Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo rechazaron que exista un acoso del gobierno federal en contra del hasta ayer líder petrolero Carlos Romero Deschamps, indicaron que hay en su contra elementos de excesos y corrupción para investigarlo. La senadora morenista Cecilia Sánchez incluso señaló que se realiza la venta de plazas en Pemex. En contraparte, representantes del PRI y el PAN demandaron que el ex dirigente explique las razones que motivaron su renuncia y pidieron que no haya persecución política en su contra.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el gobierno federal respetará el trabajo que realicen las fiscalías y las autoridades judiciales autónomas que tengan procesos contra Romero Deschamps. En entrevista tras un foro en la UNAM, dijo que mantiene comunicación con el ahora ex líder petrolero, quien aseguró tener denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR). (Redacción, La Jornada, Política, p.8)
Tecámac, Méx., El Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua (Fpoda) de Tecámac y Zumpango presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el gobierno federal por violar el derecho a la consulta de los pueblos originarios que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se pretende erigir en la Base Aérea de Santa Lucía. También se reclamarán supuestas violaciones a los derechos al agua y a un ambiente sano.
Ricardo Ovando Ramírez, dirigente del Fpoda, anunció que luego de darse a conocer la revocación de la última de las siete suspensiones definitivas que mantiene detenido el proyecto, y ante el avasallamiento y complicidad del Poder Judicial, el frente llevará el tema a instancias internacionales. (Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, Política, p.10)
El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, criticó a las autoridades electorales nacionales por haber provocado un problema político en la entidad, y advirtió que gobernará por cinco años, aun cuando la convocatoria de estos comicios, avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), marca un periodo de dos.
“Desgraciadamente, y lo tengo que decir ante ustedes, sentimos que la misma institución que debe de poner el orden, el INE, ha sido el gran provocador de este problema. Nunca publicó lo que ellos decían que era la nueva ley, tampoco se difundió una convocatoria (de dos años) y ahora salen defendiéndose, hasta están diciendo que es un asunto ciudadano, pero eso no tiene nada que ver con impugnar. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.12)
Mexicali, BC., La reforma constitucional que aprobó el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de la administración de Jaime Bonilla Valdez, de Morena, estará impresa y en circulación a más tardar este viernes, dio a conocer el director de Comunicación Social del gobierno del estado, Raúl Reynoso Nuño.
Asimismo, adelantó que el actual gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, presentará una controversia constitucional sobre el contenido de las modificaciones.
Reynoso Nuño explicó que previamente se presentó un recurso contra la reforma, pero fue desechado por notoria improcedencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al no haberse aún promulgado. (Antonio Heras, La Jornada, Política, p.12)
Luego de que el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ser los causantes de la polémica registrada sobre la duración que tendrá su mandato, el presidente consejero Lorenzo Córdova dijo ayer que de principio a fin, el proceso electoral en aquella entidad fue para elegir mandatario de dos años.
En entrevista, puntualizó que se sigue analizando qué instrumentos jurídicos interpondrá el INE ante la Suprema Corte en contra de la llamada ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años la gubernatura. (César Arellano, La Jornada, Política, p.12)
Este miércoles, en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) comenzó a analizar el nivel de cumplimiento del Estado mexicano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una audiencia donde la delegación del país defendió los que considera sus principales avances, pero también recibió críticas por la falta de aplicación real de sus leyes y ordenamientos.
Encabezó la delegación nacional la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, quien enumeró diversas acciones que el gobierno ha llevado a cabo para respetar las garantías básicas en el país. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.15)
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el enfrentamiento registrado en Iguala, Guerrero, en el que perdieron la vida 15 personas, y desvinculó este hecho de la emboscada del lunes a policías locales en Aguililla, Michoacán.
No queremos enfrentamientos ni violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas. Hace falta paz para el país.
