Ante el aumento de la demanda de atención por Covid-19 y la necesidad de camas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas habilitó 114 camas para enfermos de Covid-19. De éstas, sólo 13 tienen ventilador. El resto será para pacientes en recuperación.
Para convalecientes se habilitan, a partir del 21 de enero, 40 camas en la explanada de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en el estado de México, informó el organismo.
La Jornada publicó el sábado el anuncio que las autoridades del Seguro Social hicieron al personal del Hospital de Traumatología, sobre la reconversión del inmueble, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta en Ciudad de México y su zona conurbada, sobre todo por la saturación que se reporta en el resto de los nosocomios.
Desde hace días, en Magdalena de las Salinas empezaron a llegar pacientes, comentaron algunas enfermeras. Hasta hace poco se había evitado recurrir a ese y otros hospitales de traumatología, pues son esenciales para atender emergencias de lesionados.
No obstante, la ola de contagios del virus SARS-CoV-2 obliga a tomar medidas extraordinarias, señalaron trabajadores del IMSS.
El organismo informó que en el área de ortopedia de Magdalena de las Salinas están ocupadas siete camas con ventilador y 47 sin ventilador. Han sido dadas de alta 22 personas por mejoría y hay gestiones en trámite para referir, durante el fin de semana, a otras 20 del Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez y 10 pacientes del Hospital General de Zona 48. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, P.4)
Hasta ayer por la tarde se había aplicado 82 por ciento del lote de 439 mil 725 vacunas contra Covid-19 que llegó el pasado martes al país. Los mayores avances se reportaron en 17 estados de la República, informó Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario confirmó la renuncia de Miriam Veras Godoy, quien era titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia). Dijo que su salida fue por razones personales, nada en relación con alguna discrepancia sobre la estrategia de vacunación contra el Covid-19.
Resaltó que la aplicación del biológico es diferente al programa universal de vacunación, el cual es responsabilidad de Censia. En el caso del Covid-19 es una acción en que participan varias secretarías de Estado, bajo un esquema que en la milicia se conoce como Sistema de Comando de Incidentes.
La salida de Veras Godoy no tendrá impacto significativo en el operativo Correcaminos para la aplicación de la vacuna, afirmó.
Recordó que este martes arribará otro lote de más de 439 mil dosis del biológico desarrollado por la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech, con lo que continuará dicha estrategia para inocular al personal de salud que está en contacto directo con los enfermos de coronavirus.
Sobre el avance de la pandemia, por ser fin de semana en que baja la actividad en la red de laboratorios de salud pública, ayer se confirmaron 11 mil 170 casos de Covid-19, cifra inferior a la tendencia registrada en los dos días previos, cuando se sumaron más de 20 mil casos en cada uno. La cifra acumulada llegó a un millón 641 mil 428 casos. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, P.5)
Entre julio y diciembre aumentó 88 por ciento la prevalencia de Covid-19 en los jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que en parte explica el crecimiento acelerado de la pandemia en el país. De representar 16 por ciento del total, subieron casi a 30 por ciento en ese lapso. Eso es también lo que observan los médicos en los hospitales, además de que llegan a internarse con cuadros de neumonía.
En el primer pico de la epidemia, entre mayo y agosto pasado, los jóvenes sólo presentaban fiebre y dolor de cabeza, que no ameritaban hospitalización. Ahora es distinto y, aunque todavía no se refleja en las estadísticas oficiales, los especialistas comentaron: también los vemos morir por complicaciones graves de la enfermedad.
Además, llamaron la atención sobre que estos pacientes menores de 30 años no presentan otras comorbilidades como diabetes o hipertensión arterial. En individuos de mayor edad, estos males son factores de riesgo para el desarrollo de cuadros complicados e incluso de pérdida de la vida.
Los médicos también señalaron que las autoridades de sus instituciones han advertido que la elevada demanda de servicios y camas de hospital se prolongará durante los siguientes dos meses. Los casos seguirán en aumento, lamentaron.
Las personas que se contagiaron en diciembre y los últimos días de fiestas como el Día de Reyes apenas están en el periodo de incubación del virus. Pronto llegarán a los hospitales, insistieron.
Por eso los esfuerzos para contar con más camas de internamiento, lo cual tampoco es fácil, porque los hospitales ya están ocupados a su máxima capacidad. Disponer de más camas implica que cada una tenga tomas de oxígeno. De nada te sirve la cama sin el oxígeno, indispensable para la atención de personas con falla respiratoria. Tampoco funciona sin el personal médico y de enfermería, con el respectivo entrenamiento, añadieron.
