Al clausurar la 45 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a los gobernadores que no deleguen su responsabilidad de atender el problema de inseguridad y violencia.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, ante representes del Poder Judicial y Legislativo, la sociedad civil, la CNDH y los gobernadores, el Mandatario enlistó un decálogo de acciones para combatir la delincuencia y la inseguridad.
Entre ellas, en el punto siete, el titular del Ejecutivo pidió a los mandatarios locales poner en el centro de atención la demanda ciudadana de seguridad. (Alberto Morales, Diana Lastiri y Manuel Espino, El Universal, Nación, p.4)
El gobierno federal investiga a cinco excolaboradores cercanos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, entre ellos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del exjefe policiaco, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según fuentes federales, en la mira de la dependencia, encabezada por Santiago Nieto Castillo, también está el exmando de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, cesado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto por la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en julio de 2015. (Manuel Espino y Alberto Morales, El Universal, Nación, p.6)
La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo Morales reapareció en un video para anunciar que vienen cambios en la organización laboral y asegurar que su lugar es al lado de los maestros.
“No tengan duda, mi anhelo es este y mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México. Que pasen felices fiestas y un muy exitoso año nuevo. Nos vemos pronto”, dice.
Su aparición la hizo a través de la página de Facebook “La Maestra” que abrió en 2018 y a través de la cual ha hecho 15 publicaciones y dedicado mensajes a los integrantes de las Redes Sociales Progresistas y de la organización Maestros por México, corriente interna del SNTE que busca que los elbistas retomen el control de la organización gremial. (Teresa Moreno, El Universal, Nación, p.7)
El Instituto Nacional Electoral (INE) puntualizó que ninguna de las organizaciones que buscan convertirse en partido político nacional tiene el registro asegurado.
Aún quedan procesos por llevar a cabo, dijo el director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Ballados, para poder determinar qué asociaciones logran obtener el registro como partido político.
“Ninguna organización ni nadie puede señalar que ya tienen su registro o que ya es inminente y ya tiene asegurado su registro como partido político, porque todavía resta una serie de cuestiones a revisar por la autoridad electoral”, expresó en conferencia. (Ariadna García, El Universal, Nación, p.7)
Siete senadores de la bancada de Morena se pronunciaron en favor del trabajo que ha realizado su coordinador, Ricardo Monreal, al frente del grupo parlamentario, luego de que la Comisión de Honor y Justicia de ese partido le impusiera una amonestación pública.
Los senadores, encabezados por el legislador Óscar Ramírez, respaldaron que Monreal Ávila haya llevado a buen puerto la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que constó de al menos seis reformas constitucionales.
“No olvidemos que él construye las mayorías calificadas todos los días, esas mayorías tienen que ver con la política, el buen oficio y la diplomacia que debe (Alejandra Canchola y Juan Arvizu, El Universal, Nación, p.8)
La Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría quedar en letra muerta si los gobiernos estatales no aprueban legislaciones similares a nivel local, advirtió Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
La responsable de la política interior recordó que los estados no tienen la obligación de emitir sus propias leyes de amnistía; sin embargo, este es un punto clave para favorecer, por ejemplo, a las mujeres que fueron procesadas por haber abortado.
“Yo tengo un mandato de promover, eso no quiere decir imponer. Si algún estado no quisiera expedir la Ley de Amnistía es su soberanía y autonomía, pero yo estaré muy pendiente de ese mandato transitorio”, dijo. (Alexis Ortiz, El Universal, Nación, p.13)
Chilpancingo, Gro., Policías ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Marco Antonio García Morales, jefe de gabinete del ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, a quien se vincula con la desaparición y el homicidio de Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 20 de noviembre.
La aprehensión del funcionario ocurrió cerca de las 17 horas de ayer, cuando salía del restaurante Pollos Rosy, ubicado en la avenida Paseo Celeste, colonia San Diego. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Política, p.4)
Morena en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de adición al artículo 19 de la Constitución con el fin de endurecer el castigo a las personas que incurran en el delito de extorsión, el cual arroja el mayor índice de impunidad en el país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que a diciembre de 2019 se denunciaron 7 mil 358 casos de extorsión en territorio nacional. De esas víctimas, el mayor número se presenta en la Ciudad de México, 799 casos; Jalisco, 691; Veracruz, 482, y Nuevo León, 470. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.5)
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, no enteró a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que había detectado la transferencia de 2 mil millones de pesos de esa dependencia a cuentas de Genaro García Luna.
Lo conozco igual que ustedes. Tengo que hablar con Santiago Nieto, no tengo la información precisa; lo conocí a través de los medios de comunicación. Hoy (ayer) vi a Santiago, pero ya no tuve oportunidad de hablar con él, declaró. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Política, p.5)
Es decisión libre y voluntaria de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, ejercer o no su derecho de asistencia consular, de acuerdo con fuentes oficiales.
