En vísperas del séptimo aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Morena en la Cámara de Diputados buscará más presupuesto para las instancias gubernamentales involucradas en el tema, al considerar que hay pocos avances en la investigación.
El diputado Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de los hechos perpetrados en 2014 en Iguala, Guerrero, planteó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presente en San Lázaro un informe sobre las pesquisas.
Dado que consideró que hay pocos avances en las pesquisas, dijo que deben redoblarse los esfuerzos en la materia, toda vez que persiste la desesperación e incertidumbre entre los familiares de las víctimas sobre lo que pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y el paradero de los 43 estudiantes.
El legislador, quien debido a la persecución que sufrió tuvo que utilizar un seudónimo para protegerse, destacó que su bancada ha solicitado la realización de una sesión solemne el jueves en la que se aborde este problema, pero aún no hay acuerdo. Criticó que en el país persista la desaparición forzada de personas, al destacar que en los estados hay gran desorden al respecto. (E. Méndez y G. Saldierna, La Jornada, Política, p.5)
La estrategia contra la violencia y la inseguridad puesta en marcha por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona y avanza hacia la construcción de la paz en el país, reto que demanda corresponsabilidad y trabajo conjunto, sin distingo de colores, sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Acompañada por todos los integrantes del gabinete del ramo, compareció ante el pleno del Senado para la glosa del tercer Informe presidencial, donde refrendó que llegó a esa dependencia no a ganar una guerra, sino a ganar la paz; dio cifras sobre los avances en el combate a la criminalidad y destacó que decir abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos.
Esto último, en respuesta a la intervención virulenta, llena de descalificaciones, de la senadora Lily Téllez, quien en nombre del PAN sostuvo que todo es un fracaso y que es “perversa esa frase de abrazos no balazos. Entre gritos y gestos teatrales, sostuvo que la Guardia Nacional es el grupo de edecanes más caro que ha tenido este país.
Serios, los secretarios de la Defensa Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, estuvieron sentados en el podio junto con Rosa Icela Rodríguez y la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, al igual que el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
La titular de la SSPC mantuvo siempre la tranquilidad y la mesura. Desde su intervención inicial, dijo que aunque la mayoría de los delitos muestran tendencia a la baja, hay retos por delante, como erradicar el homicidio doloso, que actualmente se concentra en seis estados, y bajar la alta tasa de feminicidios, que aumentó 11.9 por ciento en los seis primeros meses del año. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.7)
El gobierno de México presentó una denuncia civil ante la corte de Miami, Florida, en Estados Unidos, por medio de la cual busca recuperar un conjunto de propiedades y activos que habrían adquirido Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, así como prestanombres y familiares, mediante contratos públicos ilegales en los sectores de seguridad y defensa nacional.
La acción presentada cubre a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, sus cómplices y/o familiares, los cuales, según se alega en la demanda, se ubican u operan en Florida y son dueños de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales, detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Horas antes su titular, Santiago Nieto Castillo, había adelantado en un artículo publicado en La Jornada que estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Por ello, se presenta esta primera demanda en Estados Unidos, en colaboración con las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad y Protección Ciudadana. (Dora Villanueva, La Jornada, Política, p.8)
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acusó a las fiscalías General de la República (FGR) y del estado de Chiapas (FGECH) de ser cómplices en falsificación de pruebas en el caso de Yonny Ronay Chacón González, quien en 2019 fue detenido ilegalmente, torturado y acusado de privar de la libertad a dos personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña.
Señaló que Yonny Ronay fue detenido y torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la FGECH entre el 13 y 15 de marzo de 2019. Posteriormente, el 14 de marzo de ese mismo año fue exhibido en medios de comunicación, con fotografías obtenidas por medio de la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y como responsable de un homicidio en Villaflores, Chiapas.
El Frayba destacó que si bien al día siguiente la FAI determinó dar la libertad a Yonny Ronay alegando que de acuerdo con la investigación le habían encontrado un arma blanca del tipo de navaja multiusos, horas antes de su libertad la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) realizó actos de investigación por otros delitos y fue detenido nuevamente por homicidio calificado.
Afirmó que cuenta con documentación de que el día del homicidio que se le imputa a Yonny Ronay, éste se encontraba en otro municipio, además de que ha acreditado que fue víctima de tortura física y sicológica, privación arbitraria de libertad, mismos indicios que se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que constatan las lesiones que le causaron. No obstante, el 6 de septiembre de 2021 fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión. (Redacción, La Jornada, Política, p.9)
Por el fallecimiento de una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Villa Aldama, Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 37/2021 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Ángel Ávila Pérez.
