San Cristóbal De Las Casas, Chis., Pobladores del ejido Tacuba Nueva, municipio de Chilón, situado en el norte de la entidad, solicitaron la intervención urgente de las autoridades federales y estatales, debido a que desde la semana pasada comenzó a agrietarse la tierra, lo que ha afectado 39 viviendas, cultivos, tuberías de agua y carreteras.
Jacqueline Gómez Cruz, habitante del ejido, dijo que 39 casas se han caído o han resultado afectadas en un barrio, por eso los pobladores se han refugiado con familiares y amigos. Por lo que solicitó: urge que nos apoyen, que nos echen la mano por los damnificados.
En entrevista telefónica, Gómez Cruz manifestó que desde las 9 horas del domingo no tiene energía eléctrica, debido a que se reventó un cable por los movimientos de la tierra.
Explicó que desde la semana pasada hubo deslaves y derrumbes de tierra y hasta la fecha sigue cuarteándose el suelo; pasa un río que ya se cerró totalmente. Estamos en peligro, no sólo los del barrio afectado, sino los más de 2 mil habitantes del ejido.
El ex secretario del comisariado ejidal, Pedro Gómez Sánchez, aseguró mediante una videograbación que debido a las lluvias han habido derrumbes de árboles, cafetales y milpas; ya se movieron todas las raíces, por lo que queremos que intervengan de manera rápida las autoridades. (Elio Henríquez, LaJornada, Política, p.4)
El próximo miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia contra Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en juzgados federales del Reclusorio Sur, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le formularáimputación por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, derivado del caso conocido como la estafa maestra.
De acuerdo con fuentes, el ex funcionario podría comparecer por videoconferencia y en ella conocerá de manera formal los cargos que le imputará el Ministerio Público, además las autoridades le confirmarán que existen pruebas para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en 2016, causó un posible quebranto a la hacienda pública por 185 millones 839 mil 480 pesos.
El citatorio, del que tiene copia La Jornada, señala que en caso de no asistir, pese a su debida notificación, se libraría en su contra una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
Fue vinculado a proceso Luis Antonio Valenciano Zapata, empresario inmobiliario, acusado de haber participado en el caso conocido como la Estafa Maestra.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado recibió 6 millones de pesos de un contrato de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles Berlanga encabezaba esta dependencia, para una obra que nunca se efectuó.
El imputado es socio y administrador único de la empresa inmobiliaria Construcciones y Edificaciones Merinda, la cual recibió la cantidad señalada como parte de un esquema de triangulación para desviar recursos de programas de la Sedesol.
Conforme a la carpeta de investigación, el primero de septiembre de 2014, la dependencia encabezada en ese entonces por Robles Berlanga, hoy presa por ejercicio indebido de la función pública, celebró un convenio de coordinación con una universidad pública de Morelos.
A su vez, la institución educativa subcontrató para el proyecto a un grupo industrial, quien finalmente transfirió los 6 millones de pesos a la empresa de Valenciano Zapata. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.6)
Los grupos parlamentarios de Morena y Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anticiparon que plantearán el inicio, lo más pronto posible, de la discusión de la iniciativa presidencial para prohibir la subcontratación laboral, con objeto de que se apruebe en el actual periodo de sesiones.
El daño a la recaudación y a los trabajadores es tal que, dijo el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, el cálculo de evasión de impuestos, así como por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), asciende a 1.2 billones de pesos.
La reforma también debe prohibir la subcontratación en el gobierno federal, estatal y municipal, añadió el legislador.
A su vez, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna (Morena), sostuvo que el abuso de esta práctica permite que empresas operen únicamente con personal subcontratado, lo cual les facilita eludir sus responsabilidades tributarias y con los trabajadores.
Esta forma de contratación provoca que las empresas no tengan trabajadores propios, sino únicamente externos, lo cual violenta sus derechos, su seguridad social, prestaciones laborales, jubilación y también las finanzas públicas, porque evaden las cuotas al IMSS, así como el pago de impuestos, resaltó. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.7)
Entre 20 y 25 por ciento de los trabajadores de la industria manufacturera, así como del sector de comercio al por menor, son contratados por outsourcing.
