La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que indemnizar con 5 millones 469 mil 824 pesos por persona a la esposa, padre y madre del médico Jorge Otilio Cantú Cantú, quien fue ejecutado de manera extrajudicial el 18 de abril de 2011, cuando un comando del Ejército le disparó 29 veces y lo remató con seis tiros en el rostro, en Monterrey, Nuevo León.
Por este caso en un juez penal sentenció en 2016 a 22 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja a cinco militares que participaron en el asesinato.
Por mayoría de siete votos a favor y dos en contra, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sentencia del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual concedió un amparo a familiares de la víctima, al reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena y la correspondiente indemnización por daño moral, daño físico (por el homicidio) y gastos funerarios. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.3)
A pesar de la promoción de acciones afirmativas para impulsar la representación política de diversos grupos vulnerables (indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad) los partidos políticos apelaron a estrategias para tergiversar esta figura y postular a personas que no tenían ascendencia indígena o no padecían ninguna discapacidad como candidatos en los espacios que el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó a personas con estas características, denunciaron observadores electorales.
Durante la presentación de los informes preliminares de las organizaciones que realizaron proyectos de observación electoral, señalaron también que en algunas entidades los gobiernos utilizaron programas sociales como forma de incidir en la tendencia de las votaciones, como fue el caso del gobierno del estado de México con el llamado salario rosa.
A su vez, Borde Político celebró el incremento en la presencia de las mujeres en diversos espacios de poder, pero al mismo tiempo denunció que fue una campaña en donde la violencia política en razón de género proliferó de diferentes formas: feminicidios, ataques en redes sociales, secuestros, amenazas, discursos discriminatorios, afectación del material de campaña. Situaciones graves que, lamentablemente, aseguró Mariana Niembro, no terminaron en denuncias penales (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.4)
La presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, sostuvo que no hay tiempo para aprobar en lo que resta de esta legislatura las tres reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y habrá que esperar hasta septiembre. Adelantó que el PRI no aceptará nada que debilite al Instituto Nacional Electoral (INE).
Tampoco, aseguró, los priístas avalarán la propuesta del Ejecutivo federal de eliminar los 200 diputados de lista nacional, los llamados plurinominales. Explicó que en el sexenio pasado, se planteó una propuesta similar y la rechazó categóricamente, porque va en contra de la pluralidad y la diversidad política del país.
Por su parte, legisladores del PAN se pronunciaron en contra de las tres reformas constitucionales anunciadas por López Obrador. El coordinador de los senadores blanquiazules, Julen Rementería; la senadora Kenia López Rabadán, y la diputada Alejandra García Morlán, advirtieron a Morena que no cuente con los votos de su bancada para aprobar reformas que perjudiquen al país. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.5)
A las 8:45 de la mañana llegó a México el segundo de tres cargamentos de vacunas contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech que se esperan esta semana, con 585 mil dosis de esos laboratorios, con lo cual se está cerca de llegar a 50 millones de biológicos que recibe el país.
Durante esta semana se espera el arribo de 2 millones 860 mil 160 de tres farmacéuticas: un millón 460 mil 160 de Pfizer-BioNTech, 50 mil de Sputnik V y un millón 350 mil de Johnson & Johnson; estas últimas donadas por Estados Unidos.
El de ayer es el embarque número 43 de Pfizer, que fue trasladado en el vuelo CVG MEX 952 procedente de Cincinnati, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.7)
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), mediante el cual se identifican casos de enfermedades y ha sido uno de los pilares para el control de la pandemia de Covid-19, es limitado en campo, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Reconoció que la plataforma no permite hacer el rastreo de las personas que han estado en contacto con enfermos de coronavirus y tampoco ayuda en la contención de los brotes comunitarios.