Indicó que autoridades penitenciarias omitieron brindar atención médica integral a la víctima, quien padecía hipertensión arterial sistémica, anemia y otras dolencias, y no pidieron apoyo de un especialista para tener un diagnóstico adecuado.
En un comunicado, refirió que el 23 de octubre de 2020, la CNDH atendió una queja en la que se requería su apoyo para la revisión y envío de los estudios clínicos y medicamento administrado a la víctima, de 48 años de edad.
En repuesta, la autoridad penitenciaria informó que desde el 30 de agosto de ese año el interno había ingresado al área hospitalaria de ese centro de internamiento con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, anemia y otros padecimientos, por lo que se le prescribió tratamiento farmacológico y la realización de estudios clínicos. (Redacción, La Jornada, Política, p.10)
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió la creación de seis nuevas comisiones ordinarias para sumar 50 en total en el Palacio de San Lázaro.
Se trata de las comisiones de Bienestar, Cambio Climático y Sostenibilidad, Coordinación y Gobernanza Metropolitana, Diversidad Sexual, Movilidad y la de Seguridad Ciudadana.
Según el proyecto de Acuerdo para la Constitución de Comisiones Ordinarias, distribuido entre los líderes parlamentarios y al que MILENIO tuvo acceso, la Comisión de Bienestar sustituye a la de Desarrollo Social; la de Cambio Climático y Sostenibilidad fue separada de la de Medio Ambiente, mientras la de Coordinación y Gobernanza Metropolitana se escindió de la de Desarrollo Urbano.
La Comisión de Movilidad será un nuevo grupo de trabajo en la recién iniciada legislatura; la de Diversidad Sexual se desprendió de la de Juventud, en tanto la de Seguridad Ciudadana reemplazará a la de Seguridad Pública.
Según los acuerdos iniciales, Morena presidirá 20 comisiones; el PAN, once; el PRI, siete; el PVEM, cuatro; el PT, tres; MC, dos, y el PRD, una, pero los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados negocian todavía la distribución cualitativa de los grupos de trabajo.
No obstante, el líder de la mayoría morenista, Ignacio Mier, anticipó que su bancada pugnará por las presidencias de las comisiones de Presupuesto, Bienestar, Salud, Seguridad Ciudadana, Diversidad Sexual, Igualdad de Género, Asuntos Migratorios y la de Asuntos Indígenas. (Fernando Damián, Milenio, Política, p.7)
El juzgado primero de distrito en materia de extinción de dominio dio tramite a la demanda de un juicio para confiscar bienes adquiridos, presuntamente con recursos de procedencia ilícita, a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, líder de Los Zetas.
El juicio quedó registrado bajo el expediente 7/2021 y fue promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación Especializado en Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de la Fiscalía General de la República.
El juzgado que lleva la causa notificó en días pasados a los defensores de Treviño Morales de la demanda y les dio un plazo de 15 días para contestarla; actualmente, el líder de Los Zetas se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, de Comaltitlán, Chiapas.
Los bienes señalados ascienden a 2 millones 278 mil pesos, en su mayoría es dinero en efectivo (dólares y pesos mexicanos), asegurados al momento de la detención del capo el 16 de junio de 2013. El recurso se encuentra bajo resguardo de Banjercito por órdenes el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado.
Esta no es la primera vez que le incautan bienes a Treviño Morales. El 1 de agosto de 2013, el gobierno del Estados Unidos ordenó la confiscación de una empresa y caballos pura sangre al suegro del Z40, identificado como administrador de la compañía ganadera Cinco Manantiales, con sede en Coahuila.
El gobierno estadunidense señaló que dicho negocio era una pantalla para lavar dinero de Miguel Ángel Treviño Morales, misma suerte corrieron cuatro caballos finos propiedad del Z40. (Jorge Martínez, Milenio, Política, p.8)
Las mamparas instaladas en las 500 curules de la Cámara de Diputados debido a la pandemia fueron retiradas del pleno de San Lázaro, por considerar que impiden la circulación del aire y no existe ninguna evidencia de su utilidad sanitaria.
Así lo determinó la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual también se analizó la in conformidad de la bancada de Morena con la excesiva presencia de representantes del PAN en el recinto, según contó la vicecoordinadora de la mayo ría legislativa, Aleida Alavez, en conferencia de prensa.
