La reforma eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional y así será valorada por los jueces, aseguró ayer el senador Ricardo Monreal.
“La reforma de 2013 sí contradijo el texto de la Constitución. La reforma eléctrica que hemos aprobado es totalmente constitucional y estoy seguro de que los jueces habrán de establecer que se observa el principio constitucional y se resolverá en consecuencia”, comentó.
En medio de la lluvia de amparos judiciales contra la reforma, el coordinador de la bancada de Morena consideró que no era menester alarmarse con el agotamiento de recursos jurisdiccionales que prevé la ley. (Mayolo López, Reforma, Nacional, p.3)
El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió hoy al Senado la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial, que incluye sanciones severas en el caso de jueces y magistrados que hayan incurrido en actos de nepotismo o corrupción, que van desde el retiro temporal del cargo, a la inhabilitación hasta por 20 años.
Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o cometido otras faltas administrativas graves, tendrán la obligación de restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y deberán además pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal.
La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye sanciones para las personas físicas y morales (las empresas) que se hubieran beneficiado con actos de corrupción. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.5)
La solicitud del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a Petróleos Mexicanos para que su ex líder Carlos Romero Deschamps sea jubilado conforme al contrato colectivo de trabajo es parte del procedimiento para cualquier trabajador en condición de retiro, pero moralmente es un robo y que no pueda rendir cuentas, dijeron líderes disidentes del gremio.
Mientras, las dirigencias de PAN y PRD consideraron ayer que el gobierno federal está dando impunidad a Romero, pese a las acusaciones de desvío de recursos que hay en su contra, lo cual deja ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide a quién se le aplica la ley y a quién no, como hacían los gobiernos priístas.
María de Lourdes Díaz Cruz, dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, calificó de actitud deleznable el querer tener esos derechos [de jubilación], pues obviamente reflejan la impunidad que existe entre Pemex y Romero Deschamps. (Jared Laureles y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.15)
En medio de la polémica por las suspensiones otorgadas contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y las dudas expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la independencia de los jueces que las emitieron, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, volvió a manifestar su postura.
Mediante su cuenta de Twitter, a la que ha recurrido desde que se inició la discusión, el ministro presidente difundió el siguiente mensaje: Que no haya duda. El #CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La #IndependenciaJudicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.3)
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló el formato para recibir mañana el testimonio del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Ambos funcionarios fueron llamados a presentar información en el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en una audiencia que será presencial y pública, detalló ayer el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier.
Tiene que ser una comparecencia presencial y estaremos pendientes de ello. Creo que la transparencia, el derecho a la información y el umbral que protege a algunos funcionarios se ve ampliado cuando existe el derecho de la ciudadanía a ser informada. Y ese derecho debe ser oportuno y expedito, indicó ayer el también presidente de la Junta de Coordinación Política. (Néstor Jiménez y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 6)
Ayer se inició en México la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en población de 60 años y más, con 16 mil 933 adultos mayores que lograron completar su esquema de vacunación. Representa uno por ciento de los 3 millones 260 mil 679 que hasta la fecha han recibido al menos su primera dosificación del biológico, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Respecto a la posible vacunación masiva de embarazadas, indicó que no es que esté prohibido, pero en general no se recomienda intentar hacerlo debido a que por razones bioéticas los ensayos clínicos para el desarrollo de los biológicos no incluyen a este sector de la población ni a menores de 16 años, aunque aclaró que la consideración de inmunizar o no a mujeres gestantes está sujeta a las consideraciones de riesgo-beneficio. (Laura Poy Solano, La Jornada, Pandemia, p.10)
El proceso de inmunización contra Covid-19 debe realizarse con la mayor velocidad posible para lograr un mayor impacto en la reducción de mortalidad en el País, consideró Sergio Bautista, integrante del Grupo Técnico Asesor de Vacunación.
Al participar en el foro “Política Nacional de Vacunación: Recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación contra Covid-19”, señaló que, por ahora, la única salida a la crisis sanitaria por SARS-CoV-2 es a través de la vacunación.
“El impacto de la velocidad de la campaña, que también fue un aspecto que analizamos mucho en el grupo, es un factor clave”, afirmó. (Rolando Herrera y Natalia Vitela, Reforma, nacional, p.2)
Chilpancingo, Gro., Debido a las amenazas de muerte que a ella y a su familia le hicieron presuntos miembros de la delincuencia organizada, desde el día 3 huyó de la ciudad de Iguala la comunicadora Adriana Urbina, con el apoyo de la Fiscalía General de la República y del Mecanismo de Protección a los Periodistas.
Un día antes, la reportera denunció en un video que difundió en redes sociales las advertencias que le hicieron. A pesar de que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Guerrero, el audio con amenazas de muerte que presentó como pruebas habría sido filtrado al grupo criminal, aun cuando esos documentos son confidenciales. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p.6)
Ante la amenaza del Ejecutivo federal de realizar modificaciones a la Constitución si el Poder Judicial declara inconstitucional su reforma eléctrica, especialistas consideraron que esto sería un retroceso para México.
