Este 2019 concluirá como el año con más homicidios dolosos en el país. Aunque el pico más elevado en un mes sigue siendo julio de 2018, el presente año registra un nuevo récord con 34 mil 597 (de diciembre de 2018 a noviembre de 2019), frente a los 33 mil 440 casos perpetrados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las cifras presentadas ayer por el gabinete de seguridad.
Acerca de otros ilícitos, en 2019 se reportaron un millón 952 mil 803, con 95 por ciento del fuero común y 5 por ciento federales, mientras en 2018 el número fue de un millón 879 mil 218 ilícitos, con 94 por ciento del fuero común y 6 por ciento federales. En cuanto al robo de vehículos hubo un descenso de –1.6 por ciento, y de –1.7 en el de transportistas.
En la presentación del Informe de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la incidencia de homicidios no es generalizada, pues ese delito se concentra en unas entidades. Hemos podido avanzar en algunas, donde es evidente que hemos logrado disminución y en otras ha sido más complejo. Es el caso de Guanajuato, que representa hasta 15 por ciento de los homicidios diarios en el país. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Reforzando con acciones especiales. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.5)
Siria y México son los países con las mayores cifras de periodistas muertos por el ejercicio de su profesión en este año, reportó ayer el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en su balance 2019, que registró 25 informadores asesinados, la cifra más baja desde hace 17 años.
De acuerdo con el informe, entre el primero de enero y el 13 de diciembre de este año, en Siria murieron siete trabajadores de la comunicación, mientras en México ocurrieron cinco asesinatos; en Irak y Somalia contabilizaron dos casos, cada uno, y en Honduras, Haití, Gran Bretaña, Ucrania, Libia, Ghana, Nigeria y Chad se perpetraron uno en cada nación. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.7)
A inicios del año próximo el gobierno federal pondrá en marcha el programa Penales Productivos, que ofrecerá empleo para los reclusos en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), con lo cual se buscará crear más de 6 mil 274 plazas de trabajo en los próximos dos años.
Así lo anunciaron los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, y de Salud (Ssa), Carlos Alcocer, al participar en la primera sesión de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social y Servicios Pospenales. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
Texcoco, Méx., Transportistas de la Federación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México iniciaron el traslado de 5 millones de metros cúbicos de materiales pétreos extraídos de la zona del cancelado aeropuerto internacional en Texcoco, hacia Santa Lucía, donde se construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar.
Juan Ortiz Granados, vocero de los transportistas, señaló que en 200 camiones iniciaron el traslado de material como tezontle, grava y arena, aun cuando no se les han definido las tarifas que les van a pagar por parte de la autoridad. (Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, Política, p.8)
Senadores y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI reconocieron el aumento a los salarios mínimos –muy por arriba de la inflación– registrado en el gobierno actual. El presidente Andrés Manuel López Obrador está pagando la deuda social que se heredó de los sexenios anteriores, dijo el senador Germán Martínez Cázares (Morena).
Los diputados Mario Delgado, Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuéllar, los tres de Morena; Enrique Ochoa Reza (PRI) y Verónica Juárez (PRD) coincidieron en que este incremento es un acto vanguardista del gobierno mexicano que permitirá reactivar la economía nacional, además de que es una notable contribución a la estabilidad del país. (Enrique Méndez, Roberto Garduño y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.12)
Con el incremento de 20 por ciento al salario mínimo en la mayor parte del país, y de 5 por ciento para la zona libre de la frontera norte, aumentará el consumo de bienes y servicios, y en la medida que sean producidos en el país se abonará a la generación de empleos, afirmó el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez.
Además, dijo, el anuncio del lunes pasado será un elemento importante que contribuirá a una pronta reactivación de la dinámica económica. Para el próximo año, el salario subirá de 102.69 pesos al día a 123.22, y en la zona libre de 176.72 a 185.56 pesos. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.12)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a la Cámara de Diputados una prórroga para aprobar –en el próximo periodo de sesiones– la ley de remuneraciones de los servidores públicos, lo que permitirá a los funcionarios solicitar amparos para ganar más que el Presidente, y seguramente tendrán éxito, señaló el coordinador de Morena, Mario Delgado.
Mientras la Cámara aprueba la ley, señaló, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrán sus altos ingresos, que podrán ser legales, pero siempre serán ilegítimos; se pueden salir con la suya, pero por ganar unos pesos más pierden autoridad moral (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.14)
Debido a que no hay claridad sobre el monto de las percepciones que deben recibir consejeros y funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General ordenó a la Secretaría Ejecutiva dar certeza sobre el tema en el manual de remuneraciones que deberá publicar en febrero.
Entre los criterios que utilizará para ello se encuentra el referente establecido para el presidente de la República, pero también el grado de especialización de los funcionarios, elemento que les podría permitir recibir un mayor sueldo al fijado para el jefe del Ejecutivo federal. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.14)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió formalmente a México el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, porque considera que con el actual mecanismo de colaboración entre esta entidad y el gobierno de federal no hay resultados.