De 4.6 millones de trabajadores subcontratados que el gobierno federal estima hay en el país, de acuerdo con el Censo Económico 2019 elaborado por el Inegi –entre los que se excluyen los de rubros de limpieza, vigilancia y jardinería, que son tres de las actividades con mayor tercerización–, casi la mitad son empleados en los dos rubros.
De acuerdo con dicho documento y estudios de este año del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), en la industria manufacturera hay 6 millones 493 mil empleados. De éstos, un millón 164 mil 508 trabajaron para una unidad económica durante 2018, pero dependieron contractualmente de otra razón social y realizaron labores ligadas con la producción, comercialización, prestación de servicios, administración y contabilidad, entre otras, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.8)
Los cárteles del narcotráfico están recurriendo en mayor medi-da a la utilización de jets y aviones de turbohélice para el transpor-te de drogas, según un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacio-nal (Sedena), en el cual se revela que las pistas clandestinas utilizadas por los grupos delincuenciales son cada vez más largas y sus aeronaves más grandes.
Entre otros datos, el informe señala que, en enero pasado, se descubrió en Angostura, Sinaloa, una pista de mil 300 metros de largo, la más grande localizada en los últimos siete años.
En respuesta a una solicitud de información, la Sedena señaló que, de enero a octubre pasado, aseguró en todo el país 15 pistas clandestinas, cifra mucho menor a las 66 destruidas durante todo el año pasado.
Sin embargo, mientras el año pasado sólo una de cada cinco pistas tenía más de 700 metros de largo, en 2020 la tercera parte de las encontradas superaba esta medida.
Las características de los aviones asegurados también revelan el cambio de estrategia de las organizaciones del crimen organizado. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.11)
En el dictamen que se discutirá esta semana en el Senado para regular la mariguana no se incluye al cáñamo, por lo cual el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Raúl Bolaños Cacho Cué, pidió que ese material se legisle de manera distinta. Expuso los beneficios de ese cultivo en el ámbito social, económico, industrial, ambiental, así como medicinal, y agregó que la fibra y aceites de esta planta permiten desarrollar más de 25 mil productos que sustituyen a derivados del petróleo.
Legisladores y especialistas hicieron un llamado para que esa planta que pertenece al conjunto familiar de las cannabáceas pueda ser regulada de manera diferente a la mariguana, a efecto de impulsar y aprovechar de forma correcta una industria relacionada.
En la conferencia virtual Cáñamo y cannabis: Una regulación social, ambiental y mundial, organizado por el parlamentario del PVEM Bolaños Cacho, varios especialistas señalaron que regular igual sería un error que pondría a México en una situación de desventaja con otros países. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.1
Al confirmarse la negativa de la Cámara de Diputados de otorgar una partida extraordinaria de mil 499 millones para 2021 al Instituto Nacional Electoral (INE), destinada a organizar la consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes de la República, el organismo analizará esta semana los escenarios y las rutas posibles para llevar a cabo ese ejercicio, según lo anunció el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
En un video difundido en sus redes sociales, Córdova Vianello destacó que durante la aprobación del paquete presupuestal para el próximo año los legisladores realizaron, además, un recorte de 870 millones de pesos al INE con respecto a la propuesta de gasto operativo que había presentado el instituto. Dicha disminución, mencionó el consejero, es la más elevada que se haya decretado al INE en un año electoral.
El funcionario indicó que, en un principio, la propuesta para el gasto operativo sería de 20 mil 463 millones de pesos –sin contar la partida extraordinaria que después solicitaron sin éxito pero los legisladores avalaron sólo 19 mil 523 millones; es decir, sin incluir la partida correspondiente al financiamiento de los partidos políticos. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.14)
Toluca, Méx., Una de las corrientes más críticas del priísmo mexiquense, con más de 30 años de militancia, el Grupo Político Estado de México (GPEM), decidió cerrar su ciclo con el tricolor y acordó integrarse al PVEM para enfrentar la elección de 2021, donde estarán en juego diputaciones federales, locales y presidencias municipales de la entidad.
El líder de esta corriente, Cuauh-témoc García Ortega, explicó que después de una larga lucha por tratar de democratizar al PRI, y ante la cerrazón de la actual dirigencia, los integrantes del GPEM abandonarán las filas para sumarse al PVEM en los días venideros. (Israel Dávila, La Jornada, Política, p.14)
El Consejo Nacional de Morena pospuso su ratificación para que este partido haga alianzas con otras fuerzas políticas, discusión que se prevé retomará esta semana.
