Saltillo, Coah., En una de las dos entidades gobernadas por priístas, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, sostuvo que las encuestas no muestran lo que pasa en la contienda electoral, que su campaña va bien y trae a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, contra la pared.
Por la tarde, en un encuentro con jóvenes, sin anunciar algún programa para ampliar recursos destinados a los institutos públicos de educación superior, dijo que su estrategia incluye pagar espacios en universidades privadas para quienes no alcancen uno en las públicas. Además, ofreció que, de ganar, dará paquetes de datos de Internet de manera gratuita para que sigan estudiando o trabajando.
El acto representó también el debut en la campaña de su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez. Con un nerviosismo del que la misma abanderada hizo referencia, dio un breve discurso como coordinador de la campaña de jóvenes. Por la mañana, Gálvez encabezó un mitin en Saltillo, donde fue arropada por los candidatos a diputaciones federales y senadurías por el PRI, entre quienes sobresalió la presencia del ex gobernador Miguel Riquelme. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.5)
Morelia, Mich., El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, afirmó ayer que de ganar las elecciones, en su administración no será delito fumar mariguana ni usar vapeadores, “porque en todas las fiestas de ricos fuman yerba y no van a la cárcel, pero si a un pobre lo agarran con un churro, lo llevan preso”.
Álvarez Máynez estuvo en la Universidad La Salle de Morelia, donde ante unos 500 alumnos destacó: entonces, en México el delito es ser pobre; eso va a cambiar, porque los ricos pueden hacer lo que quieran y los pobres se van a la cárcel por no tener dinero.
Insistió en que la seguridad es el problema más grave que tiene el país, por eso, dijo, cuando gane los comicios del 2 de junio emprenderá el plan nacional de pacificación que presentó hace unos días en Colima, el cual también entregó al Episcopado Mexicano. (Ernesto Martínez, La Jornada, Política, p.5)
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que quienes han pagado la guerra de bots en su contra son los mismos que trajeron al país hace unos días a la legisladora ultraderechista y profranquista Cayetana Álvarez de Toledo para hablar mal de mí.
En la mañanera criticó que la autoridad electoral haya descartado investigar el uso de bots, pero a la par me censuren y le ordenaran bajar de sus redes sociales y su canal oficial en YouTube la entrevista que concedió a la periodista de origen ruso Inna Afinogenova.
El mandatario ya acató dicho ordenamiento, pues desde la madrugada de ayer tanto en sus redes sociales como en los canales de YouTube ya no aparece la conversación con la comunicadora extranjera. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.7)
Las quejas en Morena por la definición de candidaturas continúan. Inés Parra acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la protección de sus derechos político-electorales, como representante de la comunidad náhuatl, con el argumento de que la dirigencia del partido bloqueó su aspiración de relegirse para poner en su lugar a un varón no indígena.
En tanto, en Baja California Sur, consejeros y militantes del PT denunciaron la imposición de Christian Agúndez, hijo del ex gobernador Narciso Agúndez, como candidato a alcalde de Los Cabos.
El regidor Catarino Flores, quien aspiraba a una diputación local, señaló que valora su permanencia en el PT, encabezado en el estado por Narciso Agúndez. Ante la proximidad de las decisiones tomadas por grupos de influencia y no de las bases, se avecina una desbandada de militantes que han visto traicionada su confianza, expresó en una declaración pública. (Alma E. Muñoz y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.6)
Frente a los 16 hechos que identificó como violencia política en los últimos 10 días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar una estrategia de seguridad integral para garantizar la protección de candidatos a alguno de los más de 20 mil puestos de elección popular.
En su segundo informe sobre Violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, el organismo nacional señaló que del 2 al 12 de marzo se identificaron 16 hechos como violencia política, de los cuales 25 por ciento (cuatro hechos) representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia contra candidatos y servidores públicos.
Además, indicó que se contabilizaron cinco hechos (31.25 por ciento) considerados de cuidado por registrarse amenazas por medios físicos y/o digitales contra aspirantes. También se detectaron siete casos (43.75 por ciento) que representan alerta al presentar actos de discriminación y divulgación de infundios. (Jared Laureles y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.8)
Más de 7 mil funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) están listos para recibir las denuncias que se presenten y estén relacionadas con el proceso electoral que se celebrará el próximo 2 de junio, informó la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel).
El organismo que dirige José Agustín Ortiz Pinchetti indicó que los delitos que son de su competencia son la compra de sufragios, uso indebido de recursos públicos federales, condicionar la prestación de servicios o programas gubernamentales, acarreo de votantes el día de la jornada electoral, apoderarse o destruir material respectivo y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Para atender y desahogar las denuncias se cuenta con ministerios públicos, oficiales y policías ministeriales, peritos y analistas que concluyeron la capacitación impartida por la Fisel, durante el proceso electoral en el que se renovarán 20 mil 375 cargos públicos. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.8)
Chilpancingo, Gro., El Congreso del estado tiene un plazo de 10 días hábiles para objetar la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, solicitada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el jueves pasado a consecuencia de las irregularidades en el caso del homicidio de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Si en este lapso la Legislatura no se pronuncia al respecto, “se entenderá que no existe objeción” y la mandataria morenista procedería a proponer una terna para sustituir a la funcionaria, informaron fuentes estatales.
Ayer, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de Gobierno del Congreso local, Alejandro Gallardo Rodríguez, confirmó que recibió por parte de la administración estatal el documento de solicitud de remoción de la fiscal, que está siendo cuidadosamente analizado (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p.3)
Sobre la concesión del campo de golf Tangolunda, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que hay contratos legalmente firmados y concesiones vigentes que por ley se deben respetar para favorecer el estado de derecho.
Criticó que el gobierno federal no acepte la representatividad de los funcionarios que firmaron los convenios sobre la zona que pasado el 26 de febrero fue declarada por decreto parque nacional.
Respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que tampoco tiene algo personal en su contra. (Alejandro Alegría, La Jornada, Política, p.4)
A pesar de ser la responsable de coordinar el Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sigue sin cumplir su compromiso de convocar a encuentros con autoridades ni presentar avances, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) en una carta entregada el jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras, dijeron, la ex titular de la STPS y ahora secretaria de Gobernación (SG), Luisa María Alcalde, en lugar de reunirse con las comunidades afectadas ha tenido encerronas con Grupo México para negociar.
En la misiva entregada al mandatario durante su visita a esa entidad del norte, las comunidades afectadas por el derrame tóxico de 2014 en el río Sonora, considerado el peor desastre ambiental minero en el país ocasionado por Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, realizan un balance con siete puntos en los que señalan las mentiras e incumplimiento de las autoridades al plan de justicia. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p.4)
En un operativo conjunto, autoridades federales y locales detuvieron en el municipio de Escobedo, Nuevo León, a Édgar Enrique M, El Kike, identificado como el líder del cártel del Noreste en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con información de autoridades federales, El Kike fue detenido junto con Thelma N, de 26 años, y Mario N, de 56, cuando se trasladaban en un vehículo.
Participaron en el operativo elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Guardia Nacional y de Fuerza Civil, ya que según las autoridades consultadas, El Kike era considerado un objetivo prioritario por el alto nivel de violencia que generaba en Nuevo Laredo y otras regiones de la entidad en la disputa de territorios con miembros de Los Zetas y del cártel del Golfo. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.5)