Sobre la situación de la pandemia en los jóvenes, la información oficial de la Secretaría de Salud (Ssa) indica que el mayor incremento se ha dado en los adolescentes de 15 a 19 años, entre quienes aumentó 64 por ciento el Covid-19, al pasar de 1.6 a 2.6 por ciento respecto de la totalidad de personas afectadas en el país. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, P.5)
Los actuales casos de Covid-19 corresponden a los contagios que se dieron durante las fiestas decembrinas y el 6 de enero, y se espera que el número se eleve todavía más en los próximos días, advirtió Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
Hay muchos casos de gente que se reunió, aunque fueron nada más dos familias, aunque fueron sólo cinco personas, se juntaron y hubo contagios, dijo el especialista y académico de la Facultad de Medicina, quien urgió a interrumpir la cadena de transmisión del virus y continuar con los cuidados preventivos. Tenemos que romper los contagios en enero para no tener una epidemia mayor en febrero.
Indicó que ante el aumento en el número de contagios en los hogares es necesario seguir medidas estrictas como salir de casa sólo para actividades indispensables y evitar la convivencia con personas de otras viviendas, aun en grupos reducidos.
El doctor en ciencias bioquímicas y especialista en enfermedades prevenibles por vacunación, explicó que aun cuando ya se inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 se deben mantener las medidas de sana distancia e higiene constante, toda vez que los efectos de la inmunización se verán hacia finales de este año o en 2022. La epidemia está ahora y tenemos que interrumpirla ahora, insistió.
Rodríguez Álvarez dijo que en caso de que alguna persona en el hogar presente los síntomas de la enfermedad, es necesario comunicarse con un médico o servicio institucional, a fin de recibir atención y seguimiento, además de evitar la automedicación. (José Antonio Román, La Jornada, Política, P.5)
En el mundo extenuante al que se incorporó Erick Cuevas Prado en mayo de 2020 como enfermero del área de cuidados intensivos en la Unidad Temporal Citibanamex, hoy –nueve meses después–, todo pinta peor. Prácticamente esto ya se salió de control, dice con pesimismo y desazón.
El acelerado crecimiento de casos de Covid-19 que atribuye al poco interés de muchas personas por evitar los contagios lo lleva a esa conclusión. Y lo ilustra con un hecho incontrovertible: de las ocho camas para terapia intensiva instaladas originalmente en ese centro hospitalario, ahora suman 64, y aun así son insuficientes.
El desaliento del trabajador no se puede ocultar: El actual semáforo rojo no tiene nada que ver con el primero, cuando la gente realmente se cuidaba. Estamos saturados. Ya no somos sólo un centro para cuidar a enfermos en recuperación con el fin de desahogar las camas de otros nosocomios y cuidar a quienes eventualmente se agravarán. Nos hemos convertido en un hospital más con pacientes en todas las fases, de todas las edades y su agravamiento es más rápido, así como numerosos los decesos. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Política, P.6)
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal la carpeta de investigación con las denuncias en contra del ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, en la que se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
Fuentes judiciales confirmaron que por esta razón el ex legislador fue llamado a declarar; agregaron que, al confirmarse su carácter de imputado, podría ser sujeto a prisión a menos que obtenga un amparo.
Mientras, en su cuenta de Twitter el panista escribió: Después de seis meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí.
Lavalle se refiere a la declaración entregada por el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a la FGR en agosto del año pasado, en la que lo señala como uno de varios senadores del blanquiazul que extorsionaron al gobierno con el fin de obtener cantidades millonarias a cambio de dar su voto a favor de la reforma energética. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, P.9)
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que son inconsistentes e ilegales las pruebas que la agencia contra las drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) presentó en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.
En los resultados de su investigación, se menciona la entrega de 10 millones de pesos para financiar un presunto golpe de Estado, versiones que rayan en la estupidez, según respondió Cienfuegos en su declaración ante el Ministerio Público.
Entre las conversaciones entregadas por la DEA se encuentra una fechada el 4 de enero de 2017, que menciona la entrega del dinero, a lo que ex titular de la Sedena respondió que un levantamiento en armas y hasta una revolución es francamente ridículo.
La FGR afirmó que solicitó a las autoridades de Estados Unidos todas las pruebas de su investigación contra Cienfuegos Zepeda, pero como respuesta sólo se enviaron las 743 hojas con transcripciones de los mensajes de texto presuntamente interceptados.
El Ministerio Público indica que dichas comunicaciones fueron intervenidas ilegalmente; por lo tanto, esa información carece del más elemental valor jurídico, está afectada de nulidad y no pueda surtir efecto alguno sobre las personas a las que se les atribuyen.
En el expediente del caso, se afirma que las pesquisas de la DEA comenzaron en 2013, a raíz del seguimiento de las actividades de distribuidores minoristas de heroína que operaban en Las Vegas, Nevada, los cuales eran abastecidos por una organización mexicana con base en Nayarit, cártel que encabezaba Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.
