La Secretaría de la Función Pública (SFP) instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a retornar al home office (trabajo en casa) si detectan brotes de COVID-19 en los centros laborales, aun cuando sus trabajadores ya estén inmunizados con las dosis completas de la vacuna.
Sin embargo, también eliminó el requisito de solicitar al funcionario público aplicarse una prueba de detección de COVID-19 para permitir su reincorporación física al centro de trabajo.
La instrucción se dio bajo una modificación al Artículo Primero, Fracción I, del “Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos en las dependencias y entidades de la APF con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del Coronavirus SARS-CoV2”, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“En caso de riesgo por brote de contagios en los centros de trabajo o que el servidor público presente síntomas del virus, se podrán aplicar las medidas determinadas en las fracciones II a IV subsecuentes”, señala. La Función Pública resaltó que es necesario redoblar medidas. (Iván Saldaña, El Heraldo de México, País, P.4)
El efecto negativo de la pérdida de clases presenciales en México es comprobable. Sin embargo, el próximo regreso voluntario a las aulas también es una decisión difícil porque no se cuenta con el suficiente conocimiento sobre la propagación del Covid-19, explicó Roberto Martínez, director del centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México.
En septiembre del año pasado, dijo, la mayoría de los sistemas educativos de los países que integran la OCDE había vuelto a las aulas, pero México no lo ha hecho en más de 16 meses.
Se ha comprobado a través de nuestros datos que las horas perdidas en la impartición de conocimiento en las aulas, sobre todo en los niveles básico y medio superior, sí ha tenido un impacto negativo, destacó.
En una conferencia de prensa para promocionar el evento E-Tech, detalló que este cierre de escuelas se ha extendido al trabajo, con diversos efectos en los mercados laborales. Por ello, advirtió, se necesita una pauta clara de cómo será el regreso, para que los empleadores sepan el tiempo que contratarán a nueva fuerza laboral.
Es un hecho que para reactivar la economía y las distintas actividades esenciales se debe tener certeza sobre la modalidad de regreso a las aulas, si será presencial o híbrida, además de que se garantice el seguimiento de protocolos de sanidad y continúen los esfuerzos de vacunación, no sólo entre los profesores, sino también en el alumnado, agregó.
Luego de estar cerradas más de un ciclo escolar, las escuelas del país se abrirán a clases presenciales el próximo 30 de agosto; este regreso es opcional, han reiterado autoridades federales. (Dora Villanueva, La Jornada, Política, P.3)
En los próximos 15 días estaremos ya viendo el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Si bien destacó los efectos positivos de la vacunación, hasta el momento no se prevé la aplicación de otra dosis a la población –incluido el magisterio, el cual recibió la Cansino, con esquema de una sola inyección– porque además de los anticuerpos generados por infección o por vacunación, también se crean células memoria para combatir el coronavirus, dijo.
Tampoco hay estudios concluyentes para la aplicación de biológicos a menores de 18 años, señaló, y aun cuando estuvieran inmunizados, no es garantía –en ningún sector de la población– de no contagiarse ni contagiar.
Sin embargo, apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas se confirme científicamente esa necesidad, y no sólo por intereses comerciales de las farmacéuticas, se procedería en consecuencia.
López-Gatell destacó que menos de 1.6 por ciento de las personas hospitalizadas actualmente por Covid son niños y adolescentes, y de los enfermos de este sector de la población, sólo .004 por ciento tiene alguna condición de gravedad. Puso de ejemplo que en el hospital de Pediatría del IMSS hay dos niños hospitalizados por Covid, pero porque además tienen leucemia.
En su evaluación semanal, López-Gatell aseguró que ya hay signos preliminares de cambio de velocidad de ocurrencia de nuevos casos en casi la mitad de las entidades y se abre la segunda semana consecutiva con reducción de contagios. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, P.5)
Hace un año, Rafael Caraveo Opengo fue exhibido en un video recibiendo bolsas de dinero como parte de los sobornos que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a legisladores para que se aprobara la reforma energética.
Caraveo Opengo, colaborador del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, reconoció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en al menos ocho entregas entre enero y agosto de 2014, las cuales sumaron un total de 97 millones 190 mil pesos.
A pesar de esta confesión y del video en el que aparece recibiendo fajos de dinero, el Ministerio Público de la Federación dijo “no contar con elemento alguno que lo vinculen con la conducta delictiva”.
Incluso, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero concluyó que Rafael Caraveo “pudo haber sido engañado”, pues no tenía conocimiento del origen y fin de los recursos. (José Antonio Belmont, Milenio, Política, P.6)
A los Metros que operan en el país les urge una administración federal para el mejor manejo de sus recursos, la compra de refacciones y el cumplimiento de normas internacionales, señaló Christopher Cernichiaro, integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En entrevista con MILENIO, indicó que es necesario que los gobiernos de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco —donde opera ese tipo de transporte público— entreguen esta responsabilidad al gobierno federal.
Recordó que tras su inauguración el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), que nació bajo una administración del gobierno federal, pasó al dominio administrativo del entonces Distrito Federal por un decreto el presidente en ese periodo, Carlos Salinas de Gortari, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 1992.
Agregó que si bien es incierto saber si el Metro hubiera podido tener una mejor administración sin habérsele domiciliado, los gobiernos centrales poseen mayor capacidad técnica y administrativa para recaudar recursos y proveer bienes y servicios.
