En México no se produce fentanilo para traficar a Estados Unidos, pues es una sustancia elaborada en Asia que en nuestro territorio troquelan en laboratorios clandestinos para convertir en pastillas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que esa sustancia, precursora de drogas sintéticas, ingresa en mayores cantidades directamente al vecino pais del norte provocando, lamentablemente, la muerte de muchos mexicanos.
En conferencia, reivindicó la estrategia para combatir el tráfico de fentanilo, como parte de los compromisos de México, subrayando que en esta administración se han decomisado 6 mil kilogramos de este precursor, cuyo procesamiento permite elaborar un millón de dosis por cada kilo. Paralelamente, el control de las secretarías de Marina y Defensa Nacional permitió mayor control sobre el tráfico de esta droga. (Alonso Urrutia y Emir Olivares, La Jornada, Política, p.6)
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha subrayado ante funcionarios mexicanos la necesidad de que el país desarrolle capacidades de interceptación y manipulación de sustancias relacionadas con el fentanilo.
Un informe de ese organismo pone de relieve la aparición de opioides sintéticos de gran potencia no relacionados con el fentanilo, a los que se atribuye un número cada vez mayor de muertes por sobredosis. Esto ha agudizado la crisis de sobredosis de opioides, que hasta ahora se había relacionado principalmente con el consumo de fentanilo de fabricación ilícita, indica.
En el documento se consigna, por otra parte, que la producción conjunta de Afganistán, México y Myanmar representa 97 por ciento del opio producido ilícitamente en el mundo. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.6)
En el Senado avanzó la integración de la comisión bicameral que dará seguimiento al desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública al aprobar el nombramiento de quienes representarán a los grupos parlamentarios. La Cámara de Diputados, por su parte, ya aprobó su listado y el siguiente paso es la instalación de la instancia legislativa.
Dada la importancia del tema, el listado aprobado por el pleno senatorial incluye coordinadores parlamentarios y legisladores especializados en temas de justicia y seguridad. Así, la comisión quedó conformada por Ricardo Monreal, Damián Zepeda, Jorge Carlos Ramírez Marín y Clemente Castañeda, de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente.
También estarán Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo; Marcela Mora, de Encuentro Social; Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural. (Georgina Saldierna y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.6)
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción logró que un juez federal dictara vinculación a proceso en contra del ex administrador de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Jaime Nova Palma, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, al incurrir en acciones que permitieron que un buque que presuntamente transportaba más de 2 millones de litros de combustible fuera importado ilegalmente de Estados Unidos a México sin pagar los impuestos correspondientes.
De esta manera, la FGR reabrió un caso en el que en marzo de 2022 un tribunal colegiado con sede en Michoacán otorgó un amparo a Nova Palma y la verificadora aduanal, Alejandra Estefanía Rincón, por no haber cumplido sus facultades y ocasionar un daño al erario federal, ya que el buque reportó un cargamento de diesel y se descubrió que se trataba de gasolina importada de manera ilegal a México. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.6)
El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó estrategia de trabajo para ajustar la estructura del organismo al plan B, tarea a desarrollar de marzo a octubre próximo, dos meses y medio más de lo estipulado en los transitorios de la reforma, por lo que Morena advirtió que es una maniobra para alargar privilegios en el organismo, pero sobre todo acusó a los consejeros de ir a tribunales a dar una batalla jurídica contra el pueblo de México.
Con dedicatoria particular a Lorenzo Córdova, el morenista Mario Llergo les dijo que sirven al viejo régimen y a sus caballos de Troya.
