La Cámara de Diputados planteó restructurar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de un diagnóstico donde se concluye que de las inspecciones realizadas entre 2010 y 2020, el ente fiscalizador mantiene congelados 4 mil 698 pliegos de observaciones y no ha presentado las denuncias administrativas y penales por un probable daño acumulado de 329 mil 125.3 millones de pesos.
Además, los presuntos delitos cometidos por supuestas irregularidades, que ascienden a mil 842.4 millones de pesos correspondientes a 2015, están por prescribir, sin sanción, según un reporte de 122 páginas que elaboró desde noviembre la Unidad de Evaluación y Control (UEC), el órgano de la Cámara que vigila a la ASF.
Ante lo delicado de las conclusiones, la Comisión de Vigilancia de de dicho recinto legislativo envió el reporte a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y solicitó al auditor David Colmenares Páramo una respuesta puntual, a más tardar en 15 días, porque se trata de señalamientos graves, pues implicaría que la ASF incumple una de sus principales tareas de fiscalización. (Enrique Méndez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.4)
La presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, acudió al Senado acompañada por los otros integrantes del organismo para insistir en que se nombre a los dos comisionados que faltan desde el año pasado, ya que otro más está por concluir su encargo.
Los recibió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, a quien expresaron su preocupación, ya que desde marzo de 2022 el INAI opera con cinco de sus siete integrantes, y en marzo termina la gestión de Francisco Acuña, por lo que el número se reduciría a cuatro, lo que pondría en riesgo su operación.
Explicaron que las resoluciones del INAI no tendrán fuerza jurídica e incluso el instituto ya no podría sesionar, ya que la Ley Orgánica que lo rige establece que se requiere la presencia de cinco comisionados. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna, la Jornada, Política, p.4)
La reforma al Poder Judicial debe ser impulsada desde dentro, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que descartó que en lo que resta de su gobierno presente alguna iniciativa de reforma a este sector.
Además, recalcó, “no queremos dar motivos para que los adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística: ‘El Poder Judicial no se toca’. A lo mejor es una trampa, nada más que no vamos a caer en eso; eso corresponde al Poder Judicial”.
Tras ser consultado sobre el tema después de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, exhibió irregularidades en el desarrollo de las denuncias que ha presentado esta instancia, el jefe del Ejecutivo federal refrendó su crítica ante la falta juzgadores sancionados, así como por algunas de las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Néstor Jiménez y Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.6)
Los terrenos que por años han estado en posesión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en los que incluso había casas presidenciales, y que serán convertidos en áreas naturales protegidas suman 16 mil 414.07 hectáreas, ubicadas en seis estados.
Javier May Rodríguez, director del Fonatur, explicó ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en cumplimiento de instrucciones del mandatario anunciadas hace unas semanas, se protegerán estos terrenos que se encuentran en 66.8 hectáreas en Baja California, 8 mil 64.69 en Baja California Sur, 981.71 en Guerrero, 5 mil 263.18 en Oaxaca, 115.79 en Quintana Roo y mil 921.87 en Sinaloa.
López Obrador afirmó en Palacio Nacional que con esta decisión se evitará que se siga traficando con estos terrenos, que quedarán protegidos de quienes hacen su agosto vendiendo los bienes de la nación. Destacó que también se resguardará el ambiente y se garantizará que no se impida el paso público a playas. (Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.6)
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que por el bloqueo económico impuesto por Washington y la inclusión de Cuba en la lista estadunidense de países patrocinadores del terrorismo, ha habido dificultades para el traslado del balasto importado de la isla para la construcción del Tren Maya.
Se contrataron barcos y las barcazas que se necesitan, empiezan a romper acuerdos, porque empieza la presión. A ese extremo, es realmente una infamia, dijo el mandatario en su habitual conferencia en Palacio Nacional.
