El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró, en el auto de vinculación a proceso dictado contra Rosario Robles Berlanga, que la ex funcionaria tácitamente permitió que en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se ocasionaran daños al erario, y señaló que el responsable fue principalmente Emilio Zebadúa González, como oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares.
El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan y pongan a disposición de un juez, al igual que sucedió con Rosario Robles, y un juzgado federal le negó un amparo para conocer otra investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, relacionada con expedientes en los que le atribuyen delitos cometidos por servidores públicos.
(Eduardo Murillo y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.4)
El ex director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Ramón Sosamontes Herreramoro presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión o actos privativos de la libertad por el caso relacionado con el desvío de 5 mil millones de pesos de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.
Sosamontes es colaborador cercano a Robles Berlanga, quien enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego de que el juez del caso la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido del servicio público.
(César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.4)
Las declaraciones de José Antonio Meade sobre los desvíos multimillonarios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora del Bienestar, han ido desde calificar el tema como una estrategia de campaña de Ricardo Anaya, su contrincante en la contienda presidencial de 2018, hasta subrayar que no hubo omisión de su parte una vez que él asumió la titularidad de la dependencia encarga de la política social, entre agosto de 2015 y septiembre de 2016.
Durante la campaña presidencial del año pasado, cuando abanderó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que hubiera sido omiso a los señalamientos ya públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó en Sedesol –la dependencia que tiene a su cargo los recursos para paliar la pobreza en millones de personas– desvíos millonarios cuando Rosario Robles Berlanga era titular.
(Redacción, La Jornada, Política, p.7)
El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, pidió que se sancione a las personas relacionadas con la estafa maestra, no a las universidades, cuando aquellas que han sido señaladas de participar en ese esquema de desvío de recursos han ido solventando las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señaló que dichas auditorías no tienen que ver con su autonomía, sino con el uso de recursos públicos, pues la firma de convenios con entidades públicas para la prestación de servicios es legal.
(Laura Gómez Flores, La Jornada, Política, p.7)
El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió ayer dos propuestas de reforma constitucional a la Comisión Permanente, una para reforzar la disposición de que ningún servidor público podrá percibir un salario superior al del Ejecutivo federal, incluidos los integrantes de los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta ahora se han opuesto a la disposición e incluso interpusieron recursos judiciales en contra.
La otra iniciativa prohíbe las condonaciones de impuestos, que en la actualidad puede llevar a cabo el presidente de la República y que los dos sexenios pasados sumaron más de 400 mil millones de pesos.
(Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
En un segundo intento por acotar los salarios de funcionarios de todos los niveles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una nueva iniciativa de reformas para impedir desde la Constitución que ningún funcionario de cualquier nivel, federal o estatal, gane más que el presidente de la República, lo que incluye a los gobernadores. En la iniciativa remitida a la Comisión Permanente y que modifica los artículos 116 , 117 y 127 constitucionales, se busca regular en ese esquema a gobernadores, alcaldes y órganos autónomos.
(A. Mercado y S. Arellano, Milenio, Política, p.11)
El Informe presidencial ya no se transmitirá en cadena nacional, eso pertenecía al antiguo régimen, anticipó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que el primero de septiembre ofrecerá el mensaje desde Palacio Nacional mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo entregará por escrito en la Cámara de Diputados, como prevé la Constitución. Aún no se define la hora del mensaje presidencial y podría ser antes de la sesión de Congreso General.
López Obrador aclaró que las transmisiones en cadena nacional sólo se realizarán para festejos como el Grito de Independencia, cuyo festejo también será distinto.
(Néstor Jiménez y Ernesto Méndez, La Jornada, Política, p.10)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Carlos, un menor de edad que requiere de cannabis medicinal, para que se le brinde tratamiento médico, y ordenó al gobierno federal emitir un reglamento claro y explícito para el uso terapéutico de la mariguana en un plazo de 180 días.
A propuesta del ministro Eduardo Medina Mora, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que la Secretaría de Salud está obligada a adoptar medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de Carlos.