Señaló que “hoy, con este acuerdo, no queda la menor duda de que lo único que les importa son sus privilegios y pactos en lo oscurito, sus excesos y privilegios para seguir sirviéndose a manos llenas. Hoy vienen, con un absoluto ego, a torcer una vez más la voluntad popular sin importar que sea el pueblo el que mande”. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.7)
El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México será quien defina si Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben ser consideradas como víctimas o afectados por los sobornos que recibió Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y con ello si ambas instituciones tienen la personalidad jurídica necesaria para recibir los 200 millones de pesos que el ex funcionario propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan en los casos de las firmas Odebrecht y Agronitrogenados.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex titular de Petróleos Mexicanos, presentó el amparo el pasado 13 de noviembre ante el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal, el mismo día en que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió abrir el juicio oral contra Emilio Lozoya, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
No obstante, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda turnó el caso a su homólogo del juzgado primero de distrito de amparo, quien por su parte manifestó ya conoce de otro asunto relacionado. En los próximos días decidirá si admite a trámite el recurso y analiza el fondo del asunto, ya que la defensa de Lozoya Austin no solicitó ninguna suspensión provisional. (César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.9)
Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso a cuatro acusados de participar en los desvíos de recursos de Seguridad Alimentaria (Segalmex), específicamente en la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar. Sin embargo, determinó auto de libertad al ex director de asuntos jurídicos Carlos Antonio Dávila Amerena.
Fuentes gubernamentales informaron que en una resolución dictada al concluir ayer la audiencia inicial y vencer el plazo de ampliación para determinar la situación jurídica de cinco de nueve detenidos, el juez Gregorio Salazar Hernández consideró insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República contra Dávila Amerena. El Ministerio Público Federal presentó un recurso de apelación, aunque ello no impidió que el es funcionrio abandonara el penal.
En esta primera etapa de audiencias iniciales contra ex funcionarios y presuntos involucrados en los desvíos de Segalmex que sí fueron vinculados a proceso, se encuentran Simón Escobar Copca, ex director del almacén de Diconsa en Querétaro; Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, y Artemio Gutiérrez, ex subjefe del almacén de San Luis La Paz en Guanajuato (Gustavo Castillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.10)
El veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recién nombrados provocó otro debate en el Senado, ya que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de reiniciar todo el proceso y lanzar una nueva convocatoria, en lugar de presentar una segunda propuesta con integrantes de la lista de los 13 candidatos evaluados en esa cámara que obtuvieron las mejores calificaciones..
Tal postura fue rebatida por miembros de su bancada y de la oposición. César Cravioto (Morena) y Damián Zepeda (PAN) sostuvieron que en la sesión del próximo miércoles se puede llegar a un acuerdo, siempre y cuando no se insista en elegir a los comisionados con base en cuotas y cuates, sino a los mejores perfiles, que garanticen imparcialidad. En la Cámara de Diputados también hubo críticas.
Rechazan que se emita nueva convocatoria
En conferencia de prensa, Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo que que va a ser difícil lograr el consenso para designar a los dos comisionados, ya que ahora es más complicado hasta conseguir mayorías simples; advirtió que por ello ve el riesgo de que el instituto de transparencia se paralice y quede sin fuerza jurídica para que se cumplan sus determinaciones (Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Alma Muñoz y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.11)
El gobierno federal refrenda el compromiso de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de los integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui, de la región tarahumara, reiteró Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
El funcionario acudió a Chihuahua para instalar, junto con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, la mesa de implementación de las medidas cautelares 876-22 emitidas por la CIDH en favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, tarahumara, municipio de Urique.
Encinas subrayó el compromiso del Gobierno de México para cumplir con las medidas cautelares, y de esa forma garantizar la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en la región tarahumara. También dio cuentas de la estrecha coordinación con la Fiscalía del estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública para que haya justicia, respaldo que es condición fundamental para restablecer las condiciones de paz y de convivencia. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.14)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que personal de seguridad y custodia del Centro Penitenciario Federal 18, en Ramos Arizpe, Coahuila, hizo uso excesivo de la fuerza contra un interno, que derivó en tratos crueles y violación a las garantías básicas sobre la protección de la salud, al acceso a la justicia y a la verdad, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad. Por estos hechos que sucedieron en marzo de 2021, la comisión emitió una recomendación. Por otra parte, la CNDH dirigió la recomendación 90VG/2023, a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, ejercidos en contra de una persona detenida en Acapulco, Guerrero, la madrugada del 25 de agosto de 2015. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.14)