Las investigaciones del asesinato de la niña Fátima corresponden a las autoridades capitalinas, a quienes debe tenerse confianza de que encontrarán a los responsables, “nosotros estamos atendiendo las causas” de la violencia contra la mujer, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no descartó la creación de fiscalías especializadas. Es un caso grave que genera dolor, reconoció antes de criticar el oportunismo mediático y el “zopiloteo” de conservadores.
Mientras en las paredes de Palacio Nacional colectivos de mujeres pintaban consignas de protesta y condenaban la omisión gubernamental, el Presidente remitió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la atención a los reclamos, abriendo la posibilidad de trabajar con organizaciones ciudadanas con el propósito de sumar esfuerzos. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.4)
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, por segunda ocasión, acotar el fuero del jefe del poder Ejecutivo para que, planteó, pueda ser acusado y enjuiciado por cualquier delito.
López Obrador ayer envió otra iniciativa de reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución para que, en el tiempo de su encargo, el Presidente pueda ser acusado no sólo por traición a la patria, como se prevé ahora, sino también por corrupción, delitos electorales y todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.15)
Martha Angélica Ojeda, ex colaboradora y ex pareja de Gerardo Fernández Noroña, en compañía de Martín Nolasco –quien también trabajó para el diputado del PT– se plantaron frente a él en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, y le desplegaron una manta en la que se leía: Vives del pueblo y traicionas al pueblo. Simulador, violento, mentiroso y vulgar ambicioso.
Cuando diputados y personal de la Cámara se percataron de que eran personas ajenas al pleno, se generó un jaloneo que culminó cuando los empleados de seguridad se llevaron a Martín Nolasco y las diputadas Verónica Juárez y Lorena Villavicencio acompañaron a Ojeda a los pasillos del basamento. (Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.15)
La violencia contra mujeres y niñas no se solucionará moralizando, purificando la vida pública, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del lunes pasado, afirmaron colectivos feministas. Al realizar una protesta frente a Palacio Nacional, criticaron que ello se intente hacer de la mano de las iglesias.
Activistas entrevistadas señalaron que las propuestas del Presidente muestran que hay un desconocimiento sobre la violencia de género y lo que dicen los tratados internacionales para hacer frente a esta problemática. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.4)
Ciudadanos y simpatizantes del partido Morena impugnaron ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la relección adelantada de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) para un nuevo periodo de seis años, con los que completaría 18 en el cargo.
Argumentaron que se vulneró el principio de relección por una sola vez, ya que el 11 de abril de 2014 fue designado en ese cargo por segunda ocasión, y se impidió que los nuevos consejeros que llegarán el próximo 4 de abril decidieran al respecto. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.3)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio inicio al proceso para designar a dos de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución.
En la primera etapa del procedimiento, el pleno del Inai postuló a ocho personalidades: Hugo Concha Cantú, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; José Martínez Vilchis, ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México; la investigadora de El Colegio de México Soledad Loaeza Tovar; Ana Laura Magaloni Kerpel, catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). (De la Redacción, La Jornada, Política, p.3)
El pleno del Senado expresó su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado de manera incontrolada contra mujeres y niñas, cuyo caso más abominable ha sido el reciente secuestro, tortura y asesinato de Fátima, una pequeña de siete años, ocurrido en la Ciudad de México.
La presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, dio lectura al pronunciamiento: Nuestro enérgico rechazo a estos hechos; hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ni éstos ni ningún otro crimen contra las mujeres queden sin castigo y para coordinar estrategias eficaces que abonen a un México sin violencia; en particular, sin violencia de género. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.5)
La Secretaría de Gobernación (SG) creará una coordinación de los distintos niveles para atender la violencia de género, informó el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Alejandro Encinas, quien reconoció que hay fallas en el caso de la niña Fátima.
Yo creo que se han mejorado (los protocolos), aunque en este caso (el feminicidio de la niña Fátima), la alerta se emitió con mucho retraso, porque no se cumplió estrictamente con el protocolo de la autoridad, indicó. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.6)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado mexicano atención inmediata a los problemas de la violencia de género y el feminicidio, ante el asesinato diario de 10 mujeres en promedio, muchos de ellos en completa impunidad,
y la acumulación de delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en su contra.
El organismo señaló que México tiene una deuda pendiente con los derechos de niñas y mujeres, con un alarmante incremento de violencia de género y un muy significativo número de casos que han culminado en feminicidios y otras formas de violencia. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.6)
Ciudad Juárez, Chih., La Unidad de Análisis y Proyectos de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Joaquín Torres, indaga la posible vinculación de panistas con organizaciones criminales en la sierra de Chihuahua, en especial en Chínipas –de donde era originaria la periodista Miroslava Breach Velducea– y en Namiquipa, se informó durante el segundo día de comparecencias de peritos e investigadores de la Fiscalía de Chihuahua ante el juez federal Néstor Pedraza Sotelo, en el caso de la corresponsal de La Jornada asesinada.
En el segundo día del juicio oral contra Juan Carlos Moreno comparecieron al menos seis testigos periciales, quienes el 23 de marzo de 2017 se encargaron de resguardar la escena del crimen contra Breach Velducea, y un agente de policía que fue el primero en llegar al lugar. Un testigo refirió que el ex alcalde de Chínipas, Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, habría apoyado campañas políticas con recursos económicos provenientes del narcotráfico. (Rubén Villalpando y Jesús Estrada, La Jornada, Política, p.7)
Luego de que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia a favor del uso lúdico de la mariguana, promotores de la despenalización de las drogas han interpuesto amparos para que, por la misma vía, se logre la autorización para el consumo recreativo de la cocaína y de la dietilamida de ácido lisérgico (LSD).