Los acrílicos de los que aho ra se prescindirá fueron colocados en agosto de 2020 como una de las diversas medidas de sana distancia que la Mesa Directiva tomó, en acuerdo con los coordinadores parlamentarios de entonces.
Según una solicitud de in formación de la Plataforma Nacional de Transparencia, respondida con fecha del 12 de febrero de 2021, la Cámara de Diputados destinó un millón 786 mil 997.42 pesos a la colocación de esas mamparas de acrílico para asegurar la sana distancia entre los legisladores.
Trece meses después, y en atención al nuevo reglamento sanitario de San Lázaro, la Jucopo de la actual legislatura determino que esa medida no es necesaria. (Ivonne Melgar y Ximena Mejía, Excélsior, Nacional, p.2)
Chilpancingo.— Médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo y de intendencia cerraron los 14 hospitales y los 400 centros de salud de Guerrero para exigir el pago del Fondo del Estado de Guerrero para Ahorro Capitalizable (FEGAC) que le adeudan a unos 5 mil trabajadores.
Desde el primer minuto de este martes, los trabajadores de los dos hospitales generales de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Coyuca de Catalán, Chilapa, Tlapa, Petatlán, Zihuatanejo y Ometepec, además de los tres comunitarios de Huamuxtitlán, Tixtla y Leonardo Bravo se declararon en paro de labores y sólo atienden emergencias.
A este paro se sumaron los trabajadores de los casi 400 centros de salud de todo el estado.
Manuel Ramos García, integrante de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSa), explicó que el sector se declaró en paro laboral en exigencia al pago del FEGAC, el cual adeuda unos 96 millones de pesos a unos 5 mil empleados, 17 mil 500 pesos a cada uno.
Ramos García precisó que en los 14 hospitales y en los 400 centros de salud sólo están dando atención a “verdaderas” urgencias, es decir, heridos por balas, inestabilización de diabetes o pacientes con Covid-19.
Explicó que el FEGAC tenía que haber sido entregado desde la semana pasada. Este es un fondo de ahorro que se conforma por la aportación de los trabajadores, el SNTSa y el gobierno estatal.
Por su parte, el secretario de Finanzas del gobierno de Guerrero, Tulio Pérez Calvo, dijo que esta semana comenzará el pago escalonado del FEGAC a los 5 mil trabajadores. (Arturo de Dios Palma, El Universal, Estados, p.A15)
Senadores de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Antony Blinken, que se suspenda la exportación de armas a la Secretaría de Marina (Semar) y a policías mexicanas por malos manejos que derivan en abuso a los derechos humanos y la falta de transparencia en los usuarios finales.
Esta petición se da luego de que la Secretaría de Marina pidió la compra de rifles de asalto a Sig Sauer Inc, empresa de origen alemán pero con una subsidiaria en Estados Unidos, por 5.5 millones de dólares.
Esta compra, por ser mayor al millón de dólares, debe ser aprobada por el Congreso, que recibió la solicitud el pasado 29 de julio. El Congreso tiene 30 días para responder, pero hasta el momento se desconoce si se otorgó la licencia.
La carta, firmada el 14 de septiembre por cuatro senadores (Patrick Leahy, de Vermont; Cory Booker, de Nueva Jersey; Jeff Merkley, de Oregon, y Dick Durbin, de Illinois), todos del Partido Demócrata, expresa la preocupación de que las armas que salen de Estados Unidos no tienen mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes.
“Dada la extensa documentación acerca de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperamos que las secretarías de Estado y de Comercio establezcan mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, se lee en el mensaje. (Íñigo Arredondo, El Universal, Mundo, p.A16)
A un mes de la devastación que provocó el huracán “Grace” en el norte de Veracruz, damnificados aún protestan por la falta de ayuda.
Unos afirman que no fueron censados y otros que sí los censaron pero no aparecen en las listas finales que integraron los Servidores de la Nación.
Los ciudadanos afectados bloquearon ayer por segundo día consecutivo el puente Cazones 1 y el Cazones 2 que conectan a Poza Rica y Tihuatlán, luego la carretera libre México-Tuxpan.
Los manifestantes buscan que los incluyan en el censo de la Secretaría de Bienestar, que el Gobierno ya dio por terminado.
