Fuentes del gobierno federal afirmaron que se analiza la denuncia hecha pública por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre la posibilidad de una guerra civil en Chiapas.
Los zapatistas responsabilizaron al gobernador Rutilio Escandón de fomentar la desestabilización en el estado y sabotear los acuerdos alcanzados con el gobierno federal.
Mencionaron concretamente a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) como responsable de desviar recursos de programas sociales para comprar armas y equipos con los cuales hostiga a las comunidades indígenas.
Al respecto, las fuentes consultadas aseguraron que se investigarán los hechos señalados y que de comprobarse alguna responsabilidad se procederá en consecuencia.
En los últimos años, las fuerzas federales han mantenido presencia constante en el estado, apoyando las tareas de seguridad pública de las autoridades locales, en el marco de su competencia. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.4)
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos avaló la reciente resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que revocó la negativa a la apertura de la Guardia Nacional sobre la manera de utilizar la fuerza, prevista en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la instruyó a hacer una versión pública de las actuaciones realizadas.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández, aseveró que las restricciones generalizadas en la reserva de la información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un estado de derechos.
Los argumentos de la corporación para negar informes a una solicitud promovida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro son improcedentes, y respaldó las motivaciones expresadas en su momento por el Inai para instruir la apertura. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.6)
El burocratismo en los tres poderes me desespera, desgraciadamente y muy lamentablemente en el Judicial hay una actitud demasiado rígida, les hace falta mística a los jueces para hacer justicia, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión a los presos injustamente encarcelados, como Mónica Dolores Cuevas, presa desde hace 10 años en el penal femenil de Tlacolula y sin contar con sentencia.
En la capital de Oaxaca, junto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ofreció resolver la demanda de contratación de mil 200 trabajadores de la salud, pues es un problema que heredamos, dejaron hospitales sin construir y anunció que el mandatario estatal trabajará con el director del IMSS, Zoé Robledo, y el del Insabi, Juan Ferrer, a fin de encontrar una solución para quienes se quedaron sin laborar por los desfalcos originados en los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué.
En su conferencia de prensa, el Presidente reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su intervención en el proceso de vacunar a la población de zonas rurales de Oaxaca, y prometió que entre junio y julio de 2022 se inaugurará el tren rápido Salina Cruz-Coatzacoalcos, como deferencia al fin de mandato del gobernador Murat Hinojosa.
Como jefe del Ejecutivo, López Obrador ha visitado esta entidad en 25 ocasiones y la considera consentida (con Chiapas y Guerrero), por lo que ayer respondió ampliamente y con conocimiento de causa a las preguntas de los periodistas. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.7)
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió ayer, en privado, con los coordinadores parlamentarios en el Senado. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, al término de ese encuentro, manifestó en conferencia de prensa que fue una reunión franca, un diálogo muy abierto, constructivo, y se habló de la Guardia Nacional y de la necesidad de la coordinación de policías estatales, municipales, con la Federación y con las fiscalías.
Con el titular de Gobernación también se conversó, dijo Monreal, sobre la reforma que enviará el Ejecutivo federal en materia de la Guardia Nacional.
Monreal comentó que le pidió al secretario López Hernández que hoy, a la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, asistan también al pleno los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, así como el comandante de la Guardia Nacional, porque, sin duda, lo ocurrido en Salamanca, Guanajuato, será un tema ineludible, por ello pedí que asista el gabinete de seguridad y no sólo la titular de seguridad pública.
El tema, subrayó el morenista, es tan delicado, que quisiéramos que asistiera todo el gabinete de seguridad. Sí deberían estar, porque el Senado quiere participar y ser parte de la solución a este flagelo tan grave como el que está pasando en el país y, particularmente, el asunto de Salamanca nos preocupa. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.10)
La FGR ejerció acción penal contra elementos de la Marina por el delito de tortura cometido contra presuntos integrantes del cártel del Golfo detenidos en 2010 en Tamaulipas.
Lo anterior, luego de que un tribunal colegiado concedió un amparo a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien a través de un recurso impugnó que la FGR omitió realizar una debida investigación. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.10)
Ante visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, relataron supuestos abusos y amenazas recibidas durante su detención e interrogatorio en noviembre de 2014, luego de los hechos del caso Ayotzinapa.
Su relato, obtenido por MILENIO a través de solicitudes de transparencia, refiere que el día de su detención llegaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde ya los esperaba el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Abarca explicó que lo amenazaron con sacar a su esposa e hija a una manifestación que había al exterior “para que las violaran, las mataran y se las entregaran en pedacitos”.
“Me dijeron: ‘ahorita nos vas a decir la verdad’. Inmediatamente después, trajeron a mi hija y la metieron a la que entiendo era oficina del entonces procurador como medio de presión, oficina en la que ella sufre un desmayo, imagino, debido a la presión que ejercía el procurador en el interrogatorio.