El gobierno mexicano ha señalado que, dada su calidad, decidió importar balasto de Cuba para las obras del proyecto ferroviario que recorrerá cinco estados del sureste a lo largo de mil 554 kilómetros. (Arturo Sánchez Jiménez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
Ante la frase Ya sabes quién no se puede concluir que la referencia sea al Presidente de la República, determinó la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo anterior, al resolver una queja del PRI en contra de un spot de Morena, difundido dentro de la precampaña en el estado de México.
El tricolor denunció posible uso indebido de la pauta por el partido guinda, tanto por la emisión en radio y televisión de un promocional como por la vulneración a las reglas de difusión en detrimento del interés superior de menores de edad. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.8)
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, rechazó ayer haber incurrido en actos anticipados de campaña, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si el panista cometió ese ilícito durante una visita que realizó a Guadalajara, Jalisco.
El aspirante a la candidatura presidencial de la oposición explicó que el INE ya había desechado la denuncia que dio paso a la decisión de los magistrados, pues estuvo en la capital jalisciense invitado por la organización civil Confío en México, que cubrió todos los gastos del evento y yo pagué de mi bolsillo el avión y la estancia.
Añadió que esa agrupación ha invitado a los interesados en la Presidencia de casi todos los partidos a exponer su visión sobre México. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.8)
La decisión del gobierno federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de atacar la corrupción en los registros sanitarios y comercialización de fármacos es positiva, pero aún falta transparentar más los procesos mediante los cuales se dan estas autorizaciones, lo que aún no es público en México, afirmó Gilberto Castañeda Hernández, experto en farmacología.
Luego de que la Cofepris dio a conocer el desmantelamiento de un red de corrupción al interior del organismo que, entre otras irregularidades, filtró datos a una alta ex funcionaria del organismo, lo que generó la destitución de 11 mandos que analizaban riesgos sanitarios en proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas, señaló que es una buena medida, porque se está rompiendo con las cadenas de impunidad y una corrupción que operaron por décadas.
Castañeda Hernández, profesor-investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, destacó que el mercado de medicamentos es un negocio de miles de millones de dólares y los casos de corrupción no sólo ocurren en México, sino a escala internacional, por eso es tan importante aplicar medidas que realmente acaben con la corrupción en el sector. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.10)
Como parte de la igualdad laboral entre hombres y mujeres en la Armada de México, la Secretaría de Marina nombró ayer a la teniente de Navío del Cuerpo General Carla Iveth Cevallos Peyrot primera mujer Comandante de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar), quien se desempeñará en la Octava Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa.
La dependencia manifestó que Cevallos Peyrot es egresada de la Heroica Escuela Naval Militar y en su trayectoria ha desempeñado diferentes cargos y comisiones a bordo de unidades de superficie, así como segundas comandancias en la Ensar de Acapulco, Guerrero, y el sector naval de Islas Marías. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.13)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, son un instrumento de lucha que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de justicia y paz, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“Los acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres trascienden la inspiración de los movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal”, agregó en un comunicado. Según el Frayba, los acuerdos son luchas por la vida y la paz desde los pueblos. (Elio Henríquez, La Jornada, Política, p.13)
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto presidencial por el que se declara de utilidad pública y se ordena la ocupación temporal de 228 mil 601 metros cuadrados correspondientes a 16 inmuebles de propiedad privada, en el municipio de Escárcega, Campeche, donde se realizarán obras del Tren Maya.
El documento refiere el artículo 27 de la Constitución donde se sostiene que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, y que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización; se apela al artículo 28 constitucional que en su párrafo cuarto, señala que… los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía del país.
Y debido a la trascendencia del proyecto del Tren Maya y a efecto de evitar pérdidas al erario, es preciso fortalecer la viabilidad técnica durante la construcción del proyecto, por lo que resulta procedente decretar la ocupación temporal inmediata de los 16 inmuebles identificados por Fonatur Tren Maya, SA de CV, en términos de los artículos 2 Bis, 4 y 7 de la Ley de Expropiación, y llevarse a cabo las inscripciones correspondientes con base en el artículo 8 Bis de la misma ley. (Fernando Camacho y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.13)