Incluso su compromiso fue entregar, entre el 14 y el 21 de septiembre, 35 mil pesos a cada uno de los 64 mil 513 habitantes afectados en Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Carlos Alberto Juárez García, un guía turístico de 33 años que tiene su casa sin techo en Tecolutla, por donde pasó el ojo del huracán la noche del 21 de agosto, acusó que no fue censado porque una Servidora le aseguró que ya no tenía formatos.
“Pero no era cierto, porque avanzó dos o tres cuadras y la encontramos censando a otras personas cerca de nuestra vivienda”, dijo en entrevista telefónica.
Envió una fotografía de su casa, tomada desde arriba: Dos habitaciones sin techo, el colchón y algunos muebles a la vista, pues el huracán de categoría 3 arrancó las láminas con todo y maderas. Ayer había conseguido 10 mil pesos prestados y estaba una ferretería comprando clavos.
La delegación de la Secretaría de Bienestar en Veracruz aceptó que podría revisarse el censo de damnificados, aunque insinuó que quienes se han manifestado son personas manipuladas por organizaciones políticas.
Camilo Hernández, un pescador de Tecolutla, aseguró que tampoco fue censado porque ese día no estaba en su casa.
“Fui a pescar y cuando regresé todavía estaban censando; yo dije que era pescador y que andaba afuera, pero me dijeron que no, que yo tenía que estar en la casa”, contó.
“A mi hermana sí la censaron, tiene una cintilla (comprobante) y esa cintilla no está en el sistema. Por eso le digo: ¿Para qué juegan? La verdad es una pérdida de tiempo”, acusó.
“En todo Tecolutla debe de haber unos 200 que tienen cintillo y que no fueron apoyados por el Gobierno. Nosotros hemos comenzado a juntarnos y de plano ir a la mañanera a buscar al Presidente y preguntarle a qué juega”, dijo Camilo Hernández. (Jorge Ricardo, Reforma, Nacional, p.14)
El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que serían desalojadas y reubicadas alrededor de 178 viviendas de la zona alta del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, como medida preventiva ante nuevos desgajamientos.
“Hay que desalojar una parte importante de algunas viviendas que están en la zona alta (…) porque a pesar de que ya está estabilizado todo lo que se cayó, todavía con las lluvias (se) corre riesgo de que pueda haber un deslave mayor”, indicó.
“Entonces se están desalojando algunas viviendas sobre todo las que están en riesgo. Ya se notificaron a todas, son cerca de 178 identificadas y la idea es que se puedan desalojar para evitar que haya un riesgo mayor”.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de vivienda para las familias afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Tras participar en una reunión en Palacio Nacional, a la que también asistió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Gobernador indicó que aún no se define a dónde serían reubicadas las familias afectadas.
Por la noche, se informó que binomios caminos de la Guardia Nacional (GN) y la Marina ubicaron los cuerpos de las dos personas, una adulta y su hijo menor de edad, quienes permanecían como desaparecidos tras el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite el 10 de septiembre.
Fuentes del Gobierno federal confirmaron que ayer iniciaron en el sitio los trabajos de extracción de los cuerpos de Paola y de su hijo Jorge Dylan, de 22 y 5 años de edad, respectivamente.
Explicaron que, como parte de las labores de búsqueda y localización -que iniciaron desde que se registró el derrumbe- fue necesario partir una enorme roca de 140 toneladas aproximadamente que quedó entre las casas afectadas.
La GN, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, formaron brigadas para invitar a las familias a desalojar sus casas. (Antonio Baranda, Reforma, Ciudad, p.1)
El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió ayer la Asamblea General de la organización haciendo sonar la señal de “alarma” ante un planeta que “nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido”.
“El mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada”, dijo Guterres a los líderes internacionales reunidos en Nueva York.
El diplomático portugués presentó un sombrío análisis de la coyuntura internacional, marcada, a su juicio, por la falta de unión en la respuesta a la pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las crecientes desigualdades y las crisis en países como Afganistán, Yemen y Etiopía.
En lo referente al COVID-19, Guterres denunció la “obscenidad” que supone que muchos países ricos hayan vacunado ya a la mayoría de su población, mientras en lugares como África más de 90 por ciento espera aún la primera dosis.
Destacó también el creciente impacto del calentamiento global y demandó a todos los países que actúen rápidamente, empezando con compromisos ambiciosos en la próxima cumbre del clima (COP26), que se celebra en noviembre en Glasgow (Reino Unido). (Redacción, El Heraldo, Orbe, p.30)