A dos semanas de que se detectó el primer caso positivo de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud (Ssa) informó en el reporte oficial diario que el número de personas positivas al nuevo virus se elevó a 41; es decir, 15 casos más en 24 horas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que Campeche permanece como la única entidad sin reportar contagios, mientras el número de pacientes sospechosos es de 155. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p. 2)
Ante la insistencia del Partido Acción Nacional (PAN) de que se suspendan las sesiones y toda actividad en el Senado como medidas de prevención por el coronavirus, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respondió que se actuará con cautela, previsión y responsabilidad y el próximo martes se reunirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para determinar qué hacer, de acuerdo con la evolución del Covid-19, con el apoyo técnico y científico de las autoridades en la materia y sin excesos. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 4)
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó su total respaldo a las disposiciones anunciadas ayer por las secretarías de Educación y de Salud para prevenir casos de Covid-19 en las escuelas, como adelantar las vacaciones de Semana Santa y crear comisiones de educación en cada escuela.
El secretario general, Alfonso Cepeda Salas, informó que en el ámbito de sus responsabilidades asume la tarea de contribuir a que los lineamientos en materia sanitaria tengan resultados positivos. (Redacción, La Jornada, Política, p. 5)
Al destacar la aprobación en San Lázaro para elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y becas académicas, entre otros programas de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que dicha reforma se logró con el apoyo de otros partidos, en referencia al PRI y, sin mencionar al PAN, volvió a balconear el voto en contra de un partido conservador que se hizo pato.
En reunión con pueblos originarios en Xochistlahuaca, Guerrero, se comprometió a que cada persona mayor de 18 años de esa localidad reciba gratis un cachito de la rifa del avión presidencial, gracias a los boletos que adquirieron empresarios y fueron donados para que se repartieran entre la población. En cada casa, indicó, se podrían repartir hasta tres cachitos por familia. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p. 7)
El gobierno planea la ampliación de infraestructura carretera, el Tren Suburbano y el Mexibús para mejorar la conectividad entre la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles. No se descarta el uso de autobuses de interconexión entre aeropuertos.
Hace unos días, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, informó que se ampliaría el Tren Suburbano desde Lechería hasta la entrada del aeropuerto; además, el Arco Oriente, para tener una vía desde Periférico Oriente por las carreteras Naucalpan, Ecatepec y Siervo de la Nación. Otras ampliaciones serían las líneas 1 y 4 del Mexibús. (Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p. 7)
La subcontratación se erradicará finalmente del Senado ya que esa cámara acordó contratar directamente a los más de 400 trabajadores de limpieza y mantenimiento que en los pasados 30 años han sido explotados por una compañía.
El pleno del Senado aprobó ya que se les contrate por honorarios asimilados, de acuerdo con los niveles salariales que actualmente tienen, pero el ex presidente de esa cámara, Martí Batres, consideró que se les debe duplicar el raquítico ingreso que ahora perciben –de 3 mil 800 pesos mensuales– tal como decidió recientemente la Cámara de Diputados con su personal de limpieza y mantenimiento. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 9)
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Ascensos y Recomepensas del Ejército y la Fuerza Aérea con objeto de motivar al personal militar que actué en acciones y servicios de restablecimiento de la paz, a participar en los concursos para elevar su grado, sin que esos movimientos dependan de recomendaciones de altos grados militares o de las áreas que manejan recursos humanos en la Sedena.
El diputado por el PRI, general Benito Medina (PRI), presidente de la Comisión de Defensa en San Lázaro, adujo que la reforma busca eliminar como requisito para participar en los concursos de selección para ascensos, la obligación de los mayores, capitanes y tenientes de las clases de arma y de servicio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de prestar como mínimo dos o tres años de servicios como tiempo de antigüedad en el grado y en las unidades de dichas instituciones castrenses. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p. 9)
En un escenario de más de 61 mil registros de personas desaparecidas en México, 15 mil 835 son mujeres, muchas de las cuales no son registradas adecuadamente y menos buscadas con protocolos específicos, denunciaron organizaciones civiles ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).
En una reciente audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre niñez, reclutamiento forzado y desapariciones, representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México advirtieron, frente al subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, que hay una epidemia de desapariciones, particularmente de menores de edad y específicamente de niñas. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 10)
Aunque la administración federal actual declaró el fin de la guerra contra el narco, durante 2019 el Estado mexicano y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) formaron parte de un conflicto armado no internacional, según estudios de la Academia de Derecho Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra (ADHDHG), lo cual significa que el gobierno ha continuado la misma dinámica de enfrentamiento con la delincuencia organizada.
Así lo advirtió el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, quien señaló que en México ya pueden aplicarse las leyes que rigen los conflictos armados, lo que haría penalmente responsables en cortes internacionales a los servidores públicos que toleren o cometan ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros abusos. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 10)