Uno de los metros más conocidos por su eficiencia al transportar al día más de 8 millones de personas es el metro de Tokio, el cual se encuentra administrado por Japan Railways, organismo federal que tiene en sus manos también las líneas de metro de Osaka y Kioto en el país nipón. (Tzuara De Luna, Milenio, Política, P.12)
María Ravelo, quien denunció que su hijo José Eduardo Ravelo murió tras ser violado y torturado por policías de Mérida, Yucatán, se reunió ayer con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la sede de la dependencia.
El encuentro, que tuvo una duración de hora y media, se realizó luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara a la funcionaria atender a la señora tras el supuesto abuso de cuatro agentes y el presunto encubrimiento de los responsables por parte del Gobierno municipal.
“La Secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero, escuchó y atendió las demandas de justicia de la señora María Ravelo, para que el caso de su hijo José Eduardo Ravelo no quede impune”, indicó la dependencia en Twitter.
“La @CEAVmex y el @CONAPRED, presentes en la reunión, la apoyarán de manera puntual”.
La madre del joven ingresó y salió a la sede de la Secretaría a bordo de una camioneta por la calle de General Prim, sin dar declaraciones a los medios.
Cuatro policías fueron detenidos y después liberados por un Juez de Control al no encontrar evidencia suficiente sobre la agresión contra Ravelo para vincularlos a proceso acusados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.
El pasado fin de semana fue filtrada una serie de videos que dan cuenta de las agresiones de la Policía Municipal al joven, originario de Veracruz.
Para la madre y la defensa esas grabaciones son pruebas suficientes para comprobar el delito de tortura.
José Eduardo fue detenido por agentes municipales el pasado 21 de julio y la madre denunció que el joven sufrió agresiones sexuales y golpizas que le provocaron la muerte el 3 de agosto en un hospital de Yucatán.
El 30 de julio, la Fiscalía requirió a la Policía Municipal los videos disponibles, aunque el director de la corporación, Mario Arturo Romero, envió el 3 de agosto un oficio en el que negó tener imágenes de los hechos del 21 de julio.
El mando dijo que la calle 69, entre la 62 y la 64 en la Colonia Centro de Mérida, no cuenta con cámaras de seguridad y que en la cárcel si existen, pero que no hay archivos de ese día, lo mismo que en las instaladas en las patrullas 264 y 269, sistemas que “actualizan” sus videos cada tres días.
La información fue enviada por el jefe policial a Brenda Belén Durán Gómez, Fiscal Investigadora en Jefe del Ministerio Público de la Unidad Investigación y Litigación Especiales en Delitos Sexuales. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, P.5)
Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) indague las agresiones de la Policía de Mérida que habrían causado la muerte del joven José Eduardo Ravelo, el órgano inició una investigación por el delito de tortura contra quien resulte responsable.
“Le planteamos a la Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) que busque otras vías. Que si no interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación”, sostuvo en su conferencia matutina.
“Y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad “.
La FGR anunció después que la carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) y que se enviará a peritos y agentes de de la Policía Federal Ministerial para comenzar las diligencias.
“Atendiendo a la relevancia y trascendencia social del caso de las agresiones y muerte de una persona en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a las diversas denuncias presentadas al respecto, la FGR, ha determinado, este día (martes), iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la FEIDT”, reportó la Fiscalía.
El Alcalde de Mérida, el panista Renán Barrera, manifestó ayer su disposición para colaborar con todas las autoridades administrativas y judiciales para el esclarecimiento de la muerte de Ravelo registrada el pasado 3 de agosto por supuestos golpes derivados de su detención el 21 de julio. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, P.5)
Según el reporte semestral de seguridad de la consultora DataInt, en el primer semestre de 2021 se reportaron ante las autoridades 625 robos cometidos en las carreteras federales del país.
El 62% de los robos reportados fueron a transporte de carga, 31% a vehículos particulares y 5% a transportes de pasajeros. Esta cifra es apenas 2% menor al mismo semestre de 2020.
En cuanto a los tramos carreteros con más robos destacan dos que atraviesan por el estado de Querétaro: el Querétaro-Irapuato de la carretera 45D, con 54 robos, y el Querétaro-San Luis Potosí de la carretera federal número 57, con 46 robos.
Les siguen dos tramos de la carretera 150D, el México-Puebla y el Puebla-Córdoba, lo que hace de esta autopista una de las más peligrosas del país, con 58 robos en el semestre. En la lista siguen los tramos Ecatepec-Tizayuca, Maravatío-Zapotlanejo, Querétaro-León, México-Querétaro, Cuernavaca-Chilpancingo, Pirámides-Ecatepec y el Libramiento Norte de la Ciudad de México. (Carlos Matienzo, El Universal, Nación, P. A 6)
Viajes a Cuba, seguimientos a reportajes publicados, conferencias que dictaban en universidades públicas y marchas en las que participaban contra la censura, son algunas de las actividades que agencias de espionaje de gobiernos del PRI realizaron sobre los periodistas Carlos Marín y Raymundo Riva Palacio, así como organizaciones de reporteros latinoamericanos.
En expedientes desclasificados en el Archivo General de la Nación (AGN) a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso en exclusiva se detalla que desde finales de la década de los 70 hasta mediados de los 80, ambos periodistas fueron seguidos de cerca por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Además, en los anaqueles del AGN se encuentra un expediente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), en la que detalla el seguimiento que hubo a esta organización y en la que participaban reporteros de El Gran Diario de México.
En el primer reporte fechado el 4 de agosto de 1981 se indica que Marín, acompañado por Federico Campbell, dictó una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas.
Los expedientes desclasificados en el llamado Palacio Negro de Lecumberri indican que prácticamente todos los archivos fueron elaborados por Miguel Nazar Haro y Javier García Paniagua, titulares de la temida DFS. (Pedro Villa y Caña, El Universal, Nación, P. A 9)