Ello, después de que medios de comunicación estadunidenses dieron a conocer que el ex funcionario, detenido en Texas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, renunció a ese derecho durante la primera audiencia que tuvo en Dallas.
El jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox se presentó el 17 de diciembre ante el juez David Horan, donde rechazó también su derecho de audiencia. (Ana Langner La Jornada, Política, p.5)
Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) continuará encarcelada en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde lleva cuatro meses, luego de que el tercer tribunal unitario en materia penal ratificó la prisión preventiva en su contra, a pesar de que reconoció inconsistencias en el proceso, señaló la defensa legal, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros.
En el fallo, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola señaló que no comparte el criterio del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de que sus abogados supuestamente mintieron y se condujeron con falsedad. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
El segundo tribunal unitario del segundo circuito con residencia en Toluca, estado de México, negó la solicitud de adelantar la audiencia constitucional del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, agendada para revisar la demanda de amparo y con ello decidir si le otorgaba la prisión domiciliaria por motivos de salud.
El tribunal argumentó que la audiencia se realizará el 13 de enero (como estaba programa desde un inicio) debido a que algunas autoridades no rindieron los informes justificados. Además, agregó que le autorizaron vacaciones, las cuales gozará a partir de 24 de diciembre y hasta el 7 de enero, por lo que durante este periodo quedaría como secretario encargado de despacho Víctor Manuel Martínez Mata, quien de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sólo está facultado para atender asuntos de mero trámite, y no así de resolver este caso. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
Los trabajadores con más de 20 años de antigüedad en su puesto no pueden ser despedidos sin que el patrón acredite una causa grave y justificada para liquidarlos, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de tesis en materia laboral.
Se trata de la contradicción 165/2017, surgida entre dos tribunales sobre la manera en que debe interpretarse la Ley Federal del Trabajo (LFT), en cuanto al aviso de rescisión, documento por el cual el patrón debe informar legalmente a sus empleados cuando decida poner fin a su relación laboral. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
El incremento al salario mínimo que se anunció el lunes pasado, de 20 por ciento para la mayor parte del país y 5 por ciento para la zona libre de la frontera norte, tendrá efectos en aquellas negociaciones contractuales donde se establecen prestaciones calculadas a partir de esta remuneración. Además, puede ser un factor de presión para que los aumentos salariales que se acuerden con las empresas sean superiores, destacaron especialistas.
Carlos Reynoso Castillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en asuntos laborales, explicó que aunque no hay una disposición legal que relacione los salarios mínimos con los contratos con prestaciones calculadas en el monto mínimo, puede derivar en que aumenten si se toma en cuenta que la base de cálculo se ha movido. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.9)
Ante la propuesta de la senadora Soledad Luévano Cantú (Morena) de reformar la Constitución para eliminar la separación entre las iglesias y el Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa posibilidad no ayudaría al país y, al contrario, generaría confrontación. Por tanto, consideró que el tema no debe tocarse.
Al mismo tiempo aclaró que todos los legisladores son autónomos y tienen derecho a proponer los temas de su interés, pero la Presidencia de la República no está interesada en promover un cambio de esa naturaleza. (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.10)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar la versión pública más reciente del plan maestro del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, elaborado por la ADP Ingénierie.
En la resolución del expediente RRA 12981/19, presentado al pleno por el comisionado Joel Salas, se señala que la dependencia adujo que la solicitud de información por parte de un particular era clasificada por un periodo de cinco años, luego de que el Consejo de Seguridad Nacional declaró de su competencia la construcción de un aeropuerto mixto. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.10)
En conferencia de prensa, siete senadores de Morena llamaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido a la unidad y la reconciliación.
Asimismo, manifestaron respaldo absoluto al coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, y su solidaridad y reconocimiento a su homóloga Lilly Téllez.
Germán Martínez, Margarita Valdez, Martha Guerrero, Eduardo Ramírez, Joel Molina y Ernesto Pérez destacaron que ante la resolución de la CNHJ, que amonestó de manera pública a Monreal, cerramos filas con él; lo reconocemos y avalamos todas sus decisiones. Precisaron que en el caso de Téllez, que ningún legislador puede ser reconvenido”. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.13)
El PRD denunció ayer ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) que el Fideicomiso para la Transición 2018 se utilizó para pagar a 18 mil operadores de Morena que elaboraron los padrones de los programas sociales del actual gobierno, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no lo tocaría. Ángel Ávila y Camerino Márquez, integrantes de la dirigencia nacional perredista, dijeron que presentaron a la UTCE un listado de pagos y contratos del fideicomiso, que se les hizo llegar de manera anónima. Según dichos documentos, de los 150 millones de que constaba, 132 se destinaron a las remuneraciones de los llamados Servidores de la Nación, del primero de julio al primero de diciembre de 2018. (Redacción, La Jornada, Política, p.13)