El proceso de vacunación en hospitales Covid-19 continúa y se ha extendido a nosocomios privados, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa diaria, adelantó que los 20 mil trabajadores de la educación (maestros y todo el personal que labora en mil 500 escuelas) en Campeche serán vacunados, porque sí necesitamos regresar a las clases presenciales.
En aquella entidad, repuso, se está revisando el censo, porque hay maestros que tienen doble plaza. No es para regresar a clases a partir de la próxima semana, porque faltaría la segunda dosis, (pero) es iniciar ya, adelantarnos.
También dio a conocer que el semáforo probablemente cambiará en Campeche. Me informaron, no sé si va a ser así, que ya pasa a amarillo ahora con la nueva evaluación; de todas maneras, como han estado mucho tiempo en verde y apenas entran a amarillo, pues vamos a vacunar a los maestros. (Roberto Garduño y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.2)
Ante mandatarios estatales, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, aseveró que la campaña nacional de vacunación anti-Covid no se ha politizado y advirtió que hacerlo sólo retrasará la aplicación del biológico.
Primero en un encuentro virtual con gobernadores y luego a través de Twitter, la funcionaria subrayó que no es tiempo para obtener réditos políticos ni para dividir a la población, sino de unidad.
Me da un enorme gusto que no se haya politizado esta campaña de vacunación. Todos hemos entendido que es momento de trabajar en unidad para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta gran nación. Hemos llegado hasta aquí gracias al diálogo, dijo. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.3)
Aunque el ritmo de contagios por Covid-19 es menor en los 709 municipios en situación de pobreza, la incidencia de casos que han requerido hospitalización (30.9 por ciento) es mayor a la media nacional, que equivale a 19.7, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En 116 de las citadas zonas con 80 por ciento o más de población en situación de pobreza se registraron 247 casos activos de la enfermedad. La incidencia es baja, ya que 12 de cada 10 mil personas se han contagiado, mientras en el resto la prevalencia es de 133.
En esos 709 municipios se han identificado 9 mil 605 casos positivos durante toda la pandemia, de los cuales 30.9 por ciento han requerido hospitalización, cifra mayor al valor nacional, que es de 19.7. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p.4)
En sesión virtual, la Junta de Gobierno del Hospital Juárez de México (HJM), que preside el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, tomó protesta a Gustavo Esteban Lugo Zamudio como director general de este nosocomio, cargo en el que estará del 20 de enero de 2021 al 8 de diciembre de 2025. En representación del secretario de Salud, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, tomó la protesta de ley y dio lectura al nombramiento del director general del HJM, quien es especialista en medicina interna y reumatología. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.4)
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud pusieron en operación un centro de atención temporal, que cuenta con 40 camas de hospitalización para convalecientes de Covid-19.
Con estas instalaciones, ubicadas en el Centro de Seguridad Social Cuauhtémoc, en Naucalpan, estado de México, se amplía la estrategia de las instituciones de salud para garantizar la atención de los enfermos ante el incremento de contagios, pues recibirá a pacientes referidos de los hospitales generales de zona número 58 Las Margaritas y número 194 El Molinito, informaron las dependencias en un comunicado conjunto.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que este espacio permitirá atender con mayor oportunidad a los pacientes ante el incremento de contagios y hospitalizaciones en el estado de México. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.5)
Las investigaciones que se realizan sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en la actual administración son un asunto de Estado y en este empeño se pretende romper con el pacto de silencio que se ha conformado en torno al caso, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto que está abierta la investigación, el mandatario ofreció que se indagará a todos los posibles involucrados: nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
Durante su conferencia, López Obrador apuntó que se está buscando romper ese acuerdo tácito porque imagínense, 43 jóvenes desaparecidos, hay hasta ahora 80 presos y no saber todavía qué fue lo que sucedió, teniendo la voluntad de aclarar las cosas. (Alonso Urrutia y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.9)
Especialistas en salud y los coordinadores de Morena, PRI y PRD en el Senado pidieron a la Cámara de Diputados que apruebe la minuta de reforma al artículo 4 constitucional, en materia de cuidados paliativos, ya que pasar los últimos días de vida con fuertes dolores y en agonía provocados por enfermedades terminales o la propia vejez, es una realidad que se ha agravado en los últimos meses, a consecuencia de la pandemia por Covid-19.
Es urgente descongelar esa minuta –que senadores aprobaron en julio de 2019 y la turnaron a los diputados–, resaltó el coordinador priísta, Miguel Ángel Osorio Chong, durante la presentación a distancia del libro Muerte digna. Un derecho humano que nos involucra a todas y todos, coordinado por el senador Miguel Ángel Mancera y el Instituto Belisario Domínguez.
Osorio Chong, también presidente del Instituto Belisario Domínguez, explicó que México ocupa el lugar 25 de 40 países en acceso a cuidados paliativos y el 37 en calidad. En México, dijo, 372 mil personas cada año requieren de este tipo de atención y sólo 21 por ciento, es decir 78 mil, tiene acceso a ella. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.8)
De cada cuatro personas que perdieron su trabajo en abril, con el inicio de la contingencia por Covid-19, sólo uno no logró recuperarlo una vez terminado 2020, muestra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De 12 millones 460 mil trabajadores que dejaron de emplearse con el confinamiento, ocho meses después 2 millones 916 mil no habían regresado a sus ocupaciones.
Sólo en diciembre se necesitaban 11 millones 890 mil puestos de trabajo para cubrir desempleados abiertos, subocupados que buscan un trabajo adicional y a la población no económicamente activa (PNEA) disponible para trabajar, exhibe la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nueva generación (Enoen).
De acuerdo con los datos, en diciembre el ritmo de la recuperación en el país cedió, se redujo la población económicamente activa (PEA), los ocupados en la informalidad y lo hizo también el desempleo, pero sólo para abultar la proporción de personas que no buscan trabajar. (Dora Villanueva, La Jornada, Economía, p.18)
Por 20 votos contra 12, el Congreso local negó al gobernador panista Javier Corral Jurado contratar deuda de largo plazo por mil 898 millones de pesos, lo que habría comprometido participaciones federales por 20 años, a fin de iniciar o continuar 293 obras, a sólo siete meses de que concluya su administración.
El mandatario, quien acaba de recibir un adelanto del gobierno federal por 2 mil millones de pesos, anunció que insistirá en realizar las obras con mil 200 millones del presupuesto regular, que había propuesto usar para sanear las finanzas del sector salud estatal.
Para la aprobación del crédito eran necesarios 22 votos, pero los panistas Jorge Soto Prieto y Rocío González Alonso votaron en contra, junto con los de Morena y los dos del Partido Encuentro Social. (J. Estrada y R. Villalpando, La Jornada, Estados, p.25)
Ante la caída de los ingresos de la Ciudad de México a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, alcaldías, órganos de gobierno y autónomos aceptaron reducciones a sus presupuestos para este año, salvo el Tribunal Electoral –cuyos magistrados tienen salarios superiores a 150 mil pesos mensuales–, que interpuso un recurso contra los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, con el argumento de que se violaba su autonomía presupuestal.
Se trata de un juicio promovido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que interpuso el 24 de diciembre porque no se aprobó al órgano local el presupuesto de 425 millones que solicitó para 2021, con el argumento de que es un año electoral.
Fuentes del gobierno capitalino informaron que ya se respondió a dicho recurso, que fue admitido por el órgano federal, pero, además, se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el TEPJF por invasión de esferas, toda vez que la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México es la competente para dirimir este asunto. (Alejandro Cruz Flores, La Jornada, Capital, p.28)