Por separado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció su pésame a los familiares de los policías y militares fallecidos en operativos contra la delincuencia. En particular, se refirió al ataque en Michoacán. (Alonso Urrutia, Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.15)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que en el enfrentamiento ocurrido el martes pasado en la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala, Guerrero, su personal actuó conforme a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
Promulgada el pasado 27 de mayo, dicha norma señala que los servidores públicos de las instituciones de seguridad sólo podrán recurrir al uso de la fuerza en casos de absoluta necesidad, según reza en su artículo cuarto, como última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.14)
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) manifestó preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deje sin investigar a fondo el papel del Ejército en la desaparición de un promotor cultural, ocurrida en octubre de 2013, y por tanto exculpe a las fuerzas armadas.
Dicha información fue retomada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual recordó que Daniel Ramos Alfaro, instructor voluntario del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Michoacán, desapareció el 2 de octubre de 2013 en algún punto entre las comunidades de Betania y Nuevo San Martín. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.15)
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el entendimiento entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el poder económico que defiende el neoliberalismo ha sido terriblemente complicado, por lo que resulta incierto un avance en ese sentido durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Primero ante notarios y luego en la UNAM, su alma mater, la funcionaria se refirió a la nueva etapa que vive el país. A sus colegas, los notarios, pidió colaborar para recuperar el estado de derecho y a los directivos de este grupo de profesionales solicitó marcajes personales en la actuación de los fedatarios. (Fabiola Martínez y Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p.16)
María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa Sembrando Vida es una posibilidad real para la gente que plantaba amapola porque los precios de los enervantes bajaron y la población que se dedicaba a esa actividad requiere un trabajo para obtener ingresos; ante eso, la estrategia gubernamental se impulsará en zonas de Guerrero y Michoacán.
Indicó que con este programa se lleva el sistema agroforestal y la milpa intercalada con árboles frutales. Se puede ver en ejidos de Canelas, en Durango, y la gente decide localmente si quiere o no participar. Así entraremos en Badiraguato, Sinaloa, y en Guadalupe Hidalgo, Chihuahua, en regiones del denominado triángulo dorado del narcotráfico. (Angélica Enciso L., La Jornada, Política, p.16)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Miguel N, ex agente de la Policía Judicial de Quintana Roo, por su presunta responsabilidad de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005.
El Ministerio Público Federal dio a conocer que esta detención se suma a la de otros tres responsables de haber actuado en contra de la informadora: José N, Alejandro N y Juan N. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.16)
La postura asumida por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para criticar las reformas que sancionarán la emisión de facturas falsas deja entrever que “los factureros estaban siendo protegidos, apoyados” en una operación que generaba pérdidas por 400 mil millones de pesos a la hacienda, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo veo como si fuese un partido político opositor, con fines políticos, como una oposición.
Admitió que tienen el derecho a promover todos los amparos que sean, pero esto no es sólo un asunto legal, es un asunto moral. Los deja muy mal parados. ¡Imagínense que estén defendiendo facturas falsas! Irónico, descalificó a la Coparmex: ¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo? ¿Cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas? Lo que demuestran es que estaban de acuerdo con estos ilícitos.
Durante la conferencia matutina, el mandatario reiteró su beneplácito por la reforma que abre la puerta a la revocación de mandato y a la democracia participativa. Sostuvo que antes, aunque la autoridad electa se desempeñara mal y se demostrara que era ineficiente, corrupto, mediocre y ladrón un gobernante, se le tenía que aguantar seis años. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.17)
El noveno tribunal colegiado en materia penal con sede en Ciudad de México revisará la vinculación a proceso contra Rosario Robles Berlanga; quien lleva dos meses presa en Santa Martha Acatitla acusada de ejercicio indebido del servicio público, por presuntamente causar daño al erario por más de 5 mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, caso denominado la estafa maestra.
A unas horas de que el quinto tribunal unitario en materia penal resuelva si revoca la prisión preventiva de la ex secretaria de Estado, el noveno colegiado admitió a trámite el recurso de revisión en contra de la vinculación a proceso, el cual radica en el expediente 268/2019. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.19)