Al detallar los planes de seguridad que implementa el gobierno federal desde distintos frentes, los integrantes del gabinete encargado de la materia señalaron que la prioridad es atender este tema sin generar más violencia.
La meta es lograr resultados en los primeros tres años del sexenio y afianzar la estrategia el resto de la administración, sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.3)
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá entregar a un particular la información digitalizada relativa a los montos de recursos ejercidos por la Guardia Nacional (GN) durante 2019, desglosándola por entidad y rubros.
Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) durante su sesión pública efectuada anoche, donde los comisionados aprobaron por unanimidad revocar la respuesta de la dependencia, que alegó no contar con información relacionada con la solicitud debido a que en el decreto de creación de la GN sus atribuciones se delimitan a la materia de seguridad pública nacional y de protección civil. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.4)
Metepec, Méx., La instalación de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el parque de La Pila, en este municipio, ha generado una confrontación entre autoridades locales y vecinos, quienes se oponen, con el argumento de que además de despojarlos de una héctarea de área verde, una construcción de ese tipo hace vulnerable la zona donde se ubican escuelas.
La alcaldesa Gabriela Gambia Sánchez puntualizó que la llegada de la GN a Metepec es inminente, además de que el proyecto para dar en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 10 por ciento de la superficie de dicho terreno ya fue aprobado durante una sesión del cabildo. (Israel Dávila, La Jornada, Política, p.5)
El archipiélago de las Islas Marías contará con su propio sector naval, según un acuerdo del titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, publicado en el Diario Oficial.
En el documento se señala que la creación de esta nueva demarcación tiene el objetivo de incrementar la eficiencia en la ejecución de sus tareas y en el cumplimiento de la misión asignada para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, islas y plataforma continental, así como mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.”. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.5)
La Cámara de Diputados modificó ayer el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos –recién denominado en julio– a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y avaló la desincorporación de Lotería Nacional (Lotenal), debido a que está en quiebra, pero se mantendrá la realización de sorteos a cargo de Pronósticos Deportivos, dejando a salvo los derechos de trabajadores, expendedores y vendedores de billetes.
Durante la sesión, José Luis Elorza (Morena) sostuvo que el fondo del nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tiene que ver con recuperar lo adquirido con dinero mal habido, a costa del dolor de inocentes o la ignorancia de la gente. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.6)
La iniciativa privada reclamó al gobierno federal y al Congreso no ser tomados en cuenta, tras los ejercicios de parlamento abierto, en la discusión sobre la reforma fiscal que equipara la falsificación de facturas falsas con delincuencia organizada. Advirtieron que buscarán amparos.
Afirmaron que con la entrada en vigor de esta medida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se vuelve juez y parte en los procedimientos y con dicho poder puede cometer actos discrecionales. (Dora Villanueva, Julio Gutiérrez y Julio Reyna Quiroz, La Jornada, Política, p.7)
La Fiscalía General de la República (FGR) prepara las diligencias para que Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes –ex colaboradores de Rosario Robles Berlanga, acusada de ejercicio indebido del servicio público cuando se desempeñó como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto–, declaren en torno al desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales entre 2012 y 2018.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes no forman parte de las entrevistas que realizarán a diversos servidores públicos adscritos, en su momento, a Sedatu y Sedesol, quienes estuvieron presentes durante la época de los hechos atribuidos a Rosario Robles. (Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.8)
La elección interna de Morena se mueve no sólo en una serie de denuncias por la suspensión de 30 asambleas distritales en la primera etapa de su proceso, sino también en un enmarañado legal sobre la elegibilidad de los aspirantes.
Mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido emitió un nuevo criterio de interpretación de los estatutos, en el que definió que quienes ya ocuparon cargos directivos o en el consejo sólo podrán relegirse en una ocasión, lo que afecta a varios de sus aspirantes, diputados federales exigieron a sus dirigentes que se les permita intervenir en las asambleas y que se publique un padrón transparente de militantes, con la finalidad de restituir credibilidad al morenismo a escala nacional. (Néstor Jiménez, Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.12)
Partidos políticos y autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en los ayuntamientos de modo horizontal, asegurando que al menos la mitad de las candidaturas a presidencias municipales sean para mujeres, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pleno de ministros señaló que la reciente reforma a la fracción I del artículo 41 constitucional obliga a que la paridad en los puestos de elección popular de las alcaldías se exprese no sólo de manera vertical, sino también horizontal. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.12)
Activistas de organizaciones civiles expresaron que el Senado debe elegir al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a una persona con amplios conocimientos en la materia que además tenga la convicción de ser incómoda y sepa ejercer su autonomía frente al Poder Ejecutivo, pues de lo contrario se vería mermada su legitimidad.
Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que aunque se logró definir un mecanismo con una serie de criterios de elegibilidad para todos los aspirantes al cargo de ombudsperson, los colectivos involucrados en el tema siguen con mucha atención el proceso para evitar que sea nombrada una persona que no cumpla el perfil. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.14)
Las políticas del Estado mexicano todavía distan mucho de cumplir los tratados internacionales que las autoridades del país han firmado, advirtieron diversas organizaciones civiles en un informe sombra que presentaron el lunes anterior al Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy y mañana realizará un examen al gobierno de México para verificar el nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En un comunicado conjunto –firmado por organizaciones como la red Todos los Derechos para Todas y Todos y los centros de derechos humanos Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, entre otros–, los colectivos señalaron que su informe alternativo será discutido con los miembros del mencionado comité de la ONU en Ginebra, Suiza, para informarles a profundidad sobre temas como militarización de la seguridad pública, migración indocumentada y acceso a la justicia. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.14)
El hostigamiento por parte de integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps, hacia trabajadores afiliados a Petromex se ha recrudecido, denunció Óscar Solórzano Méndez, vocero del grupo sindical.
Señaló que el hijo de uno de sus delegados, Alberto Argueta, en Naranjos, Veracruz, fue secuestrado hace dos meses, presuntamente por su postura en contra la dirigencia seccional del STPRM. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.16)https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/politica/016n2pol