron en diversos servicios o contrataron personal, pero no lo demostraron con documentos a la autoridad electoral ni dieron aviso de las contrataciones ni tampoco reportaron el dinero que recibieron de entes prohibidos; además, las transferencias que realizaron no coinciden con los reportes. (Érika Hernández, Reforma, Nacional, p. 2)
Trabajadores de Cananea afiliados a la sección 65 del Sindicato Nacional Minero insistieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para solucionar la huelga que está por cumplir 17 años para que, antes de que concluya su mandato, se concrete la promesa que presentó en su campaña.
Antonio Navarrete, vocero de esa sección, señaló que una de las principales demandas es la restitución del derecho al trabajo y el pago de más de 14 años de salarios caídos. Reprochó que las autoridades federales no hayan podido obligar a Grupo México a restituir sus derechos.
En estos dos meses (antes de que concluya la actual administración) confiamos en que todavía se pueda alcanzar justicia, porque en los últimos dos años se han venido resolviendo en lo individual algunos casos, pero nos falta el problema central, que es la indemnización o la restitución del trabajo, reiteró en entrevista. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 5)
En la recta final del sexenio se ha acentuado el rezago de los sindicatos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
En la más reciente evaluación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) a los portales de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal, encontró que en general éstos cumplen las disposiciones de la ley.
La verificación, correspondiente a 2023, evaluó una muestra representativa de 45.8 por ciento (363 sujetos) del padrón vigente de instituciones y organizaciones con obligaciones de transparencia.
El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) alcanzó 96 puntos sobre 100 posibles en 2023, con una ligera disminución en comparación con 2022, cuando se alcanzaron 96.7 puntos. El INAI destaca la estabilidad general en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a lo largo de los años recientes. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 6)
En su afán por continuar a toda costa al frente del PRI, Alejandro Moreno no duda en pasar por encima de la autoridad electoral, como lo hizo en la convocatoria para renovar la dirigencia partidista, que emitió el Consejo Político Nacional casi en lo oscurito, el viernes pasado, con la finalidad de que no pudiéramos impugnarla, pero aun así lo haremos, asentó la ex presidenta del tricolor Dulce María Sauri Riancho.
En el artículo 34 de esa convocatoria, explicó, se incluyó el reciente cambio a los estatutos que permite la relección del presidente y la secretaria general hasta por tres periodos, lo que significa que “ignoran olímpicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deben avalar toda modificación a los documentos básicos de los partidos y sobre todo en este caso en que hay impugnaciones. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 9)
El Instituto Nacional Electoral (INE) hará un análisis amplio de la reforma a los documentos básicos del PRI y, como en otros casos, va a resolver en términos de los precedentes, pero eso no quiere decir que vaya a intervenir sobre el contenido democrático o no, dijo Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Frente a una decisión que el órgano electoral tomará en los próximos 30 días, subrayó que no será discrecional, sino que se llevará a cabo a partir de lo que marcan la Constitución y las leyes.
Al preguntarle por la ampliación de periodos en las dirigencias de otros partidos, aprobada con el argumento de que no era deseable que éstos entraran a una confrontación en pleno proceso electoral, el consejero Espadas puntualizó: “No son casos aislados, hay antecedentes. A mí me parece, en general, no sólo en estos cambios, que el INE ha tenido una gran actitud para decisiones de autoridad en los partidos y a la inversa de lo que ha ocurrido en otros aspectos; por ejemplo, las cuotas para grupos vulnerables, en cuanto a la vida interna de los partidos, el INE es demasiado laxo (frente a) decisiones autoritarias en general. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 9)
La justicia federal puso fin al intento de Mario Aburto Martínez, homicida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue presuntos actos de tortura cuando fue detenido en Lomas Taurinas, en Baja California, el 23 de marzo tras asesinar al entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.
El viernes se notificó el cierre del expediente iniciado a través de un juicio de amparo, al resolver el recurso de apelación presentado en contra de la FGR por el no ejercicio de la acción penal en contra de cualquier involucrado por la presunta tortura de la que, asegura, fue víctima.
En abril pasado la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, Paloma Xiomara González, dejó sin efecto la demanda de garantías” y desechó el juicio de amparo con el número de expediente 232/2022. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 10)
El apartado del informe sobre la guerra sucia a cargo de la historiadora Eugenia Allier ya fue entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) para sumarse a la investigación –de nueve tomos– que presentaron el 25 de junio pasado sus compañeros Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, también integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad.
Con la entrega de Allier el jueves pasado queda listo el informe final sobre la represión y las graves violaciones a derechos humanos perpetradas entre 1965 y 1990, que fue elaborado por el MEH, el cual da cuenta de nuevos hechos, como ejecuciones extrajudiciales y masacres, que no habían sido públicos, y un registro de más de mil desaparecidos en esos años.
En entrevista, la investigadora de la UNAM explicó que la citada comisión, que preside el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, tendrá que revisar el informe completo del MEH para elaborar uno en el que incluya éste y los trabajos de los mecanismos de justicia, el de búsqueda y el de memoria, para presentar un documento final en septiembre, cuando concluye su mandato. (Jessica Xantomila y Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 10)