En esa investigación se encontraron mensajes de alguien identificado como El Padrino, quien supuestamente era Cienfuegos Zepeda.
Sin embargo, al cruzar el contenido de dichos mensajes con las actividades públicas del ex titular de la Sedena, la FGR encontró varias inconsistencias.
Por ejemplo, se afirma que El Padrino tuvo una reunión con uno de los cabecillas del cartel de El H2, el 9 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, cuando en esa fecha Cienfuegos asistió a una reunión del gabinete de seguridad en Acapulco, Guerrero.
En dicho encuentro, el representante del cártel describe a El Padrino como un hombre chaparrito y de tez blanca, características que no corresponden al ex titular de la Sedena.
La FGR añade que pidió a las compañías de comunicación celulares los registros de los mensajes intercambiados entre los aparatos involucrados en la investigación de la DEA, cuyos números fueron incluidos en la versión pública, pero éstas contestaron que, con base en la ley, sólo guardan dicha información durante dos años. (Eduardo Murillo y César Arellano, La Jornada, Política, P.9)
La Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó nuevas medidas ante la contingencia sanitaria en 10 estados del país que mantuvieron o volvieron al máximo nivel de alerta sanitaria por Covid-19.
Por ello, en los circuitos judiciales se amplió la suspensión de plazos y términos del 19 al 25 de enero en la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo. Éstos continuarán sus funciones con base en el esquema de contingencia previsto en el acuerdo general 13/2020 del pleno del CJF.
Los circuitos judiciales no incluidos en el apartado anterior estarán sujetos a lo dispuesto en el acuerdo general 21/2020 del pleno del consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, cuya vigencia fue ampliada por los acuerdos generales 25/2020 y 37/2020.
En Baja California se reanudan plazos y términos el 19 de enero, y durante un mes operan medidas especiales para que los órganos jurisdiccionales resuelvan la carga de trabajo acumulada. (Redacción, La Jornada, Política, P.12)
En los pasados dos años, 3 millones 110 mil 523 mexicanos han recurrido de emergencia a su fondo de pensiones, según cifras oficiales, ante el aumento en el índice de desempleo que comenzó en 2019 y por la destrucción de cientos de miles de plazas laborales durante 2020 a causa de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2019 un millón 401 mil 86 mexicanos retiraron dinero de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), mientras en 2020 se sumaron a la estadística un millón 709 mil 437 trabajadores.
Ambas cantidades son las más altas desde que hay registros oficiales en el Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, desde 2005.
En total, en los dos años anteriores, de acuerdo con cifras de la Consar, los más de 3.1 millones de mexicanos que han decidido usar recursos de su Afore al quedarse sin empleo han dispuesto de 32 mil 212 millones de pesos. Para dimensionar el tamaño de la cifra, con ese dinero sería posible financiar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para todos los mexicanos, tal como tiene presupuestado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A detalle, en 2020 los mexicanos retiraron de su Afore un monto de 20 mil 60 millones de pesos, 65 por ciento más respecto de los 12 mil 152 millones de pesos que se registraron en 2019, registrando así una cantidad sin precedente en los registros de la Consar.
Respecto a 2019, de acuerdo con especialistas, el aumento en los retiros parciales de Afore por concepto de desempleo estuvo ligado directamente a la baja creación de empleo que se registró en el país ante un menor crecimiento económico. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, P.15)
La toma de casetas el año pasado resultó en una pérdida de 2 mil 818 millones de pesos, respondió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a una solicitud de información. Los recursos que se evadieron son del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las concesiones al Arco Norte e Ideal, así como de la Autopista Tepic-Mazatlán.
De enero hasta inicios de noviembre del año pasado se registraron 4 mil 970 tomas de casetas en la infraestructura administrada por el gobierno y concesionada. Prácticamente, por hora se dejaron de percibir 386 mil pesos en los primeros 10 meses de 2020. Lo anterior sin contar la caída de ingresos al reducirse la movilidad por la pandemia de Covid-19.
Sólo en Capufe se tiene registrada una pérdida de 154 millones de pesos; en Fonadin, de mil 231 millones, exhibe la dependencia; 41 millones en el Arco Norte del Valle de México y la toma en la autopista Tepic-Mazatlán sumó un boquete de mil 390 millones de pesos, reportó en distintos archivos la SCT.
Las pérdidas que resultan de esos hechos llevaron a que, en diciembre pasado, la Cámara de Diputados avalara cárcel por la toma de casetas en el país. La reforma a la Ley Vías Generales de Comunicación –ahora encaminada para su aprobación en el Senado– promueve penas de seis meses hasta siete años de prisión para quienes lucren con la ocupación de casetas o afecten las instalaciones. (Dora Villanueva, La Jornada, Economía, P.18)