Me quitaron una esposa y me sujetaron con ella a una silla para seguirme interrogando durante unas tres horas. Al no encontrar respuesta a satisfacción suya, me dijeron: ‘si no nos dices la verdad, ahorita voy a llevar a tu hija y a tu esposa allá afuera donde hay un grupo de personas o familiares de los estudiantes para que las maten, las violen y te las entreguen en pedacitos’”. “Me expresaron que si yo les decía quién o quiénes habían cometido los hechos, me garantizaban la vida y libertad de mi hija”, relató Abarca a la CNDH.
Su esposa María de los Ángeles también expuso que la torturaron verbalmente y relató maltrato durante el traslado a la Seido. “Uno de los señores dio la instrucción para que me taparan la cabeza (…) con la mascada y me la amarraron en el cuello muy fuerte, sentía que me estaba asfixiando y me lastimó. Me rodearon muchos hombres y me comenzaron a interrogar, preguntándome cosas que desconocía.
Después de muchas horas de estarme hostigando y presionando, un policía me enseñó un video en donde supuestamente mi mamá había sido secuestrada y muchas cosas que eran mentira”. (Alejandro Domínguez y Sandra Rojas, Milenio, Al Frente, p.4)
Entre 2014 y 2016, los empresarios de la cúpula de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se sirvieron “con la cuchara grande” de los recursos que otorgaba el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) para apoyar a pequeñas y medianas empresas.
Este organismo se creó en enero de 2013, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, y desapareció en 2019, en el de Andrés Manuel López Obrador, por señalamientos de corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, al menos durante tres años, la Concanaco desvió a sus cuentas más de 291 millones de pesos de recursos públicos que recibió del Inadem, previstos para 141 proyectos de pequeños y medianos empresarios a fin de impulsar y modernizar sus negocios.
Ese monto todavía puede ser aclarado por la Concanaco ante la ASF, pero a investigación detectó un modus operandi muy parecido al que se usó para desviar recursos en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles.
Los resultados de la indagatoria derivaron de una denuncia presentada por dirigentes de cámaras empresariales contra la cúpula de la confederación en el periodo de 2014 a 2018, cuando estuvo encabezada por Enrique Solana, a la que acusaron de utilizar 40 por ciento de los recursos otorgados por la Federación y de repartirse el resto. (Rafael Montes, Milenio, Política, p.14)
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró a los líderes parlamentarios en el Senado que es necesaria una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar la tarea de seguridad pública, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.
“Él tocó el tema de seguridad en general, la necesidad de la coordinación interinstitucional de las policías municipales, estatales y federales y de la participación de la Guardia Nacional, como un ente civil de alta profesionalización”, relató Monreal.
Durante la reunión privada que sostuvieron los senadores con el secretario de Gobernación, les comentó que la polarización no ha permeado a la población, relató Monreal Ávila. “Él, incluso, tuvo la expresión de decir que no sabe si la polarización sea arriba o sea acá, no me quiero meter en eso, pero abajo la gente está en un proceso de reflexión, de mayor madurez y lo que él pretendía y lo que él quería con estos diálogos es lograr acuerdos y entendimientos con todos los actores y sectores”, explicó Monreal Avila.
“Hablamos de varios te mas, pero fundamental mente de esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Po der Legislativo; entre la formulación de iniciativas del Ejecutivo y el trabajo del Legislativo. Y los coordina dores, cada uno, plantearon esta relación respetuosa entre los Poderes y de intensificar el diálogo; después, incluso, grupo parlamentario por grupo parlamentario. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, Nacional, p.6)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la objeción de conciencia de la Ley General de Salud porque el Congreso de la Unión no estableció parámetros claros para ejercer este derecho y garantizar que no se pongan en riesgo los derechos de otras personas, principalmente el de la salud.
Por ello, hoy martes los ministros retomarán el tema para establecer qué lineamientos deben incluir los legisladores federales y definirán el término que el Congreso de la Unión tiene para corregir la ley.
La objeción de conciencia es la figura por la cual el personal de salud puede negarse a participar en ciertos procedimientos por razones ideológicas, religiosas o éticas y fue incluido en la Ley General de Salud desde 2014.
Desde la semana pasada el pleno reconoció que este derecho es constitucionalmente válido, pero los ministros observaron que el Congreso de la Unión únicamente estableció que no puede ser ejercido cuando la vida del paciente esté en riesgo o cuando se trate de una urgencia médica.
Durante la sesión de ayer lunes, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que la Suprema Corte de Justicia ha recibido presiones para reconocer la objeción de conciencia como un derecho ilimitado y advirtió que éste puede ser utilizado como herramienta para impedir a las mujeres abortar de manera segura y digna, derecho que ya fue reconocido por la SCJN. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p.A4)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer la revisión a sus proyecciones de crecimiento para 2021 y 2022, en la que mejoraron sus expectativas para México.
