Ante el deslinde del Instituto Nacional Electoral (INE) de los errores en las listas de candidatos a la elección judicial y la petición de que el Senado los resuelva, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta, dijo que no está en su cancha.
“A ver, lo que nos piden que hagamos es una ilegalidad, que nosotros le metamos mano a los listados, ¡no!”, dijo en entrevista con medios. (Por Diana Benítez, El Financiero, Nacional, p.33)
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió al menos 222 solicitudes para corregir errores detectados en las listas de quienes aspiran a ser jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial de la Federación (PJF), hasta la noche de ayer.
El próximo jueves se prevé que el INE entregue a los Talleres Gráficos de México las listas definitivas de los candidatos que participarán en la elección del 1 de junio. (Carlos Lara, La Razón, México, p.9)
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores solicitó de oficio, a petición del PAN y de MC, un informe oficial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre los vuelos de drones y aeronaves no tripuladas de Estados Unidos en territorio mexicano.
“Esta comisión hará de manera oficiosa la petición de un informe y ya se los estaré dando a conocer”, respondió Ana Lilia Rivera (Morena), presidenta de la comisión plural del trabajo, a la solicitud planteada por la emecista Alejandra Barrales y respaldada por el panista Enrique Vargas (Rolando Ramos, El Economista, Política, p.39)
En vísperas de que el gobierno de Estados Unidos declare a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el PAN, vía el Senado, reactivó una iniciativa con la que busca catalogar en las leyes mexicanas, a dichos grupos delincuenciales, con la misma denominación.
No obstante, expertos en seguridad explicaron que la propuesta, que busca reformar los artículos 139, fracción I, y 148 Bis, fracción I, del Código Penal Federal (CPF), es un “guiño” a las intenciones de Estados Unidos y Canadá de realizar la misma declaratoria. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.8)
Con el apoyo de todas las bancadas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que se busca evitar la deserción de los médicos militares al incentivar su especialización en el Ejército.
Con 456 votos a favor y 0 en contra, las y los diputados federales avalaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se envió al Senado de la República para su aprobación. (Maritza Pérez, El Economista, Política, p.40)
En el campo de tiro, cada segundo cuenta y la precisión es esencial. La teniente Chávez sabe que no puede quedarse sin municiones, revisa el cargador, respira profundo, parpadea, desenfunda y dispara, una, dos, tres veces. Logra atinar al centro del cartón e impactar en objetivo de lámina, un tiro perfecto.
Lizbeth Chávez tiene ya más de 10 años desde que causó su alta, hoy, destaca como un ejemplo de liderazgo en el Ejército mexicano. Ella, como muchas mujeres han tenido que abrir puertas, enfrentándose a desafíos y superando barreras, literalmente a punta de pistola. (Amílcar Salazar Méndez, Milenio, Política, p.9)
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) estaría realizando vuelos con drones no armados en México con el objetivo de espiar a los cárteles de la droga, reportaron diversos medios estadounidenses.
La cadena de noticias CNN detalló, al citar a funcionarios y excolaboradores bajo condición de anonimato, que los drones usados sobre territorio mexicano son del tipo MQ-9 Reaper, mismos que han sido utilizados para atacar a presuntos terroristas en Siria, Irak y Somalia. (Carlos Lara, La Razón, México, p.6)
La situación legal de barberías y chelerías aseguradas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía estatal y autoridades federales con la Operación Atarraya es insólita: 413 propietarios, dueños o encargados no han manifestado interés por recuperar sus negocios ante las autoridades.
Con la realización de estos operativos se logró el aseguramiento de un total de 817 establecimientos, de los cuales 233 han sido reaperturados con reservas de ley, es decir, que continuarán las investigaciones. (Redacción, La Razón, México, p.7)
Un juez federal concedió el trámite de amparo a Guillermo Billy Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa La Cruz Azul, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa y lavado de dinero. Aunque esta medida detiene temporalmente el proceso, no implica su libertad ni su desvinculación del caso.
El juez Primero de Distrito en materia Penal del Edomex, Juan Cortéz Torres, otorgó dicho amparo; sin embargo, sigue la vinculación a proceso por lavado de dinero por más de 114 millones de pesos. (Ulises Soriano, La Razón, México, p.12)
Un hombre y una mujer estadounidenses, acusados de distribuir fentanilo en Estados Unidos, fueron localizados en Puerto Vallarta, Jalisco, y detenidos con fines de extradición, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En un comunicado, la dependencia indicó que los capturados fueron identificados como Aaron Wilkie Murphy, de 51 años de edad, y Hong Thoa Thi Nguyen, alias, “ThaoMurphy”, de 45 años, quienes eran considerados por las autoridades mexicanas como objetivos prioritarios. (Rolando Herrera, Reforma, Nacional, p.2)
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expuso que la capital sufre de rezago habitacional y problemas estructurales, lo cual busca erradicar, pues nueve de cada 10 personas que no tienen casa propia tampoco cuentan con acceso a créditos bancarios, mientas que ocho de cada 10 rentan en lugares donde no quisieran habitar.
Durante la presentación de la Política de Vivienda para la Ciudad de México, la mandataria capitalina expuso que anualmente se expulsan a 30 mil familias de la Ciudad de México debido a la gentrificación y van a dar a zonas donde el uso de suelo no es adecuado, o bien, no hay acceso a servicios públicos. (Eunice Cruz, La Razón, Ciudad, p.16)
El diputado de Morena, Miguel Ángel Mercado Escartín, propuso que se castigue el robo de agua hasta con seis años de prisión, pues consideró que hay vacíos en el Código Penal local que dan pie a que las personas comentan este delito.
Desde el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador guinda comentó que este delito ha detonado en la capital y se convirtió en un problema que urge atender, por ello, sugirió tipificar el robo de agua en el Código Penal para el Distrito Federal. (Eunice Cruz, La Razón, Ciudad, p.17)