El funcionario participó ayer en el simposio Las nuevas competencias profesionales en salud pública en la era post Covid-19, organizado por la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública, donde comentó sobre las modificaciones que desde 2019 se plantearon para el área a su cargo y se plasmarán en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p11)
El acceso a la vacuna contra el Covid-19 para los jornaleros agrícolas ha sido inequitativo, pues mientras en algunas regiones del país la gran mayoría de ellos no fueron inmunizados –lo que provocó algunos fallecimientos–, en otras empleadores y autoridades sí entendieron la importancia de cuidar la salud de este sector poblacional.
Paulino Rodríguez, encargado de atención a jornaleros migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la mayor parte de los trabajadores originarios de Guerrero de 60 años o más no fueron vacunados, porque las empresas que los contrataron no notificaron a las instituciones de salud que varios empleados estaban en ese rango de edad.
Con excepción de una empresa agrícola en Santa Elena, Sinaloa, que proveyó del biológico a unos 10 trabajadores, prácticamente todos los demás sitios que contrataron a personas de La Montaña guerrerense no solicitaron que su personal de la tercera edad fuera inmunizado. Lo anterior, dijo Rodríguez, provocó al menos cuatro fallecimientos por Covid en Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, aunque el número puede ser mayor por la falta de registros oficiales certeros. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.13)
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 20 años a Francisco Javier Mendieta Jiménez, ex director de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y le impuso una multa de 3.8 millones de pesos por haber suscrito y pagado indebidamente dos veces la contratación de la sede de un congreso en 2016, lo que causó un daño al erario superior a 26.5 millones de pesos.
En un comunicado en que no identificó por su nombre al ex directivo, la SFP indicó ayer que también inhabilitó por 20 años a otros tres ex servidores públicos de la agencia involucrados en ese asunto.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el órgano interno de control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un ex director general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.8)
La policía de Nicaragua arrestó al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, investigado por incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y proponer y gestionar bloqueos económicos, los mismos delitos que se le imputan a los 13 opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en los últimos días.
La aprehensión del conocido banquero se dio a conocer en un comunicado emitido la medianoche del martes.
La policía indicó que también se investiga a Rivas Anduray por organizar con financiamiento de potencias extranjeras la ejecución de actos de terrorismo y desestabilización y por demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, delitos contenidos en la polémica ley 1055 aprobada en diciembre. (Ap y Europa Press, La Jornada, Mundo, p.21)
Más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) arribaron al municipio de Zamora, para implementar un operativo con el cual se pretende frenar la ola de violencia vinculada con el crimen organizado en la demarcación, que junto con Salamanca, Guanajuato, y Manzanillo, Colima, es actualmente una de las más violentas del país por su elevado índice de homicidios.
La comandancia de la 21 Zona Militar dio a conocer que los uniformados operarán en Zamora, así como en los municipios de Jacona, Chiavinda, Tingüindín y Tangancícuaro, coordinados con cuerpos de seguridad estatales y municipales, como lo establece el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
El martes pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal informó que Zamora es el municipio más violento del país, al perpetrarse ahí 181 homicidios por cada 100 mil habitantes durante el año pasado.
Este mes se han cometido 50 asesinatos en Zamora, Jacona, Tangamandapio y Tangancícuaro, crímenes que en su mayoría se relacionan con la pugna que mantienen los cárteles Unidos de Michoacán (CUM) y Jalisco Nueva Generación. (Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, Estados, p.23)
En cubículos, oficinas y cabinas de algunos trenes que circulan en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, trabajadores intensificaron la colocación de carteles en los que exigen el cese de la directora general, Florencia Serranía Soto, al tiempo que advierten riesgos en el servicio.
El Sindicato Mexicano de Trabajadores del STC indicó que la operación de la línea 12 requiere de un dictamen para que sea completamente segura.
Advirtió que no espera nada del peritaje que emita la empresa noruega DNV que contrató el Gobierno de la Ciudad de México, sobre todo si nos atenemos al realizado sobre el incendio del Puesto Central de Control que resultó en nada: no hay culpables, no hubo señalamientos y no hay detenidos. (Bertha Teresa Ramírez, La Jornada, Capital, p.29)