Para el país subió el pronóstico para este año que se emitió en mayo pasado, de 5%, el cual pasó a 6.3%, es decir 1.3 puntos porcentuales más. En tanto, para 2022 prevé una expansión del producto interno bruto (PIB) de 3.4%, en lugar de 3.2% que dio a conocer hace casi cuatro meses.
Además, el organismo internacional consideró que la economía mundial va a tener un avance de 5.7% en 2021 y de 4.5% el próximo año, lo que tiene que ver con el despliegue de vacunas, las políticas de apoyo, el repunte de Europa y los apoyos fiscales en Estados Unidos para el próximo año, así como el menor ahorro en los hogares en países desarrollados.
Estados Unidos terminará el año en curso con un crecimiento de 6% y 2022 con 3.9%, mientras que en Canadá crecerá 5.4% y 4.1%, respectivamente. (Ivette Saldaña, El Universal, Cartera, p.A22)
El sindicato petrolero acusó a Pemex de ignorar los plazos para revisar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) bianual que venció en julio pasado, por lo que emplazó a la petrolera a huelga.
Tras reunirse el pasado fin de semana en la Ciudad de México, los líderes seccionales dieron a conocer ayer el emplazamiento ante la Secretaría del Trabajo, que tiene como fecha límite el 30 de septiembre.
En un comunicado, informaron que el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ofreció desde julio una propuesta para el Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2023, pero fue desairada por la empresa.
Y aunque con el gremio concedió una prórroga a Pemex para que fijara una postura, la empresa no se ha pronunciado.
En 2019, la negociación del CCT terminó con la reducción de viáticos a comisionados sindicales y la eliminación de otros apoyos al gremio petrolero.
Pemex presumió entonces un ahorro de mil 596.5 millones de pesos en el CCT vigente de 2019 a 2021.
La mayor reducción corresponde a viáticos para comisionados o gastos por comisión del sindicato.
Para ese rubro, cuyo monto previsto para 2019 fue de mil 496.7 millones de pesos, Pemex únicamente accedió a otorgar 328.8 millones de pesos en el nuevo contrato.
También se suprimió la cláusula 251 Bis, correspondiente a ayudas al Sindicato que tenía un monto anual de 353.2 millones de pesos y para la nueva versión contractual se eliminó.
Lo mismo sucedió para otro apartado de la misma cláusula 251 Bis correspondiente a gastos de operación del sindicato, que el año pasado implicó una erogación de 100 millones de pesos, la cual ya fue cancelada. (Benito Jiménez, Reforma, Nacional, p.3)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, coincidieron en catalogar la explosión de un paquete bomba en Salamanca como un acto del crimen organizado que busca sembrar terror entre la población.
“Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado, que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha se han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo”, expresó el Presidente durante su gira por Oaxaca.
Cuestionado sobre los hechos del domingo, que dejaron dos muertos y cuatro lesionados, utilizó ese término, a pesar de que México se ha negado a que Estados Unidos clasifique así a las bandas de narcotraficantes, ya que podría derivar en la aplicación de medidas extraterritoriales.
El Presidente también consideró que existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y lamentó la muerte del dueño y el gerente del establecimiento donde se registró el estallido, tras asegurar que eran gente de trabajo.
Por su parte, el Gobernador Rodríguez Vallejo consideró que se trata del primer acto terrorista en la entidad.
“(Quiero) darles el más sentido pésame a los familiares de las víctimas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva el nivel de violencia que hemos vivido”, expresó a medios locales.
El panista detalló que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene como líneas de investigación una pugna del crimen organizado o extorsión, aunque podrían añadirse más. (Rolando Herrera, Claudia Guerrero y Oscar Uscanga, Reforma, Nacional, p.4)
Apoyar a los gobiernos estatales y a la iniciativa privada en la compra de dosis contra el COVID-19, así como contar con un producto biológico propio en México son los siguientes pasos en materia de vacunación, resaltó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Así lo destaca el libro La estrategia internacional de México en la pandemia de COVID-19, presentado ayer por el canciller Marcelo Ebrard.
“La posible vacuna mexicana y el apoyo que la SRE brinde a los gobiernos estatales o a particulares para la adquisición de vacunas en el exterior será parte del próximo paso en la inmunización”, establece el documento en su última página. Con estas medidas, la cancillería plantea como un objetivo avanzar hacia la protección contra el coronavirus de todas las personas que habitan el país, pues por ahora sólo se aplica la vacuna a las personas adultas, que son 89.4 millones en el país. (Gerardo Suárez, El Heraldo, País, p.10)