En un comunicado, la CIDH informó que la solicitud responde a una petición de las familias de los desaparecidos, debido a que los resultados para saber el destino de los estudiantes han sido infructuosos y persisten desafíos en la investigación, como la falta de detenciones o la liberación de personas presuntamente vinculadas. (Ap y Redacción, La Jornada, Política, p.15)
Tixtla, Gro., Familiares de nueve estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que perdieron la vida entre 2011 y 2016 anunciaron la integración del comité Los Otros Olvidados de Ayotzinapa, en demanda de justicia para los jóvenes asesinados.
En diciembre de 2011 fueron ejecutados a balazos en Chilpancingo Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino; el 7 de enero murieron atropellados –cuando boteaban en las inmediaciones de Atoyac– Freddy Fernando Crispín y Eugenio Alberto Tamarit; el 26 de septiembre de 2014 fueron ejecutados en Iguala Julio César Ramírez Nava, junto con Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, y el 4 de octubre de 2016, en la carretera Tixtla a Chilpancingo, presuntos delincuentes dieron muerte a Filemón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández, cuando regresaban de sus prácticas. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p.15)
Tras la denuncia presentada por el senador Martí Batres ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) por presuntas irregularidades del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, en el proceso de definición de la presidencia de la mesa directiva del Senado –en agosto–, dicha instancia partidista consideró válida la acusación y emitió una amonestación pública contra el zacatecano por inequidad.
Batres adujo que en el proceso, en el que la bancada morenista, y posteriormente el pleno del Senado eligió a Mónica Fernández como presidenta del órgano legislativo, en lugar inclinarse por la continuidad de Batres, quien ya ocupaba el cargo, hubo diversas faltas a la norma del partido. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.16)
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) no es competente para resolver una queja del PAN por la presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar su libro Hacia una economía moral.
Los magistrados argumentaron que este no es un asunto de materia electoral y la inconformidad de Acción Nacional se centra en denunciar una promoción comercial.
El pasado 19 de noviembre, el mandatario presentó el libro en su conferencia matutina, por lo que el blanquiazul consideró que hizo promoción personalizada aprovechando los recursos y la logística de que dispone para la difusión de la conferencia de prensa. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.16)
Senadoras y senadores de Morena cerraron filas en respaldo a Lilly Téllez, ante la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia (CHJ) de su partido, que solicitó al coordinador Ricardo Monreal su expulsión de la bancada.
Martí Batres, ex presidente de Morena y senador de ese partido, sostuvo que no procede expulsarla porque ella no está afiliada a Morena, se trata de una legisladora externa. No está sujeta a la disciplina del partido. (Víctor Ballinas y Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.17)
La ex secretaria de estado Rosario Robles Berlanga interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público de la Federación, a quien acusó una vez más de difamarla y fabricarle pruebas para que continúe en prisión preventiva.
La defensa legal encabezada por el abogado Julio Hernández Barros aseguró que se ha cometido una constante violación a los derechos humanos en el proceso que se le sigue a su clienta, el cual, aseguró, está plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.17)
A un mes de haber asumido oficialmente el cargo de ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra definió quiénes serán los directores generales encargados de las visitadurías.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que aceptó las renuncias de los titulares de las seis visitadurías generales que tienen fecha al 31 de diciembre. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.17)
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) necesita, al cumplir cuatro décadas de existencia, un análisis profundo de su quehacer político, social y pedagógico, pero también debe trabajar para quitarse ese estigma de ser una organización que sólo sabe hacer marchas y plantones, señalaron expertos en temas educativos.
Destacaron que tampoco se puede hablar de una sola CNTE, sino de varias coordinadoras, pues dentro de ella coexiste una gran diversidad ideológica que va desde profesores comprometidos con su labor educativa hasta las posturas más radicales. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.17)
La consulta indígena sobre el Tren Maya estuvo apegada al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y no será la única que se verifique en torno a este proyecto de desarrollo, aseguraron Luis Hernández Palacios-Mirón, titular de la Procuraduría Agraria, y Alejandro Chanez Ortiz, visitador especial de la dependencia.
En un desayuno de fin de año, Hernández Palacios-Mirón detalló que después vendrá una etapa particular en que contando con el proyecto ejecutivo ya en la definición precisa de los términos de construcción, tendrá que llevarse a cabo una consulta particular en cada uno de los tramos. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.18)
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco ha cumplido un año y las 11 denunciantes y sus representantes instaron al Estado a realizar las acciones necesarias para dar pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en beneficio de las víctimas sobrevivientes, así como las medidas de carácter estructural.
Al hacer un balance de los avances y los asuntos pendientes en la implementación de las medidas ordenadas por la Coridh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expuso la necesidad de unificar la investigación del caso, por lo que han exhortado a las autoridades a concretar y acelerar la atracción del asunto al fuero federal. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.18)
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado acusó que el tamaño de la espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente, Felipe Calderón, era porque él era parte de un grupo delictivo y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en consecuencia el expanista michoacano era parte de esa banda.
En conferencia de prensa, Mario Delgado acusó que desde la administración de Felipe Calderón se promovió la protección de un grupo criminal, y pues el resultado es que estallara la violencia y eso no se ha podido revertir. (Horacio Jiménez y Carina García, El Universal, Nación, p.4)