El general Roberto Francisco Miranda Moreno, quien también fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejó de ir a la embajada de México en España desde abril pasado, a pesar de que su jubilación se hizo oficial a principios de septiembre, según reveló una fuente de la delegación diplomática.
Miranda fue designado agregado militar en la sede diplomática durante el proceso de traspaso de poderes entre el anterior gobierno y el actual, y tomó posesión del cargo en febrero de 2019, si bien a las pocas semanas de ser designado su nombre apareció en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, al ser señalado por al menos un testigo con vínculos con el narcotráfico. Actualmente su ubicación física es un secreto, aunque su presencia en Madrid está registrada hasta hace algo más de un mes y medio.
El agregado militar es el general Alejandro Ramos Flores. El general Miranda desde hace mucho que no lo vemos ni ha venido a la oficina para nada. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que vino, pero me parece que fue en abril, reveló a La Jornada un funcionario de la agregaduría militar, quien además confirmó que su jubilación fue la razón por la que fue removido del cargo, al haber cumplido 65 años, según informó en su día la propia cancillería mexicana. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Política, p.4)
Acciones de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en colaboración con naciones de Centro y Sudamérica (como parte de la llamada Operación Orión), han ocasionado que los grupos delictivos disminuyan el envío de droga por vía marítima y ahora utilizan aeronaves viejas y en malas condiciones, por eso ha sido mayor el número de aviones o avionetas que se han venido a tierra con cargamentos de cocaína, como ha ocurrido en Chiapas y Quintana Roo en los últimos meses.
Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad indicaron que el despliegue operativo de la Semar ha logrado, tan sólo en lo que va del año, tres decomisos de cocaína, cada uno de alrededor de 2 toneladas, y miles de litros de combustible y embarcaciones menores que realizan recorridos furtivos para abastecer de gasolina o diésel a las naves que recorren las aguas –principalmente– del Pacífico mexicano para tratar de llegar lo más cerca posible a puntos donde se resguarda droga, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Colima. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.5)
En las 27 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, vinculadas al caso Ayotzinapa, hay al menos tres militares y uno de ellos es mando del 27 Batallón con sede en Iguala, Guerrero, dijeron fuentes gubernamentales.
Señalaron que en este grupo se encuentran también policías locales y federales, cuyos expedientes se están integrando para agilizar la localización y detención.
A los integrantes de la Sedena (oficial, coronel y general) se les acusaría de presunto ocultamiento de pruebas, según los funcionarios consultados, quienes explicaron que al menos dos de los elementos castrenses son del área de inteligencia del 27 batallón. (Fabiola Martínez y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.5)
Integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados recibieron un expediente que contiene pruebas documentales de probables actos de corrupción por más de 500 millones de pesos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo). Las anomalías se desprenden de contratos con empresas de outsourcing, de las que se carece hasta de domicilio fiscal, uso discrecional de partidas presupuestales extraordinarias y falta de comprobación de gastos en los servicios personales.
En San Lázaro se consideró que la revisión de las nóminas y de los contratos con las firmas de outsourcing en esa casa de estudios se hará extensiva a la Secretaría de la Función Pública federal (SFP). (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.6)
Las pautas de publicidad en Facebook del senador Samuel García –quien aspira a la gubernatura de Nuevo León– no han sido reportadas por su partido, Movimiento Ciudadano (MC), aunque el logotipo de dicho instituto político esté presente en todos sus mensajes, lo cual habla de un comportamiento opaco que podría significar una falta a las leyes electorales.
Así lo advirtió el activista Samuel González, integrante del colectivo El Futuro Florece –especializado en temas de transparencia digital–, quien lamentó que la falta de rendición de cuentas es una práctica todavía muy común entre los partidos políticos en México. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.7)
Ante la desaparición de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la cancelación del pago de cuotas a organizaciones científicas internacionales para afiliar a sociedades académicas mexicanas, más que reducir el debate a un sí o no a los fideicomisos o las cuotas, es necesario abrir una reflexión general sobre lo que implica el quehacer científico y cómo queremos fortalecerlo.
Afirmó lo anterior Miguel Olmos Aguilera, coordinador de Relaciones y Vinculación de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, quien destacó que se hizo tradición que el Conacyt pagara muchas de estas membresías a organismos internacionales, acuerdos que ahora se deben revisar para determinar cuáles son o no esenciales. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.10)
Para los usuarios de créditos de la banca que no estén en insolvencia por la pandemia de Covid-19, o que aún cuenten con ingresos para saldar sus mensualidades, la mejor opción es continuar con el pago de créditos sin necesidad de entrar a un proceso de restructura, a fin de mantener sano el historial crediticio y evitar que la llave del financiamiento se cierre en ocasiones futuras, consideraron expertos financieros.
Esta semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó los criterios para las restructuras de créditos, con los que ahora se podrá negociar una hasta enero, y se redujeron los plazos de liquidación a 48 meses, como lo pidieron los bancos. Una vez formalizadas estas disposiciones, especialistas consideran que los deudores se acojan a estas medidas solamente en caso que los problemas de solvencia sean de gran peso. (Julio Gutiérrez, La Jornada, Economía, p.16)
La Comisión Nacional de Atención a Víctimas (Conavim) y la Fiscalía General de Justicia del estado de México iniciaron las mesas técnicas para la revisión de delitos contra mujeres y niñas, a fin de identificar, analizar y conocer la situación de las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público por delitos de género.
La idea es determinar si estas carpetas por homicidios dolosos contra mujeres, feminicidios y desapariciones fueron bien integradas y los delitos bien clasificados y si no es así, hacer las enmiendas necesarias para garantizar que estos ilícitos no queden impunes.
El fiscal general de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, y la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, declararon el inicio formal de estos trabajos en los que también participarán la Comisión de Atención a Víctimas del esta-do de México (Ceavem) y la recién creada Secretaría de la Mujer, así como organismos de derechos humanos y familiares de víctimas. (Israel Dávila, La Jornada, Estados, p.23)