“Si quieren matar el mercado eléctrico mayorista y matar toda la reforma, la forma correcta de hacerlo es cambiar la Constitución, y le pueden regresar el monopolio a la CFE. Yo creo que una nacionalización de la industria eléctrica es un retroceso para el país, creo que no es camino correcto, no es lo moderno, es tratar de regresar a los años setentas”, advirtió David Madero, consultor de temas energéticos.
Además, dijo, sería necesario ver qué pasaría con los contratos vigentes. (Diana Gante, Reforma, Nacional, p.3)
De los casi 30 mil elementos que formaban parte de la Policía Federal (PF) y que se pretendía que se integraran a la Guardia Nacional, 12 mil agentes solicitaron su baja y recibieron una compensación económica, indicó la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).
En respuesta a una solicitud de información pública realizada por La Jornada, la institución respondió que al corte realizado con fecha 26 de febrero, un total de 12 mil 152 integrantes de la Policía Federal causaron baja mediante el pago de compensación económica.
De acuerdo con funcionarios de la SSPC, la liquidación de agentes de la Policía Federal que decidieron no ser transferidos a la Guardia Nacional, ni tampoco formar parte de otras instancias de la SSPC, como es el Servicio de Protección Federal, requirió de alrededor de mil millones de pesos. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.4)
En el primer informe de la Misión Internacional de Observación Electoral se destaca que ante la creciente expansión del crimen organizado en ciertos territorios del país, hay riesgos de violencia y potencial influencia de la criminalidad organizada sobre las elecciones.
Ante tal situación, señala, se requiere estrecha coordinación entre autoridades federales y comiciales para inhibirla. También considera que hay creciente polarización entre actores políticos que requiere de estrategias para distenderla y que el debate público no genere incertidumbre en el electorado.
Durante la presentación del documento, Eduardo Núñez, director general del Instituto Nacional Democrático para Centroamérica –participa a título personal–, resumió las primeras conclusiones de la misión, entre las que destacó la necesidad de coordinar acciones para procesar la organización electoral en tiempos de pandemia, que evite que el Covid-19 incida en la participación ciudadana, para lo que advirtió sobre la necesidad de consensuar acciones. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.7)
El conflicto entre México y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) escaló ante la insistencia del uruguayo de interferir en los asuntos de Bolivia.
Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) volvió a censurar la actuación de Almagro y lo conminó a abstenerse a realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la membresía de la organización.
En un posicionamiento a nombre del gobierno mexicano, la cancillería lo convocó por segundo día consecutivo a conducirse de acuerdo con las facultades establecidas en los instrumentos jurídicos interamericanos. La postura de México se dio tras la difusión ayer del comunicado C-024/21 por la secretaría general de la OEA en que acusa al gobierno de Luis Arce de señalamientos presuntamente amenazantes y afirma que desde octubre 2019 en Bolivia han ocurrido violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.15)
La primera de cinco tómbolas anunciadas por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para elegir a sus candidatos a diputaciones federales por la vía plurinominal, que estaba programada para ayer, fue pospuesta hasta nuevo aviso.
Todavía el martes, la dirigencia del partido emitió una actualización del calendario de los procesos de insaculación para la definición de las listas que presentará para las cinco circunscripciones federales por el principio de representación proporcional. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la negativa a cancelar la decisión de desaparecer 109 fideicomisos que eran financiados con recursos federales, al declarar infundados los recursos de senadores de minoría y los gobiernos de Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas.
Por unanimidad, sus integrantes desecharon los recursos de reclamación promovidos por los gobiernos y legisladores quejosos, quienes en diciembre del año pasado presentaron sendas controversias constitucionales contra la medida administrativa.
Se calcula que entre 2000 y 2018, estos fideicomisos consumieron 3.8 billones de pesos, que eran asignados de manera discrecional y sin control directo del gobierno federal. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
Los gobiernos federal y estatales, así como instancias privadas, han invertido 27 mil 875 millones de pesos en la restauración de daños causados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.
En el periodo 2019 y 2020 se realizaron 54 mil 451 acciones en 778 municipios de 10 entidades; 91 por ciento está concluido y 9 por ciento en proceso, se indica en un informe del gobierno federal difundido ayer en Palacio Nacional.
De los 27 mil 875 millones de pesos mencionados, 30 por ciento corrió a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación, 18 por ciento de seguros, 13.6 de otras fuentes de financiamiento; 14.5 del fideicomiso para desastres naturales, 19.9 de las fuerzas armadas y 3.2 por ciento de fundaciones. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.8)
A casi cinco semanas de que familiares de personas desaparecidas localizaron una zona de entierros clandestinos en Celaya, Guanajuato, suman 20 cuerpos exhumados y dos cráneos hallados, de acuerdo con las autoridades.
El sábado 20 de febrero, las integrantes de los colectivos “De pie hasta encontrarte” y “Una luz en mi camino” denunciaron a las autoridades el sitio, ubicado en la comunidad Sauz de Villaseñor. (César Martínez, Reforma, Nacional, p.7)