Aunque ya oficializó ante los órganos electorales locales su intención de ir en alianza con el partido del Trabajo y el Verde Ecologista, de acuerdo con los estatutos, la decisión debe ser tomada en última instancia por el Consejo Nacional.
Ayer, durante una sesión que, a decir de consejeros consultados, fue una reunión mucho más tranquila que las que se llevaron a cabo en los últimos meses, la posible alianza con el Partido Verde fue uno de los temas que dividieron opiniones.
A la vez, los consejeros pidieron modificar los lineamientos para dejar con claridad que será dicho órgano el que tomará la última decisión en este tema. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.15)
El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene un avance de 94 por ciento en la cobertura de la población objetivo (8.4 millones de personas), en tanto, la Secretaría de Bienestar señaló que la emergencia sanitaria por Covid-19 ha limitado operativamente la incorporación de nuevos beneficiarios.
Al tercer trimestre del año se ha ejercido 84 por ciento de los 126 mil millones de pesos correspondientes hasta ese periodo, de acuerdo con el tercer informe trimestral de la dependencia.
Bienestar agregó que hay una revisión de la base de datos de beneficiarios equivalente a 20 mil millones de pesos para programación y pago, además de que 43 millones son recursos no ejercidos por las delegaciones de los capítulos 2 mil y 3 mil del rubro de materiales y suministros, así como servicios generales, respectivamente.
Hasta septiembre pasado había 8 millones de beneficiarios. (Angélica Enciso L. La Jornada, Política, p.17)
En 10 años, a partir de que se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, 20 estados han legislado en favor de este derecho para las personas de la diversidad sexual y 11 siguen sin modificar sus leyes.
Organizaciones que defienden los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (Lgbt) consideraron que el avance de iniciativas de este tipo en los congresos locales ha sido lento, pues apenas en 2019 seis estados legislaron en su favor.
Al recordar que los principales opositores a esta garantía han sido grupos conservadores, muchos de ellos ligados a la Iglesia católica, reconocieron las declaraciones del papa Francisco sobre las uniones civiles, emitidas en un documental difundido en octubre pasado, y llamaron a que se retome la discusión en los congresos estatales.
Luis Guzmán, de la asociación civil Códise, expuso que a pesar de que todavía no se modifica la legislación en 11 entidades, entre ellas Durango, Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Tabasco, las personas pueden interponer un juicio de amparo ante un juzgado federal con el fin de que emita una sentencia con la cual el estado está obligado a casarles. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.18)
Desde el fin de semana pasado comenzó en México la aplicación de las pruebas clínicas de la fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 producida por la empresa china CanSino Biologics, las cuales son de la mayor relevancia, ya que permitirán conocer sus efectos en diferentes segmentos de la población.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este biológico candidato se aplicará a alrededor de 15 mil voluntarios mexicanos en diferentes entidades del país. Hasta ahora los procesos se han iniciado en Guerrero, Oaxaca y en la Ciudad de México, con la intención de ampliarlo a Aguascalientes, Coahuila, Michoacán y Nuevo León.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Incmnsz) informó a través de un comunicado que el protocolo para la aplicación de esta vacuna inició el 13 de noviembre, en la Ciudad de México, y hasta la noche del sábado se habían vacunado, en su sede, a tres voluntarios; enfatizó que será el propio Instituto el canal por el cual se estarán informando los avances obtenidos. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.19)
Aunque se ha especulado que el conflicto entre Estados Unidos y China servirá para atraer más inversiones del país asiático a México, especialistas y académicos dudan de que esto sea posible, pues aseguran que el país no ha trabajado para que eso sea posible, además de que persiste la desconfianza de los inversionistas por la serie de proyectos chinos que se han cancelado en años recientes.
Hace apenas unos días China presentó su nuevo plan de desarrollo económico quinquenal, en el que buscará un desarrollo económico sostenido y saludable con énfasis en una mayor calidad de crecimiento. Al respecto, Enrique Dussel Peters, investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), destacó que ésta es una nueva oportunidad para el país, pero no será fácil aprovecharla.
Enfatizó que desde hace 20 años se han abierto posibilidades de incrementar la relación comercial con el país asiático, pero lamentablemente todas han sido desperdiciadas por falta de interés, entendimiento y estrategia. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p.26)