Los gobiernos panistas firmarán convenios de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como lo plantea el gobierno federal, para garantizar la atención y medicinas gratuitas, afirmó Martín Orozco, presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan).
El también mandatario de Aguascalientes se reunió ayer con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, a quienes les presentó la propuesta del Goan para participar en el modelo de salud que remplazó al Seguro Popular. (Angeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.6)
La vía del Tren Transístmico, que conectará al Golfo de México con el océano Pacífico, se rehabilitará y tendrá una inversión de 362 millones de pesos durante los tres años que durará la obra.
Los daños ambientales serán moderados, aunque para su mitigación se destinará apenas un millón 240 mil pesos, indica la manifestación de impacto ambiental (MIA) enviada para su aprobación a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat). (Angélica Enciso L., La Jornada, Política, p.7)
Diversas organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante el incumplimiento de la recomendación 48/2019, con el objetivo de frenar la puesta en marcha del operativo Mochila segura de forma inmediata, toda vez que genera incertidumbre y riesgos a la integridad de niñas, niños y adolescentes, además de violentar el derecho a la educación, privacidad, discriminación y presunción de inocencia.
En un comunicado conjunto, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentaron que tras los hechos de violencia ocurridos en una escuela de Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero, la SEP anunció que se volvería a implementar el esquema de Mochila segura, pero sin violar los derechos humanos (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.7)
El titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que en los próximos días se reunirá con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a fin de conocer el anteproyecto de reformas al Poder Judicial, uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones que comienza el primero de febrero.
El también coordinador de Morena, detalló que los otros temas que también deberán ser desahogados son la legalización de la mariguana y la regularización del outsourcing, aunque la agenda se definirá durante la reunión plenaria de su bancada que se llevará a cabo los días 29 y 30, y a la que acudirán la mayor parte de los integrantes del gabinete presidencial. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.8)
Ex integrantes de la Policía Federal (PF) inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional se manifestaron frente a la sede de su corporación, en Periférico Oriente, para exigir el pago de su liquidación. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc) sostuvo que ayer martes entregarían el monto del retiro voluntario a 106 elementos. Sin embargo, los inconformes afirmaron que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha obstaculizado la entrega de sus indemnizaciones, ya que dejaron plantados a 60 ex integrantes de la PF.
Desde temprano, elementos de la policía capitalina organizaron un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la posibilidad de que los quejosos intentaran bloquear los accesos principales como lo hicieron en noviembre cuando hubo varios heridos. (Eduardo Murillo y César Arellano, La Jornada, Política, p.9)
Al pedir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que brinde su autorización para que se puedan consultar todos los documentos relacionados con las actividades de los cuerpos de policía política de décadas pasadas, el Archivo General de la Nación (AGN) pone trabas innecesarias para el análisis de dichos acervos, los cuales, en teoría, ya pueden ser consultados sin restricciones al formar parte de archivos históricos.
Así lo afirmó un grupo de investigadores y académicos de diversas instituciones, el cual advirtió que el anuncio del AGN no tiene razón de ser y podría significar un indicio de que el acceso a documentos históricos se va a ir restringiendo cada vez más, con el argumento de la protección a los datos personales. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.9)
Aunque 2019 fue el año más violento del que se tenga registro, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) revelan que se ha reducido el ritmo de crecimiento de la tasa de asesinatos, según un análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Después de que fueron difundidos los resultados, donde se informa que el año pasado 35 mil 588 personas fueron víctimas de homicidios dolosos o feminicidios, la SSPC insistió en que también hay datos alentadores en dicho informe. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.10)
El caso Ayotzinapa entrará en etapa de procesos judiciales y, en ese contexto, llamarán a declarar a los autores de la verdad histórica, anunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.
Entrevistado en Bucareli, comentó que se ha iniciado un nuevo ciclo en la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.10)
Aunque muchas de las exigencias de la marcha promovida por Javier Sicilia y la familia LeBarón son justas, diversos grupos políticos contrarios al presidente Andrés Manuel López Obrador están tratando de aprovechar el momento para colocar sus propias agendas personales, por lo que al menos dos organizaciones civiles de víctimas decidieron no acudir a la movilización.
Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, afirmó que aunque muchos integrantes de ese colectivo desearían participar en la marcha convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se abstendrán para evitar que el impacto de la caminata que iniciará el 23 de enero sea aprovechado por grupos oportunistas. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.10)
Con cadenas alrededor del cuerpo y en las manos, familiares de Juan Carlos Monroy se manifestaron ayer frente a Palacio Nacional en demanda de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el joven, quien está preso en una cárcel de Hidalgo por presuntamente asesinar a un hombre en un bar de Pachuca, sea liberado porque está enfermo. La defensa afirma que no ha tenido la atención adecuada y se violan sus derechos humanos. (Alfredo Domínguez, La Jornada, Política, p.10)
Colectivos feministas y amigos de la activista y artista plástica Isabel Cabanillas de la Torre, asesinada el pasado fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron que el presidente municipal Armando Cabada y el gobernador Javier Corral han sido indiferentes ante este caso y los feminicidios perpetrados en la entidad.
En la representación del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México exigieron que se aclare la muerte de Isabel, de 26 años, integrante del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, pues aunque se ha querido señalar que se trató de un asalto, “no fue así, su bicicleta estaba a su lado. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.11)
Militantes y simpatizantes de Morena que integran el Observatorio Ciudadano de Coyoacán (OCC) amenazaron con salir a las calles a protestar si se presentan irregularidades externas o recursos legales de otros morenistas que tiren el Congreso Nacional Extraordinario convocado para el próximo domingo.
En un foro realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México (en el que estuvo presente como asistente la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján), alrededor de 300 morenistas cerraron filas en torno al reclamo a la secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, al denunciar que esta fuerza política está paralizada. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.12)
Los partidos deberán regresar al erario 46.4 millones de pesos que no utilizaron en las campañas de 2019, según el proyecto de acuerdo que será sometido al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) este miércoles.
En 2019 hubo comicios locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.12)
Con una fuerte injerencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la convocatoria, organización y validez de la elección de dirigentes seccionales, el nuevo Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales establece que todo candidato a ocupar una secretaría general en alguna de sus 61 secciones debe, entre otros requisitos, haber ocupado un cargo a nivel seccional, “lo que limita ampliamente la posibilidad de muchos compañeros de aspirar a dirigir sus secciones sindicales, en particular donde el charrismo ha mantenido el control”, afirmaron profesores y dirigentes magisteriales. (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p.15)