Distintos tribunales colegiados han hecho llegar a la SCJN amparos en revisión sobre estos temas, dos sobre la cocaína y uno sobre LSD. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
En momentos en que en el Senado se discute el alcance de la reforma para regular el consumo de la cannabis con fines lúdicos, Jesusa Rodríguez, legisladora de Morena, llamó a legislar con sentido social, en beneficio de los campesinos, no de las trasnacionales que quieren apoderarse del negocio que representa la mariguana.
La legisladora, activista y actriz, llamó la atención sobre ese tema, al rendir ayer un homenaje al doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien logró hace 80 años, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la despenalización de todas las drogas en el país, por un periodo de cinco meses (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.8)
En administraciones anteriores los agrónomos estaban desplazados, porque el campo no era una prioridad durante periodo neoliberal. Estaban, si acaso de oficinistas, pero no había trabajo de campo, lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un videomensaje difundido durante la celebración con motivo del Día Nacional del Ingeniero Agrónomo, que se conmemora el 22 de febrero, expuso que en este sexenio dichos profesionistas son protagonistas en la planeación de políticas para el agro. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.9)
El dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, sostuvo que a Carlos Aceves del Olmo le ha de haber salido sangre del labio al señalarlo como gánster, y agregó que muchos sindicatos se cansaron de tanto ratero que ha afectado a empresas y a trabajadores.
El lunes, Aceves del Olmo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), criticó la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a un acto sindical de la Catem, y criticó a dicha agrupación. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.9)
Un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur concedió a la defensa de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Estado, una prórroga de 30 días para el cierre de la investigación complementaria, plazo en el cual tendrá que presentar pruebas a su favor en el proceso que se le sigue. Una vez que se venza el plazo, el 13 de marzo, el impartidor de justicia fijará fecha para que se lleve a cabo la audiencia. La defensa legal de la ex funcionaria realizó la petición para ampliar el plazo de presentación de pruebas que fue otorgada el pasado 10 de febrero. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.10)
La CIDH anunció que solicitará al Estado mexicano la reapertura de la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, quien perdió la vida en octubre de 2001 en condiciones no del todo aclaradas, lo cual llevó a las autoridades a declarar el caso como un suicidio. En un informe reciente sobre el tema, la CIDH indicó que tras analizar las indagatorias que se hicieron por más de 10 años del caso, determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la parcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación que determinó que la muerte de la señora Ochoa fue suicidio. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.10)
El gobierno federal analiza la introducción de nueva tecnología en las aduanas para reducir los márgenes para la corrupción de funcionarios públicos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, puntualizó que aún se ponderan los alcances de la adquisición de nuevos equipos hasta estar convencidos de su utilidad, para evitar caer en vicios de pasadas administraciones cuando bajo el pretexto de incorporar tecnología en la educación, por ejemplo, sólo se interesaban en el negocio de la compra de aparatos. Posteriormente éstos se quedaron arrumbados
convertidos en chatarra, favoreciendo prácticas de corrupción en estas operaciones de adquisición. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.10)
Madrid, España., Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, será trasladado de forma inminente a Madrid, al penal de alta seguridad de Soto del Real, donde compartirá cárcel con su ex socio y presidente de Altos Hornos de México, el empresario Alonso Ancira. El ex político priísta se encuentra detenido en la prisión de Alhaurín de la Torre desde el pasado 13 de febrero, tras ser detenido en el fraccionamiento de lujo de La Zagaleta, un refugio de multimillonarios rusos, chinos, árabes y estadunidenses y en donde también se han refugiado criminales y mafiosos de todo el mundo.
La agencia española Europa Press, en un cable fechado en Santiago de Compostela, Galicia –donde Emilio Lozoya tejió alianzas con varias empresas de astilleros– informó del inminente traslado de Lozoya Austin a Madrid, citando fuentes del caso. Lozoya Austin está preso en Málaga, pero por la complejidad del caso y dado que el juzgado de la Audiencia Nacional, que finalmente será el que decida su futuro se encuentra en Madrid, su traslado a la capital de España era una decisión que se daba por hecho. Tanto la defensa como la Fiscalía y el propio magistrado instructor, Ismael Moreno. (Armando G. Tejeda, La Jornada, Política, p.11)
Karime Macías Tubilla, ex esposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión y ejecución en su contra que hayan librado autoridades en los últimos días, en caso de que la extraditen a México.
La defensa legal promovió la demanda de garantías el 14 de febrero, la cual admitió el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.11)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relanzó su campaña La Gran Fuerza de México, ahora también enfocada a medios digitales y redes sociales, por lo que incluye a una youtuber: una soldado que difunde las acciones del Ejército y responde las dudas de quienes la siguen en la plataforma de YouTube.
Esta campaña empezó en 2011 e incluye las exposiciones itinerantes de equipos blindados y helicópteros del Ejército, así como las carreras atléticas y visitas guiadas que se realizan dentro de sus instalaciones, abiertas al público en general. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.14)
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas informó ayer que inició una investigación contra 60 agentes antimotines para determinar la presunta responsabilidad y transparentar la actuación de los elementos de la policía estatal que participaron en el desalojo de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y de alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, ocurrido el domingo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con resultado de varios lesionados.
En un comunicado, dijo que el archivo de investigación empezó el lunes pasado, con la finalidad de dar certeza a la ciudadanía en general sobre el actuar de los elementos estatales encargados de resguardar la seguridad y el clima de paz y tranquilidad en Chiapas. (Elio Henríquez y Sergio Ocampo, La Jornada, Política, p.14)
Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 aún se encuentran en Chiapas –luego de la agresión que sufrieron el domingo pasado por la policía de dicha entidad– para estar atentos a la evolución de la salud de los tres normalistas que resultaron más lastimados en esa acción.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.14)